Es tan simple como esto: los miembros del Ejército están entrenados para matar o morir, y si se les ordena realizar tareas policiacas sin violar derechos humanos, deben contar con habilidades tácticas, entrenamiento especializado, normas internas, mejor nivel educativo, una mentalidad distinta y condiciones laborales adecuadas.
En esta “guerra moderna urbana contra el narcotráfico” no dejarán de morir civiles inocentes si no cambia la instrucción de los militares mexicanos, y tampoco lo impedirá la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que se discute en el Senado y que pretende dar un marco jurídico al Ejército en sus labores de seguridad pública.
En esto coinciden, consultados por Proceso, los especialistas Raúl Benítez Manaut, Susana Thalía Pedroza, el general brigadier Francisco Gallardo y Emilio Álvarez Icaza, quienes señalan varias modificaciones que deberían incorporar las Fuerzas Armadas para reducir lo que el gobierno calderonista ha llamado las ‘bajas colaterales”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en los últimos años las quejas en contra de los militares han aumentado 500%, y únicamente en 2009 sumaron mil 800.
Sólo en Monterrey y la zona conurbada, en marzo pasado, los militares dieron varias muestras de su actuación: ejecutaron extrajudicialmente a los esposos Juan Carlos Peña Chavarría y Rocío Emely Elías, que el día 3 salían de la maquiladora donde laboraban, justo cuando se enfrentaban narcos y militares. Fueron heridos por elementos del Ejército, y aunque –según testigos– pidieron auxilio, recibieron tiros de gracia. El día 19, cuando los estudiantes del Tec de Monterrey Jorge Mercado y Javier Arredondo salieron de la escuela durante otra balacera, efectivos del Ejército los abatieron, les quitaron sus identificaciones escolares y los reportaron como narcotraficantes muertos en combate. En esa misma fecha murió de un balazo la señora Sandra de la Garza, a quien dispararon por haber acelerado su auto para librar la balacera que halló en su trayecto.
Frente al hecho de que en todo el país se producen casos como estos, el investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, Raúl Benítez Manaut, manifiesta: “Es un problema más de fondo, es un problema histórico-institucional del Ejército, de la Armada”, y agrega que existe un desfase entre los postulados doctrinarios de defensa de los derechos humanos del Ejército, los niveles educativos de los soldados (según sus cálculos, 60% de ellos sólo tienen instrucción primaria), el entrenamiento que reciben y la acción táctica.
“El nivel cultural-educativo-social va junto con pegado (…) Hay soldados que tienen capacitación en uso de armas, pero no en guerra moderna urbana; en las calles no saben distinguir a la gente común de los delincuentes, ni a sus coches; tienen órdenes fijas, tienen miedo, pueden disparar a cualquiera.”
El experto señala que, históricamente, el Ejército había recibido órdenes para aplacar a las guerrillas rurales de Chiapas o Guerrero, auxiliar en desastres naturales o destruir plantíos de drogas, y en esas acciones requería tropas de extracción rural. Pero ahora su misión “se desarrolla en ciudades, y para ello (los militares) deben tener un nivel socioeducativo alto, mejor entrenamiento: tú puedes disparar a 10 guerrilleros en un despoblado de 2 kilómetros cuadrados sin posibilidad de error, pero no puedes combatir en una ciudad a más de 20 metros (del objetivo) porque matas a alguien inocente”.
Benítez Manaut, también presidente del Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, A.C. (Casede), afirma que las enseñanzas de respeto a los derechos humanos que reciben los soldados son abstracciones o meras órdenes que se les dificulta cumplir a la hora de los enfrentamientos.
“Se necesita –explica– la profesionalización de los cuerpos policiacos y militares, el entrenamiento: hacer la coherencia entre la doctrina y la táctica. O sea: en doctrina, un soldado tiene que cumplir la ley, la Constitución, y respetar los derechos humanos, pero en el fragor de los balazos, o si le ordenan ir a una casa a sacar a cuatro narcos, ¿se va a acordar de aquella vez en que, hace cinco años, un profesor le habló de derechos humanos? (…) Están entrenados para disparar. El tema es cómo los entrenas para que disparen bien y no se equivoquen.”
La tropa se aloca
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez destacó varios casos de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército en 2007: la represión masiva que sufrieron los habitantes de los municipios michoacanos de Carácuaro, Nocupétaro y Huetamo, y la agresión sexual contra adolescentes en un bar de Nocupétaro, sitios a los que llegó una partida militar a desquitarse de una emboscada de la que fue objeto el 1 de mayo.
También, el acribillamiento, el 1 de junio, en el municipio Sinaloa de Leyva, de cinco miembros de la familia Esparza Galaviz –dos mujeres jóvenes y tres niños–, donde resultaron heridos un adulto y dos menores de edad. Según estableció la CNDH, el padre de familia suplicó a los soldados, brazos en alto, que no dispararan porque en el auto viajaban niños, pero la familia fue masacrada; los militares trataron de sembrarles droga y luego se descubrió que varios soldados estaban drogados.
El día 29 de ese mes, en la comunidad San Luis de la Loma, la niña Marlene Caballero fue herida en un retén cuando los militares dispararon al vehículo en que viajaba con un adulto, con el argumento de que pensaron que la camioneta los iba a arrollar.
Eso fue en 2007, pero en 2010 “errores” similares siguen ocurriendo.
El martes 6, los soldados destacados en un retén en Tamaulipas dispararon contra la camioneta en la que viajaba una familia con ocho integrantes, y mataron a los hermanitos Bryan y Martín Almanza, de cinco y nueve años.
Cuestionado respecto a estos hechos, el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, encarcelado de 1993 a 2002 por plantear la necesidad de un ómbudsman militar que vigilara el cumplimiento de los derechos humanos, advierte que si el Ejército se mantiene en las calles seguirán las agresiones contra civiles inocentes, porque está entrenado para aniquilar a enemigos.
Gallardo considera que varios factores propician las violaciones a los derechos humanos: el bajo nivel educativo de los soldados, su inexperiencia para tratar con civiles, la tolerancia de adicciones entre las tropas y los malos tratos a los que son sometidos dentro de los cuarteles.
“Todos traen su cartilla de derechos humanos, pero no es suficiente, porque en la cultura militar se dan muchas violaciones de derechos humanos dentro del Ejército, hay humillaciones permanentes y desprecio. Cuando el Ejército entra en contacto con la población, eso puede hacer crisis, desatando cuadros sicológicos de comportamiento, como desfogues de la represión o sentimientos de venganza…”
Considera entendible que los ciudadanos no se detengan en los retenes o sospechen que han sido puestos por criminales, pues como se carece de un reglamento para establecer estos puntos de revisión (“porque no es función del Ejército”), cada militar se las arregla como puede cuando recibe órdenes de instalar uno: “algunos ponen palos, cuerdas, letreros con plumón para avisar que ahí hay un retén”.
Sobre la masacre de la familia Esparza Galaviz, cometida por militares drogados en un retén, manifiesta: “En muchas situaciones el personal de tropa ingiere bebidas embriagantes o fuma droga porque debe cumplir su cometido de vigilancia en el retén, y aunque normalmente deberían permanecer dos o tres horas en un lugar fijo, se les deja seis horas, y hasta por seis meses. Al soldado lo abandonan a su suerte, en condiciones de violación de derechos humanos y abuso, sin comer, sin relevo, y en esas circunstancias se quiebra sicológicamente”.
El también doctor en Administración Pública por la UNAM subraya que a los militares se les inculca una mentalidad de “espíritu de cuerpo” que impide que sean juzgados quienes violan derechos humanos, pues sistemáticamente tratan de encubrir sus delitos, y sólo cuando éstos se hicieron públicos o sus autores son incómodos para los altos mandos se les juzga bajo el fuero militar, pero en procesos poco transparentes.
“Cuando empiecen a hacer responsables a los altos mandos, comandantes de zona, va a haber respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso del Tec de Monterrey debe fincársele responsabilidad al comandante de zona y procesarlo, porque si es así se van a empezar a preocupar por capacitar a la tropa, vigilarla, estar pendiente”, comenta.
Para él, la única forma de que el Ejército no siga cometiendo excesos es que se concentre en sus funciones constitucionales de defensa nacional sin meterse en asuntos de carácter civil, y que termine la impunidad de los crímenes militares.
Los soldados, a examen
De 2005 a 2008, durante su gestión como visitadora de la CNDH, la abogada Susana Thalía Pedroza se encargó de indagar diversos y graves abusos cometidos por miembros del Ejército.
Ahora que se anuncia que las Fuerzas Armadas permanecerán en las calles, y cuando las violaciones a los derechos humanos se han triplicado, opina que no basta la capacitación que los soldados reciben sobre derechos humanos –y que deberían tomar también las policías federal, estatales y municipales–, pues se requiere de una capacitación técnica más específica sobre cómo realizar operativos, el uso de las armas de fuego y la fuerza a aplicar en cada caso, estudio de códigos de conducta básicos para tratar a la población civil y a presuntos narcotraficantes, a quienes, dice, se les debe avisar que van a emplearse armas de fuego.
Según su experiencia, el “foco rojo” dentro de la milicia son los capitanes, los mandos medios, ya que cuando cometían abusos de autoridad y eran investigados por la CNDH, generalmente ordenaban a su tropa dar información falsa alrededor de los hechos.
La investigadora de Ciencias Jurídicas de la UNAM plantea que los soldados asignados a los operativos tendrían que someterse sistemáticamente a exámenes toxicológicos, sicométricos y de conocimientos. Y en cuanto a los retenes, apunta que deben tener una misma señalización e identificación, ser videograbados y contar con la presencia de un Ministerio Público civil que dé fe de lo que ahí ocurra y consigne a los delincuentes detenidos.
Por su parte, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Emilio Álvarez Icaza, refiere que los datos oficiales revelan que participa en labores de seguridad pública casi la mitad del Ejército, es decir, que en ellas intervienen unos 94 mil 500 efectivos, más otros 500 elementos que se hallan integrados en las policías estatales.
“Lo que se espera de un militar –recuerda– es que use la fuerza extrema. Un policía está entrenado en el uso proporcional de la fuerza; entonces, por la sola aplicación del paradigma del uso de la fuerza extrema, va a haber violaciones de los derechos humanos (…) No le toca al Ejército una labor de seguridad pública. Yo sí creería que la estrategia del gobierno federal, junto con la de los gobiernos estatales, que son corresponsables, tendría que desarrollarse en una lógica mucho más integral: todo lo que tiene que ver con la prevención del delito, la investigación del poder económico y de corrupción de los narcos, la justicia social y la generación de oportunidades de desarrollo para limitar la capacidad de cooptación del crimen organizado, y un trabajo de seguridad entendido como la acción de la policía, la procuraduría y las fuerzas militares que acompañen a las fuerzas civiles.” l
