Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional se quedaron a medio camino en el Congreso: el Senado aprobó unas que al Ejército no le cuadran y el trámite no prosperó en San Lázaro. Las Fuerzas Armadas tienen una serie de exigencias que algunos legisladores consideran excesivas: entre ellas, quedar libres de culpa cuando ocurran “daños colaterales”. Pero los militares quieren eso… y mucho más.
Las Fuerzas Armadas “doblaron” al Congreso y lograron detener en la Cámara de Diputados las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que el Senado avaló el 27 de abril. Y si bien los cambios aprobados en primera instancia legalizan la presencia del Ejército en las calles, los militares no quieren una “ley acotada”, que aniquila su margen de operación contra el crimen organizado.
El día 28, cuando la minuta de los senadores apenas llegaba a la Cámara de Diputados, empezó a sonar el teléfono de Ardelio Vargas Fosado, diputado priista y presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Lo llamaban miembros del Ejército que pedían “frenar” la aprobación, pues los altos mandos castrenses estaban enojados e inconformes. En el otro extremo, en la Presidencia de la Mesa Directiva, se recibían órdenes en contrario: apresurar la aprobación, según revelaron fuentes de la Cámara.
Aun el último día de sesiones de los diputados, el jueves 29, desde la Secretaría de Gobernación seguían las presiones para que se aprobara. Pero desde el día anterior la decisión estaba tomada: los cambios no pasarían, por lo menos en este periodo ordinario de sesiones, y se daría al menos un mes para analizar lo enviado por el Senado y cambiarlo nuevamente. El objetivo: tratar de enmarcar las demandas iniciales del Ejército en su lucha contra el narcotráfico.
En entrevista, Vargas Fosado sostiene que las reformas podrían discutirse en un periodo extraordinario, pero Enrique Ibarra, legislador del Partido del Trabajo e integrante de la Comisión de Defensa, afirma que no se hará hasta el próximo periodo ordinario, que empieza el 1 de septiembre, porque entre tanto habrá elecciones para gobernador en 10 estados, lo que dificultará llegar a acuerdos con los partidos.
El 28 de abril, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional inició un análisis de la minuta y apresuró la elaboración de un documento, cuya copia tiene Proceso.
En éste se ofrecen pinceladas de lo que se tiene que redefinir: términos como “seguridad nacional, riesgo, amenaza, seguridad interior, defensa exterior y agenda nacional de riesgos”. Además, Vargas Fosado señala que se revisará sobre quién recaerá “la coordinación”, pues dice que los integrantes de la citada comisión no están dispuestos a que los militares se subordinen a policías locales ni a la Procuraduría General de la República (PGR).
Comenta que “serán actualizados” los términos y opina que los diputados no pueden emitir una ley que “pudiera implicar acciones de inconstitucionalidad o que limite, exceda o pueda ser omisa en algunas facultades del Estado mexicano”, es decir, de los militares o las policías.
El documento deja entrever que los cambios aprobados en el Senado acotan los trabajos de los militares al punto de afectar la “atención oportuna” contra el crimen organizado.
Habla de la “preocupación” de las “medidas cautelares” que debe solicitar el Ejército y que en forma expedita tiene que brindarle la autoridad judicial. Y finalmente se refiere a la no inclusión en la persecución de grupos armados.
Vargas, exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y exjefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, explica en entrevista los alcances de los conceptos y temas que se deben incluir.
Sostiene en principio que la ley aprobada por los senadores “acota” en demasía a los militares y “burocratiza y hace tortuosa” la declaratoria que permite la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Es tanto el trámite, afirma, que obstaculiza las operaciones que se están realizando en la actualidad.
Regresar a la propuesta militar
En abril de 2009, el Ejecutivo envió al Senado una propuesta de cambios a la Ley de Seguridad Nacional; en ella se satisfacían las demandas del Ejército para legalizar su participación en el combate al narco.
Sin embargo, durante un año la iniciativa no fue analizada.
El 15 de noviembre de 2008, el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, se reunió con diputados y les habló de su necesidad de contar con un respaldo jurídico para combatir el narcotráfico pues, dijo, hay “vacíos e indefiniciones legales que restringen al Ejército en sus funciones para hacer frente al narcotráfico y el terrorismo”. Les pidió readecuar la ley, pero nada ocurrió y esa Legislatura concluyó.
El 19 de febrero de 2009, Día del Ejército, Galván Galván se refirió al tema nuevamente y un par de meses después el Ejecutivo envió la iniciativa, que se quedó en los cajones del Senado.
Debido al incremento de los enfrentamientos entre militares y grupos delincuenciales, y lo virulento de las acciones criminales, se apresuró el paso.
El 19 de febrero último, Galván relanzó su petición y un mes después inició el cabildeo con senadores y diputados. El 1 de marzo se reunió en privado con senadores del PRI, y el 11 con los del PRD, pero no fue sino hasta el 7 de abril cuando se entrevistó con los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de los diputados y expuso sus peticiones, que dejaron fríos a los legisladores Enrique Ibarra, del PT, y Pablo Escudero, del PVEM, por los alcances de sus demandas.
Las exigencias fueron: potestad para tomar huellas dactilares de quienes delinquen e intervenir comunicaciones; para rastrear o hackear páginas de internet; para cancelar espectáculos públicos; para disolver concentraciones de vehículos, como las ocurridas recientemente en Nuevo León y Tamaulipas; para declarar zonas de excepción, es decir, para establecer toques de queda o retenes, y para eximir a los militares de la responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo incluía todas estas peticiones, aunque con un lenguaje menos explícito.
En su discusión, los senadores eliminaron todas estas exigencias, redefinieron los conceptos de seguridad nacional y seguridad interior e incluso establecieron que no considerarán “afectación a la seguridad interior” los actos que den origen a luchas de corte laboral ni los relacionados con movimientos o conflictos políticos, electorales o sociales.
Lo anterior molestó a los mandos castrenses, que solicitaron la intervención de los diputados priistas para frenar los cambios y les pidieron regresar a la propuesta original del Ejecutivo.
En la entrevista con Proceso, Vargas Fosado, quien ha participado en operaciones conjuntas –en las que actúan militares, policías federales y locales en la lucha contra el crimen organizado–, detalla lo que a su parecer está mal y que coincide con las exigencias de las Fuerzas Armadas.
Coincide en que la nueva ley “acota” el trabajo de los militares y hace ineficaces las operaciones, por lo que, dice, deben redefinirse desde los conceptos básicos, como el de seguridad nacional.
Señala que en el documento del Ejecutivo se entiende como tal que, para mantener la estabilidad y permanencia del Estado mexicano, se necesitan acciones dirigidas a hacer frente a riesgos y amenazas “que atenten en contra de los objetivos del proyecto nacional”.
Los senadores lo modificaron y proponen: “Que atenten contra la soberanía, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la preservación del territorio y su población, considerando su afectación por factores de orden ambiental, climático, químico o bien, acciones que expongan a estos a siniestros de carácter colectivo”.
Esta redacción no les gustó a los militares, quienes piden regresar a la original.
En lo que toca a la seguridad interior, el documento original la entiende como la condición “en que” la estabilidad interna y permanencia del Estado mexicano se encuentran garantizadas mediante “la aplicación coordinada de sus recursos y medios”.
Los senadores la redefinieron como “la condición de estabilidad interna, paz y orden público que permite a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural”. Esta parte tampoco fue del gusto de la milicia.
El exjefe operativo de la entonces Policía Federal Preventiva considera que las operaciones conjuntas tienen que traducirse a lenguaje legislativo. Especialista en estas tácticas, Ardelio Vargas puntualiza que el papel de la autoridad judicial debe quedar definido en ellas. Por ejemplo, dice, 10 agentes del Ministerio Público Federal, 10 del fuero común y un juez deben acompañar al Ejército y a la Marina en tales operativos, para que de inmediato puedan autorizar la puesta a disposición de quienes sean aprehendidos y no haya que esperar horas.
Es decir, la idea es que este personal ofrezca en el acto “todas las medidas cautelares” que se requieran, incluyendo órdenes de cateo o de arraigo e intervenciones telefónicas… Es decir, todo lo que el 7 de abril el general Galván pidió a los diputados.
Vargas aclara que no se define en la minuta del Senado el papel que jugará la PGR y que se deja “solos” a los militares, recayendo toda la responsabilidad en ellos. En suma, dice, se debe dejar claro el alcance y el papel que jugarán no sólo las fuerzas castrenses, sino también las policías federales y que todo su actuar sea articulado.
Otro punto que generó malestar entre los militares es el referente a las “zonas de excepción” y que es donde se incluyen los retenes. Los senadores dejaron fuera ese tema.
En la iniciativa del Ejecutivo se establecía, por ejemplo, en su artículo 79, que las Fuerzas Armadas “podrán verificar la no circulación de mercancías o efectos ilícitos y de personas requeridas por la autoridad, así como el cumplimiento de las leyes de orden público”.
Los senadores lo modificaron: las Fuerzas Armadas “deberán respetar los derechos humanos y las garantías de las personas”. Esto tampoco gustó.
El presidente de la comisión comenta: “Lo que esperan (las Fuerzas Armadas) es un trabajo legislativo serio, donde se contemplen estas reformas como las planteó el Ejecutivo federal y que les permiten tener un margen de acción dentro de un marco jurídico suficiente. Ni siquiera piden tener más facultades para violentar, a lo mejor, los derechos humanos. No, no es así. La Sedena es la principal interesada en reglamentar esto. Incluso para asumir responsabilidades en los casos del llamado daño colateral o muerte de civiles”.
Debido a la intensidad de los enfrentamientos y acciones de los grupos criminales, sostiene el también diputado del PRI, es que “hay comentarios de que esta ley de seguridad saliera ya. Bueno, sí, pero no tan acotada”.
Y afirma: “Hay leyes que, por lo rápido que se realizan, terminan obstruyendo el trabajo. Hay leyes que se quieren acotar tanto, que terminan por hacerse inservibles, inoperables; y eso es lo que queremos evitar. Queremos que sea una ley a la medida de lo que necesita (el Ejército) y las expectativas que tiene el pueblo mexicano para entrar a resolver el problema de la violencia derivada del narcotráfico”.
Esta minuta, insiste, acota mucho el trabajo de los militares. No sólo por cómo define los conceptos, sino también porque únicamente va dirigida al tema de la seguridad pública y se dejan fuera el terrorismo y los levantamientos armados; quizá tendrá que hacerse una ley reglamentaria derivada de esta ley.
Implicaciones políticas
Para declarar la “afectación a la seguridad interior”, esto es, que se perturbe la estabilidad de una región y tengan que participar los militares, en la iniciativa presidencial bastaba con que “la autoridad competente” presente por escrito la solicitud al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad; en la minuta se establece que lo hará un presidente municipal, gobernador o Congreso local y en ella deberá establecer la ineficacia o inoperancia de ese gobierno.
“Quiero ver qué presidente municipal se va a aventar el boleto de declarar zona de riesgo y decir que es incompetente, que ha sido rebasado, que hay inoperancia del gobierno”, dice.
Aclara que esto tiene implicaciones políticas y jurídicas, porque puede ser utilizado por la oposición para solicitar juicio político o desaparición de poderes y porque se le pueden fincar responsabilidades administrativas a las Fuerzas Armadas, “y eso es muy grave, porque tendría que cargar con una responsabilidad histórica, política, moral y jurídica”.
La declaratoria la debe hacer únicamente el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, considera. El proceso para la declaratoria, como viene en la minuta, sostiene, es un trámite largo, tortuoso, que llevaría tiempo y, en caso de extrema urgencia, no se podría reaccionar.
Al ser un camino tortuoso, explica, se elimina el elemento de eficacia en la operación de las Fuerzas Armadas. “Les quita la oportunidad de operación”.
En el proyecto también se establecía que las Fuerzas Armadas, por considerar estratégica su participación, estarían al frente de la operación; sin embargo, en la minuta, dice Vargas, se supedita la actuación de los militares a las policías locales. “¡A una autoridad que se ha declarado incapaz!, ¿cómo subordinarse a ella si no tiene capacidad?”.
Para Ardelio Vargas, si no se revisa la ley se puede caer en violaciones a las garantías individuales, y advierte que éstas las tienen no sólo los ciudadanos, sino los militares –“el Ejército también tiene garantías y derechos”– y deja entrever que en la minuta no se protegen. Esto tiene que ver con lo que el 7 de abril Galván pidió a los diputados: eximir a los militares de responsabilidad en sus actos.
Todos los partidos políticos coincidieron en que no se aprobará. El PT y el PVEM dicen que aún se prevé la posible inclusión del fuero militar. El PRD pide más tiempo para leerla.
Por lo pronto, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional advierte que se revisará, se modificará y regresará al Senado “…y así tendrá que ser”.
