Una vez que se apruebe la nueva Ley de Seguridad Nacional, que regulará jurídicamente la participación de los militares en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón estará obligado a responder por la muerte, agresión o violación de los derechos humanos de cualquier civil inocente durante los operativos que realicen las tropas.
Para Ardelio Vargas Fosado, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, “habrá un responsable a quién reclamarle cuando las operaciones se salgan de control, cuando haya violaciones a los derechos humanos o probables violaciones a las garantías individuales”.
Al analizar la nueva ley, el exdirector de investigaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y excomisionado de la Policía Federal Preventiva, hoy Policía Federal, vaticina que la lucha entre cárteles será “más violenta y de alto impacto” debido a la disputa por el mercado, el territorio y las rutas de la droga, lo que obligará al Estado mexicano a contar con una mayor presencia de militares.
Respecto del repliegue del Ejército a sus cuarteles, Vargas Fosado admite que “es un buen deseo, pero va a tardar”. Y añade: “Es un problema que, lamentablemente, vamos a vivir por mucho tiempo y puedo decir que las acciones que vienen van a ser muy violentas, de alto impacto”.
El legislador priista sostiene que un pilar de la ley es la inclusión constitucional del término “seguridad interior”, así como definir cuáles son sus riesgos y amenazas al orden, la paz pública y la tranquilidad de la ciudadanía en una región determinada del país.
Partiendo de este elemento, el Consejo de Seguridad Nacional tendrá un papel fundamental, pues deberá “regularizar” esos riesgos, dice Vargas Fosado, y aclara que “no va a ser un sólo lugar”; “te aseguro que va a ser Ciudad Juárez, Tamaulipas, Nuevo León, Morelos, probablemente Guerrero, nuevamente Baja California o Sonora y algunas partes de Veracruz”, comenta el diputado.
Y menciona escenarios: Va a haber muchos frentes, que deberán ser coordinados, insiste, por el Consejo de Seguridad Nacional, “que les va a estar dando la orden”. ¿La razón?: “Las acciones en el país, aunque algunas se den en Tamaulipas, tienen sus efectos en Morelos, en Veracruz, en el altiplano; es decir, no son aisladas, están articuladas. Por eso se habla de delincuencia organizada”.
Explica que ante una amenaza a la seguridad interior del país, un gobernador o un Congreso estatal podrán solicitar que se decrete “la afectación a la seguridad interior”. En una situación de ese tipo, la petición se hará ante el secretario técnico del consejo, quien deberá comprobar el riesgo o amenaza: en paralelo, el Senado de la República emitirá su opinión. Corroborado el peligro, el presidente de la República emitirá un decreto que especifique cuál es la amenaza, en dónde, quién debe atenderla y qué autoridad estará al frente. Y, lo más importante, durante cuánto tiempo.
“La ley nos llevará a darle rumbo y mucha certeza a la acción operativa… Lo que se busca es un mando vertical, alguien que sea el responsable de la operación, y que dé línea y rumbo. Un responsable, incluso, a quien llamar cuando las cosas se salgan de control o cuando haya violaciones a los derechos humanos o probables violaciones a las garantías individuales”, expone Vargas Fosado.
Esto no significa, aclara, que hoy no haya rumbo. “Lo que sí se necesita es darle un rumbo de contención. Es decir, los movimientos de las fuerzas operativas no pueden pensarse de hoy para mañana, tienen que ser estratégicamente planeados, esperando un resultado, pero sobre todo se debe tomar la ofensiva. No podemos estar en la reacción”.
No se puede pensar, por ejemplo, que cuando haya una acción violenta en Morelos todo mundo –las policías federales y los militares– se desplacen a esa entidad; tampoco será válido que, si surge otro brote de violencia en otro lugar, se muevan todos de nuevo hacia allá.
Con esta nueva ley, explica, cuando ocurra algo así en un lugar, se determinará quién es el responsable de la operación –las policías federales o los militares–. El encargado pondrá su mando operativo, cuidará las instancias de coordinación y que, en paralelo, las fuerzas locales (policías) vayan recomponiéndose y retomen la responsabilidad que les corresponde. De esa manera, la Policía Federal o el Ejército les dejarán la función que les toca, una vez que se hayan depurado.
Actuar “en ofensiva”
Vargas Fosado comenta que todo lo que ocurra en una zona, localidad o estado, así como los riesgos que implica la lucha del narcotráfico, deberá estar previsto por el Consejo de Seguridad Nacional. Esta instancia, explica, tendrá que “regularizar los riesgos” y definir varias zonas periféricas, por aquello del “efecto cucaracha”.
Y es por ello que el excomisionado de la PFP considera que no habrá un solo lugar para la realización de operativos conjuntos contra el narcotráfico, sino varias regiones. Los grupos delincuenciales se trasladan a diversos estados y a su vez existen luchas entre varios cárteles que pretenden quedarse con cada ruta que se despeja, asienta el entrevistado.
Para él, esta nueva ley dará “certeza a la acción operativa”, lo cual llevará también a que los militares actúen “en ofensiva” y no “en reacción”.
Habrá una atención más puntual, más orientada, pero sobre todo habrá mayor control sobre los grupos operativos, afirma Vargas Fosado. Considera que cuando se va acotando la discrecionalidad de los cuerpos policiacos o del propio Ejército –como con esta ley–, se tiene mucho más control y se dan más elementos a los mandos y a la supervisión para controlar a la tropa.
Durante la entrevista con la reportera, el legislador aclara que, además de recomponer las policías locales cooptadas por el narcotráfico, se deben depurar las diferentes instancias federales, pues ha habido casos de funcionarios vinculados con el crimen organizado.
Vargas Fosado menciona casos de militares cuyos nexos con el crimen organizado son conocidos desde el inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Hay, comenta, 79 mil presuntos delincuentes detenidos, de los cuales 15 mil tienen antecedentes militares, ya sea de haber pertenecido al Ejército o a una corporación policiaca (recordemos que la Policía Federal está integrada por militares). De esos 15 mil, 99.3% son desertores.
El excomisionado de la PFP advierte que la solución al problema no sólo es de policías y militares, sino más bien de una solución integral. Pensar en mejorar las condiciones de vida de la tropa, de las policías, darles seguros de vida que garanticen por lo menos que si caen en la lucha, sus hijos queden asegurados, que sus familias no pasarán hambre, que tendrán becas para superarse.
Este no es un asunto menor, considera. Y se apoya en estadísticas. Recuerda que en los últimos años ha habido 244 militares heridos y 60 muertos en diversas agresiones, contra 138 delincuentes heridos y 474 muertos durante la gestión de Felipe Calderón.
Ha habido 496 enfrentamientos en Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Sonora. De éstos, 174 se dieron durante operativos de patrullaje y reconocimientos; 99 en obtención de información o denuncias ciudadanas, “como cuando te dicen que en alguna casa hay sospechosos y al llegar los militares son recibidos a balazos”.
Además, hubo encuentros en los 199 cateos o supervisiones y, lo que es peor, 33 agresiones ocurrieron en puestos de control. “¡Imagínense las condiciones de estrés en las que estás sometido en un control militar (retén)!”.
Además, subraya el entrevistado, “de esos enfrentamientos, 36 han sido con granadas, cuando sabemos que el Ejército no puede responder en igualdad de circunstancias, porque esos artefactos tienen un radio de afectación de 20 o 40 metros a la redonda. Si lo hiciera –insiste–, habría una masacre de civiles”.
La disciplina castrense
El presidente de la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados defiende a las Fuerzas Armadas del país como un organismo disciplinado. Dice que lo que los legisladores intentan es elaborar un marco legal a los operativos castrenses.
Vargas Fosado también aclara que si alguien ha roto la gobernabilidad en algunas zonas o violentado los derechos humanos de la ciudadanía, esos son los grupos delincuenciales o los miembros de los cárteles de la droga.
Por ejemplo, recuerda una práctica a la que suelen recurrir esos grupos: involucrar a la población civil para que frene las operaciones del gobierno. Alude al enfrentamiento ocurrido en Acapulco, Guerrero, donde los elementos de un grupo criminal apuntaron contra civiles y los obligaron a bajarse de sus autos y tirarse al piso. Con esa acción bloquearon las acciones de la fuerza operativa conjunta.
Sin embargo, el legislador admite que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones contra militares por presuntas violaciones a las garantías individuales.
“Todas han sido atendidas puntualmente; a todas les ha recaído una averiguación previa. Hay personal militar procesado por esos delitos. Aquí unos datos: en los últimos tres años ha habido 3 mil 595 quejas por supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de militares; mil 176 por visitas domiciliarias, es decir, irrupción de soldados en los domicilios; mil una por detenciones ilegales, 10 por tortura, 35 por lesiones. Sin embargo, sólo 52 han sido concluidas con responsabilidad por la CNDH. Si te das cuenta, es un número muy reducido en estos tres años de Felipe Calderón.”
Y aun cuando es una cantidad muy pequeña, hay 68 procesados por las recomendaciones del ómbudsman. De ellos, nueve son indiciados, 40 procesados, 10 aún andan prófugos, nueve más ya fueron sentenciados.
Ello no significa que trate de justificar la muerte de civiles en la lucha contra el narcotráfico, pues son lamentables. Sin embargo, advierte que las unidades especializadas de la propia Sedena deben hacer un estudio pormenorizado después de cada incidente.
Vargas Fosado se niega a llamar “guerra” a las acciones emprendidas por el gobierno federal contra el narco. Los cárteles no operan como un Ejército, dice, aparecen en lugares indeterminados, sin una lógica aparente. Por ello, enfatiza, no se puede eliminar el fuero militar.
Y aclara: “No significa impunidad, sino el someter a los militares a sus propias leyes cuando cometen una violación o un exceso. La legislación castrense es aún más rígida y fuerte que la civil. Además, tampoco se pueden prohibir los retenes, aunque sí sugiere que se elabore una normatividad secundaria para regularlos.
“Los retenes son estratégicos para los militares, ya que derivan de un estudio de hacia dónde van las rutas del crimen organizado. Lo que se pretende con ellos es romper con la lógica de los cárteles”, remata. l
