El móvil del asesinato de tres personas vinculadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez se mantiene en la bruma porque las autoridades estadunidenses insisten en calificar el crimen como “un error”. Sin embargo, el consulado había recibido amenazas –e inclusive dispuso medidas de precaución y recibió apoyo de México en la vigilancia–, luego de que The Washington Post publicó una nota según la cual “funcionarios de las diferentes agencias federales de México y Estados Unidos” sostenían en El Paso, Texas, reuniones “a puerta cerrada” para iniciar un programa de combate al narcotráfico que incluiría la presencia de agentes federales de EU en territorio juarense…
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El sábado 13 de marzo, a las 14:00 horas, tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en esta ciudad salieron del salón de fiestas El Barquito de Papel. Se dirigían a sus casas en El Paso, Texas. No alcanzaron a llegar, pues a unos metros de la línea fronteriza fueron ejecutadas, al parecer como desenlace de amenazas que unos días antes había recibido el consulado por parte del cártel de Juárez.
El jueves 18, el gobierno estadunidense contraatacó: 200 elementos de la DEA, el FBI y el Departamento del Sheriff de El Paso emprendieron una redada en contra de la pandilla Barrio Azteca, brazo armado del cártel de Juárez que habita en el condado. Detuvieron a 50 integrantes del grupo para “interrogarlos” y dar con el paradero de su líder: Eduardo Ravelo, El Tablas.
El viernes 19, empleados del consulado permanecían en “alerta roja” tras recibir la “sugerencia” de enviar a sus familias a Estados Unidos, para lo cual contarán con el “auxilio diplomático” de ese país. También les dieron la “indicación” de trasladarse a El Paso inmediatamente después de concluida la jornada laboral.
En el interior del consulado hay miedo, pues se teme otro ataque, confiaron a Proceso algunos empleados que pidieron no revelar sus nombres porque recibieron la instrucción de abstenerse de abordar el tema.
Pero de acuerdo con diversos indicios, el detonante del ataque fue que, el 24 de febrero, The Washington Post publicó una nota según la cual agentes federales de Estados Unidos se preparaban para operar en Ciudad Juárez con el fin de reforzar el combate a los cárteles del narcotráfico: “Funcionarios de las diferentes agencias federales de México y Estados Unidos –precisaba la información– sostienen reuniones a puerta cerrada en El Paso y afinan detalles de cómo operará el programa”.
La nota, firmada por el periodista William Booth, establecía que los agentes de Estados Unidos quedarían ubicados en un centro de comando en Ciudad Juárez, con el fin de “compartir inteligencia del narco obtenida de informantes y comunicaciones interceptadas”.
Y agregaba: “Los agentes estadunidenses han sido cautelosos respecto a actuar dentro de centros de comando mexicanos por miedo a ser blanco de ejecuciones en medio de la violencia y falta de estado de derecho, que el año pasado dejaron un saldo superior a los 2 mil 600 muertos en Ciudad Juárez”.
Al respecto, un funcionario estadunidense de alto nivel, que pidió a la reportera no ser identificado, comentó: “La idea es tomar nuestras aptitudes (…) y ponerlas al servicio de un socio dispuesto a abordar lo que constituye una situación de crisis”.
Aunque el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, se encargó de desmentir cuanto antes la nota de William Booth –cuyos datos sustanciales fueron proporcionados por un informante anónimo–, al día siguiente el periódico El Diario, editado en El Paso, no sólo confirmó la versión de Booth, sino que precisó:
“Funcionarios de primer nivel de México y Estados Unidos, especializados en las áreas de Inteligencia y Seguridad Nacional, mantienen reuniones a puerta cerrada dentro de la base militar de Fort Bliss, sobre los centros de operaciones que instalarán en Ciudad Juárez.”
De acuerdo con un agente federal de Estados Unidos, en el marco de las negociaciones de la Iniciativa Mérida se acordó que los puntos operativos de esa colaboración serían colocados de manera estratégica en colonias de Ciudad Juárez como Bellavista, ubicada cerca de la línea fronteriza.
El hecho es que la filtración de esa información causó malestar al cónsul general de Estados Unidos en esta ciudad, Raymond McGrath, quien ante algunos funcionarios del gobierno estatal reconoció el “peligro” que esta revelación representaba para la sede diplomática.
Las amenazas
El martes 9 de marzo, la sede diplomática estadunidense sufrió una de las primeras advertencias: El cónsul Raymond McGrath reportó a la Operación Coordinada Chihuahua (Occh) la amenaza de que estallaría un “artefacto explosivo” en la sede diplomática. En respuesta, la Policía Federal (PF) instaló una unidad fija y dos más para vigilancia “intermitente”. Cada patrulla estaba dotada de seis elementos preparados para repeler “cualquier agresión”.
Tres días más tarde, el viernes 12, el cónsul emitió un comunicado interno que hizo circular entre sus empleados con la advertencia de que El Reco Bar estaba “fuera de nuestros límites” debido a las “preocupaciones de seguridad”, por lo que instaba a los ciudadanos estadunidenses a no visitarlo hasta nuevo aviso.
Ubicado en la Plaza Nicole, al sur del Consulado General, El Reco Bar opera con la licencia estatal de alcoholes número 6988, y trabaja con permisos mensuales de restaurante-bar a nombre de Luis Fernando Martínez Villegas. A su vez, la Plaza Nicole –de acuerdo con los registros revisados por Proceso– aparece a nombre de la inmobiliaria Perjoza, propiedad de Pedro y Jorge Zaragoza Fuentes.
Pedro Zaragoza Fuentes, cabeza del Grupo Agroindustrial Zaragoza, es concesionario de la cerveza Corona, propietario de dos estadios, de centros de diversión fronterizos y de más de 80 gasolinerías, sólo en Ciudad Juárez. Fue investigado por defraudación fiscal por 2.2 millones de dólares durante el gobierno de Carlos Salinas, cuando la PGR lo vinculó con el cártel de Juárez, a partir del hecho de que dos de sus cuñadas estaban casadas con los narcotraficantes Rafael Aguilar Guajardo y Rafael Muñoz Talavera, fundadores del cártel de Juárez (Proceso 1374).
Al día siguiente de que se emitió en el consulado la mencionada circular interna –copia de la cual tiene Proceso–, varios de los empleados consulares asistieron a un cumpleaños en el salón para fiestas infantiles El Barquito de Papel.
A eso de las dos de la tarde, Jorge Salcido Ceniceros, esposo de Hilda Antillano –empleada del consulado–, y Lesley Enríquez –esposa de Arthur Haycock Redelfs, alguacil de la cárcel de El Paso–, junto con sus hijos, abandonaron la fiesta.
Por separado, en sus vehículos, se dirigían a sus domicilios particulares de El Paso cuando, a unos metros del puente internacional Santa Fe y a escasos 50 metros de la Presidencia Municipal, fueron interceptados y ejecutados por un comando armado.
Los primeros en acudir en su auxilio fueron agentes municipales. Su reporte indica que, en el cruce de las avenidas Francisco Villa y Norzagaray, de la colonia Zona Centro, varios sujetos que se trasladaban en una Suburban negra por la avenida Heroico Colegio Militar, del Distrito Aldama, en sentido de oriente a poniente, perseguían a la camioneta Toyota Rav 4, modelo 2004. En el cruce de Norzagaray, los sujetos de la Suburban dispararon tanto al conductor como al copiloto.
Aunque ambos murieron, el reporte estatal y el municipal no los identifican, pero sí establecen que en la parte trasera del vehículo sobrevivió una bebé de siete meses de edad.
Minutos después de este hecho, por una llamada al 066, la policía municipal se enteró de que en el cruce de Avenida Insurgentes y Artículo 39 se encontraba un hombre muerto por disparos de arma de fuego.
El cuerpo se halló dentro de una camioneta Honda Pilot, modelo 2007, placas 527SGK6, y en el asiento trasero había dos niños heridos, de cuatro y siete años de edad.
A diferencia de los otros dos cuerpos, este fue identificado como Jorge Alberto Salcido Ceniceros, de 37 años de edad, quien trabajaba en una maquiladora y no tenía ningún registro de antecedentes penales u órdenes de aprensión en su contra.
“El cadáver se encontraba en una posición sedente (sentado) y como con huellas de violencia. Y presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en glúteo izquierdo y flanco derecho. En el área se localizaron dos casquillos percutidos de calibre 7.62 x 39 y cuatro casquillos con la leyenda MK”, señala el protocolo sobre el caso emitido por la Subprocuraduría de Justicia en Ciudad Juárez.
Reacción tardía
El mismo domingo 14 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó los asesinatos y señaló que colaborará con México para llevar ante la justicia a los criminales. A su vez, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, anunció que la seguridad del país y la del personal consular y de sus familias en México seguirá siendo la más alta prioridad para el gobierno estadunidense.
El gobierno de Estados Unidos dio a conocer también que desde el sábado 13 –horas antes del triple asesinato– había autorizado la salida de México de las familias de los empleados de las sedes diplomáticas que laboran en Ciudad Juárez, Tijuana, Nogales, Nuevo Laredo, Monterrey y Matamoros, por la preocupación generada ante la “situación de seguridad” que se vive en estas comunidades.
Solo que esa autorización no fue notificada a los interesados, sino hasta el domingo 14.
Y el martes 16, durante su tercera visita a esta ciudad en solo un mes, el presidente mexicano Felipe Calderón declaró que este es un problema binacional (de Estados Unidos y México) y que, por lo tanto, el combate al narcotráfico es competencia de ambos gobiernos.
Además, tanto el secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, como el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, durante la tercera reunión Todos Somos Juárez, Reconstruyamos nuestra ciudad, presentaron públicamente cifras “maquilladas” sobre la disminución de la violencia.
Esto enervó a varios integrantes de las mesas. “Señor presidente –le dijo a Calderón un miembro de la organización Observatorio Ciudadano, Miguel García–, no regrese a la Ciudad de México con la idea de que las cosas van bien en Ciudad Juárez. ¡No! Las cosas no van bien. Desde su última visita han ocurrido cosas terribles: Frente a sus hijos, una mamá fue asesinada durante un juego de beisbol, y tres estadunidenses fueron acribillados”.
Calderón sólo alcanzó a responder que ya se tenía al sicario de La Línea que dirigió la matanza de 15 jóvenes estudiantes el 30 de enero en Villas de Salvárcar.
Al día siguiente, en las instalaciones de la Guarnición Militar, la procuradora del Estado, Patricia González Rodríguez, presentó a José Alfredo Soto Arias, El Arnold o El Siete, como el principal responsable de la matanza de jóvenes, y aseguró que ya había avances significativos en la búsqueda de los autores del triple homicidio en relación con el consulado.
Sin embargo, desde un día antes, la procuradora estatal ya había culpado de ese triple homicidio a la pandilla de Los Aztecas, brazo armado de La Línea, operadores del cártel de Juárez.
Inclusive el gobierno estadunidense, a través de Andrea Simmons, vocera del FBI en El Paso, no sólo respaldó la versión de la procuradora, sino que dio a conocer la llegada de elementos de su país a Ciudad Juárez para coadyuvar con las investigaciones.
La mañana del jueves 18, Simmons reveló a Proceso que 200 agentes del FBI, de la DEA y de la oficina del sheriff participarían en una redada en El Barrio Azteca, colonia asentada en El Paso, Texas, habitada por pandilleros relacionados con La Línea.
El objetivo de Estados Unidos: dar con miembros de Los Aztecas involucrados en el asesinato de Lesley Enríquez y su esposo Arthur Haycock Redelfs, así como de Jorge Alberto Salcido Ceniceros.
Las redadas fueron realizadas en Nuevo México y alrededor de la ciudad fronteriza de El Paso. “Creemos que podemos conseguir importante información en el lado de Estados Unidos al ir detrás de estos miembros de Barrio Azteca”, señaló el FBI. Uno de los más buscados, Eduardo Ravelo, es el líder de la pandilla Barrio Azteca, que tanto en El Paso como en Ciudad Juárez tiene entre sus principales actividades el lavado de dinero y la distribución de cocaína.
Sin embargo, surgió la versión de que los sicarios iban por Arthur Haycock Redelfs debido a que en su función como alguacil de la cárcel de El Paso pudo molestar a alguno de los aztecas presos, y también la de que su esposa, Lesley Enríquez, era agente antinarcóticos adscrita a la DEA.
Otra versión consistió en que el ataque se originó en las actividades que Jorge Salcido desempeñó como agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría del Estado en Juárez, así como en las actividades desarrolladas dentro de la misma dependencia por su esposa Hilda Antillán.
Ninguna de estas versiones fue desmentida ni confirmada por las autoridades de ambos países.
Sin embargo, mientras que la vocera del FBI trató de deslindar al matrimonio estadunidense –“un grupo de sicarios pudo haber atacado al blanco equivocado”, dijo Simmons–, el cónsul de EU en Ciudad Juárez, Raymond McGrath, señaló en una entrevista con El Diario: “Desde las primeras horas del sábado, después de los ataques, la información disponible ha sido de que el ataque en contra de Leslye Enríquez y Arthur Redelfs fue un error… En el caso del señor Salcido, no sabemos todavía”.
Y, aunque insistió en deslindar al consulado como objetivo de la agresión, tuvo que admitir: “Entiendo las dudas de la gente. Hay también otras sugerencias: que fue (una) respuesta de los narcos dado un informe que emitimos el viernes (previniendo a la población estadunidense y a los empleados del Consulado de no asistir al bar El Reco)…”
