Elevada a rango de reality show, la muerte de la niña Paulette Gebara Farah se convirtió en una muestra más de la improvisación, la ligereza, la inoperancia y, de plano, la torpeza de las instituciones encargadas de procurar justicia en el país. El caso exhibe en particular la ineptitud de las autoridades del Estado de México, que lo descompusieron al punto de convertirlo en una irresoluble trama hitchcockiana. Por consiguiente, el asunto se convirtió ya en la mayor crisis política para el gobernador Enrique Peña Nieto, que ya no halla cómo defender a su incapaz procurador…
“No hay duda de que este caso se trató de un homicidio”, sentenció el procurador mexiquense Alberto Bazbaz Sacal el 31 de marzo en una prolongada conferencia de prensa, transmitida en vivo por la mayoría de los noticiarios televisivos y radiofónicos que han convertido el caso de la menor Paulette Gebara Farah en un auténtico reality show.
Seis días después, el lunes 5, Bazbaz Sacal dio un giro radical a sus declaraciones. Localizado el cuerpo de Paulette debajo de su propia cama y en el mismo cuarto que antes había sido visitado por decenas de agentes y periodistas, Bazbaz declaró que “la necroscopia ni siquiera es concluyente para determinar que se trate de un homicidio…”.
Y afirmó que serán “los científicos” de la procuraduría los que determinen los detalles de “la asfixia mecánica por sofocación” de la menor de cuatro años, que había sido reportada como desaparecida desde el 22 de marzo.
El domingo 4, Bazbaz ordenó la liberación de las cuatro personas arraigadas como sospechosas del presunto homicidio: las nanas Erika y Martha Casimiro, quienes cuidaron de la niña, que tenía discapacidad motriz; su padre, Mauricio Gebara Rahal, y la madre, Lisette Farah Farah, la única indiciada y quien ha sido protagonista mediática en esta trama desde que desapareció Paulette.
Escandaloso desde un inicio y ante el interés de los medios electrónicos nacionales e internacionales por darle cobertura, el caso se transformó desde ese lunes 5 en la principal crisis política y mediática para el gobernador Enrique Peña Nieto.
El jueves 8, legisladores locales del PAN y del PRD exigieron la renuncia del procurador mexiquense por su “falta de capacidad y eficiencia”, dijeron. La panista Mónica Fragoso Maldonado acusó a Bazbaz de revelar a diferentes medios de comunicación “información trascendental que pone en peligro la investigación (del caso Paulette)”.
Desde Colombia, a donde viajó para participar en el Foro Económico Mundial Latinoamérica (FEM), el gobernador Peña Nieto salió dos veces en defensa de su procurador, al tiempo que fuentes consultadas en el Estado de México señalan al secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, como el principal operador del cambio en las investigaciones de la procuraduría.
“Este es un ejemplo de cómo en el Estado de México la procuración de justicia se compra o se vende al mejor postor. Es obvio que el procurador está muy cerca del caso Paulette, por la posición económica de las familias”, advierte el dirigente estatal del PRD, Luis Sánchez Jiménez.
Consultado por Proceso, Sánchez Jiménez asegura que el principal padrino y apoyo político de Alberto Bazbaz Sacal es el expresidente Carlos Salinas de Gortari y aduce dos razones: el actual procurador fue defensor de Raúl Salinas de Gortari y estuvo al pendiente del caso de Enrique Salinas de Gortari, asesinado el 8 de diciembre de 2004.
En las indagaciones del crimen del hermano del expresidente, Bazbaz fue pieza clave como director general de Control de Procesos Penales Federales de la Procuraduría General de la República, cargo al que llegó en septiembre de 2007 por recomendación de Eduardo Medina Mora, titular de esa dependencia.
El procurador mexiquense también fue socio del despacho Moreno y Bazbaz, junto con Fernando Moreno Hernández y David Korenfeld Federman, el actual secretario del Agua y Obra Pública del Estado de México. Él y Korenfeld pertenecen a la comunidad judía mexiquense, estudiaron en la Universidad Anáhuac y Korenfeld es identificado como uno de los principales impulsores de los jugosos negocios inmobiliarios del gobierno mexiquense.
En marzo de 2008, en vísperas de que Peña Nieto nombrara al sustituto de Abel Villicaña como nuevo procurador estatal, le propuso el cargo a Korenfeld, pero él sugirió que, en su lugar, se nombrara a Bazbaz y comentó que prefería seguir al frente de la Secretaría del Agua y Obra Pública.
El exdiputado local del PAN Carlos Alberto Pérez identifica a Bazbaz y a Korenfeld como parte de “la red de negocios e influencia salinista” en el gobierno de Peña Nieto.
La mano de Nassar Daw
En la trama del caso Paulette está involucrado otro viejo conocido de Salinas de Gortari, de Bazbaz y de Korenfeld. El despacho de José Luis Nassar Daw, hijo y defensor de Miguel Nassar Haro, extitular de la Dirección Federal de Seguridad. Él está a cargo de la defensa de Lisette Farah, madre de Paulette, según confirmó el perredista Luis Sánchez Jiménez.
En sus últimas entrevistas Lisette Farah ha acusado de “cobarde” a su esposo Mauricio Gebara y, además de insistir en su inocencia, demanda la custodia de su otra hija, Lisette, de siete años.
Egresado de la Universidad Panamericana, donde también estudió Peña Nieto, Nassar Daw defendió a través de su despacho a Raúl Salinas de Gortari, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito, y responsable de tramitar la libertad bajo caución del hermano del expresidente, en junio de 2005.
Nassar Daw y Asociados también defendió, en enero de 2009, a la profesora Magdalena García Soto, acusada de ser cómplice de Adán Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino García, acusados de violar a un niño en el Instituto San Felipe, en Oaxaca; el despacho también defendió a Miguel Nassar Haro, acusado del delito de secuestro.
Paul Nerubay, otro abogado, hasta ahora sólo ha aparecido públicamente como amigo y defensor de Lisette Farah. Él fue el que acompañó a la madre durante el sepelio de Paulette en el Panteón Francés. Y aun cuando aseguró que él no es penalista, expresó su temor de que la procuraduría mexiquense se incline por una “decisión política” en el caso Paulette, sobre todo por las presiones que ha recibido el gobernador Enrique Peña Nieto.
“Hemos recibido información de que la familia Gebara ha tenido cierta cercanía con el licenciado Bazbaz para que nadie acuse a Mauricio Gebara y todas las acusaciones vayan en contra de la madre”, declaró Nerubay durante la conferencia de prensa del miércoles 7.
Un procurador ineficaz
Nacido el 24 de octubre de 1973, Alberto Bazbaz Sacal fue designado por Enrique Peña Nieto como su tercer procurador el 12 de marzo de 2008.
Sustituyó a Abel Villicaña Estrada. Joven, sin experiencia política, Bazbaz fue ratificado por 53 de los legisladores locales del PRI, PAN, PVEM y Convergencia. Los 16 del PRD votaron en contra.
Egresado de la licenciatura de Derecho, Bazbaz fue maestro en Ciencias Penales en la Universidad Anáhuac, donde impartió cátedra durante 11 años, antes de llegar a la procuraduría mexiquense. En esa misma institución, que pertenece a la congregación católica de los Legionarios de Cristo, su amigo Korenfeld formó parte del Consejo de Desarrollo de la Facultad de Derecho.
A los 21 años fue agente del Ministerio Público, en 1994, y trabajó como abogado litigante en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal entre 1996 y 2006.
En 2007, el entonces titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, lo incorporó como asesor en el área de Planeación, Innovación y Desarrollo Institucional de la dependencia y en septiembre de ese año lo nombró director general de Control de Procesos Penales Federales.
Emparentado con grandes compañías constructoras como Sacal Inmobiliaria, de Moisés Micha Sacal, y con Servicios de Agente Inmobiliaria, de Elías Micha Sacal, Bazbaz definió desde el principio que su actuación favorecería a los intereses de los desarrolladores y del gran capital que ha hecho negocios millonarios en la reciente administración mexiquense.
Su primer caso polémico fue el de los 24 ejecutados en la zona de La Marquesa, cuyos cuerpos fueron encontrados el 12 de septiembre de 2008. La procuraduría estatal identificó sólo a cinco: dos de ellos vivían en el municipio de Huixquilucan y los otros eran originarios de Hidalgo y Oaxaca.
A diferencia del caso Paulette, en aquella ocasión Bazbaz no apareció en los medios ni dio entrevistas en torno a ese caso, que despertó los focos de alerta en el Estado de México sobre el avance de las disputas del crimen organizado. En conferencia de prensa sólo admitió que una de las líneas de investigación estaban relacionada con posibles venganzas o disputas entre narcomenudistas. Sin embargo, la procuraduría estatal nunca aclaró finalmente las causas de esta ejecución múltiple.
En los dos años que Bazbaz lleva al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), los índices de delincuencia se han disparado. Existen más de 30 mil órdenes de aprehensión sin cumplimentar; de los 672 casos de mujeres asesinadas en el Estado de México 90% aún no se esclarecen, y de los homicidios registrados en la entidad, 95% no se han resuelto.
Al cierre de 2009, en el Estado de México las ejecuciones sumaron 464, según las cifras de la propia procuraduría, y se le asocian a las disputas entre La Familia michoacana, Los Zetas y el grupo de los hermanos Beltrán Leyva. Estos últimos con presencia en Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Villa Nicolás Romero, Tlalnepantla y Tultitlán.
Entre enero y febrero pasados, las ejecuciones en el Estado de México sumaron 66. En 90% de los casos los cuerpos tenían signos de tortura y en 42 los cadáveres fueron encontrados con narcomensajes en cartulinas, firmados presuntamente por La Familia o Los Zetas.
En 2009, el índice de secuestros en la entidad creció 11%. Al menos 50 comerciantes de las distintas centrales de abasto de Toluca, Tultitlán y Ecatepec fueron víctimas de este delito. El índice de robos a autos se disparó en los últimos meses, especialmente desde agosto, a partir de que el PRI arrasó en las elecciones municipales y desplazó a los gobiernos opositores en ciudades densamente pobladas, como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla.
Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) señalan que el año pasado desaparecieron 39 mil 367 unidades, lo que representó 21% más que en 2008 y un crecimiento acumulado de 35% durante la administración de Peña Nieto. Entre enero y junio de 2009 se robaron mil 817 vehículos tan sólo en Ecatepec. Durante todo el año pasado sólo 1.9% de los autos robados (722 unidades) fueron recuperados por las autoridades.
Ante la ineficacia de la procuraduría de Bazbaz, el poder de David Garay Maldonado, titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), se ha acrecentado. De agosto de 2009 a la fecha, 72 presidentes municipales del Estado de México cedieron su facultad de nombrar a sus directores de policía para entregarle el control a Garay Maldonado.
En este contexto, el caso Paulette también ha permitido la injerencia directa del secretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, en las investigaciones que realiza la PGJEM.
Consultados al respecto, funcionarios mexiquenses y miembros de la clase política local, quienes pidieron omitir sus nombres, aseguran que Miranda Nava exigió a Bazbaz tener acceso al expediente, a los peritajes y a las averiguaciones previas del caso Paulette.
Proclive a los festejos y a las parrandas de Peña Nieto, señalado como prestanombres de Arturo Montiel desde la Secretaría de Administración –en la que sustituyó a Peña Nieto–, Miranda Nava busca resolver el caso Paulette de manera similar al de Mónica Pretelini, esposa del actual gobernador, quien murió en condiciones extrañas, comentan los entrevistados.
También les llaman la atención el silencio del exprocurador y exsecretario general de Gobierno durante la primera parte del gobierno de Peña Nieto, el actual diputado federal Humberto Benítez Treviño, así como las críticas de Alfonso Navarrete Prida, el primer procurador durante la administración peñista y también diputado federal.
Las especulaciones sobre la salida de Bazbaz crecen todos los días. En la administración de Peña incluso comienzan a mencionarse algunos nombres. Sin embargo, el espaldarazo del mandatario estatal parece ser definitivo.
Hasta ahora el único que ha renunciado por el escándalo del caso Paulette es el secretario de Salud, Franklin Libenson Violante, quien fue removido el 7 de abril pasado, a 22 días de cumplir un año al frente de la dependencia. En medio de la crisis provocada durante una rueda de prensa por la epidemia de influenza, Libenson mencionó cifras de los enfermos diferentes a las de Peña Nieto y eso lo mandó al ostracismo.
Vacío de poder
“Es un secreto a voces en el Estado de México –afirma el dirigente estatal del PRD, Luis Sánchez Jiménez–. No tenemos gobernador, sino candidato presidencial. El gabinete se está cayendo a pedazos. Hay un proceso de ingobernabilidad. Peña Nieto sólo se dedica a eventos rosas.”
El caso Paulette ha exhibido este vacío de poder con toda su crudeza. Dos exgobernadores, ambos tíos de Peña Nieto –Arturo Montiel y Alfredo del Mazo González–, han revivido en medio del escándalo. El primero, principal padrino de Peña Nieto y exjefe de Miranda Nava, reapareció en medio del escándalo. Del Mazo, presidente del Consejo de Infraestructura, padre del actual alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, principal precandidato a suceder a Peña Nieto, se ha involucrado en el manejo del caso.
Tanto Montiel como Del Mazo González tienen relación con las familias Farah Farah y Gebara Rahal, en plena disputa ahora por el caso de la menor. Ambas familias están emparentadas con empresas constructoras y han financiado campañas electorales en Huixquilucan y en el ámbito estatal.
La sucesión de Peña Nieto está desatada al interior de los grupos priistas. Cuatro son las principales figuras que aspiran a ocupar la gubernatura en 2011 y están pendientes de los casos más polémicos que alcanzan notoriedad en los medios: Alfredo del Mazo Maza, alcalde de Huixquilucan y principal delfín de la dinastía de Atlacomulco, apoyado por el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; Luis Enrique Miranda Nava, que ejerce como gobernador de facto; Ernesto Nemer, quien representa a las familias de ascendencia libanesa y ha colaborado en todos los últimos gobiernos estatales, de Chuayfett a Peña Nieto, y el exsecretario de Finanzas y actual presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray.
La injerencia mediática
Por si esto no bastara, los medios electrónicos, en especial Televisa y TV Azteca, han convertido el caso Paulette en una demostración de fuerza frente al gobierno de Peña Nieto, su principal cliente que ahora está atrapado en la defensa a ultranza de Bazbaz, criticado por ambas televisoras.
La cobertura reciente de los noticiarios de Televisa en torno al caso Paulette ha rebasado todos los ejemplos mencionados. Desde el 5 de abril, cuando Bazbaz anunció un cambio radical en las investigaciones, el principal espacio informativo de Canal 2, El Noticiario con Joaquín López Dóriga, le dedicó más de la mitad del tiempo-aire: 33 minutos, el lunes 5; 36.8 minutos el martes 6, y 21.30 minutos, el miércoles 7 de abril.
El conductor de ese espacio dividió en tres partes la entrevista de Adela Micha con Lisette Farah y la retransmitió continuamente en sus espacios informativos. Sus comentaristas y conductores principales han pedido abiertamente la renuncia de Bazbaz. Las críticas aún no son tan abiertas en contra del propio Peña Nieto.
TV Azteca ha contrapunteado la cobertura de Televisa con entrevistas a las nanas y una reconstrucción melodramática. En las redes sociales como Facebook o Youtube el caso ha alcanzado una amplia notoriedad.
En Youtube se han subido más de 76 videos relacionados con el caso. Uno de ellos, titulado El misterio de la ropa de Paulette, con imágenes de Hechos de TV Azteca, rebasó las 170 mil reproducciones la semana anterior. La cobertura ha rebasado ampliamente otros asuntos, como el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.
Tras la liberación de los cuatro principales implicados, el domingo 4, las entrevistas televisivas se han convertido en sustitutos de los fiscales, de los peritos y hasta de los “científicos” que, según Bazbaz, tendrán la última palabra en este caso.
Rehén de su propia adicción a los medios electrónicos, el gobierno de Peña Nieto se enfrenta así, por primera vez, a un juicio en su contra desde las pantallas televisivas. Por ahora, éstos sólo piden la cabeza de su procurador.
