MONTERREY, NL.- Los policías en Nuevo León o trabajan con el narco o tienen miedo.
El diagnóstico es del procurador de Justicia del estado, Alejandro Garza y Garza, quien añade: “Estamos ciento por ciento seguros de que tenemos policías infiltrados, y los que no están infiltrados tienen miedo. Por eso se ha optado por pedir el apoyo del Ejército, que es el que está actuando y dando los golpes, aparte de contar con mejor armamento”.
En entrevista efectuada el viernes 19, dice que hay “elementos valiosos, honestos, comprometidos con su trabajo”, pero también reconoce que “una parte importante” de los uniformados en la entidad han sido cooptados por el crimen organizado.
“No todos son malos”, aclara. Así como hay elementos que sirven a los cárteles “por convencimiento”, también hay muchos “policías buenos que, por miedo, trabajan para ellos”.
Sostiene que las balaceras en las que participan las fuerzas federales, los enfrentamientos entre civiles y hasta los bloqueos de las carreteras son resultado de la fractura entre el cártel del Golfo y el que era su brazo armado, Los Zetas, que han creado su propia organización.
En Nuevo León, dice, muchos policías y exuniformados trabajan mayormente para “los de la letra”, como se le llama a Los Zetas.
Reclutados
Hasta hace algunos meses, expone el procurador de Justicia del estado, la pugna entre los cárteles mantenía una violencia “normal”, sin que se saliera de control. Pero con el rompimiento, dice, aumentaron los enfrentamientos, y los grupos criminales llamaron a policías corrompidos que hasta hace poco cometían ilícitos por su cuenta.
Antes, esos elementos servían al cártel del Golfo, pero como dejaron de recibir cuotas de esa organización, comenzaron a trabajar por su lado en secuestros, robos de vehículos, extorsiones y cobro de derecho de piso. En algunos casos utilizaban a ladrones para que perpetraran robos domiciliarios y de automóviles.
Tras el rompimiento entre cárteles, a finales del año pasado y principios de éste Los Zetas “salen de Tamaulipas y vienen a pedir apoyo a la gente que trabajó con ellos en Nuevo León; su apoyo más fuerte son policías y expolicías”, con los que tenían contacto.
La consecuencia inmediata fue un aumento en los robos a casas-habitación y la exigencia de cuotas a comerciantes en el estado. En cuanto al robo de autos, se disparó el número de casos en los que los robos se realizan con violencia. Antes los robacoches usaban ganzúas y actuaban sigilosamente. Los integrantes de los cárteles, sin pericia para desactivar alarmas o para retirar seguros con alambres, optaron por despojar por la fuerza a los conductores.
Su objetivo es armarse, abastecerse y prepararse para la guerra que ya actualmente se encuentra desatada, dice Garza y Garza.
“Los Zetas llegaron a Nuevo León sin autos, sin efectivo y sin refugio. Tuvieron que abandonar la mayoría de las casas de seguridad que tenían en Monterrey porque sus rivales ya sabían dónde estaban. Por ello se apoyaron en policías para delinquir, para capitalizarse”, señala el procurador.
Y aventura: “me refiero a todos los policías, estatales y mayormente los municipales, es decir, todos lo que son uniformados. Pero consideramos que existen también elementos de la Policía Ministerial del estado que están metidos con ellos”.
El problema es tan grave que el 18 de noviembre de 2009, cuando apenas había transcurrido poco más del primer mes del actual gobierno estatal, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron a los exsecretarios de Seguridad Pública municipales Amador Medina Flores, de Monterrey; José Santos Almaraz Ornelas, de Guadalupe, y Alejandro Arturo Esparza Contreras, de Montemorelos.
En la zona rural del norte de Nuevo León la violencia se incrementó por enfrentamientos entre los cárteles. En los municipios de Cerralvo, China, General Treviño y otros que hacen frontera con Tamaulipas, había casas de seguridad que se convirtieron en objetivos del cártel del Golfo, explica.
Según el procurador, las señales de alarma motivaron a reagrupar las fuerzas en el estado mediante reuniones semanales entre las policías locales, la procuraduría estatal, representantes de la Policía Federal Preventiva, los generales de la Séptima y la Cuarta regiones militares, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En esas juntas se intercambia información y se definen estrategias, dice. Así se determinó que el Ejército diera los golpes más precisos, y efectuara el trabajo pesado contra los cárteles, lo mismo que la Marina, que la semana pasada desmanteló un campo de entrenamiento de Los Zetas en Bustamante.
Con frecuencia, las fuerzas federales no le avisan al gobierno del estado sobre operativos de alto perfil. Simplemente actúan, dice Garza y Garza.
Esto no significa que las corporaciones federales pasen sobre las autoridades locales, aclara: “Estamos trabajando con ellos, dependiendo de la situación. Tenemos un grupo que verifica información y, dependiendo de la magnitud del problema, se actúa directamente con el Ejército”.
El procurador justifica la intervención directa de las fuerzas armadas ante la corrupción de los cuerpos de seguridad del estado: “En ocasiones no podemos actuar con nuestras policías, porque sabemos que determinadas personas pueden estar infiltradas, sobre todo cuando se necesita demasiado hermetismo”.
En el caso de Bustamante, Garza y Garza rechaza los señalamientos sobre la aparente ceguera de la autoridad frente a un hecho tan evidente como el establecimiento de un campo de tiro.
Esa base de entrenamiento de Los Zetas tenía pocas semanas de haber sido creada en el rancho La Lagunilla. Su propietario ni siquiera sabía de la presencia de los narcos, que corrieron al encargado y ocuparon el predio. “Esta persona, por temor, se abstuvo de avisarle al dueño, quien se enteró de la balacera del domingo 14, en la que murieron ocho sicarios, cuando apareció en los medios”.
El jueves 18 se reanudaron los bloqueos en las calles en horas pico, supuestamente para impedir el desplazamiento de las fuerzas federales a zonas de conflicto. Garza y Garza dice tener informes de que los responsables son los mismos jóvenes que el 9 y el 17 de febrero de 2009 colocaron varios obstáculos en las principales arterias de la capital del estado. Cubiertos sus rostros con camisas, pedían que el Ejército regresara a los cuarteles. El entonces gobernador Natividad González Parás dijo que eran patrocinados por Los Zetas. El procurador ofrece la misma versión.
“Según los informes que tenemos, son los mismos tapados que bloquearon la avenida Constitución; son muchachos de tipo pandillero, como los que el jueves hicieron los bloqueos. Los estarían patrocinando Los Zetas.”
Entre tanto, el gobierno de Nuevo León intenta depurar a sus policías. En los primeros cinco meses de administración ha dado de baja a unos 30 elementos por falta de confianza, la mayoría el 20 de octubre pasado, una semana después de la renuncia del director de la AEI, Héctor Santos.
El procurador Garza y Garza dice que “es complicado atrapar a un policía in fraganti”, porque difícilmente se encuentran pruebas que lo incrimine, a pesar de que algunos casos sean “muy obvios”.
