De los mil 300 millones de dólares que Estados Unidos ha entregado a México como parte de la Iniciativa Mérida, sólo 500 mil dólares se destinaron a los programas enfocados a prevenir la drogadicción y al establecimiento de comunidades libres de drogas. Asimismo, de los 600 especialistas que se capacitarían para la rehabilitación de farmacodependientes, sólo se han preparado 24.
Lo anterior se desprende de un informe que el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, entregó a los seis coordinadores de las fracciones legislativas del Senado. En este documento, cuya copia obtuvo Proceso, se establece que la mayor parte de los fondos se empleó para capacitar a policías e investigadores, así como para la compra de aviones y helicópteros destinados al Ejército y la Armada. También se han utilizado recursos para adquirir infraestructura y equipo que las fuerzas policiacas emplean en la lucha contra el crimen organizado.
En una reunión privada que Pascual sostuvo con los senadores el jueves 11 –tres días antes de que detonara la crisis en la frontera de Ciudad Juárez por el asesinato de dos ciudadanos estadunidenses–, les entregó el documento y advirtió que el esquema de la relación bilateral “estaba agotado”. Incluso planteó que venían tiempos de mayor violencia fronteriza, lo que representaba una amenaza para la seguridad interna de su país.
El informe puntualiza que 20 millones de estadunidenses son consumidores activos de drogas, y que será en 2011 cuando el gobierno de Barak Obama incremente 13% el presupuesto para la prevención de la farmacodependencia y 4% para su tratamiento. En total destinará 15 mil 500 millones de dólares para combatir el narcotráfico en su territorio y 5 mil 600 millones de dólares para intentar reducir la demanda de estupefacientes entre la población.
Peligro fronterizo
Consultados acerca del encuentro que sostuvieron con Pascual –el primero que se realiza en cuatro años entre un embajador estadunidense y la Junta de Coordinación Política del Senado–, Manlio Fabio Beltrones, del PRI, y Ricardo Monreal, del PT, coinciden en que Pascual tiene “mucha más información”; que maneja con mayor detalle los sucesos vinculados al crimen organizado, y que les planteó a los legisladores el inicio de un nuevo esquema de relación que involucre intercambio de información con el Congreso.
“Él asumió que hay un esquema agotado. Que la relación bilateral debe comenzar con un nuevo enfoque”, sostiene Monreal.
–¿Cómo percibió al embajador frente al problema del narcotráfico? –se le pregunta al coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado.
–Trae una idea geopolítica que rebasa con mucho nuestra estrategia casera. Es más agudo que otros, sabe a lo que viene y está consciente de que México es la frontera más importante y la más peligrosa para Estados Unidos.
–¿Previó que habría mayor violencia?
–Sin duda. Esa reunión se anticipó a la crisis. Es claro que tienen más información que nosotros. Sienten que México les está representando un problema por su gobierno gris, que no tiene fuerza ni liderazgo para imponer políticas públicas que den tranquilidad a Estados Unidos.
–¿Anticipó o sugirió una mayor injerencia o una intervención militar?
–Intervención militar, no. Estados Unidos tendrá mayor injerencia en México, sin duda, pero no se atreven a invadir ni a mandar marines. Van a estimular un enfoque más plural porque ellos saben que sólo tienen dos alternativas: invadir o tomar posición en el país, que es un problema para ellos, o convencer a su clase política y a las organizaciones ciudadanas. Ambas opciones son indeseables. La segunda significa el adoctrinamiento ideológico y el alineamiento de las oposiciones.
“El estallido de la violencia en las ciudades fronterizas, como Juárez, está generando una crisis en Estados Unidos por la llegada de miles de conciudadanos que están pidiendo asilo o trasladando sus negocios. Son miles los que huyen de la violencia fronteriza. No son los migrantes tradicionales, sino hombres de negocios, gente culta y rica, huyendo de la violencia de su país. Es un fenómeno muy delicado.”
Por su parte, Beltrones subraya que en esa reunión se habló de una “mayor colaboración institucional y transexenal entre el Senado y la embajada de Estados Unidos”.
“Se expresó la preocupación que existe al otro lado de la frontera en torno a la creciente violación de los derechos humanos en México, derivada de la guerra contra el narcotráfico. Se planteó como un tema de la agenda del Departamento de Estado”, abunda.
Coincide con Monreal en que hubo una clara advertencia sobre el riesgo de incremento de la violencia en la frontera norte y en que Pascual es un diplomático con más información que sus antecesores. “Es sumamente inteligente y maneja el detalle de las situaciones”, apunta.
Después de la reunión que los senadores tuvieron con Pascual, ellos acordaron que intercambiarán más información con la misión diplomática. De hecho, del 18 al 20 de marzo un grupo de trabajo integrado por varios senadores visitará las instalaciones del Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado Springs, por invitación de su comandante, el general Victor E. Renuart. Acudirán Eloy Cantú Segovia, del PRI; René Arce, del PRD; Ludvina Menchaca, del PVEM, y Ricardo Monreal, del PT.
Tendrán una reunión de trabajo con el general Renuart, así como una “sesión informativa sobre amenazas” con el director de inteligencia del comando. También se entrevistarán con Richard Downie, director del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CHDS).
Los cuatro pilares
De acuerdo con el documento entregado por el diplomático a los senadores, la siguiente fase de la Iniciativa Mérida consistirá en “ayudar a las agencias de procuración de justicia mexicanas a adquirir nuevas tecnologías que aumenten su movilidad, comunicaciones y capacidades técnicas para enfrentar a los narcotraficantes con efectividad”.
Asimismo, se pretende dotar de “tecnologías avanzadas y sistemas de comunicaciones seguros que permitirán a las autoridades mexicanas mejorar la obtención y almacén de datos y el intercambio de información”.
Hasta ahora se han canalizado mil 300 millones de dólares para capacitar a 4 mil 300 nuevos investigadores en la academia de la Policía Federal ubicada en San Luis Potosí, y para dotar de equipos de inspección a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Seguridad Pública. También se compraron cinco helicópteros Bell 412, y en el transcurso del presente año la Secretaría de Marina recibirá una aeronave CASA 235, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública Federal estrenará tres helicópteros Blackhawk UH-60.
El informe describe “los cuatro pilares de la cooperación” en los que se basa la Iniciativa Mérida:
“1.- Trastornar la capacidad operativa del crimen organizado”. En este punto se compromete a “disminuir el poder de los grupos mexicanos del crimen organizado sistemáticamente capturando y procesando a sus cabecillas y reduciendo las ganancias del comercio ilícito de drogas mediante el decomiso de narcóticos y el freno al lavado de dinero al igual que a la producción.
“2.- Institucionalizar la capacidad de mantener el estado de derecho”. Se compromete a “mejorar la capacidad” de las instituciones de seguridad pública y de las instituciones judiciales e incluye puntos como “profesionalizar a las Fuerzas Armadas y la policía, reformar instituciones correccionales e implementar la reforma al sistema penal”. En este rubro se han destinado 9 millones de dólares al entrenamiento de 4 mil 300 nuevos oficiales de la Policía Federal hasta enero de 2010.
“3.- Crear la infraestructura fronteriza del Siglo XXI”. Se comprometen ambos países a “facilitar el comercio legítimo y el movimiento de personas mientras se restringe el flujo ilícito de drogas, personas, armas y efectivo”. Se creará mejor infraestructura y tecnología para garantizar la seguridad fronteriza “en los cruces terrestres del norte y del sur, puertos y aeropuertos”.
“4.- Construir comunidades fuertes y resistentes”. En este punto, Estados Unidos advierte que “al implementar y crear programas de trabajo, involucrar a los jóvenes en sus comunidades, expandir las redes de protección social y generar confianza en las instituciones públicas al interior de las comunidades, la Iniciativa Mérida desarrollará nuevas estrategias para el fortalecimiento de las comunidades mexicanas en contra del crimen organizado”.
El documento detalla los principales programas que se están financiando:
“En diciembre de 2009, 24 profesionales de seis estados mexicanos iniciaron un proyecto de capacitación y certificación para especialistas en rehabilitación de la farmacodependencia en México. Este programa cuenta con fondos por 2.4 millones de dólares y pretende capacitar a 600 especialistas.
“Se trabaja en la creación de la Red Nacional de Transferencia de Tecnología para la Atención de las Adicciones (Renadic), con fondos por 6.5 millones de dólares para mejorar la interconexión de más de 300 centros de tratamiento Nueva Vida de Conadic.
“Se han asignado 500 mil dólares para iniciar con la formación de coaliciones de ‘comunidades libres de drogas’.
“Se destinaron 1.2 millones de dólares para evaluar los programas de tratamiento y certificación contra las drogas en México.”
La embajada de Estados Unidos cuenta con otro documento titulado Esfuerzos a nivel federal para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos, en el que anuncia que para el año fiscal 2011 el gobierno de Barack Obama solicitará 5 mil 600 millones de dólares para reducir la demanda de drogas en su territorio, que incluye 13% para la prevención y 4% para el tratamiento.
El presupuesto global que Estados Unidos destinará en 2011 para reducir la oferta de drogas y mejorar la procuración de justicia en su territorio será de 15 mil 500 millones de dólares. Aunque esta cifra luce imponente, palidece frente a los más de 200 mil millones de dólares anuales que produce el narcotráfico.
Para 2011 se destinarán 15 millones de dólares a un programa piloto llamado Comunidades Dedicadas a la Prevención entre Población Adolescente. Las actividades que realizará incluyen monitoreo de drogas a nivel estatal, asistencia técnica y formación de redes de mentores.
Al Instituto Nacional para el Abuso de las Drogas le corresponderá invertir 435.2 millones de dólares para investigar la efectividad de los programas preventivos.
Una parte de los 85.5 millones de dólares correspondientes al programa Comunidades Libres de Drogas se destinará a coaliciones locales en México, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Brasil y Sudáfrica, bajo la supervisión del Departamento de Estado estadunidense.
De estos fondos, 500 mil dólares se asignarán para “ayudar al gobierno de México a dar inicio a la formación de coaliciones de comunidades libres de drogas”. De acuerdo con la Iniciativa Mérida, estas coaliciones servirán “como un catalizador para la participación ciudadana en los esfuerzos por reducir el abuso de drogas entre los jóvenes”.
