WASHINGTON.- El gobierno de Barack Obama decidió suspender su apoyo al aspecto militar de la lucha contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, para dirigirlo al fortalecimiento de las instituciones y de la sociedad civil.
De acuerdo con la “nueva etapa” de la Iniciativa Mérida, que dieron a conocer la Casa Blanca y el Departamento de Estado, el nuevo enfoque del gobierno de Obama en la cooperación antidrogas con México se basa en la promesa que Calderón le hizo a Washington, de restringir paulatinamente la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“El pedido presupuestal para financiar la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2011 se enfoca a la capacitación, entrenamiento y cooperación de una manera que va más hacia la institucionalidad y menos al equipamiento militar”, dice en entrevista con Proceso Dan Restrepo, asesor del presidente Obama para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
“Lo que estamos haciendo es revisar lo que se ha hecho con (la Iniciativa) Mérida, obviamente concentrándonos en lo que está funcionando y en lo que se puede mejorar”, explica.
El martes 2, el presidente de Estados Unidos solicitó al Congreso 310 millones de dólares para el financiamiento del programa de cooperación. Dichos recursos forman parte del proyecto presupuestal correspondiente al año fiscal 2011, que se inicia el próximo 1 de octubre.
Desde que ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2008, Obama se comprometió a respaldar durante su primer año de gobierno la Iniciativa Mérida, acuerdo establecido durante la presidencia de George W. Bush y que tiene una duración de tres años. Obama aclaró que, transcurrido ese lapso, le haría ajustes.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado sostienen que ahora no sólo se pondrá un alto al respaldo en materia militar, sino que se prevé la posibilidad, aunque mínima, de cambiarle el nombre al acuerdo bilateral por el de Más Allá de Mérida o Mérida 2.0.
Restrepo asegura que la intención de la Casa Blanca es, básicamente, revisar los tres años de aplicación de la Iniciativa Mérida, que se cumplen en este año fiscal, para determinar qué funciona bien y qué hace falta arreglar. “Ambos gobiernos están decididos a mejorar la cooperación para la lucha contra el trafico de drogas y el crimen organizado”, subraya el asesor.
Menos militares, más instituciones
“Este es un buen momento para revisar lo que hemos logrado con la Iniciativa Mérida. Es hora de hacerle ajustes, y es un buen momento porque están iniciando la segunda mitad del sexenio de Calderón y el trabajo de un nuevo gobierno federal en Estados Unidos”, dice en entrevista un funcionario del Departamento de Estado que pidió no ser citado por su nombre. De hecho, en la dependencia a cargo de Hillary Clinton llaman “ajuste de la Iniciativa Mérida” a la propuesta que Obama le planteó al Capitolio.
Después de casi tres años fiscales de cooperación en los términos de la administración Bush (2008, 2009 y 2010), el gobierno estadunidense reevaluó la decisión de dotar al Ejército Mexicano de equipo militar (helicópteros y aviones) y a la Secretaría de Hacienda de escáneres para colocarlos en los puestos aduanales.
Obama determinó suspender ese tipo de respaldo al gobierno de Calderón, y canalizar más recursos al entrenamiento de policías federales, estatales y municipales, así como al fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y civiles. Éste será el destino de los 310 millones de dólares que aún deben ser aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes.
El ajuste busca que, con un mejor adiestramiento, las policías federal y estatales incrementarán su capacidad operativa, lo que permitirá desmilitarizar el combate contra el narcotráfico.
La nueva etapa de cooperación incluye planes concretos de entrenamiento para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Aduanas, la Procuraduría General de la República y otras dependencias mexicanas involucradas en la reforma judicial que se gesta en el país.
El objetivo del ajuste a la cooperación es ayudar al gobierno de México a fortalecer sus instituciones democráticas, a fin de que se adapten a nuevos programas de control de confianza, evaluación del trabajo, monitoreo de labores y lucha contra la corrupción en las instancias policiacas.
En el Departamento de Estado se considera que con sus corporaciones policiacas mejor capacitadas, el gobierno mexicano obtendrá un mejor desempeño en su lucha contra el crimen organizado, especialmente ante los cárteles de las drogas.
–¿El ajuste a la iniciativa se debe a que Washington considera que no ha funcionado la militarización de la lucha contra el narcotráfico emprendida por Calderón? ¿Es atribuible a las denuncias contra elementos del Ejército por graves violaciones a los derechos humanos? ¿Estados Unidos está preocupado por la penetración del narco en las instituciones mexicanas? –se le pregunta al funcionario del Departamento de Estado.
–Quienes piensen que el ajuste se realizó por esas causas, está equivocado. La nueva etapa de la Iniciativa Mérida no demuestra una falta de confianza de Estados Unidos en el Ejército Mexicano, y tampoco es falta de apoyo a la estrategia de México en la lucha contra las organizaciones del tráfico de drogas.
Cuestión de confianza
El gobierno de Obama no podrá evitar que el Congreso le imponga una serie de condiciones para autorizar el fondo de 310 millones de dólares. Esta es una prerrogativa del Capitolio, pero la Casa Blanca y el Departamento de Estado prevén que los requisitos sean los mismos de años anteriores.
Sin embargo, la entrega inmediata de 15% de la suma solicitada sólo se realizará si la secretaria Clinton entrega al Congreso una certificación de que el Ejército Mexicano no ha cometido “graves” ni “sistematizadas” violaciones a los derechos humanos con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
“En el Congreso hay respaldo para ayudar a México porque saben que es muy serio el problema del narcotráfico”, agrega el funcionario del Departamento de Estado, por eso considera que no existe inconveniente para que los legisladores aprueben el apoyo solicitado o una cantidad mayor.
Informa que aún no se desglosa la asignación de los recursos, pero adelanta que es primordial implantar una nueva estrategia para que la población de México tenga confianza en sus autoridades; otorgarles incentivos económicos a las comunidades más afectadas por el narcotráfico y, sobre todo, garantizar la transparencia de las labores gubernamentales.
La fuente agrega que Obama está consciente de que están aumentado las cifras del tráfico de drogas, así como los asesinatos relacionados con el narcotráfico.
Afirma que el gobierno estadunidense no está pensando en un proyecto de una década o en un programa de largo plazo en términos presupuestales. Lo que Washington busca es que continúe la cooperación y sociedad con el gobierno mexicano, aun en el caso de que aumenten o disminuyan los presupuestos en Estados Unidos para acuerdos como la Iniciativa Mérida.
“El gobierno de México sabe que en nosotros tiene a un aliado consistente”, puntualiza.
Al preguntarle al asesor Restrepo si su país ha puesto sus expectativas en que el gobierno de México eventualmente desista de la intervención del Ejército en el combate al narcotráfico, responde:
“Creo que ese es el objetivo del gobierno mexicano, porque para sostener esta estrategia en el largo plazo, es importante utilizar mecanismos policiacos y judiciales.”
