Organizaciones de derechos humanos sostienen que en Cuba existen entre 55 y 200 presos considerados de conciencia. De ellos, 25 padecen problemas de salud debido al hacinamiento y las pésimas condiciones higiénicas en las cárceles de la isla. El disidente Guillermo Fariñas afirma que su huelga de hambre –que inició el pasado 24 de febrero– busca la liberación de estos prisioneros enfermos. De hecho, el gobierno de España, que preside la Unión Europea, también negociaba su excarcelación. Pero la muerte del opositor Orlando Zapata y la condena del Parlamento Europeo en contra del gobierno de Raúl Castro frustraron esa posibilidad.
LA HABANA.- Existen en Cuba 55 “presos de conciencia”, afirma Amnistía Internacional.
El más reciente de ellos es Darsi Ferrer, director del grupo disidente Centro de Salud y Derechos Humanos “Juan Bruno Zayas”, encarcelado en febrero último.
Pero organizaciones de la isla que se dedican a monitorear las violaciones de derechos humanos elevan la cifra a 200 “prisioneros de conciencia”.
Para el gobierno cubano, sin embargo, no hay un solo prisionero político. Todos lo son por “delitos comunes”. Y sostiene que los grupos disidentes y las agrupaciones de derechos humanos son “instrumentos” que Estados Unidos utiliza para destruir a la Revolución.
El informe del gobierno cubano ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es ilustrativo. Dice: “Los mercenarios de la política imperialista contra el pueblo cubano han mutado sus métodos de actividad en función de los requerimientos y fases de la estrategia de agresión. Han transitado de invasores a terroristas y de terroristas a falsos defensores de derechos humanos”.
Más: “La fabricación y financiamiento de una supuesta disidencia interna y su tratamiento mediático internacional constituyen lucrativos negocios no sólo para los mercenarios reclutados en Cuba para que actúen contra su propio pueblo, también, y principalmente, para la mafia terrorista de origen cubano asentada en Miami”.
Por motivos de salud
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CNDHRN) –organización disidente que encabeza Elizardo Sánchez Santacruz– de los 200 presos políticos que hay en la isla, 25 padecen problemas de salud. La lista de estos últimos la encabeza Pedro Argüelles Morán, de 62 años de edad, condenado a 20 años de prisión por delitos tipificados en la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba”, también llamada Ley 88. El último de la lista es Antonio Villarreal Acosta, de 40 años de edad, quien purga una condena de 15 años por violar el artículo 91 del Código Penal: “actos contra la independencia y la integridad territorial del Estado”.
Según la CNDHRN, Argüelles Morán sufre artrosis generalizada, catarata total en ojo derecho y casi total en ojo izquierdo, artrosis sacro-lumbar, trastornos circulatorios en ambas piernas, enfisema pulmonar e hiperplasia prostática.
Villarreal Acosta padece cefalea, hipertensión arterial, retención de líquidos en las piernas, graves desequilibrios nerviosos e insomnio.
De acuerdo con la CNDHRN, son múltiples las enfermedades que padecen estos prisioneros. Entre ellas, epatomegalia, trastornos digestivos y respiratorios, parasitosis, hipertensión arterial, hígado graso, depresión, esclerosis múltiple degenerativa, artrosis cervical, asma, alergia, cólico nefrítico, colitis y trastornos siquiátricos agudos.
El economista disidente Óscar Espinosa Chepe, a quien las autoridades judiciales le otorgaron una “licencia extra penal” por motivos de salud, asegura que en Cuba se ha creado un gigantesco sistema penitenciario donde cientos de miles de personas se encuentran hacinadas al punto de no existir suficientes camas, por lo que muchos presos tienen que dormir en el suelo y vivir en condiciones higiénicas precarias.
Hortensia Bonachea Rodríguez, directora de Control de la Legalidad en los establecimientos penitenciarios de la Fiscalía General de Cuba, sostiene una versión diferente respecto de las condiciones carcelarias.
En un informe difundido en enero pasado, apuntó: “No podemos desconocer la organización en las prisiones del subsistema de atención médica y estomatológica, primaria y especializada, para atender a los reclusos, sustentado en una red que abarca hospitales, puestos y postas médicas, equipamiento y abastecimiento de medicamentos”.
Incluso, señaló: “Con el triunfo revolucionario comenzó un proceso de transformaciones encaminado al mejoramiento de las condiciones humanas de los privados de libertad. Estos centros se han convertido en lugares multiplicadores de oportunidades para el desarrollo del recluido, quien conserva todos sus derechos, excepto los perdidos como consecuencia específica de su privación de libertad”.
Agenda española
La eventual liberación de varios “prisioneros de conciencia” con problemas de salud formaba parte de la agenda bilateral de los gobiernos de España y Cuba.
Sin embargo, la muerte del disidente Orlando Zapata el pasado 23 de febrero y la resolución del Parlamento Europeo que el jueves 11 criticó en duros términos al régimen de la isla, dio al traste con esas negociaciones, según comentaron por separado a Proceso dos diplomáticos europeos –uno español y otro italiano– acreditados en La Habana, así como un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con esas versiones, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que preside la UE, y el de Raúl Castro, habían logrado acuerdos “claros” en este tema: España se había comprometido a romper la llamada “posición común” de los países de la UE –la cual condiciona el mejoramiento de las relaciones con Cuba al respeto a los derechos humanos– para sustituirlo por un “instrumento jurídico” que permitiera que este tema se tratara de manera bilateral con cada uno de los 27 países del bloque europeo.
Según estas fuentes, Cuba aceptó el acuerdo e incluso no se opuso a revisar la lista de los presos que la Unión Europea considerara como “políticos”.
“Es claro que queremos un diálogo con Cuba (…) Pero igual de claro es que los derechos humanos forman parte de ese diálogo. No se puede decir que vamos a tener un diálogo y excluir los derechos humanos y los presos que se consideran de conciencia. Sin el tema de los derechos humanos ningún país europeo aceptaría una nueva relación”, comenta el diplomático español.
Recuerda que las conversaciones se iniciaron en 2008, una vez que todos los países de la UE levantaron las sanciones que impusieron a Cuba en marzo de 2003 en reacción a la detención y condena de 75 disidentes. “No fue fácil, pero a finales del año pasado nuestra agenda era amplia, y los acuerdos sustanciales”, señala.
Y cuenta que para principios de febrero “España había logrado un amplio consenso entre las 27 naciones de la UE para sustituir la llamada ‘posición común’ hacia Cuba” y para que “el tema de los derechos humanos y los presos políticos estuviera en todas nuestras negociaciones”.
“Todo eso hoy parece haberse derrumbado. Será una labor titánica reconstruirlo”, comenta el diplomático español.
Consultado sobre el avance que tenían las negociaciones con Madrid, el funcionario de la cancillería cubana dijo que la “agenda era amplia” y confirmó que se platicaba sobre “presos comunes” por los cuales los países europeos tenían un especial interés.
–¿Había la posibilidad de liberar algunos presos? –se le pregunta.
–Había –respondió.
Mientras tanto, el disidente Guillermo Fariñas Hernández mantiene la huelga de hambre que inició el pasado 24 de febrero –un día después de la muerte de Orlando Zapata– con el objetivo de exigir la liberación de 26 presos políticos con problemas de salud.
Postrado en la cama 8 de la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial “Arnaldo Milián Castro”, de la provincia de Santa Clara, a unos 270 kilómetros de La Habana, Fariñas, dirigente de la Coalición Agenda para la Transición Cubana, mantiene su lucidez y una presencia mediática internacional que envidiaría cualquier político mexicano.
En múltiples entrevistas para medios de Europa y América Latina agradece al Parlamento Europeo la condena al gobierno de la isla, acusa al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de ser cómplice de la muerte de Zapata, expresa su desacuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en torno a la muerte de Orlando Zapata y demanda al presidente Felipe Calderón emitir una condena y no sólo lamentarse por la muerte del disidente.
