Agrestes son el paisaje y las historias que cuentan los ejidatarios o posesionarios de Dolores Hidalgo, Guanajuato, quienes durante décadas han vivido en tierras que sus abuelos y padres consiguieron para ellos. Sólo que ahora los herederos de los hacendados quieren despojarlos de su patrimonio. Proceso visitó algunas comunidades de la cuna de la Independencia y recogió varios testimonios de esos campesinos, mexicanos que sobreviven en la más completa indefensión.
DOLORES HIDALGO, GTO.- Todavía viven en tierra prestada, en unos predios que, mediante un pacto, los antiguos hacendados cedieron a los jornaleros para que en ellos construyeran sus casas y formaran familias.
Aun hoy, los hijos y nietos de aquellos hombres de campo siguen llamando “patrón” al hacendado y a sus herederos en el marco de este viejo litigio; pero, al mismo tiempo, reivindican el cumplimiento de los igualmente viejos acuerdos con base en los cuales se les dio la oportunidad de permanecer en los lugares donde muchos de ellos nacieron.
Algunos de esos descendientes de los jornaleros piensan que deben aceptar las condiciones de los herederos de los patrones y entregarles una parte de los cultivos que cosechan. Como se hacía antes de la Revolución.
Al recorrer los caminos rurales de este municipio se encuentran todavía las ansias revolucionarias nunca satisfechas.
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“Yo nací aquí; usted no”, le dijo doña Julia Sánchez al heredero del hacendado Jesús Sánchez Romero, cuando éste comenzó a cercar las veredas que comunican a los habitantes del poblado de San Antonio del Carmen. “Quiso cerrarlas para obligarnos a rodear y a reducir los solares de las casas”, cuenta.
Hace varias décadas “el patrón” les ofreció el terreno para que levantaran sus cuartos. Su esposo, con quien se casó en la iglesia del Carmen, en el mismo poblado, levantó la casa familiar. La pareja tuvo 15 hijos, pero varios de ellos se fueron a vivir al Distrito Federal o a los municipios conurbados, porque aquí no había trabajo.
Doña Julia continúa su relato: “Le peleamos el casco del Carmen desde hace como 30 años; hace poco nos cercó el camino a la iglesia y nos dice que debemos dar un rodeo por la carretera, que ya no podemos pasar, porque él empeñó las escrituras en la caja popular”.
La gente del lugar sembraba trigo y maíz, pero el actual propietario vendió el centro de la hacienda con todo y pozo, cuenta doña Julia mientras, acompañada de familiares y vecinos, muestra el poblado.
El viejo casco está en ruinas; imposible de habitar, aun cuando el dueño asegura ante el Ministerio Público que él es su ocupante. Su propósito, afirman los vecinos, es presionarlos para que dejen el lugar. Dicen que los acusa de despojo. Una placa registra la antigüedad del inmueble: 1880.
A sus 82 años, doña Julia ya no puede cocinar en el cuartito de adobe que utilizaba porque el techo se vino abajo con las últimas lluvias. Pero todavía cumple jornadas de siete de la mañana a cinco de la tarde en los ranchos vecinos durante la cosecha del chile, por las que le pagan 100 pesos.
No recibe ningún tipo de ayuda, no está en un solo programa social del gobierno. Pero le tocó colaborar con los vecinos para gestionar y costear la introducción de energía eléctrica y agua potable en la comunidad. El recibo de la luz que le llega cada bimestre es de 500 pesos, aun cuando no tiene refrigerador, sólo tele.
Su esposo, Antonio Granados, cuidaba el pozo de la hacienda hasta que el dueño lo vendió. “¿Jué para darme un pedacito? –se pregunta–. Pues no. Entonces, nomás que me respete”, dice.
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“Dolores Hidalgo y todo el estado de Guanajuato son reflejo del rezago agrario que tiene el país… Aquí tenemos como 30 solicitudes de ejidos pendientes; Pénjamo tiene como 100 y así hay otros”, dice el abogado Augusto Juárez, de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
“La necesidad de la tierra siempre se dio porque la gente ya vive ahí, tiene sus cultivos, sus casas. Y que el gobierno no entienda eso y que hable de que haría falta un segundo piso para repartir…
“Lo que necesitamos es que se regularice lo que se tiene en posesión aparentemente irregular. A los propietarios, los herederos de los hacendados, se les hace fácil ir a un juzgado y sacar unas escrituras, aun cuando es otra gente la que está en posesión”, sostiene.
El rezago agrario en México “no es de un segundo piso; es en el entendido de que había peones que los trasladaban de una hacienda a otra. Antes se hacía un caserío y los propietarios acordaban darles un pedazo de tierra y luego los hijos o nietos dilapidaron las fortunas y los dejaron de aparceros. Ahora los sacan o los quieren sacar…”, relata el abogado.
Para ello, con frecuencia utilizan a las autoridades: a la policía municipal, al Ministerio Público, a la Procuraduría Agraria. Lo hacen, comenta, “para presionar u obligar a los ocupantes a salirse”.
El abogado cenecista incluso dice recordar que al entrar Acción Nacional a gobernar el estado y varios municipios –a principios de los noventa, con Carlos Medina Plascencia–, hubo propietarios que corrieron la versión de que “si la Revolución les había quitado sus tierras, el PAN se las iba a devolver”.
Augusto Juárez alude también a las pretensiones de reformar la Ley Agraria “para convertirla en Código Civil, con plazos de días para contestar o probar, cuando los campesinos andan sembrando o cosechando y no tienen dinero para abogados”.
Lo que hace falta, insiste, son tribunales agrarios para resolver los juicios que duran de tres a 10 años. “Son juicios en los que anduvieron los abuelos y ahora andan los hijos o los nietos. Si hay un amparo, el juez puede ordenar reponer todo, y ni modo. La justicia sí se tarda”, comenta.
Los conflictos persisten aun después del reparto agrario. “Los posesionarios dicen: ‘Aquí nos dejó el hacendado’; y los ejidatarios contestan. ‘Pues aquí me dio tierra el gobierno’. Y se siguen matando”.
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El ejido Jesús María está muy cerca de la cabecera municipal, pero ni así se salva de la miseria y las estrecheces.
Afuera de la casa de Ramiro espera el tinaco vacío. Se los instaló el anterior gobierno municipal hace tres años para entregarles agua potable con pipas cada ocho días. Pero hace un mes que no pasan.
Ramiro vive en una loma. Entre él y su mamá sostienen a la familia. Él es albañil y su mamá trabaja en una casa. A pesar de su juventud, ella tiene seis hijos.
La única niña, Karen, murió el 25 de noviembre del año pasado. Cuando enfermó la llevaron al centro de salud y luego al nuevo hospital regional. Ahí les dieron medicina para una infección respiratoria, pero como no mejoraba, fueron a un sanatorio privado donde le ordenaron otro tratamiento y mandaron a la menor a su casa de nuevo.
Karen empeoró, por lo que se encaminaron al hospital, pero la menor llegó sin vida. El asunto no paró ahí. Como no hubo quién les extendiera un certificado de defunción –ninguno de los médicos que la atendió quiso dar la cara–, a Ramiro y a su madre se les obligó a ir al Ministerio Público. Ahí la autoridad ordenó una autopsia para que pudiera entregarles la constancia de la muerte de Karen.
Karen murió de neumonía. Tenía un año y cuatro meses.
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Después de años y años de gestiones y oficios inútiles para tener agua potable con algún apoyo gubernamental, los vecinos de San Francisco de la Erre decidieron juntar su dinero para adquirir el equipo que les pedía la Comisión Estatal del Agua (CEAG).
“Compramos la bomba; todo. Le trabajamos duro”, cuenta Gerardo Aranda en el recibidor de su casa, mientras ofrece al público pescado frito, recién sacado de la presa cercana, que su esposa cocina en una cacerola en medio del patio.
Los vecinos gastaron cerca de 80 mil pesos, muy lejos de los 300 mil que les fijaba el gobierno municipal durante la administración del alcalde Gilberto González (2000-2003). Aun así, lo invitaron a inaugurar la obra.
González se presentó a cortar el listón. “Nos decía que venía apenado porque no nos había podido ayudar”, relata Gerardo.
Un par de años después, los habitantes de la comunidad se enteraron de que el expresidente municipal había incluido en la cuenta pública “el gasto de 300 mil pesos para la introducción de agua potable en San Francisco de la Erre”.
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Uno de los nuevos ejidos creados en Dolores fue bautizado con el nombre del senador y exdirigente nacional de la CNC, Heladio Ramírez López. La comunidad donde quedó asentado se llama San Simeón.
Cuando murió “el patrón” Aurelio López, su hija mayor validó los acuerdos que éste asumió con los campesinos posesionarios, entre ellos la entrega de la proporción de cosecha de la tierra de su propiedad que ellos continuaron sembrando.
José Ramírez recuerda cuando apareció otra de las hermanas –Elvia López Paredes– y se ostentó como supuesta dueña. “Nos quiso echar de aquí; nos quería dejar encerrados, con las puras casas”, dice.
Los 60 ejidatarios recibieron en total 530 hectáreas. “Pero ella se reservó una parte; algunos quedaron dentro de su terreno y es ahí donde hay problemas”, relatan los campesinos.
Dentro de ese predio están la escuela, la capilla y el pozo. “Fuimos nosotros quienes metimos el agua y la luz; ella no cooperó con nada y ahora quiere el agua gratis”, se queja José.
Dice que también construyeron un puente de concreto para pasar por el arroyo que antes los dejaba incomunicados, y que sirve para habitantes de comunidades aledañas, como La Purísima, Santo Niño y El Gato. El predio donde está el puente fue vendido y ahora los posesionarios no saben qué van a hacer.
“La patrona” cobraba el apoyo del Procampo sin sembrar una sola semilla en las 40 hectáreas inscritas en el programa. Pero todavía en la cosecha de este año les pidió un porcentaje de sus cosechas.
“Le dimos algo de lo poquito que salió”, reconoce José.
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El campo guanajuatense tiene diferencias de ingresos abismales, dice Saúl Arellano, investigador del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS). “Entre una exportadora de brócoli y un ganadero de Dolores Hidalgo, la diferencia es de 8 a 1 por hectárea”.
Los más pobres en el campo reciben sólo 30% de los recursos disponibles en los programas de apoyo destinados a este sector, según datos del CEIDAS.
“El hambre no espera, y la desigualdad y la pobreza generan violencia –alerta el investigador–. Guanajuato es uno de los estados con mayor tasa de suicidios en el país. Esto habla de la desesperanza que hay en la región.”
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Sobre el borde del río Grande del Xoconoxtle, todavía transparente, Gerardo Juárez señala lo que parece una gruta sobre los muros que hacen la ribera. En realidad es una minúscula capilla rodeada de algunas cuevas igual de diminutas construidas con tepetate, donde aún hay vestigios de un altar.
De regreso la reportera encontró a doña Guadalupe Ramírez, una anciana de 75 años que camina sin ninguna dificultad entre las piedras que va moldeando el río. Es un recorrido que conoce muy bien; igual de lúcidos son sus recuerdos.
“El 1 de agosto de 1926, cuando cerraron los templos, el padre Abraham González se fue a esconder enfrente y bajaba a bautizar y a casar aquí. Estuvo así todos los años de la persecución, siempre se pudo escapar”, relata.
También recuerda que sus padres vivieron en una de esas cuevas por años. Pero a ella sí le tocó casa, aunque una enfermedad de su esposo los llevó a vender todo, “hasta la yunta con que llenábamos los cuartos de maíz”.
Antes de morir –hace seis años–, el hombre repartió entre sus hijos lo que quedaba. A ella no le dejó nada. “La casa está a nombre de una hija. Nomás me dijo: ‘Tú no te vayas a salir’. Y me quedé sola”.
Cuando llegaron los promotores del programa federal “Setenta y más”, le preguntaron cuántas veces se había quedado sin comer. “Fíjese que ni una. Cuando no tengo nada, le tanteo a la hora y me encamino a la casa de algún vecino, nomás por un taco”, les respondió doña Guadalupe.
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En La Colorada los propietarios acaban de recibir los títulos ejidales después de 40 años de lucha.
Eran tierras de los Peña, compadres de Adolfo López Mateos. En Dolores se cuenta que eran tan influyentes que fijaban las tarifas para los jornaleros agrícolas de la región.
A mediados de los ochenta, Casimiro, el ahijado del expresidente, ganó los amparos y metió al Ejército para sacar a la gente. Pero en el sexenio de Miguel de la Madrid quedó subsistente la resolución del reparto, aun cuando “el patrón” quería ser restituido. Ante su resistencia, en el gobierno de Zedillo fueron adquiridas mil 700 hectáreas para los posesionarios, a quienes les dio cinco años de plazo para legalizar la propiedad.
Hay quienes ya vendieron.
Don Ambrosio Martínez cuenta ésta y otras historias durante el recorrido con la reportera. No para de hablar. Su voz: igual a la de los otros hombres del campo: la del desamparo, la tristeza, la decepción…
“Cuando empezó el Procampo, no le entrábamos porque teníamos miedo. Creímos que nos querían quitar las tierras.
“Calderón resultó ser muy mal gobernante… todo pa’l Ejército; todo pa’l Ejército. Este presidente nos está exprimiendo, hasta que no quede ni gota de uno. Nos regala el diesel y nos cobra el IVA”, suelta don Ambrosio, quien dice que a veces resulta mejor no saber, ser ignorante. “Se sufre menos”.
