Tras la aprobación de la Ley SB 1070 –que criminaliza la inmigración ilegal en Arizona–, miles de indocumentados preparan el éxodo hacia otros estados de la Unión Americana, al tiempo que cientos más se agolpan en el consulado de México en Phoenix para solicitar documentos de doble nacionalidad que los ayuden a evitar la separación entre padres mexicanos e hijos nacidos en Estados Unidos. Entretanto, en Arizona, el ultraderechista sheriff Joe Arpaio amenaza con acusar a inmigrantes de ser potenciales traficantes de personas.
PHOENIX, ARIZONA. – Son las cinco de la tarde en Scottsdale, Arizona, y al restaurante Huauchinango llegan pocos clientes.
“La gente está espantada con esta nueva ley racista. Hace una semana a esta hora ya teníamos por lo menos a 15 personas comiendo. Hoy sólo han llegado cuatro”, comenta Alex Bonilla, encargado del restaurante, ubicado en el número 7620 de la calle E McKellips, en este condado conurbado a la capital de Arizona.
“Ahora sí se pasaron. No puede ser que nos odien tanto a los latinos que sólo estamos aquí para trabajar”, comenta Alex a Proceso.
Para los pequeños comerciantes y prestadores de servicios del área de Phoenix, la disminución de clientes es la consecuencia inmediata de la llamada Acta de Apoyo a Nuestra Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros, también conocida como la SB 1070, que fue promulgada el viernes 23 de abril por la gobernadora republicana del estado de Arizona, Jan Brewer.
Y es justo por la disminución de clientes, por lo que los dueños de pequeños establecimientos consideran que la ley afectará la actividad económica de la región. Muchos prevén el eventual cierre de sus negocios.
Aprobada por la mayoría republicana que domina las dos cámaras del Congreso de Arizona, la SB 1070 –que podría entrar en vigor en julio o agosto próximos– autoriza a los agentes de la policía de la entidad a detener a cualquier persona que, a su juicio, sea “sospechosa” de estar de manera ilegal en Arizona.
Como el criterio para determinar quién es sospechoso es subjetivo, los policías podrían guiarse por el color de la piel o las características físicas de un individuo para detenerlo, interrogarlo y exigirle documentos que demuestren su estatus de residente legal en el país. Si en el momento de su detención no cuenta con esos documentos, puede ser remitido a la cárcel. Si la policía comprueba que se encuentra en el país de manera ilegal, el estado de Arizona le impondría una sanción de seis meses de prisión y una multa de hasta 2 mil 500 dólares, antes de deportarlo a su país de origen.
Así, esta ley –impulsada por el senador republicano del distrito de Mesa, Russell Pearce–, criminaliza la inmigración indocumentada en Arizona.
Las autoridades federales estiman que en esa entidad residen unos 460 mil inmigrantes indocumentados, de los cuales 350 mil son mexicanos. Todos ellos son víctimas potenciales de la SB 1070.
Arturo, nacido en el estado de Hidalgo, ha vivido 10 de sus 28 años como inmigrante indocumentado en el área de Phoenix. En esta ciudad nació su hija que ahora tiene seis años.
“Los latinos, nada más por ser morenos y no güeritos, como casi todos los gringos que hay por acá, van a tener que andarse escondiendo de la policía, porque ante los ojos de la tira gabacha de Arizona, todos somos indocumentados”, se lamenta Arturo mientras juega con su hija en la fuente sin agua frente al edificio del consulado general de México en Phoenix.
“Nos están discriminando”, sostiene Luis, nacido en el estado de Puebla, quien desde hace 17 años trabaja como albañil en el área de Phoenix. Todo ese tiempo ha estado de “ilegal” en este país.
“Los políticos de Arizona son unos racistas. Ahí está el sheriff (Joe) Arpaio, quien se dedica a corretearnos a todos los latinos que vivimos en Phoenix. Dice que todos tenemos cara de criminales. Como si él no se mirara la suya todos los días en el espejo”, agrega Luis, mientras sus tres compañeros de trabajo dejan de comer el mole poblano que pidieron en el Huauchinango para observar con orgullo a su paisano que se atreve a criticar a Arpaio.
Separación familiar
Es martes 27 de abril y la sala de atención al público del consulado general de México en Phoenix se encuentra atiborrada de paisanos. Afuera del inmueble, otras 20 personas hacen fila para entrar. Tienen esperanza de ser atendidos el mismo día.
De acuerdo con las autoridades diplomáticas mexicanas en Phoenix, desde que la gobernadora Brewer promulgó la SB 1070, se disparó el número de mexicanos que acuden a recibir información sobre los efectos de la medida o para pedir documentos de doble nacionalidad para menores de edad nacidos en Estados Unidos.
Hasta el viernes 23 de abril, la oficina del registro civil recibía un promedio diario de 25 solicitudes de doble nacionalidad; la semana pasada la cifra aumentó a poco más de 50 al día.
“Estamos fregados. Yo tengo mucho miedo a esta ley”, comenta Ricarda Vázquez, de 32 años, quien alimenta a su bebé mientras espera en la oficina del registro civil del consulado.
“Mire, yo vine aquí a registrar a todos mis hijos. Tengo tres: el mayorcito de siete años, otro de tres y esta niña de cinco meses. Todos nacieron aquí y tienen papeles. Pero mi esposo y yo no tenemos”, dice la mujer que llegó a Phoenix hace 14 años procedente del estado de Oaxaca.
José Luis y su esposa, Frida, ambos nacidos en Los Mochis, Sinaloa, cuentan que llegaron desde las 7:30 de la mañana al consulado, media hora antes de que se iniciara la atención al público. “Venimos a sacarles la doble nacionalidad a nuestros cuatro hijos. Ellos nacieron acá y nosotros somos indocumentados”, comenta Frida, quien, al igual que la mayoría de las personas entrevistadas, pidieron que solamente se les identificara por su primer nombre.
José Luis explica que la nueva ley aumenta las probabilidades de que él y su esposa sean detenidos y deportados a México. Ante esa posibilidad, no quiere que sus hijos se queden en Estados Unidos. Prefiere llevarlos consigo a México y por ello les tramita el documento de doble nacionalidad. “Aunque mis hijos hayan nacido aquí, no se los vamos a dejar a estos pinches gringos racistas”, remata José Luis.
De hecho, la SB 1070 aumenta los riesgos de la separación familiar de los inmigrantes mexicanos y ello es la causa principal del pavor que ha generado en la comunidad hispana de Arizona.
El éxodo
Ismael, de 35 años y oriundo de Ixtlán del Río, Nayarit, que ha pasado los últimos 17 años trabajando en Arizona como jardinero, albañil, pintor y plomero, se quita de los labios el refresco Jarritos cuando el reportero le pregunta si le tiene miedo a la SB 1070.
“Claro que le tengo miedo, pero le tengo más miedo a los narcos y a los secuestradores de México. Por eso no me voy a regresar para mi pueblo. Me voy a ir de Arizona, pero para otro estado, tal vez más al norte”, dice.
Cuando Ismael habla, sus dos compañeros que lo acompañan en el restaurante Huauchinango asienten en señal de aprobación: “A México no vuelvo. ¿A qué?, ¿a que también a mí me maten o me secuestren a mis hijos? Está más cabrón allá que acá”, insiste.
Al igual que Ismael, la mayoría de los más de 20 mexicanos entrevistados por el reportero en las ciudades de Phoenix, Tucson y Douglas dicen que se preparan para emigrar de Arizona hacia otros estados de la Unión Americana, la mayoría a Nuevo México, California, Nevada, Texas o a otras entidades ubicadas más al norte –como Nueva York o Illinois– donde las leyes son “más tolerantes” con los indocumentados.
Justino, un chilango de 54 años, asegura que ya comenzó a vender sus muebles con la idea de “juntar un dinerito” para buscar trabajo en Nuevo México.
Rigoberto, oriundo de Zacatecas, planea irse a vivir a Maine. “Allá dicen que sí nos quieren”, comenta esperanzado. Y platica que su hermano y sus dos primos —quienes llegaron con él a Tucson hace tres años— “se van para Chicago”.
Ni Justino ni Rigoberto quieren esperar el resultado de las medidas anunciadas por el gobierno de Obama para frenar la ley. Una de ellas es que el Departamento de Justicia promueva ante una corte federal que la SB 1070 sea declarada inconstitucional. Tal demanda sería presentada a mediados de este mes, según difundió el jueves 29 el diario The Washington Post.
Pero no es fácil, pues las autoridades de Arizona pueden impugnar tal decisión con el argumento de que el gobierno federal trata de intervenir en las decisiones soberanas del estado, garantizadas por la Constitución del país.
No sería la primera vez que Arizona se enfrenta a la federación. De 1990 a 1993 las autoridades del estado, respaldadas por sus votantes, soportaron un boicot económico nacional –similar al que otros estados amenazan con aplicarle por la SB 1070– debido a que se negaron a aceptar el mandato federal que establece el tercer lunes de enero como día feriado por el natalicio de Martin Luther King.
De hecho, aprovechando los derechos constitucionales de los que gozan los estados, Arpaio, el sheriff de Maricopa –condado en el que está la ciudad de Phoenix– anunció la Operación de Supresión Criminal. En virtud de ella, los policías de Maricopa podrían cazar a inmigrantes indocumentados que, a juicio de Arpaio, puedan ser potenciales traficantes de personas.
“Mi marido dice que nos vamos a ir a California. Quiere que nos vayamos en los primeros días de junio, apenas salgan los niños de la escuela y comiencen las vacaciones”, admite la señora Ricarda Vázquez.
–¿Piensan regresar a México? –se le pregunta.
La señora Ricarda mira con incredulidad al reportero:
“Ni que estuviéramos locos”, contesta. “Si nos venimos de allá porque en Oaxaca no hay trabajo, menos nos vamos a ir ahora que hay tantas matanzas. ¿A poco le cree usted al presidente Calderón cuando dice que nos va a ayudar a parar esta ley? Si no puede parar a los narcos, menos a estos políticos de aquí”. l
