Con la supuesta colaboración de las autoridades venezolanas, la organización separatista vasca ETA impartió adiestramiento militar a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta es una de las conclusiones que aparecen en el auto de procesamiento emitido por el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, y que provocó un conflicto diplomático entre Madrid y Caracas. Aun cuando el presidente Hugo Chávez negó las acusaciones, el juez español giró órdenes de detención contra una docena de miembros de ambas organizaciones, entre ellos un funcionario del gobierno venezolano.
MADRID.- En agosto de 2007, dos miembros de la organización separatista vasca ETA, Martín Capa e Ignacio Domínguez Achalandabaso, alias Txomin, fueron conducidos por un chofer de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta una finca cercana a Guadalito, en el estado de Apure, en Venezuela. Ahí los esperaba el comandante guerrillero Nicolás Pizarro.
Durante 20 días, los etarras impartieron un “curso teórico-práctico” sobre técnicas avanzadas en el manejo del explosivo C-4 (“de una mayor capacidad destructiva que la dinamita, fácil de manipular y transportar”) a 13 miembros de la guerrilla colombiana y a siete integrantes del Frente de Liberación Bolivariana (FLB), una organización afín de Venezuela.
Uno de los guerrilleros colombianos capacitados por ETA, ahora desmovilizado y cuyo testimonio judicial fue recogido bajo el seudónimo de Camilo, así como el chofer, identificado como Patxo, confirman la organización de esos cursos de armas y explosivos, en los que Ignacio Domínguez les enseñó a utilizar teléfonos celulares como detonadores de las cargas explosivas.
Para repetir el mismo curso en el Bloque Caribe de las FARC, viajaron por Maracaibo “con el conocimiento y la compañía de una persona que vestía chaleco con escudo de la DIM (Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela) y de un vehículo escoltado por militares venezolanos”.
Esta es una de las pruebas que incluye el auto de procesamiento emitido el 24 de febrero pasado por el juez sexto de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco Núñez, que provocó una nueva confrontación diplomática entre Venezuela y España, porque sostiene que “obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA”.
Los cursos fueron acordados por Arturo Cubillas Fontán, como representante de ETA en América, y por su contraparte Remedios García Albert, Remedios o La Médica, y Omar Arturo Zabala Padilla, Lucas Gualdrón, responsable de la comisión internacional de las FARC en Europa; Remedios, “miembro de la comisión internacional de las FARC, que despachaba asuntos con el comandante Luciano Martín Arango, Iván Márquez, actualmente está libre bajo fianza en España, donde fue detenida en julio de 2008 por órdenes del magistrado Baltasar Garzón, imputada en otro juicio.
El juez Velasco Núñez identifica a Arturo Cubillas Fontán como uno de los etarras detenido en Francia y deportado a Argelia en noviembre de 1987; el 28 de mayo de 1989 viajó a Venezuela, donde se casó en 1990 con la venezolana de padres vascos Goizeder Odriozola Lataillade. Su pareja es la directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para el Deporte del gobierno de Hugo Chávez, desde enero de 2007.
Cubillas fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela, “siendo responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde el año 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC”, dice el auto procesal.
Las pruebas forman parte de informes y actuaciones policiales en poder de la Unidad Central Especial Número 1 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, así como de la “copia” de los 25 correos electrónicos encontrados en la computadora de quien fue el segundo hombre en importancia de las FARC, Luis Édgar Devia Silva, Raúl Reyes, muerto el 1 de marzo en un ataque del ejército colombiano contra su campamento, en suelo ecuatoriano.
Los cursos de ETA a los guerrilleros colombianos incluyeron “las técnicas más modernas de guerrilla urbana”, en los que participaron los etarras llamados Schumacher y Carlos o Aitona, al que identifican como José María Zaldúa Corta, con un largo historial judicial en España por terrorismo y homicidio.
Ambos son asiduos instructores de las FARC: Schumacher les dio cursos en 2003, 2006 y 2008, y Carlos o Aitana en 2006 y 2008, según el documento.
Bronca diplomática
La actuación judicial, conocida el 24 de febrero, provocó reacciones inmediatas. El ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, se enteró llegando a Hannover, Alemania, donde se encontraba también el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El mandatario le pidió a su canciller comunicarse de inmediato con el gobierno de Hugo Chávez.
Moratinos logró hablar con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, a quien le “previno” de la actuación judicial de la Audiencia Nacional. Maduro intercedió para que el canciller español hablara con el presidente Hugo Chávez. En la conversación telefónica no hubo choques ni desplantes, explicó una fuente de La Moncloa.
Moratinos comentó a reporteros que Chávez “me pidió que le recordara al presidente Zapatero que lo único que han hecho ellos desde el pasado ha sido colaborar con nosotros en todo lo que les hemos pedido en este tema”, por ejemplo, con el acuerdo entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez, para que el gobierno de éste recibiera en Venezuela a vascos vinculados a ETA.
Pero en una conferencia de prensa conjunta con la canciller alemana Ángela Merkel, Zapatero dijo que pediría “explicaciones” al gobierno venezolano, aunque Moratinos rectificó después, aclarando que le pediría “información”.
Hugo Chávez no aguantó más: “No tengo nada que explicar” a Zapatero, “ni a nadie”, estalló, y exigió al presidente español que respete “la soberanía” de Venezuela.
Chávez estaba en Montevideo, en la toma de posesión de José Mújica. Ahí declaró que la acusación es “temeraria, sin una sola prueba”, sostuvo que se trataba de “señalamientos infames e inaceptables”, y los tildó de “tristes restos de la época colonial española”. A la “Real” Audiencia Nacional la criticó porque sería capaz de considerar “terrorista incluso al libertador Simón Bolívar”.
En España, el Partido Popular (PP) la pescó al vuelo: el líder Mariano Rajoy exigió a Zapatero “poner en su lugar” a Chávez; no faltaron quienes pidieron reconsiderar el mantenimiento de las relaciones diplomáticas o llamar a cuentas al embajador venezolano en España.
El sábado 6, ambos gobiernos trataron de zanjar el diferendo mediante un comunicado conjunto en el que expresan “su más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones”. En ese texto, Venezuela desmintió las imputaciones del auto judicial.
Sin embargo, poco antes de hacerse público el comunicado conjunto, el canciller venezolano acusó al juez Velasco de ser parte “de la mafia” del expresidente José María Aznar. Chávez lo secundó, días después: acusó a la “prensa de derecha española” de estar está empeñada en dañar las relaciones bilaterales, y reprochó a Zapatero que defienda a Aznar, “que es un mafioso, apoyó el golpe de Estado aquí”, el 11 de abril de 2002.
La Moncloa, el PP y el Consejo General del Poder Judicial defendieron la actuación del juez Velasco. En medio de la polémica, el 7 de marzo, el periodista español Pascual Serrano difundió fotografías del juez Velasco cuando era director general de Justicia de la Generalitat Valenciana, en un acto del 21 de febrero de 2000, cuando él y el presidente del gobierno local, Eduardo Zaplana, recibieron a Raúl Reyes junto con una delegación de alto nivel de las FARC. Zaplana, un hombre cercano a Aznar, designó en ese cargo a Velasco, donde permaneció hasta 2003.
El 15 de de marzo, el juez Velasco cursó órdenes internacionales de detención contra los seis presuntos etarras y seis supuestos miembros de las FARC, entre ellos Rodrigo Granda Escobar, considerado miembro del Estado Mayor de la guerrilla colombiana, para procesarlos por compartir información sobre el manejo de explosivos e intentar cometer varios asesinatos en España, entre ellos el del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de su antecesor Andrés Pastrana, y de la exembajadora de ese país en Madrid, Noemí Sanín Posada. El gobierno de España envió el auto a Venezuela y a Cuba, donde se presume viven varios de los implicados.
Asunto gabardina
Por instrucciones de Édgar Gustavo Navarro Morales, El Mocho, el miembro de las FARC Víctor Ramón Vargas Salazar, Chato, visitó España el 8 de marzo de 2000 y el 30 de septiembre del mismo año, con la intención de “hacer vigilancias sobre la embajada de Colombia y controlar los itinerarios que realizaba el expresidente colombiano Andrés Pastrana”, e informó a sus jefes que “no sería difícil atentar contra esos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA”.
Aprovechando sus contactos, FARC pidió a ETA “colaboración para localizar en España a la exembajadora colombiana Noemí Sanín Posada; al excandidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, y al vicepresidente colombiano Francisco Santos”, entre otros, “con el fin de atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España u otro país” de la Unión Europea. En la lista estaba el ya fallecido Bernardo Gutiérrez Zuloaga, exmiembro del Ejército Popular de Liberación (ELN).
También incluyeron después al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y a Carlos Ardilla Lülle, cuando estuvieran en España.
Los lazos documentados entre ETA y las FARC se remontan a 1993. El 5 de agosto de ese año fueron arrestados en París Carlos Almorza Arrieta, Pedrito de Andoaín, y José María Dorronsoro, miembro del aparato político de ETA. Entre la documentación confiscada, una carta detalla la reunión del dirigente etarra residente en Cuba, Jokin Gorostidi Artola, Haritza, ya fallecido, con un comandante de las FARC, al que calificó como “contacto muy interesante”, y refiere la disposición a trabajos conjuntos. Otra carta de Haritza revela una segunda reunión con las FARC.
También había manuales que describían el “asunto gabardina”, relacionado con “el sistema de lanzamiento de proyectiles de fabricación propia de ETA del tipo granadas o morteros”, denominadas por la organización terrorista como jotake o jotake-R, que había sido probado en la selva venezolana-colombiana.
Seis años después, en marzo de 1999, la policía detuvo en París a los dirigentes de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, Ignacio Herrán Bilbao y Jon Mirena San Pedro Blanco en posesión de un documento titulado “A./JOSE/BILDUMA”, en el que narra que dos miembros “del colectivo etarra en Cuba habían construido un explosivo (tipo lanzagranadas) que deseaban probar en Venezuela”.
En noviembre de ese año, el comité ejecutivo de ETA se interesó en ampliar sus relaciones con las FARC, “con el objeto de exportar al extranjero sus tácticas y técnicas en la causación de terror y aprender experiencias ajenas igualmente en ese ilícito campo”, dice el juez.
El interlocutor fue el entonces responsable de ETA en Cuba, José Ángel Urtiaga Martínez, Garrutxu (deportado por Francia a Panamá en 1984, y después a Cuba), quien propició los contactos con las FARC para “continuar la experimentación con artefactos explosivos”. Estas relaciones las continuó su sucesor José Miguel Arrugaeta San Emeterio, Sonri.
En 2003 se reactivó el intercambio de adiestramiento entre las FARC y ETA. En la organización del mismo intervinieron Emiro del Carmen Ropero Suárez, comandante de las FARC del Departamento Norte Santander, fronterizo con Venezuela, así como el “canciller de las FARC”, Rodrigo Granda Escobar, y Arturo Cubillas Fontán, alias Arturo. Entre el 14 de julio y el 12 de agosto de ese año, cuatro miembros de ETA recibieron adiestramiento militar en los campamentos de Noel Matta Matta, alias Nariño, y Luciano Martín Arango, alias Iván, en la frontera con el estado venezolano de Zuliá; a cambio, elementos de las FARC fueron adiestrados en procesos de fabricación y utilización de los artefactos explosivos conocidos como jotake-handia.
En diciembre de 2003, los contactos se intensificaron “versando en esa ocasión ya sobre el uso de misiles tierra-aire que ETA comenzó a manejar poco después”. El 5 de octubre de 2004, el Ministerio del Interior confirmó que ETA llegó a tener en su poder misiles tierra aire SA-18 IGLA, de fabricación soviética, y Strela SAM-7. La organización terrorista vasca pretendió, sin éxito, usar los SAM-7 para atentar contra José María Aznar, en abril y mayo de 2001, cuando el expresidente viajó a Bilbao y a Guipúzcoa para participar en las campañas electorales autonómicas de ese año, según confirmó Pedro Mario Olano, en enero pasado, al declarar ante la policía y ante el juez Fernando Grande-Marlaska.
