Simón Charaf Medina, dueño del Bar-Bar, decidió enfrentar al “monstruo” y el 1 de marzo presentó una demanda contra Televisa en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal por incumplimiento de los acuerdos convenidos al formar la empresa Imagen y Talento Internacional (ITI).
Sin embargo, a finales de ese mes el empresario comentó que sus abogados aún estudiaban la posibilidad de iniciar un juicio contra el consorcio televisivo por los daños causados a él y a ITI, así como por violentar los contratos y estatutos establecidos en diciembre de 2004, cuando decidieron formar una sociedad.
En esa ocasión también expuso que su “socio” lo había marginado de por lo menos 100 proyectos, causándole pérdidas millonarias. También acusó públicamente a directivos de “alto nivel” de Televisa de pretender arrebatarle ITI por medio de amenazas de muerte y de campañas de desprestigio en los noticiarios del Canal 2, tras el atentado contra el futbolista paraguayo Salvador Cabañas en el interior de su establecimiento el 25 de enero. (Proceso 1743).
Charaf explicó que su interlocutor en la empresa, Alejandro Benítez Cueto, fue quien lo presionó para que vendiera –“por una cantidad ridícula”, dijo– sus acciones en ITI. Ante su negativa, agrega el dueño del Bar-Bar, tres días después el empleado de Televisa le espetó: “¿Qué, no te queda claro que quienes mandamos sobre la autoridad y hasta sobre el mismo presidente de la República somos nosotros?”.
Además de acusar al corporativo de Avenida Chapultepec de actuar en su contra, el empresario de origen libanés ya se había querellado contra éste por “daños y perjuicios derivados de los incumplimientos de contratos, acuerdos y obligaciones legalmente establecidos” en la sociedad que ambos tienen en ITI. En esa empresa la televisora posee 51% de las acciones, mientras que Charaf es propietario de 49% restante.
La demanda ordinaria mercantil fue presentada el 1 de marzo último ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y quedó registrada con el número 1404/2010.
Además de Televisa, S.A., y Telesistema Mexicano, S.A. de C.V., aparecen como codemandados el propio Alejandro Benítez Cueto, director de Comercialización de Talentos del corporativo, así como sus subordinados Juan Antonio Mateos Loyo, Francisco José Villarreal López Guerra, José Antonio Barona Martínez y Eduardo de Fuentes Ceballos.
El expediente de 238 fojas y 200 anexos incluye los contratos y estatutos establecidos entre Charaf y Televisa como socios en ITI; contratos de exclusividad firmados con ITI desde su nacimiento, en 1999, a la fecha; documentos internos de la empresa de Emilio Azcárraga Jean en los que se reconoce la exclusividad de ITI en la representación de sus “talentos”, además de correos electrónicos entre los socios y monitoreo hasta febrero de 2010 de al menos 100 proyectos realizados en directo por Televisa.
Un socio abusivo
En su edición 1735, con base en documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) del Distrito Federal, Proceso reveló que Simón Charaf mantenía negocios con Televisa desde 1994.
De 1994 a 2000, el empresario de origen libanés fue socio de Televisa en Promo Certamen, dedicada a la promoción y comercialización del Certamen Señorita México, según el folio mercantil 188675. En 2001, Charaf Medina y sus hermanos Ramón, Griselda y Frida, así como José Salvador Domínguez León, crearon Imagen y Talento Internacional.
En 2005 quedó incorporada en el expediente de esta empresa la sociedad con altos directivos de Televisa: Joaquín Valcárcel Santa Cruz, Salvi Rafael Folch Viadero, Jorge Lutteroth Echegoyen y Rafael Carabias Príncipe, entre otros (folio mercantil 279989).
El acuerdo accionario establece que el objetivo de ITI es “la representación, promoción y contratación de personalidades, artistas, deportistas y conductores (‘las personalidades’), a efecto de comercializar en cualquier forma permitida por la ley campañas y proyectos publicitarios, promocionales, de relaciones públicas, conferencias, líneas comerciales y productos, así como cualquier actividad semejante o conexa a las anteriores (‘la promoción publicitaria de personalidades’)”.
Después de múltiples incumplimientos de los convenios, entre los que estaba un acuerdo de no competencia entre las partes, Charaf asegura que tiene claro que la única intención de Televisa para asociarse con él era “neutralizar la empresa”. El propósito: que la sociedad “no se convirtiera en un riesgo (para Televisa) y que a través de Imagen y Talento (el consorcio) se abriera a la competencia extranjera en telecomunicaciones”, pues en 2004 una televisora de otro país pretendió comprar ITI, que para entonces, asegura Charaf, contaba con más de 100 talentos en exclusiva.
En entrevista, el empresario explica que fue en diciembre de 2009 cuando, a través de Benítez Cueto, Televisa empezó a presionarlo para que vendiera sus acciones. Desde entonces, dice, sus abogados “empezaron a trabajar en la demanda, pero su formalización se atrasó por los acontecimientos (del 25 de enero) en el Bar-Bar”.
Se trata de una demanda por muchos millones de pesos que, afirma Charaf, será “difícil de cuantificar”. La suma final la tendrá que decidir el juez, comenta.
Entre los adeudos de Televisa, dice el exesposo de Lupita Jones (Miss Universo 1991), están las ganancias que obtuvo de los gobiernos del Estado de México y Tabasco en 2005 y 2006 a través de contratos con TV Promo y Radar Servicios Especializados, documentados por Proceso desde octubre de 2005 y retomados en la edición 1743 en marzo pasado.
El contrato con el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2005 fue de 742 millones de pesos, en tanto que los suscritos con el tabasqueño Manuel Andrade de 2005 a 2006 sumaron 331 millones 890 mil pesos.
“En esos proyectos, como en otros 100, ellos me hicieron a un lado. Yo debería obtener el ingreso de la utilidad correspondiente a cualquier proyecto por la contratación de una personalidad; 49% de las utilidades deberían ser mías”, reclama Charaf.
Y explica que “por ser la única empresa de Televisa que puede representar a sus talentos”, ITI ha tenido tratos con TV Promo y Radar Servicios Especializados, pero aclara que desconoce “cómo se manejan” las cosas en las campañas políticas o de gobiernos estatales.
“Me vengo a enterar por Proceso (edición 1743) que hay en juego cientos de millones de pesos que son de nuestros impuestos; de cómo, por presiones de Televisa, acaban yendo a esas empresas pantalla y de cómo acaban en casas de Azcárraga o de Bernardo Gómez (vicepresidente de Televisa)”, comenta.
Y aun cuando asegura que confía en la solidez de su demanda y en la imparcialidad de los jueces, Charaf se muestra sorprendido porque la empresa de Emilio Azcárraga Jean no se ha dado por notificada pese a que la querella en su contra ingresó en el Juzgado Noveno hace más de 40 días.
Quizá se deba, insiste, a que mediante “artimañas y argucias” la empresa se ha negado a ser emplazada legalmente, y a que rechaza que exista una relación laboral con los ejecutivos codemandados.
Las tretas de Televisa
A solicitud de los abogados de Charaf, el Juzgado Noveno requirió información a dependencias federales y del Distrito Federal para localizar a los demandados para emplazarlos, entre ellas IMSS, ISSSTE, IFE, CFE, Comisión Nacional del Agua (Conagua), Policía Federal Ministerial e Infonavit.
El oficio de requerimiento también fue enviado a la Administración General del Servicio al Contribuyente de la SHCP, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), así como a Telmex.
“Estamos agotando todas las instancias legales para emplazarlos. El siguiente paso son los edictos, pero llaman la atención las argucias y artimañas de Televisa para no dejarse notificar”, apunta Charaf.
La actuación de Televisa en estos casos es recurrente. El 8 de mayo de 2007 el reportero Jenaro Villamil dio a conocer la demanda que interpuso la viuda de Emilio Azcárraga Milmo, Paula Cusi, en contra de Azcárraga Jean por el presunto despojo de la sexta parte de la herencia que le dejó El Tigre (Proceso 1605).
La demanda de Cusi fue interpuesta el 9 de enero de 2007 y en junio de ese año, después de tres edictos publicados por órdenes de la juez 62 de lo Civil en el Distrito Federal, Yolanda Morales Romero, ni Azcárraga ni los 40 funcionarios de Televisa codemandados habían respondido a los emplazamientos. El juicio sigue empantanado hasta hoy.
Charaf sabe a lo que se enfrenta: “A base de incumplimientos, de presiones y calumnias han querido cansarme y agotarme para que ya no ejerza mis acciones legales; pero no voy a desistir. Estoy seguro de que voy a ganar el juicio”.
Incluso afirma que después de sus primeras acusaciones contra el consorcio, presentadas en marzo pasado, no ha tenido contacto con personal de la televisora, aunque asegura sentirse atemorizado por las amenazas que presuntamente ha recibido. “Las tomo de una manera muy seria”, confiesa.
Relata que “curiosamente”, el 14 de abril, al día siguiente de que difundió un comunicado en el que manifestaba su decisión de litigar contra Televisa, dos individuos que “se ostentaron como servidores públicos”, aunque nunca precisaron de qué dependencia, intentaron ingresar a las oficinas de ITI y tener acceso al equipo de cómputo.
Durante 20 minutos, sin identificarse, “dos hombres trataron de amedrentar al personal de ITI diciendo que tenían que hacer una revisión de rutina de las computadoras; mi gente les pidió identificarse y mostrar algún documento que avalara su dicho, pero los individuos insistían en que si no los dejaban entrar, la empresa se iba a hacer acreedora a una serie de sanciones y multas.
“Suponemos que se trata de gente interesada en saber cuál es la información con la que cuenta ITI, o bien pretendían introducir un programa espía en el sistema de cómputo”, señala el empresario.
Charaf, que también se halla implicado en un litigio contra el aseguramiento del local del Bar-Bar por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), afirma: “Sé de mucha gente que ha sido ultrajada por Televisa, pero nadie se atreve a denunciar porque saben cómo se manejan en esos casos. Justo lo que me hicieron a mí: atacar, manipular la información y calumniar…”.
Y sentencia: “No fue una decisión fácil enfrentarme a ese ‘monstruo’, pero hay que ponerle un alto a su abuso de poder”. l
