El Hospital Civil de Guadalajara arrastra irregularidades en el manejo presupuestal entre 2004 y 2007, sin que muchas hayan sido subsanadas, de acuerdo con los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría estatal.
Gloria Reza M.
L
a Contraloría del estado detectó caos administrativo e irregularidades por casi 244 millones de pesos al revisar una parte de los presupuestos ejercidos en los últimos seis años por el Organismo Público Descentralizado (OPD) Hospital Civil de Guadalajara que concentra al Fray Antonio Alcalde y al Juan I. Menchaca.
Mediante la Ley de Transparencia, Proceso Jalisco solicitó a la Contraloría copia del resultado de las auditorías practicadas a ambos nosocomios. Los documentos entregados registran gastos sin comprobar, compras fraccionadas, asignaciones directas sin justificación, préstamos indebidos o pagos de capacitación a personal eventual o de confianza, contratos otorgados sin fianza y desorden en la programación presupuestal, entre otras anomalías.
Irregularidades 2008
La Contraloría indicó que las auditorías a los hospitales civiles correspondientes a 2008 y 2009 están aún en proceso, por lo que la información se “ubica en la figura de reserva”.
Sin embargo, la dependencia estatal aclara que del ejercicio 2008 ya está concluida la revisión que se hizo al programa III que prevé el control interno de nóminas, expedientes de personal, incidencias y honorarios. La dependencia hizo 21 observaciones al OPD sobre el gasto de 1 millón 125 mil 648 pesos.
En el Fray Antonio Alcalde, a nueve empleados se les pagó un total de 35 mil 79 pesos, “sin existir la evidencia de haber laborado”.
El nosocomio otorgó también 17 pases de salida y cinco permisos a empleados sin tener el visto bueno de su supervisor, por lo que se les debe aplicar un descuento que suma 7 mil 883 pesos. La misma medida se debió aplicar a 20 empleados que fueron impuntuales o faltaron de manera injustificada, por un monto de 92 mil 36 pesos.
En el Juan I. Menchaca, la Contraloría encontró 18 contratos de trabajo individual por 990 mil 700 pesos; ninguno contiene la firma del trabajador. A la jefa de Servicios de la División de Ginecoobstetricia, Itza Nonatzin Bravo Padilla (hermana del exdiputado federal perredista Tonatiuh Bravo Padilla), se le pagó su sueldo indebidamente durante seis meses.
De acuerdo con el fiscalizador, la doctora Bravo Padilla solicitó una licencia con goce de sueldo para estudiar una maestría en desarrollo humano, aunque en otras listas de asistencia apareció “en comisión”. No obstante, su nombramiento es de confianza y la normatividad prevé este tipo de prestación “únicamente para personal de base”. Además, la firma de la doctora, estampada en la segunda quincena de mayo, es “diferente a las emitidas durante el periodo de la maestría y jamás entregó una carta poder”, apunta la revisión.
La Contraloría registra que en ambos nosocomios “existen diferencias entre la nómina y la plantilla de personal autorizado en cuanto al número de plazas, la categoría y adscripción”, y se aplican descuentos al personal eventual sobre su sueldo como si fueran de base.
Anomalías 2007
Del presupuesto 2007, la Contraloría auditó el programa II, que comprende control interno, adquisiciones, almacenes, proveedores y deudores diversos. A este rubro se le hicieron 26 observaciones por 222 millones 448 mil 394 pesos.
La Contraloría considera que el control interno es “deficiente”, pues se detectaron diferencias “en la información contenida en los reportes”. Además, los expedientes de los proveedores “están incompletos” y no se muestran los saldos reales, ya que se “tienen subcuentas sin depurar con una antigüedad de uno a siete años”.
Al revisar el inventario del almacén general y farmacia se encontraron faltantes de artículos por 305 mil 427 pesos en el Fray Antonio Alcalde, y por 917 mil 674 pesos en el Juan I. Menchaca.
Se detalla que en el antiguo Hospital Civil –el Fray Antonio– en 10 artículos “no se aclara documentalmente el total de la diferencia por faltantes, quedando sin aclarar un importe de 129 mil 707 pesos que corresponde a 9 mil 599 unidades”. Además, en la revisión de los registros de entradas y salidas del almacén en los meses de octubre y noviembre “se determinó que las existencias que muestran los kardex no son correctas, toda vez que en dos artículos se encontraron faltantes de 328 unidades por un importe de 175 mil 200 pesos”.
Según la Contraloría, los papeles de trabajo del almacén del nuevo Hospital Civil “señalan una diferencia del inventario pendiente de aclarar por 322 mil 278 pesos”. Tampoco procedieron las aclaraciones por 589 mil 348 pesos correspondientes a 2 mil 608 unidades, puesto que las “claves de los artículos no coinciden con la descripción del mismo y/o viceversa”. Del inventario que se hizo en septiembre, se encontró que faltaban mil 116 unidades que tienen un costo de 6 mil 40 pesos.
Respecto de las adquisiciones, se comprobó que la programación anual no se realiza con base en las necesidades reales, “toda vez que se observa que se omitieron partidas por ejercer y en otras se excedieron los montos estimados, resultando una diferencia con lo programado de 192 millones 74 mil 653 pesos”, apunta la Contraloría.
En la revisión a licitaciones y concursos, el expediente de la licitación 16/2007 asignado a IT Trade, S.A. de C.V., por un importe de 23 millones de pesos, está incompleto: carece de contrato y fianza.
En los contratos otorgados mediante licitación y concurso se detectó que 68 fianzas fueron entregadas con un retraso de cinco a 154 días posteriores a la firma, sin que se haya sancionado la irregularidad.
La Coordinación General de Adquisiciones excedió los montos máximos adjudicados a proveedores por un total de 3 millones 273 mil 605 pesos, sin que se hayan proporcionado “los addedum” a los contratos iniciales.
Del análisis que se hizo a las adjudicaciones directas se observó un procedimiento irregular en 17 expedientes que suman 18 millones 759 mil 932 pesos. De acuerdo con la Contraloría, “primero se elaboró y firmó el contrato y posteriormente se justificó la adjudicación directa, transcurriendo un lapso de uno a 102 días posteriores al inicio del contrato. Además, se omitió informarle al Comité de Adquisiciones al respecto de dichos contratos, como lo establece la propia normatividad del organismo”.
En la verificación de 10 expedientes de órdenes de compra, que suman 4 millones 679 mil 18 pesos, se encontró que se realizaron entregas de materiales y suministros con un desfase de dos a 79 días, de nuevo sin sanción para las empresas incumplidas. Asimismo, se detectaron cinco órdenes de compras que carecían de las facturas que comprobaran el gasto por 3 millones 815 mil 932 pesos.
Aunque el 29 de octubre de 2007 se informó a 12 proveedores incumplidos que tenían un plazo de cinco días hábiles para pagar su sanción, ninguna lo había hecho hasta el 7 de febrero de 2008. Esto generó un adeudo por 607 mil 752 pesos. Por si esto fuera poco, a estas mismas empresas se les adjudicaron contratos para el ejercicio 2008 por un monto mínimo de 123 millones 410 mil 76 pesos. Esto es calificado como “una grave omisión”, pues las bases que regulan los procesos de adquisiciones establecen que se debe verificar que la empresa haya cumplido los compromisos adquiridos anteriormente con el organismo, recuerda la Contraloría.
En la revisión al padrón de proveedores se encontró que uno de ellos, D.Q. Microbiología Laboratorios, S.A. de C.V., fue dado de baja el 16 de junio de 2006. Sin embargo, el OPD le asignó contratos en 2007 por un monto mínimo de 1 millón 641 mil 326 pesos, y uno más en 2008 por 1 millón 546 mil 447 pesos.
La Contraloría apunta que la Dirección General de los Hospitales Civiles tiene “diversos deudores”, a los que no identifica, cuyos gastos sin comprobar suman 95 mil 463 pesos y tienen una antigüedad de 30 hasta 60 días.
Al Fray Antonio Alcalde le deben 443 mil 558 pesos (en algunos casos desde hace siete años) “sin que se haya recuperado el importe o comprobado el gasto respectivo”. Uno de los morosos es Joel Ángel Velásquez Razo, a quien le entregaron 420 mil pesos en seis partidas de 70 mil pesos cada una “para el protocolo de terapias dinámicas de talleres para niños con diagnóstico TDAM”, sin que se hayan comprobado los gastos.
Manejos turbios
La contraloría revisó del presupuesto 2006 el Programa I, que comprende control interno, arqueo de fondo revolvente y a fondos fijos, bancos, y deudores diversos. Aquí hubo 10 observaciones por 410 mil 693 pesos.
Por ejemplo, se declaró improcedente el pago de 10 mil 511 pesos que hizo el Hospital Civil nuevo a Gabriela Ambriz González por viáticos al extranjero, puesto que es empleada eventual y las prestaciones para capacitación son de uso exclusivo para los trabajadores de base.
Por su parte, los empleados Jorge González Moreno, Josefina Márquez, Jorge Jiménez y Blanca Barragán nunca pudieron comprobar gastos que suman 46 mil 400 pesos.
La Contraloría también señaló que se presentaron 15 facturas consecutivas y con la misma fecha de expedición, que suman 121 mil 173 pesos, por uso de estacionamiento, las cuales no se enviaron a la Coordinación de Finanzas pese a que tenían “una antigüedad de dos meses”.
El Fray Antonio Alcalde entregó cheques a varios de sus empleados por 177 mil 821 pesos para “servicios y estudios subrogados”, pero nunca justificaron los gastos pese a que pasaron de uno a 92 meses.
La Controlaría les cuestiona a ambos nosocomios que los intereses de la cuenta bancaria “no se capitalizan toda vez que los siguen contabilizando en forma separada”. Sin embargo, los intereses generados se canalizan a los fondos revolventes manejados por los doctores Miguel Roberto Kumazawa y Héctor Raúl Pérez.
La Contraloría no entregó a este semanario los resultados de la auditoría 2005. En relación con el presupuesto de 2004, las observaciones fueron 63 para el Programa I, por 19 millones 593 mil 556 pesos.
Al igual que en 2007, la Contraloría señala que en ninguno de los hospitales existe un control interno ni una supervisión de los encargados del área y que el control presupuestal es deficiente al no realizarse una programación del gasto.
Incluso menciona que los registros contables son poco claros y no hay respaldos documentales. De hecho, el balance y el fondo revolvente en cada uno de los hospitales no concuerdan, por lo que la diferencia entre ambos estados financieros fue de 474 mil 322 pesos.
Más aún, en el ejercicio presupuestal 2004 encontraron una diferencia de 13 millones entre el presupuesto autorizado y el informe del acta a la Junta de Gobierno.
Además, en las transferencias de las cuotas de recuperación registradas se encontraron diferencias entre los estados financieros de la Dirección General y las unidades hospitalarias por 1 millón 64 mil 119 pesos.
Otra anomalía es que en un periodo de dos meses se efectuaron 22 compras fraccionadas por 358 mil 901 pesos a Dadial Médica sin justificar “la omisión del proceso de adquisiciones”. La misma práctica se repitió con el proveedor Alejandro Torres Sánchez, por un importe de 82 mil 518 pesos.
Uno de los señalados por esa práctica es el jefe de Servicios Gnerales del antiguo Hospital Civil, Francisco López Padilla, quien autorizó compras fraccionadas en otros casos por 263 mil 293 pesos.
Esa es “una situación recurrente en el ejercicio 2003”, apuntó la Contraloría.
El empleado Francisco Ortiz Hernández no pudo justificar gastos por 126 mil 336 pesos, puesto que presentó comprobantes que no cumplen con los requisitos fiscales, y en otros casos simplemente no los entregó.
Otro que no justificó el préstamo fue el doctor Luis Felipe Reyes Sau, a quien se le entregaron 3 mil pesos para pagar la inscripción a un diplomado.
A varios empleados de confianza les entregaron más de 60 mil pesos para capacitación cuando estos apoyos son exclusivamente para los de base. Además, les entregaron 16 mil 178 pesos para estudios subrogados, pero tampoco comprobaron los gastos. Otras erogaciones sin justificar ascienden a 120 mil 480 pesos.
En abril de 2004, se detectó que de la cuenta “cuotas de recuperación” salieron 946 mil 253 pesos para gastos que, en realidad, se habían realizado un año antes.
Otra irregularidad es que entregaron facturas por un total de 724 mil 559 pesos “que no cumplen con algún requisito administrativo o presupuestal”. Además, se encontraron facturas por 276 mil 559 pesos que no corresponden al cheque entregado.
En el Fray Antonio Alcalde se detectaron siete cheques por un total de 143 mil 703 pesos que carecen del documento comprobatorio. Un caso extremo es el número 2945 del 3 de marzo de 2004 por mil 600 pesos a nombre de María Carmen Pérez Cervantes, para que se practicara un estudio. Sin embargo, esa persona ya había fallecido, como lo demuestra un acta de defunción levantada el 31 de enero del mismo año.
De las observaciones que la Contraloría hizo al nuevo Hospital Civil, el Juan I. Menchaca, se tienen 16 pólizas de egresos por 147 mil 624 pesos que carecen de documento comprobatorio. Además, su empleado Juan Carlos Aguirre nunca comprobó gastos por 70 mil 878 pesos. l
