Múltiples son las denuncias interpuestas por la comunidad tonalense de El Rosario contra los acaparadores de predios, así como contra los políticos y funcionarios que los han solapado de 2000 a la fecha. El representante de ese núcleo agrario indígena, Octavio Cruz Espinoza, relata a Proceso Jalisco sus vicisitudes y las de los otros afectados, muchos de los cuales no pueden entrar ya a sus viviendas porque están invadidas o porque han sido destruidas por gente de los Rodríguez Barba, los Rodríguez Morquecho, Alfonso López Estupiñán…
Con el aval del ayuntamiento de Tonalá, políticos del PRI y del PAN, dirigentes sindicales, acaparadores de tierras y hasta un reconocido exfutbolista se apoderaron de mil 150 hectáreas de la comunidad indígena de El Rosario, cuyo valor oscila entre 10 mil y 15 mil millones de pesos, según el valor catastral.
La mayor parte de esa extensión comenzó a ser fraccionada a partir del año 2000. Desde entonces se han construido entre 80 mil y 100 mil viviendas en ese entorno, que especuladores sin escrúpulos comenzaron a vender aun cuando esos lotes carecen de escrituras. Los propietarios originales comentan que es difícil cumplir con ese trámite debido a los problemas con la tenencia de la tierra en ese núcleo agrario que fue otorgado a sus antepasados desde la época virreinal.
Octavio Cruz Espinoza, apoderado legal de los indígenas de El Rosario, señala que en esa disputa están implicados Arturo Quintero, un exfuncionario de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) que, en contubernio con el exalcalde Jorge Arana Arana, se dedicó a comprar tierras para después venderlas al mejor postor; las familias Rodríguez Barba y Rodríguez Morquecho; el empresario Alfonso López Estupiñán, propietario de Promotora Loma Norte, y el exfutbolista Adrián Pajarito, protegido del senador Ramiro Hernández.
El litigante comenta que políticos de la vieja guardia del PRI, como Porfirio Cortés Silva, líder obrero croquista; el propio senador Ramiro Hernández, y los exalcaldes de Tonalá Marcos Arana Cervantes, Jorge Arana Arana, Timoteo Campechano y Palemón García Real, tienen intereses en este negocio.
En ese listado de invasores Cruz Espinoza incluye también a connotados panistas, entre ellos al exgobernador Francisco Ramírez Acuña; el actual secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez; Roberto Benítez y otros funcionarios de la administración tonalense que encabezó Jorge Vizcarra el trienio anterior.
Según el título virreinal que exhiben los comuneros, la superficie está conformada por varios paños o polígonos. Uno de ellos, el número 8, por ejemplo, colinda con el arroyo y la presa de Osorio. En ese mismo polígono se ubica la comunidad indígena de Santa Cruz de las Huertas, que comprende los predios de La Ladrillera, Agua Escondida, Ojo de Agua, Sin Nombre y La Escondida.
En otro, el polígono 9, se incluyen el conjunto habitacional Infonavit La Soledad, además de Lomas del Camichín y Lomas de la Soledad, que invaden parte de las viviendas de los comuneros de El Rosario.
Además, comenta el abogado Cruz Espinoza, mientras el ayuntamiento tonalense se ha mostrado omiso en la introducción de servicios públicos a los predios que habitan sus representados, durante los últimos años los invasores vienen acaparando terrenos para construir nuevos conjuntos habitacionales, pasando por alto el conflicto agrario que existe en la zona desde hace varios años.
En esa área existen hoy 80 colonias, entre ellas Loma Dorada, La Floresta, Los Pájaros y otros fraccionamientos que crecen de manera clandestina. Esa urbanización trae aparejada la proliferación de grandes negocios y fincas irregulares, como el salón de eventos Río Nilo, un hotel, una gasolinera, algunas tiendas Oxxo y otros establecimientos, sostiene Cruz Espinoza.
Ello ha sido posible, dice, porque los desarrolladores inmobiliarios compran a las autoridades, incluso a los notarios, quienes se prestan a ese juego. Además, relata el litigante, existe una clara persecución en contra de los líderes de la comunidad indígena.
Y cuenta lo que le pasó a su padre, su hermano y a él hace seis años, durante la administración de García Real: “A mí me detuvieron por órdenes de Palemón García Real y de Roberto Ramírez Santillán, el síndico en ese ayuntamiento. Él fue quien operó todo. En menos de dos horas (las autoridades) maquinaron en nuestra contra un despojo de tierras.
“Fueron por mí y por mi padre y nos llevaron a la base de policía; de ahí nos trasladaron a la procuraduría, donde nos negaron el derecho a hablar con el abogado. A mi hermano y a mí nos llevaron al bosque de La Primavera, donde nos golpearon. Después nos regresan a la calle 14 (sede de la procuraduría) y de ahí directo al penal.”
El juez les enumeró los presuntos delitos en los que, relata, habían incurrido: despojo de los predios Sin Nombre y El Potrerito, lesiones, daños y por golpear a 100 policías el 5 de abril de 2004; incluso, comenta, a él y a sus familiares les “aventaron a la policía estatal, la policía municipal y la AFI (Agencia Federal de Investigación)”.
Mientras estaban detenidos él y su familia, dice Cruz Espinoza, un presunto funcionario del departamento Jurídico de la SRA que sólo se identificó como el “licenciado Marcos” le ofreció 20 millones de pesos y le dijo que si aceptaba recuperaría la libertad de inmediato; incluso le advirtió que tenía que abandonar el pueblo y dejar de defender a los indígenas de El Rosario, comenta el entrevistado.
Cruz Espinoza dice que en febrero de 2008 el propio alcalde Jorge Vizcarra le ofreció 1 millón de pesos para que dejara su lucha. “Él pretendía parar la bronca que ya traía encima por el homicidio, en abril de 2007, del director de Medio Ambiente, Carlos Romo Guízar, en el que el juez que llevaba el caso lo señaló como presunto autor intelectual”.
Una vieja lucha
Octavio Cruz Espinoza representa a más de 180 comuneros que, afirma, enfrentan invasiones desde hace 45 años. Sin embargo, matiza que ha sido a partir de 2000 que políticos, empresarios y autoridades convirtieron los predios de El Rosario en “tierra de nadie”, por la inestabilidad que han generado en la zona.
Y menciona nombres: la familia Rodríguez Morquecho, cuyos integrantes, asegura, cuentan con el apoyo de Ramírez Acuña. Ellos, según el litigante, aducen que su propósito es construir escuelas e impulsar obras de beneficio colectivo, pero en realidad se apoderan de cuanto terreno quieren.
Así lo hicieron, por ejemplo, con el predio ubicado en el cruce de las calles Ignacio L. Vallarta y Everardo Topete, junto a Loma Dorada, en el polígono 8. Ahí, dice el entrevistado, los Rodríguez Morquecho se quedaron con 15 mil metros cuadrados. Para justificar su latrocinio construyeron la Secundaria Técnica 163, en atención a una añeja petición de la comunidad rosariana.
“Esa familia reclamaba sólo una superficie de 26 hectáreas, pero en septiembre de 2005 se apoderó de un predio de 86. No solamente lo cercó, sino que incluso construyó casetas de vigilancia para impedir el paso de los comuneros. Poco le importó que en el interior de ese predio hubiera 600 viviendas de los propios comuneros.”
Hoy, cuando los afectados quieren reparar sus precarias viviendas o cambiar los techos de lámina dañados tienen problemas para entrar al predio del que se apropiaron los Rodríguez Morquecho. Esta familia, insiste el abogado, les impide meter material, por lo que sólo pueden entrar al lugar a madrazos.
Cruz Espinoza también menciona a otros acaparadores, como José de Jesús Rodríguez Barba, quien se apoderó de 120 hectáreas hace 20 años, además de Promotora Loma Norte, cuyos integrantes se quedaron con 26 hectáreas en la colonia Loma Dorada, luego de un “juicio simulado” que se realizó el 29 de marzo de 2008 en el Juzgado IX de lo Penal.
Además, Promotora Loma Norte tiene un diferendo con la familia de Ramón Borrayo Borrayo desde hace varios años por la posesión de un predio conocido como La Chancharra, que corresponde al polígono número 11 o predio San José.
Amparados en ese “juicio simulado”, arguye el abogado, la empresa de López Estupiñán pidió la “restitución” de su predio y arremetió contra las viviendas de los comuneros de El Rosario. Los afectados calculan que las pérdidas a su patrimonio ascienden a dos millones de pesos. Actualmente, La Chancharra está en manos de Promotora Loma Norte por un ordenamiento de carácter judicial sustentado en una orden del Juzgado IX de lo Penal.
En torno a ese litigio ha habido innumerables problemas a partir de 2007. Ese año y el siguiente ha tenido que intervenir el Ejército en varias ocasiones. En la última, los vecinos avisaron que en la zona había hombres armados. Los soldados acudieron al lugar y decomisaron armas de grueso calibre, al parecer pertenecían a los Borrayo. Sin embargo, Aldo Mojardín Díaz, entonces jefe de Policía de Tonalá, dejó libres a los detenidos (Proceso Jalisco 281).
Cruz Espinoza lamenta que las autoridades encubran a los invasores y enumera algunas de las irregularidades en La Chancharra, como la de marzo de 2008. “Llama la atención que el ejecutor haya sido un juez penal, no un civil. El que realizó la acción fue directamente él, junto con su secretario; él abusó de su autoridad, pues desalojó a la gente sin importarle que nosotros no somos parte de ese juicio… (pero) no fuimos llamados a juicio, ni siquiera notificados”, comenta.
Y expone: la orden de desalojo de hace dos años venía contra una persona (Alfredo Magallón Tejeda, a quien nadie conoce en la comunidad de El Rosario), pero el funcionario judicial del Juzgado IX no procedió contra ese sujeto, sino contra las 120 familias de la comunidad indígena que vivían en ese terreno.
El defensor de los indígenas de El Rosario insiste en que la disputa entre los acaparadores es asunto ajeno al reclamo de propiedad de sus clientes. Ellos tienen un título virreinal que data del 11 de septiembre de 1794 y no se están confrontados entre sí, sólo esperan que el asunto sea resuelto por las autoridades judiciales en el marco del juicio agrario 237/07, promovido por él mismo en agosto de 2007 ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XV.
Cruz Espinoza arguye que priistas como el diputado federal Jorge Arana Arana y el senador Ramiro Hernández brindan su ayuda a la familia Rodríguez Barba y a Promotora Loma Norte. Además, según la denuncia de ese año, en este asunto también están involucrados el dueño de Promotora Loma Norte, Alfonso López Estupiñán, y el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien “protege a varios de los acaparadores de terrenos”, arguyen los querellantes.
Además, Ramiro Hernández tiene fincados sus intereses en el fraccionamiento La Floresta, lo mismo que el exjugador de Las Chivas Adrián Pajarito, así como el exsíndico del ayuntamiento en la administración del priista Jorge Arana en Tonalá. La Floresta, precisa el entrevistado, afecta la propiedad de los rosarinos y el ejido de Tonalá.
En lo que respecta al Polígono 8, el Juzgado V Civil ordenó desalojar a todos sus moradores para entregar esa superficie a los Rodríguez Morquecho, quienes de inmediato lo protegieron con malla e instalaron tres puertas de seguridad para impedir el acceso a los comuneros, aun cuando ellos tienen varias décadas viviendo ahí.
Porfirio Cortés Silva, otro acaparador, se quedó con cinco hectáreas de los comuneros de El Rosario. Hoy, el predio, ubicado cerca del Periférico y del centro de Tonalá, está habilitado como estacionamiento. l
