BOGOTÁ.- Arleth Casado nunca había participado en una elección popular. Lo hizo por primera vez el domingo 14, cuando fueron elegidos 102 senadores y 166 representantes a la Cámara, en la jornada electoral más tranquila de los últimos 25 años en Colombia.
Y no le fue nada mal porque obtuvo 111 mil 752 votos que la convirtieron en senadora de la República, así como en la candidata con la mayor votación del Partido Liberal.
La llegada de Arleth Casado al Congreso de Colombia está marcada por un hecho singular: es la esposa del excongresista Juan Manuel López Cabrales, un poderoso dirigente político del departamento de Córdoba, al noroccidente del país, condenado a siete años de cárcel por sus relaciones con el paramilitarismo.
En noviembre de 2008, López fue hallado culpable por la Corte Suprema de Justicia, tras comprobar que en 2001 había participado con otros 12 políticos regionales en una cumbre convocada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal organización paramilitar del país. En esa reunión, los asistentes firmaron el llamado Pacto de Ralito, una especie de alianza político militar contra las guerrillas. También se demostró que López estableció acuerdos con el hoy extraditado Salvatore Mancuso, quien fue jefe de las AUC.
El caso de Arleth Casado es ilustrativo de un fenómeno conocido en Colombia como “parapolíticos en cuerpo ajeno”. Se trata de dirigentes que se encuentran en la cárcel o son procesados por la justicia debido a sus nexos con paramilitares, y a pesar de ello consiguieron mantener su poder regional al lograr que en las elecciones del domingo 14 sus parientes y allegados resultaran electos.
Desde mediados de 2009, cuando los partidos políticos preparaban sus listas para las elecciones legislativas de marzo de 2010, diversas ONG, analistas políticos y editoriales de los diarios más importantes del país advirtieron que podría darse esta situación.
Una de las primeras en prender las alarmas fue la ONG Vote bien, que en febrero pasado publicó en su página de internet: “De los casi más de 270 congresistas elegidos hace cuatro años, más de 80 fueron destituidos o están siendo investigados por la posible comisión de diversos delitos. Lo triste es que corremos el riesgo de que ese poder tan cuestionado salga reelegido casi intacto en las elecciones de marzo próximo”.
El 20 de enero pasado, la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) envió una carta al jefe del Partido Liberal, y a la vez candidato presidencial de ese instituto político, Rafael Pardo, en la que le pidió “reconsidere el otorgamiento del aval a la señora Casado de López, como muestra de su compromiso ineludible con la celebración de unas elecciones libres, transparentes y sin la intervención de los grupos armados ilegales”.
Sin embargo, Pardo se negó a retirarle el apoyo a la candidata al Senado; por el contrario, respondió que en 2006, cuando Juan Manuel López fue elegido congresista con 145 mil votos, no recibió apoyo de los paramilitares. Ante esta posición, Claudia López, influyente analista política e integrante de la ONG La Silla Vacía se preguntó: “¿Sacrificó Pardo sus esfuerzos de renovación del partido por 150 mil votos, o tiene razón en defenderla?”.
Por aquellos días, la MOE también envió mensajes a los candidatos presidenciales Juan Manuel Santos, del partido de la U, y Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, para que no avalaran las candidaturas de Raimundo Méndez, apoyado por Reginaldo Montes –condenado por parapolítica–, y de Antonio Guerra de la Espriella, investigado preliminarmente en la Corte Suprema por el mismo delito.
Al igual que ocurrió con el Partido Liberal y la candidata Casado, los jefes partidistas mantuvieron en sus listas a esos candidatos.
Las advertencias no surtieron efecto y numerosos herederos de parapolíticos fueron elegidos al parlamento colombiano. Además de Arleth Casado, también llegarán al congreso representantes de casi todos los partidos.
Ultraderecha en auge
En la jornada electoral del domingo también resultó electa –con 48 mil votos– Teresa García Romero, hermana del exsenador Álvaro García Romero. Este poderoso cacique político del departamento de Sucre fue condenado el pasado 24 de febrero a 40 años de prisión por su responsabilidad en la matanza de 15 campesinos del caserío de Macayepo, ejecutada por paramilitares en octubre de 2000.
Sin embargo, durante su campaña, Teresa insistió en presentarse como “una candidata con una hoja de vida intachable en el sector público y privado que me permite tener la responsabilidad histórica de llevar la representación de nuestro proyecto”.
En los círculos políticos se pone especial atención a la abultada cantidad de votos que acaparó el Partido de Integración Nacional (PIN). Este movimiento surgió en noviembre de 2009 y albergó en su seno a numerosos dirigentes políticos que sobrevivieron a la purga que puso en la cárcel a por lo menos ocho congresistas de los movimientos Convergencia Ciudadana y la Alianza Democrática Nacional (ADN).
El PIN fue fundado –desde su celda en la cárcel La Picota de Bogotá– por el excongresista del departamento de Santander, Luis Alberto Gil, condenado por la Corte Suprema debido a sus nexos con grupos de autodefensa. Pese a los cuestionamientos, en diciembre pasado ese partido recibió la autorización del Consejo Nacional Electoral para conformar listas de aspirantes al Senado y la Cámara.
En los comicios del domingo 14, el PIN obtuvo cerca de 600 mil votos; es decir 6.8% del total de los sufragios, con lo que se constituyó en la cuarta fuerza electoral del país. Con este caudal el movimiento garantizó la llegada al Congreso de, por lo menos, ocho senadores y una veintena de representantes a la Cámara.
Por el PIN llegará al Senado Héctor Julio Alfonso, quien acaparó 69 mil 734 sufragios. Es hijo de la controvertida empresaria de juegos Enilce López, conocida como La Gata, investigada en la Corte Suprema por sus nexos con grupos paramilitares de la zona norte de Colombia.
Así, mientras la Registraduría termina el recuento de los votos en todo el país para dar a conocer la conformación final de la nómina de senadores y representantes en los próximos cuatro años, las ONG, los analistas y los medios de comunicación siguen en su tarea de señalar que en este proceso electoral al menos 80 aspirantes saldrán elegidos por los parapolíticos que ejercieron su poder desde la cárcel.
En entrevista con Proceso, Jorge Rojas, de la MOE, asegura que los resultados electorales evidencian la continuidad de la parapolítica en el Congreso colombiano, toda vez que se mantuvieron los porcentajes de los excongresistas hoy investigados o encarcelados. “Por los resultados conocidos hasta ahora creo que al final de este proceso los votos heredados por la parapolítica ascenderán a 2 millones”, sostiene. Agrega que hace cuatro años fue evidente la coacción armada para forzar los comicios, y en esta ocasión hubo grandes caudales de dinero para comprar los sufragios.
“Si el Congreso que está por terminar fue incapaz de legislar para sancionar a los congresistas o partidos comprometidos con grupos armados ilegales, es muy probable que los nuevos legisladores procedan igual”, sostiene.
