Llegó a la Dirección de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco hace casi una década y desde entonces impuso su ley a base de intimidaciones, sobreprotección a los comandantes que son leales y colocó además a sus amigos y parientes en puestos clave de la dependencia. Se trata del mayor Trinidad López Rivas, quien, molesto porque un grupo de trabajadores inconformes presentó una denuncia en su contra en agosto de 2009 por las arbitrariedades acumuladas, arremetió contra ellos.
Desde 2001, cuando llegó a la Dirección de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), el mayor Trinidad López Rivas impuso su ley en esa dependencia.
Durante casi 10 años ha fomentado el nepotismo, el maltrato a sus subalternos y la sobreexplotación laboral. Los trabajadores se quejan de la falta de personal y de que carecen de equipo apropiado para realizar sus faenas. Además, dicen que desde que 65 compañeros suyos presentaron en agosto de 2009 una demanda por esas irregularidades ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje han sido objeto de hostigamiento.
Miguel Ángel Peña, tercer oficial operativo de la dependencia y representante de los quejosos, asegura que los jefes conocen a los demandantes, por eso los marginan de los cursos de capacitación y se niegan a promoverlos en el escalafón de la UEPCBJ; algunos incluso fueron reubicados fuera de la zona metropolitana de Guadalajara o despedidos de manera injustificada.
Él mismo ha sufrido las consecuencias. Primero intentaron enviarlo a la base de Villa Guerrero, cercana a Zacatecas, pero se negó, dice, pues su contrato estipula que su plaza es Guadalajara. Luego, el 7 de marzo último, fue atacado por un par de sujetos que le fracturaron dos costillas, la muñeca derecha y le provocaron una hemorragia interna en la cabeza.
Peña sostiene que la agresión es un mensaje para que deje de protestar, pues sucedió luego de una declaración a un medio de la Universidad de Guadalajara. Además, dice, sus atacantes sólo se llevaron su celular y algunos documentos personales de su coche.
Una semana antes, a finales de febrero, tuvo problemas con Rocío Tabares Castillo, secretaria del sindicato de la unidad. “Es mucha coincidencia”, comenta. Y aun cuando presentó una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del estado, la 2922/2010, hasta hoy las autoridades no han encontrado a los culpables.
Condiciones laborales deplorables
Miguel Ángel Peña comenta que aun cuando el trabajo se duplica en temporadas de estiaje, durante las lluvias y en Semana Santa, la UEPCBJ tiene sólo 210 elementos, entre ellos dos médicos, para atender las contingencias y operativos en todo el estado. El parque vehicular también es insuficiente y defectuoso, afirma.
La sobreexplotación está a la orden del día: “Muchas veces terminamos una comisión fuera de la ciudad y nos quieren enviar inmediatamente a otra. Si uno se niega, lo acusan de falta de interés y no lo toman en cuenta para las promociones”, denuncia el entrevistado.
Además, los contratos estipulan una jornada laboral de 24 horas por 48 de descanso, es decir más de 72 horas de labores a la semana sin pago extra, lo que contraviene las disposiciones de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y la propia Ley Federal del Trabajo. Ambas disposiciones estipulan una carga laboral máxima de 40 horas, según la primera, y de 48 horas, de acuerdo a la norma federal, así como el pago de trabajo excedente.
Peña insiste en que la dirigente sindical, Rocío Tabares, quien debería velar por los derechos de sus agremiados, fue impuesta por el propio López Rivas, quien la nombró primer oficial. Ella cobra cerca de 15 mil pesos al mes por esa actividad que en realidad no ejerce, pues en realidad se dedica a perseguir a los trabajadores que están en desacuerdo con el mayor López.
Luis Ángel Fabián, quien lleva cinco años laborando en la UEPCBJ denuncia que fue enviado a Poncitlán desde hace casi un año, en represalia por negarse a asistir a un curso de buceo debido a un problema auditivo. Cada tercer día se desplaza en su propio coche por una de las carreteras más peligrosas del estado:
“Tengo que manejar en carretera recién salido de mi guardia, sin haber dormido y cansado por atender algún operativo. He solicitado que me regresen a Guadalajara, pero no me dan respuesta, sobre todo porque soy uno de los demandantes”, dice Fabián.
La versión del mayor
Uno de los despedidos relata a Proceso Jalisco que en la Unidad hay mucho nepotismo, pues López Rivas contrató a sus parientes y a dos de sus hijos, quienes hoy dirigen las unidades municipales de Bomberos. El clima laboral es irrespirable, sobre todo para los que protestan.
Por lo que respecta a los nuevos elementos, para garantizar su fidelidad, los comandantes los someten a una prueba durante seis meses. En ese lapso no perciben sueldo, comenta al reportero. Hasta hace algunos meses la dependencia carecía de reglamento interno, por lo que los jefes actuaban a su libre arbitrio, asegura Miguel Ángel Peña.
Hoy, ya existe un documento que los inconformes darán a conocer en breve. En él se detallan las obligaciones y derechos de los empleados de esa dependencia. Las propuestas, dicen, fueron aceptadas ya por la Junta de Conciliación y Arbitraje, según el expediente 164/2010.
El reglamento, del cual Proceso Jalisco tiene copia, sostiene que el trabajador debe descansar dos días por cada cinco de trabajo y especifica que el personal operativo tendrá una jornada ordinaria no mayor a 48 horas a la semana. Sin embargo, en las disposiciones hay∫ algunas incongruencias, como pedirles a los empleados “disponibilidad de horario para atender las funciones de la unidad acorde a las necesidades”.
La normatividad prohíbe también a los trabajadores usar barba y bigote, así como expresar sus inconformidades a personal ajeno a la institución, divulgar informaciones sobre los asuntos internos o hacer cualquier propaganda. Lo más grave, dicen los entrevistados, es que se les puede cambiar de adscripción en el momento que la Unidad lo decida.
De acuerdo con el artículo 9 del reglamento, antes de la contratación definitiva el trabajador será catalogado como aprendiz y estará obligado a asistir a cursos por tres meses, periodo que podrá alargarse por otros tres “a criterio de la Unidad”. Aun así, eso no significa que sean contratados.
Eustaquio Dueñas, abogado externo de la UEPCBJ, afirma que la Junta de Conciliación y Arbitraje no les ha notificado de la demanda, por lo tanto realizarán gestiones para saber si hay tal, “pero hasta ahora no tenemos conocimiento de ello”.
En entrevista con Proceso Jalisco, el titular de la UEPCBJ asegura que desconoce la demanda presentada por algunos empleados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; incluso dice que ningún trabajador se ha acercado a él para quejarse por supuestas irregularidades laborales.
Acompañado de varios de los directores de área, López se jacta de que siempre se ha “preocupado” de que el personal bajo su mando trabaje en el mejor clima laboral.
Cuando se le pregunta sobre los cambios forzados de personal y sobre las condiciones de los empleados operativos, López Rivas comenta que desde que entran se les advierte de este tipo de condiciones y “aun así lo aceptan”.
Germán Pinto, director de Evaluación y Seguimiento de la UEPCBJ subraya que aun cuando el reglamento interno de la dependencia fue derogado en 2001, ellos nunca se quedaron desamparados pues, dice, “se regían con los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la forma de contratación, derechos de patrón y trabajador.
E insiste en que los quejosos no tienen argumentos para reclamar, ya que el anterior reglamento también incluía asuntos como el cambio de designación o los horarios de trabajo. Pero en el nuevo este punto “está más claro y es contundente”. l
