El 20 de marzo se realizará la asamblea extraordinaria de la Cooperativa Cruz Azul, donde alrededor de 300 socios exigirán al director jurídico, Víctor Garcés Rojo, que rinda cuentas sobre el presunto daño patrimonial que causó a las finanzas de alrededor de 2 mil 114 cooperativistas en más de 20 años, y que ellos calculan en 15 mil 558 millones 937 mil dólares.
Los detalles del fraude del que responsabilizan a Garcés Rojo –cuñado del presidente de la cooperativa, Guillermo Álvarez– están documentados, pero también grabados. Fueron revelados a 109 cooperativistas por el actuario Carlos Javier Terroba Wolff, quien trabajó para Cruz Azul hasta 2007, cuando se peleó con Garcés por el caso Andrómeda, la compra a sobreprecio de los terrenos frente al centro comercial Gran Sur, en los que se construyó el edificio corporativo de Cruz Azul.
El 30 de septiembre de 2009, el actuario se reunió con dicho grupo de socios en el Auditorio del Cooperativismo de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en Hidalgo. El encuentro se suscribió ante notario público y se grabó. El video, del que Proceso tiene una copia, muestra a Terroba Wolff relatando las transas que cometieron Garcés Rojo y otros miembros de la familia de Guillermo Álvarez, a quien el actuario mantuvo informado al respecto.
Los documentos aportados por el actuario, de los que este semanario también tiene copia, corroboran lo dicho en el video: que Garcés Rojo causó daño patrimonial a la cooperativa por 3 millones 235 mil 815 euros, cantidad de la que se apropió “como comisión por transacciones realizadas en Europa” y que depositó en el HSBC Private Bank Internacional de Miami, Florida.
Tener un cuñado así…
La maquinación comenzó después del millonario negocio que hizo Garcés Rojo al crear la firma Andrómeda Constructores Inmobiliarios, S.A. de C.V., para comprar el terreno ubicado enfrente del centro comercial Gran Sur y vendérselo a Guillermo Peredo Merlo, quien a su vez lo revendió a la Cooperativa Cruz Azul para que construyera sus nuevas oficinas corporativas (Proceso 1736).
Esa transacción se realizó en enero de 2007. Por eso el 22 de mayo siguiente, mediante un oficio, Guillermo Álvarez le pidió a Terroba Wolff que elaborara un reporte confidencial “sobre las gestiones de la Dirección Jurídica que preside Garcés Rojo”.
En especial le solicitó investigar el proyecto Andrómeda, la obra de Azul Ixtapa, las relaciones con el arquitecto Fernando Luis Arista y sus empresas, así como las operaciones en bancos realizadas por Rafael González Callado y Roberto Guízar Díaz. El actuario debía informarle al presidente de Cruz Azul personalmente, “con la máxima confidencialidad posible”, y llevar un expediente.
Proceso tiene copia de los registros hallados por Terroba. Comprueban que Garcés Rojo obtuvo ingresos irregulares por 15 mil 558 millones 937 mil dólares, que depositó en las cuentas 0057-7053-1020 y 0001-8001-9828 del Bank of America en Houston, Texas; 114-008-286 del Banco Santander Internacional y 10094-1570-4100 del Banco Julius Bauer Zurich, en Suiza.
En su investigación, el que fue hombre de confianza de Guillermo Álvarez encontró que Garcés Rojo aprobó que la empresa MC2 propiedad de Arista realizara una ampliación del hotel Azul Ixtapa y cobrara 7 millones 16 mil 538 dólares, según el contrato fechado el 27 de septiembre de 2002.
La rentabilidad del hotel de cinco estrellas está calculada en 8 millones de dólares, pero no los produce. El inmueble fue valuado en 70 millones de dólares y su registro de contabilidad es de 80 millones. Tan sólo el costo de supervisión es de 2.3 millones de dólares anuales.
Señala que Garcés Rojo también intervino en la construcción del edificio corporativo de Gran Sur, que costó 7 millones de dólares, y autorizó que se le pagaran a Arista 5 millones 129 mil 220 dólares, repartidos en las cuentas 5777415350 del Bank of America y 8691650686 del Chase Manhattan; 1 millón 300 mil dólares a José Besil Bardawill, en la cuenta 09253186 del City Bank de Nueva York, y 1 millón 598 mil 92 dólares en la cuenta 00154723 del Bank of America; así como 2 millones 356 mil 931 dólares a Guízar en la cuenta 2661232369 del Bank of America.
Indica que, como representante del Comité de Seguros, Garcés Rojo no le notificó a los socios, jubilados o a las viudas el esquema de Gastos Médicos Mayores, esto a fin de que adquirieran una póliza de seguros que se manejaría como Médica Azul y en la cual se les quitan 23 años de antigüedad laboral y los beneficios de preexistencia de alguna enfermedad grave o crónico-degenerativa. Además, después de los 65 años ya no tienen acceso al seguro.
Terroba Wolff también documentó que el director jurídico contrató con Banorte una póliza de daños que costó 8 millones 836 mil 293 dólares, pese a que Axa Seguros le había cotizado otra, con mayor cobertura, por 4 millones de dólares.
Además, el cuñado de Álvarez cambió de compañía de seguros de riesgos. De Gamaflex, de Seguros Argos, saltó a Hir Compañía de Seguros sin avisar a los socios. Tanto Gabriel Hosnaider, dueño de Hir, como Mario Beltrán, Ricardo González, Ángel Junquera y Francisco Martínez Del Río –miembros del Comité de Seguros– se beneficiaron con 20 millones de pesos cada uno por el cambio de aseguradora.
En el expediente se menciona que Garcés aprobó que la empresa IDN manejara el seguro de vida, pese a que su propietario, Sergio Castro, tenía en ese momento “una orden de aprehensión ante las autoridades promovida por el SAT por el delito de defraudación fiscal”, e incluso dio la instrucción de que se pagara el IVA a la empresa, cuando los seguros de vida están exentos de ese impuesto.
La cuenta cautiva
En el video de la reunión de Terroba Wolf con los cooperativistas, notariada por el licenciado Edmundo Tavera Zarza el 1 de octubre de 2009, el actuario también confiesa que él mismo, al amparo de Garcés Rojo, realizó operaciones millonarias y participó en el proyecto Andrómeda.
Los terrenos de Andrómeda se adquirieron con dinero de una cuenta bancaria a la que se referían como “la cautiva”. Esta cuenta fue creada con 20 millones de dólares que sacaron de la cooperativa para cubrir los gastos de la dirección general. Según sus propias explicaciones grabadas, Terroba formó parte del grupo que cobró la prima anual proveniente de esa partida especial.
Esos 20 millones de dólares eran enviados a una cuenta a la que se referían como Blue Eagle y de ahí se traspasaban a la cuenta de Lumar o Luz María, una tía de Garcés Rojo que renta las oficinas de Azul Ixtapa. Era un río de dinero.
“En 20 años fueron más de 300 millones de dólares, de los cuales hay 25 millones de dólares, es decir 400 millones de pesos se le entregaron a Ángel Junquera Sepúlveda, que no ha hecho nada más que engañar a la cooperativa”, indica Terroba. Añade que Guillermo Álvarez y Garcés Rojo conocían la existencia de la “cautiva” y los movimientos que realizaba Junquera, quien la manejaba.
Señala que reveló el daño patrimonial causado a la cooperativa porque no estaba de acuerdo en que se usara dinero de “la cautiva” para comprar los terrenos donde se construyó el edificio corporativo; además de que el plan se maquinó “con prostitutas y alcohol”.
Cuando el actuario –según su relato videograbado– le contó a Guillermo Álvarez sobre esta operación, éste le dijo que “le rascara hasta donde pudiera” e integrara el expediente en cuestión. El presidente de Cruz Azul se comprometió a jubilar a Garcés Rojo el 12 de junio, cuando cumpliera 65 años.
“Me dijo que despidiera a González Callado, a Besil, y que quitara el área jurídica”, prosigue, pero esto no sucedió. Posteriormente se confrontó con Garcés Rojo, quien le dijo que se encargaría de que Terroba no regresara a trabajar en Cruz Azul. De esto “es testigo Alfredo Álvarez”, hermano del presidente de la empresa.
Se queja en el video: “Yo me voy. Le dije que iba a dejar esto preparado y de repente soy culpable por rajar que se habían quedado con dinero de la cooperativa”.
Señala que el director jurídico lo acusó de cobrar “carísimo” por sus servicios y él reconoce que así es, pero dice que la creación de “la cautiva” lo ameritaba.
En ese momento un socio dice que las pruebas del daño patrimonial están en manos del presidente del consejo de administración, Apolinar Ortiz. Terroba Wolff menciona que, por cierto, la cooperativa está a punto de perder sus plantas en Puebla y en Hidalgo.
“La Cruz Azul no puede otorgar garantías sobre ninguna operación, falseó la contabilidad”, explica. Después recuerda que también se peleó con Garcés Rojo porque en una reunión de Bancomext sacaron un presupuesto para hacer el hotel Ixtapa por 90 millones de dólares, cuando el proyecto no valía más de 30 millones. En 19 años ese inmueble turístico no ha retribuido ninguna ganancia a la cooperativa: “Es el único hotel en el mundo que está lleno y no da dinero.
“Si las cosas siguen así van a perder las plantas; se están sobreendeudando, no tienen capacidad de pago, y en 2012 se acaba la brecha fiscal”, destaca el actuario.
Oscuro perfil
Carlos Javier Terroba Wolff es actuario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pero trabajó para la Cooperativa La Cruz Azul durante 23 años. Su compañía se encargó del Seguro de Gastos Médicos Mayores y del Seguro de Vida de los cooperativistas.
En el video de sus revelaciones sostiene que cuando trabajó para La Cruz Azul le dio empleo como actuario asistente a Raúl Estrada Vidal, a quien le pagaba 20 mil pesos mensuales, pero Garcés Rojo le hizo un contrato por 300 mil pesos mensuales, que el empleado nunca vio. De igual manera se contrató “al doctor Bautista” por 50 mil pesos, pero en realidad percibía 15 mil.
El sobrino de la esposa de Terroba, Nacho López, ganaba 15 mil pesos y no hacía nada, pero el contrato que expidió Garcés fue por 130 mil pesos mensuales. De esta manera, afirma, los involucrados en el fraude se gastaban 5 millones de pesos “sólo por andar de parranda”.
Después de la reunión, el 7 de octubre de 2009, los socios que recibieron la información le preguntaron por escrito al presidente del consejo de administración, Apolinar Ortiz Hernández, por qué no había procedido legalmente contra el actuario:
“Nos extraña que, a pesar de que nuestros compañeros están seguros de que Terroba ha ocasionado daños al patrimonio de la cooperativa, no se actúe en su contra. Más aún nos extraña que se hayan tenido negociaciones para la adquisición de PCM (concretera) que, según tenemos entendido, es propiedad de esta persona.”
En la carta se pidió que la Dirección Jurídica iniciara la demanda, pero esto no se hizo.
Terroba no ofreció detalles sobre la operación de PCM Concretos, S.A. de C.V., pero señaló que le hizo “perder hasta la camiseta”. La empresa está en quiebra técnica y la compró La Cruz Azul.
Ya desde el 1 de octubre los 109 socios que participaron en la reunión notariada con Terroba Wolff, mediante una carta le informaron a Guillermo Álvarez sobre las operaciones ilícitas a fin de que girara “las indicaciones pertinentes para dar por concluida la relación de trabajo o de negocio” con Junquera, Besil, Holzneider, González Callado, Guízar, Raúl Estrada, José Victoriano Gutiérrez, Ignacio López Medina, Martínez Del Río, Castro, IDN, Seguros Banorte y Seguros Hir”.
Indican que después de analizar las pruebas aportados por Terroba Wolff se deslindarán responsabilidades e incluso se presentará una demanda contra el actuario en caso de que la información sea apócrifa o no esté debidamente sustentada.
Cinco días después de que se destapó la cloaca de La Cruz Azul en la edición 1736 de Proceso, apareció un desplegado en el periódico Esto, firmado por Terroba Wolff. Ahí, el actuario afirma que la información revelada en ese encuentro “es incompleta y en algunos casos imprecisa”, pero no la desmiente.
Los socios entrevistados consideran que el actuario fue “presionado” por la directiva para que se desdijera, porque él también participó en los hechos denunciados.
