El gobierno de Felipe Calderón presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los supuestos avances en las indagatorias sobre la desaparición de tres jóvenes detenidos por el Ejército en Ciudad Juárez en diciembre pasado. Sin embargo, el organismo de la OEA consideró insuficiente ese trabajo y ordenó aplicar medidas cautelares para proteger a las víctimas, a sus familiares y a los defensores. Antes, el gobierno mexicano había ocultado que la PGR declinó su competencia ante el caso y lo remitió al fuero militar.
Con la “complicidad” de autoridades civiles, los militares implicados en la desaparición forzada de tres jóvenes de Chihuahua “permanecen protegidos”, mientras el gobierno mantiene una “actitud de simulación ante organismos internacionales”, denuncia Luz Esthela Castro Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem).
Castro Rodríguez exhibe a la administración de Felipe Calderón a través del intercambio de correspondencia entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la desaparición forzada de los jóvenes Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, quienes fueron detenidos por elementos del Ejército el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, ubicado al oeste de Villa Ahumada.
El caso fue denunciado de inmediato por los familiares de los jóvenes Alvarado en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJCH) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como en las comisiones de Derechos Humanos del estado y la nacional, instancias ante las que nombraron como sus representantes al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
La investigación fue remitida al fuero militar pese a que los familiares de los jóvenes desaparecidos en Chihuahua y sus representantes exigieron que las autoridades civiles se hicieran cargo del caso, en apego a las normas internacionales y a la sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en 1974.
Inconformes, el 12 de enero de 2010 solicitaron la intervención de la CIDH. La respuesta del secretario técnico de la Comisión, Santiago Cantón, el 4 de marzo, fue otorgar medidas cautelares a los familiares y a los defensores.
En un escrito dirigido a Gustavo Albin Santos, representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Cantón considera insatisfactoria la respuesta del gobierno mexicano enviada a la CIDH el 14 de enero, por lo que solicitó la protección del Estado mexicano para los desaparecidos, 11 de sus familiares y tres defensores.
En el documento con la clave MC-55-10, Cantón señala que la respuesta mexicana “no suministraba información sobre el paradero de las personas mencionadas”, y reprocha que, “a pesar de que algunos funcionarios indicaron a los familiares que los tres desaparecidos fueron detenidos por miembros del XXXV Batallón de Infantería, las autoridades no les habrían proporcionado información sobre su paradero”.
Luz Esthela Castro Rodríguez sostiene: “No hay duda de que fueron militares quienes se los llevaron, y a pesar de ello, las autoridades civiles ante las que se presentó la denuncia no han seguido esa línea de investigación, no han hecho ninguna diligencia para localizarlos, y peor aún, la PGR se declaró incompetente y envió el caso a la Procuraduría de Justicia Militar”.
Su certeza se basa en testimonios de militares adscritos al XXXV Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes y de funcionarios de la PGJCH en Buenaventura y Casas Grandes, en cuyas instalaciones localizaron la camioneta en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel, la cual fue incautada por el Ejército.
Las organizaciones no gubernamentales reportaron a la CIDH que tres funcionarios de la PGJCH (Aarón Enríquez Duarte, Horacio Flores y otro de apellido Leyva) confirmaron verbalmente a familiares de las víctimas que los Alvarado fueron detenidos por militares en un operativo dirigido por Élfego Luján, comandante del referido batallón. También les dijeron que la camioneta GMC 2001 con placas ZTR 9367, en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel al momento de ser arrestados, fue depositada por soldados en el corralón de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo Casas Grandes.
Por si fuera poco, Emilia González Tercero, integrante de la Cosyddhac, denuncia “actos de hostigamiento” de personal militar contra las familias de los desaparecidos, los cuales fueron expuestos ante la CIDH. Pese a ello, “no han cesado los rondines de vehículos con militares armados, en actitud intimidante, en torno a las viviendas de las familias y, peor aún, tratando de criminalizarlas”.
La expresión no es gratuita. La defensora se refiere a una reunión realizada el 9 de enero último en la V Zona Militar en Chihuahua, en la que participó el mayor Carlos Sergio Ruvalcaba, jefe del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional, de la Dirección General de Justicia Militar:
“Un general de apellido Guillén –no nos dio su primer nombre– sacó un fólder con tres hojitas y dijo que ellos habían realizado investigación, de la que resultaba que las víctimas José Ángel y Nitza Paola tenían antecedentes penales por robo de vehículo y María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza, por robo a casa habitación. En ese momento nos levantamos de la mesa, pero antes María de Jesús le dijo al general Guillén que ella acababa de sacar un acta de no antecedentes penales de sus familiares, que no estaban involucrados en hechos delictivos.
“Los militares están haciendo exactamente lo mismo que las autoridades judiciales con las mujeres desaparecidas y muertas de Ciudad Juárez: están criminalizando a sus víctimas”, reprocha González Tercero.
Entre los actos de intimidación y hostigamiento reportados a la CIDH, una persona que se identificó como militar llamó a las oficinas del ayuntamiento de Ascensión para solicitar datos sobre Alejandro Alvarado Sáenz, uno de los primos de Nitza Paola, quien labora en la presidencia municipal.
Luz Esthela Castro Rodríguez aporta un dato para evidenciar “la falta de voluntad” de las autoridades para localizar a los muchachos Alvarado: el 3 de febrero, Nitza Paola se logró comunicar con una amiga pidiendo auxilio. Aun así, “hasta ahora no hay respuesta de ninguna de las autoridades supuestamente dedicadas al caso para identificar al propietario del número del que salió la llamada ni el lugar”.
Desde el 9 de febrero, los familiares y las organizaciones que los representan identificaron el número celular del Distrito Federal 55 42 77 39 09 contratado con la empresa Pegaso Comunicaciones. Sin embargo, las procuradurías local y federal se limitaron a enviar solicitudes de información al apoderado legal de la telefónica entre marzo y abril.
Simulación
El gobierno de Felipe Calderón asegura que en torno al caso existen investigaciones abiertas en la PGJCH, la PGR, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) y la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, así como en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Proceso tiene copia de la última comunicación que el gobierno mexicano envió a la CIDH, el pasado 24 de marzo, y que el organismo remitió a los representantes de las víctimas. En ella hace hincapié en la supuesta “inexistencia de información sobre las personas reportadas como desaparecidas” en las instalaciones del XXXV Batallón de Infantería y de la Policía Ministerial del estado, según las investigaciones del agente del Ministerio Público de la Federación Itinerante, y de acuerdo con una visita realizada por personal de la CNDH en la guarnición militar.
Más aún, informa a la CIDH de una reunión efectuada el 10 de marzo en Ciudad Juárez con la finalidad de establecer medidas cautelares y en la que participaron familiares y representantes de las víctimas, al igual que funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua, de las secretarías de Seguridad Pública federal y local, y de la Defensa Nacional, así como de la PGR y la PGJCH.
Según el gobierno federal, todas esas dependencias se comprometieron a dar una “respuesta puntual a cada una de sus solicitudes, realizándose gestiones a que haya lugar para comenzar con la implementación de las medidas de protección”.
Ahí se acordó que la Secretaría de Gobernación “coordinará una reunión de alto nivel en la que se abordará la solicitud de las y los peticionarios en el sentido de que quien investigue los hechos que motivaron las presentes medidas sea un órgano de persecución de los delitos de carácter civil y no militar”.
Aun sin aportar datos sobre el paradero de los jóvenes Alvarado, sin especificar los mecanismos que se usarán para el cumplimiento de las medidas cautelares y sin definir la competencia de las autoridades investigadoras, el gobierno de Calderón pidió a Santiago Cantón que “reconozca que el Estado mexicano ha adoptado las medidas necesarias para salvaguardar la vida, seguridad e integridad de los beneficiarios”.
En su búsqueda de descargo, el gobierno federal incluso reconoció otros casos de violaciones a derechos humanos en Ciudad Juárez, presuntamente cometidos por elementos del Ejército y que están detallados en los anexos de la respuesta que envió a la CIDH. Se trata de copias de oficios de la PGR, de la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos enviados al titular de la Unidad de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, José Antonio Guevara Bermúdez.
Además del caso de los Alvarado, se mencionan las desapariciones de los hermanos José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga, así como de Tomás Arguijo González, detenidos por militares el 14 de noviembre de 2008 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente.
También se consigna “la posible comisión de delitos atribuibles a personal militar en agravio de Manuel Ubaldo Ruiz o Manuel Ubaldo Martínez Ortiz, cometidos en el momento de su detención”, el 18 de octubre del año pasado, y el homicidio de Saúl Becerra Reyes, quien desapareció tras ser arrestado por militares el 21 de octubre de 2008; su cadáver fue encontrado en marzo de 2009.
Además se incluye el caso de la desaparición de la joven Mónica Janeth Alanís Esparza, quien fue vista por última vez el 26 de marzo de 2009, cuando salió de su casa rumbo a la universidad.
El pasado lunes 19 de abril, las organizaciones civiles que representan a los Alvarado y a sus familiares notificaron a Santiago Cantón “el incumplimiento de las medidas cautelares”, así como la “grave omisión por parte del Estado mexicano para realizar una investigación exhaustiva y efectiva que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la localización de Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera”.
Hasta ahora, dicen, las instancias que el gobierno de Calderón menciona como encargadas de las investigaciones “se han limitado a elaborar e intercambiar oficios y cartas entre ellos”.
Acusan al Estado mexicano de haber ocultado a la CIDH que desde el 20 de febrero la PGR había declinado competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia Militar, y se quejan de que esa institución castrense remitió el caso a la Unidad de Personas Ausentes y Extraviadas, desconociendo la participación de elementos castrenses en los hechos, como denunciaron los familiares de las víctimas ante el agente del Ministerio Público Aarón Enríquez.
Los representantes de los Alvarado aseguran que en la respuesta de México a la CIDH “no hay constancias de diligencias o solicitudes realizadas por el Ministerio Público encaminadas a establecer o descartar la participación de elementos del Ejército, y la responsabilidad de los elementos castrenses”.
En ninguno de los expedientes abiertos por la desaparición de esos muchachos hay constancia de alguna investigación “que se relacione con elementos del Ejército, a pesar de que son los únicos señalados”.
Los peticionarios solicitan a Santiago Cantón que, a su vez, inste al Estado mexicano a facilitar medidas cautelares que garanticen la protección de los desaparecidos, sus familiares y sus representantes, así como la realización de investigaciones efectivas en la jurisdicción penal ordinaria.
Solicitan, asimismo, que se llame a comparecer al coronel Élfego José Luján Ruiz, comandante del XXXV Batallón de Infantería, “al igual que a mandos militares y elementos del Ejército, autoridades civiles y ministeriales que tuvieron conocimiento de que los Alvarado fueron detenidos por elementos del Ejército el 29 de diciembre de 2009”; que se identifique al propietario del número de teléfono del que Nitza llamó pidiendo auxilio el 3 de febrero, y que se establezca un mecanismo internacional para la localización de personas desaparecidas similar al que estipula la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Campo Algodonero, relativa a la desaparición y homicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez.
