El conflicto con la guerrilla maoísta en la India se extendió ya a un tercio del país, ese nuevo “gigante” donde se ha acentuado la paradoja que representa el desarrollo de una economía pujante, en contraste con la miseria que envuelve a la mayor parte de la población. A esta desigualdad han contribuido la corrupción y la ineficacia del Estado indio, la voracidad del mercado capitalista, la indefensión de pueblos tribales y la irresponsabilidad de la clase política.
NUEVA DELHI.- “Increíble India”, dice un eslogan del gobierno indio. “India brilla”, dice otro, en alusión al 9% de crecimiento económico experimentado por el país en los últimos años, tan sólo por detrás de China. La clase media también lo celebra abarrotando los inmensos centros comerciales que han brotado en las principales ciudades de este país.
Pero la mayor parte de India sigue sin reflejar el brillo de los escaparates. Una tercera parte de la población ni siquiera dispone de luz eléctrica, y cifras oficiales señalan que la población que se encuentra bajo el umbral de la pobreza aumentó de 27% a 37% de 2004 a la fecha. Esto significa que de los mil 166 millones de indios, 431 millones son pobres, 110 millones más que en 2004.
La matanza de 76 miembros de las fuerzas de seguridad, la semana antepasada, en una emboscada tendida por la guerrilla maoísta en el estado central de Chattisgarh –el ataque más letal de su historia– pone de relieve la violencia y pobreza que atenaza al corazón del país, lejos de las prometedoras cifras del PIB. La “India brillante” acaba en la linde de muchos ríos y junglas, ahora bajo control maoísta.
El martes 6, unos 80 miembros de una unidad de la Fuerza de Policía de la Reserva Central patrullaban la zona boscosa del distrito de Dantewada cuando uno de sus vehículos explotó y detuvo al convoy. Las tropas, exhaustas tras varios días peinando la zona y sometidas a las altas temperaturas propias de abril, sucumbieron al ataque de unos 400 insurgentes desde lo alto de una colina.
Los medios de comunicación, el gobierno y algunos sectores de la sociedad se alteraron profundamente con este golpe maoísta. Se produjeron llamamientos a la incorporación del Ejército en la lucha contra los rebeldes y peticiones para el uso de la fuerza aérea; incluso el ministro indio del Interior, Palaniappan Chidambaram, presentó su renuncia, pero no le fue aceptada por el jefe del Ejecutivo, Manmohan Singh.
Con este asalto, los maoístas hicieron patente su capacidad de reacción ante la Operación “Caza Verde”, lanzada por el gobierno indio a finales de 2009 con el despliegue de 65 mil soldados en las regiones afectadas, en apoyo de las policías estatales. Con todo, los ataques contra las fuerzas de seguridad son cada vez más audaces y han despertado serias dudas sobre la capacidad del Ejecutivo indio para enfrentarse a los insurgentes.
Dantewada no es, en modo alguno, un caso aislado. Durante los últimos años, los maoístas han atacado comisarías de policía y colegios, liberado presos de las cárceles, volado vías de trenes y extorsionado a empresarios en forma sistemática, con lo que socavan progresivamente la autoridad del Estado en vastos territorios del país.
Alrededor de mil 100 personas murieron el año pasado víctimas de esta violencia. Desde 2006, Manmohan Singh declaró que se trataba de “la mayor amenaza contra la seguridad interna”. Aun así, los rebeldes han conseguido aumentar su presencia: de 56 distritos en 2004 a 223 en la actualidad, lo que equivale a un tercio de India.
“Nadie los ha parado. Los políticos no han hecho nada, de modo que en seis años se han convertido en un verdadero problema de Estado”, explica a Proceso Ajai Sahni, director del Instituto para la Gestión de Conflictos, con sede en Nueva Delhi.
“Unas fuerzas de seguridad –tanto locales como paramilitares– sin equipar, sin entrenamiento, sin inteligencia y en número insuficiente vuelven inútil cualquier estrategia. Los políticos están enviando a las tropas al matadero al tomar decisiones rápidas y erróneas en sus oficinas con aire acondicionado. Con una actuación acorde a las capacidades, se podría acabar con la insurgencia en cinco años, pero no en seis meses, como dice el gobierno”, asegura Sahni.
Vieja historia
Los cálculos sobre el tamaño de esta guerrilla discrepan según quién los haga. Algunas fuentes estiman en 10 mil el número de rebeldes maoístas; otras indican que podrían ser 20 mil. En cualquier caso, la insurgencia ha extendido su control en el llamado “corredor rojo”, que atraviesa las zonas rurales de los estados del centro y este de India. Se trata de junglas y bosques habitados por poblaciones tribales que han quedado marginadas y desposeídas tras las transformaciones económicas que tan sólo han beneficiado a una minoría del país.
La existencia de los maoístas se remonta a 1967, cuando se produjo la primera insurrección en la aldea de Naxalbari de Bengala Occidental, por lo que también son conocidos como naxalitas.
Algunos de aquellos maoístas se integraron al sistema político a través del Partido Comunista de India (PCI), de tendencia marxista, reconocido legalmente y que actualmente gobierna Bengala Occidental. Pero otros continuaron en la clandestinidad y durante los años ochenta encontraron refugio en Chattisgarh. Desde aquí los rebeldes reclutaron y entrenaron a las poblaciones tribales, mientras el gobierno se concentraba en los frutos en el PIB tras la apertura económica impulsada por el propio Manmohan Singh como ministro de Economía a principios de los noventa.
El movimiento clandestino se radicalizó en 2004, cuando las principales corrientes se unieron en el Partido Comunista de India, el cual –pese a que se llama igual que el PCI– es de tendencia maoísta, no es reconocido legalmente y recurre a acciones violentas.
Con la apertura económica, el capital extranjero también desplegó su capacidad de inversión en esos bosques, cuyos suelos albergan una enorme riqueza mineral. Si las poblaciones tribales ya habían sufrido expulsiones de sus tierras para la creación de presas, parques naturales y zonas industriales, la presión ha aumentado por los intereses de las empresas mineras.
El centro y el sur de India se han convertido en los últimos años en una tierra sin ley, donde los aborígenes ven peligrar su ancestral modo de vida. Los adivasis –como se llama a esas poblaciones tribales– suman hasta 85 millones de habitantes, distribuidos en una quinta parte del país.
Unos 20 millones de ellos ya se han visto obligados a abandonar sus tierras, en muchas ocasiones sin recibir ninguna compensación económica a cambio. Quienes obtuvieron algunas miles de rupias se las bebieron, porque difícilmente se han mostrado capaces de adaptarse a las zonas urbanas.
La única autoridad del gobierno que las tribus han conocido ha sido el recolector de impuestos forestal; para ellos prácticamente nunca han existido los mínimos servicios de educación ni de sanidad. Tres cuartas partes de la población tribal son analfabetas, sufren una enorme pobreza y altas tasas de mortalidad infantil.
“El principal obstáculo para resolver este conflicto es la falta de gobierno. El Estado en India es profundamente ineficiente y corrupto y ha fracasado a la hora de llevar a cabo sus obligaciones. De este modo, los maoístas echan raíces en este suelo y es fácil que florezcan”, señala Bharat Karnad, del Centro de Investigación Social.
“Esto es muy difícil de cambiar en el corto plazo, aunque el actual gobierno del Partido del Congreso es consciente de que tiene que tratar de mejorar las condiciones de vida de las zonas rurales e intenta luchar contra la corrupción de la administración con nuevas leyes”, dice Karnad.
En el ensayo Adivasis, naxalitas y la democracia india, el reconocido historiador indio Ramachandra Guha señaló que estas poblaciones tribales han sido prácticamente las únicas cuya situación no ha sufrido ninguna mejora desde la llegada de la independencia.
“La relativa y a menudo absoluta penuria a la que se enfrentan los adivasis frente a otros grupos desfavorecidos, como los intocables –dalits– y los musulmanes, es muy clara. Además, mientras que los dalits y los musulmanes han logrado alcanzar cierta influencia a la hora de dar forma al discurso nacional sobre la democracia y el gobierno, los tribales no solamente han permanecido marginados, sino invisibles”, subraya Guha en el estudio.
Otra intelectual que ha apoyado abiertamente la causa de naxalitas y adivasis ha sido la escritora india Arundhati Roy. Considerada una traidora en su país, Roy se ha convertido en una de las pocas voces que denuncian las injusticias y desigualdades que la apertura económica ha traído consigo.
En un artículo suyo sobre los maoístas, publicado el pasado 27 de marzo en el diario británico The Guardian con el título Gandhi, pero sin armas, la escritora da cuenta del abandono y las extremas condiciones de vida que enfrentan las poblaciones tribales maoístas. Roy pasó algunos días con ellos, y también retrata a sus mujeres, que suman prácticamente la mitad de sus filas. Los naxalitas trataron de que Roy mediara en el conflicto, pero la escritora rechazó el encargo.
También han existido otros intentos de aproximación frustrados. El líder rebelde Koteswar Rao ofreció una tregua de 72 días al gobierno en febrero, pero Chidambaram pidió una declaración oficial de renuncia a la violencia como condición previa al diálogo, que los rebeldes rehusaron.
La violencia también ha arreciado a raíz de la aparición del grupo Salwa Judum en el estado de Chattisgarh, un grupo paramilitar apoyado por el gobierno. Eso ha provocado que, en ocasiones, pueblos enteros sean trasladados a campos de refugiados para salvarlos del fuego cruzado entre la policía, Salwa Judum y los naxalitas.
“No se puede olvidar que los maoístas no son una corriente democrática e imponen su ley a base de pistolas. Matan a los jefes de policía de un pueblo y realizan ejecuciones sumarias de los informantes y así siembran el miedo entre el conjunto de la población”, recuerda Sahni, quien estima que los maoístas pretenden imponer en todo el país un Estado comunista y llevar a cabo una revolución agraria.
El conflicto realiza un siniestro giro si se tiene en cuenta también el aspecto político: formaciones y gobiernos locales a menudo pactan con los líderes naxalitas para obtener a cambio el voto de las tribus. De este modo, las actuaciones policiales muchas veces han sido filtradas a los líderes de la guerrilla y terminan siendo un fracaso.
También es cierto que el gobierno indio ha logrado dominar otras insurgencias en el pasado, como en el Punjab, el noreste del país o la misma Cachemira, pero el precio que se paga es muy alto para muchos.
