Aunque en la última redacción de la iniciativa de ley ya apareció el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, no se establece con claridad una política cultural nacional hacia el exterior, señalan expertos internacionalistas. No obstante, y con todas sus limitantes, el Congreso, denuncian, la aprobará sin discusión pública.
Pese a las críticas y observaciones que le han hecho especialistas, académicos y diplomáticos, parece inminente la aprobación del proyecto de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, propuesto en abril de 2007 por la senadora priista y excanciller Rosario Green.
Por lo pronto, en la agenda de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que preside Porfirio Muñoz Ledo, diputado del Partido del Trabajo (PT), se tiene programada la “discusión y aprobación de la minuta” correspondiente como segundo punto de la orden del día de su cuarta reunión plenaria, convocada para el martes 16 a las 17:00 horas.
Aunque según Gabriela Sánchez Gutiérrez, jefa de Investigación en Cooperación Internacional y Desarrollo del Instituto Mora, el proyecto de dictamen por el cual se expedirá la ley ya fue aprobado “en lo general”, desde el pasado 16 de febrero.
Así lo informa la investigadora en un documento difundido por el Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo en México, del cual ella es responsable. Agrega que el diputado Muñoz Ledo “abrió un lapso de una semana para que las distintas fracciones parlamentarias hicieran llegar sus propuestas y sugerencias”, a fin de presentar la iniciativa al pleno “a más tardar el 15 de marzo”. Y juzga ella que “hay gran interés de aprobarla a la brevedad”.
Mediante esta ley se fundará la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), con recursos que actualmente se destinan a esa materia dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); se formulará el Programa de Cooperación Internacional; se establecerá el Fondo Mexicano de Cooperación Internacional; y se crearán el Registro Nacional de Cooperación Internacional y el Sistema de Información correspondiente.
Eduardo Cruz Vázquez, periodista, gestor cultural y exdiplomático, coordinador del libro Diplomacia y cooperación cultural de México. Una aproximación (2008), califica como “lamentable” que las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados estén a punto de suscribir un acuerdo respecto de esta ley sin haberse abierto al diálogo público y a su discusión. Igualmente sucedió en el Senado de la República desde 2007, cuando se presentó la iniciativa, y donde hasta ahora hubo una resistencia al debate. Dice vía telefónica a Proceso:
“Creo que estamos ante un hecho consumado y debemos lamentar que se haga de esta forma, con todas las imperfecciones que tiene la ley, y que pudiendo lograr un nuevo aparato indispensable para México, se opte por estas vías. Pero vemos lo que está sucediendo en ámbitos de la realidad nacional, así que tampoco podríamos darnos por demasiado sorprendidos de que se den estos acuerdos cupulares para sacar adelante la ley.”
En agosto de 2008, Cruz Vázquez y Rafael Campos, profesor de tiempo completo del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y coordinador de la Red Mexicana para la Cooperación, así como Sánchez Gutiérrez, explicaron a este semanario las deficiencias que a su juicio presenta la iniciativa de ley (Proceso 1660).
Advirtieron que el proyecto original carecía de planteamientos concretos y claros respecto de los tipos de cooperación y el desarrollo que se quieren lograr. Tampoco se definió a los actores de la cooperación internacional (instituciones gubernamentales federales, estatales y municipales, organizaciones civiles, instituciones educativas, centros de investigación, iniciativa privada, banca multilateral, agencias bilaterales e incluso el sistema de Naciones Unidas).
Y más aún, dijeron, la sociedad civil aparecía y desaparecía en distintas propuestas sin que se explicaran las razones. En la última minuta, refiere ahora Sánchez Gutiérrez en su escrito, se suprime como sujetos de la ley a los sectores social y privado, así como a las organizaciones no gubernamentales, pues no forman ya parte del Consejo Consultivo que tendría la Amexcid.
“Desde mi punto de vista y dada la precipitación con que nuevamente se está procediendo –enfatiza–, considero pertinente enviar urgentemente un comunicado al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el que le manifestemos que, a pesar de que el sector social y privado no sean sujetos de la ley, sí son actores clave en la cooperación internacional y deseamos expresar nuestra preocupación en torno a la composición del Consejo Consultivo…”
Han quedado excluidos universidades privadas, fundaciones y organismos internacionales, entre otras instancias. En el caso de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), se establece que podrán asistir a las sesiones del consejo, con derecho a voz, “pero sin voto”.
Uno de los problemas señalados por los especialistas respecto a la necesidad de incluir como sujetos de la ley a los sectores social y privado, es la falta de información cabal sobre la cantidad de recursos que ingresan al país mediante acuerdos de cooperación internacional entre instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles e iniciativa privada; y ante situaciones como el “lavado de dinero” es pertinente regular y contabilizar esa cooperación, tanto cuando México es donante como cuando es receptor.
Ires y venires
De los diferentes proyectos de ley difundidos desde 2007 desaparecía y aparecía también el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), no obstante que en la exposición de motivos de la iniciativa se asegura que la legislación “brindará la oportunidad de articular en un marco jurídico único los instrumentos y mecanismos que permitan diseñar, sistematizar, orientar, promover, consolidar y administrar la cooperación cultural (así en primer término), educativa, científica, técnica y económica-financiera”.
Se destaca también que la cooperación internacional debe tener como objetivos, igual en este orden: El fortalecimiento del andamiaje cultural, educativo, científico, técnico y económico; el abatimiento de la pobreza extrema; el robustecimiento de las estructuras democráticas y de protección de los derechos humanos; la preservación del medio ambiente; y el impulso del desarrollo productivo sustentable.
En el número 85 de la Revista Mexicana de Política Exterior (febrero 2009), al hacer un recuento de la diplomacia y la cooperación cultural de la década de 1998 a 2008, Cruz Vázquez recuerda que, siendo Rosario Green titular de la SRE, el embajador Jorge Alberto Lozoya propuso crear el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (Imexci), en el cual se planteaba hacer de la cooperación internacional “un agente de cambio social”.
Y asevera que con Jorge Castañeda Gutman, como canciller, ese instituto desapareció y en su lugar se creó, sin justificación, el Instituto de México (a imitación del Instituto Cervantes de España), que más tarde suprimió de la misma manera su sucesor Luis Ernesto Derbez. En suma, opina sobre el sexenio de Vicente Fox:
“El panorama de la cooperación cultural se desdibujó tanto o más que la política exterior.”
Ya en el gobierno de Felipe Calderón, con Patricia Espinosa Cantellano al frente de la cancillería, la labor de su Dirección General de Asuntos Culturales ha sido “poner en perspectiva adecuada a dicha instancia ante la inminente creación” de la Amexcid. Por ello el área cambió a ser Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural, hoy a cargo de la embajadora Martha Cecilia Jaber Breceda. Ya no está adscrita a las oficinas de la secretaria del ramo, sino a la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, encabezada por Guillermo Granguillhome Morfín.
El escritor y diplomático Carlos Ortega Guerrero considera, en el mismo número de la revista citada, la posibilidad de que este cambio obedezca a la intención de incorporar la dirección a la Amexcid, con lo cual la cultura en el exterior ya no dependería ni del Conaculta ni de la cancillería, sino de “una entidad especializada”. Aunque prevé como un riesgo que la diplomacia cultural sea entonces una extensión de la cooperación y se le dé el mismo tratamiento y mecanismos de operación que a la cooperación técnica y la económica.
Ciertamente, la Amexcid y la ley regularían las acciones en materia de cooperación internacional no sólo en las áreas culturales, sino también en las educativas, técnicas, científicas, económicas y financieras.
Y aunque en Proceso 1660 los embajadores Ricardo Valero Becerra y Gustavo Iruegas (ya fallecido) hicieron ver que los conceptos de cooperación han cambiado, pues el mundo actual está dominado por intereses económicos y se imponen más los tratados de libre comercio y temas como la lucha contra el narcotráfico o la seguridad nacional, hay coincidencia en varios especialistas en el sentido de que uno de los elementos primordiales de la cooperación internacional para el desarrollo es la cultura.
Se ha dicho, asimismo, que todo proyecto de nación, y por tanto los proyectos en sus diversos campos de acción, debe sustentarse necesariamente en la cultura. En el libro Diplomacia y cooperación cultural de México. Una aproximación, coordinado por Cruz Vázquez, se señala la necesidad de reconocer que la cultura es parte estructural del desarrollo económico, político y social del país.
Pero en las mismas páginas diversos autores hablan de la carencia de una verdadera diplomacia cultural. Y se ha señalado, por otra parte, que al interior mismo del país se ha venido desdibujando, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, todo el proyecto cultural de Estado.
Ortega Guerrero resume en su ensayo que con José Vasconcelos, en el periodo posrevolucionario, hubo una visión integral que englobaba cultura, educación, identidad y modernización. Entonces la cultura “tuvo un carácter de política de Estado”, pero a la postre la cultura fue “perdiendo terreno y vigencia en su función de pilar orgánico de la construcción nacional”.
Y tras señalar la necesidad de que la política cultural recupere su visión de Estado, da cuenta de cómo en otros países es así y se incorpora también como elemento sustancial de la política exterior, entre ellos Suecia, China, Alemania, Francia, Gran Bretaña y España, cuya Agencia Española de Cooperación Internacional se supone modelo de la Amexcid.
A decir del escritor, es el Conaculta el órgano al cual corresponde el diseño de una estrategia de presencia cultural de México en el mundo, que además no debe reducirse a exposiciones de arte y ciertas actividades culturales. Pero el proyecto de ley no alude a este tema. La Amexcid se prevé como un órgano desconcentrado de la SRE. La agencia será a su vez responsable de la creación del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El Consejo Consultivo, del cual formarían parte el Conaculta y otras instituciones, le asesorará en ese terreno.
Para Eduardo Cruz la ausencia de pautas específicas de intercambio o cooperación cultural en el proyecto de ley es una cuestión semántica y de conceptos. A su juicio, el glosario de términos utilizados en la propuesta de ley debería ser revisado y enriquecido:
“Es evidente que la ley sólo sufrió un maquillaje y una serie de adecuaciones que la reducen al ámbito propio del sector público y le quitan la inicial intención de que realmente fuera una agencia que atendiera y viera por todos los sectores involucrados en la cooperación internacional. Eso es precisamente lo terrible: Finalmente, con tal de aprobar y sacar la ley, quitaron y acomodaron cosas de tal forma que queda al contentillo de la SRE, y todos los demás nos quedamos nada más mirando.”
Proyecto al margen
En noviembre pasado, durante su primera conferencia de prensa, Consuelo Sáizar, titular del Conaculta, reconoció que, “para su sorpresa”, el consejo carece de un proyecto internacional, y lo comparó con España, que cuenta hace tiempo con el Instituto Cervantes, fundado desde 1991 y que se ha encargado de promover la lengua española como “una industria”.
Sin referirse para nada a la Amexcid o al proyecto de ley, se dijo entonces empeñada en construir un proyecto de proyección internacional similar, conjuntamente con la Academia Mexicana de la Lengua, para impulsar la enseñanza del idioma español en Estados Unidos y proyectar la imagen de México aprovechando medios como el cine. (Cabe repetir que se le ha solicitado entrevista para conocer sus propuestas y no hay respuesta de su parte.)
Pero mientras aquí, según cifras ofrecidas por la misma Sáizar, se invierte sólo 2% del exiguo presupuesto de cultura en la promoción internacional, según datos publicados por Ortega Gutiérrez, en 2008 el Instituto Goethe, el Consejo Británico y el Instituto Cervantes sumaron “casi 12 mil actos culturales y matricularon a más de 1 millón 150 mil alumnos en el mundo”.
Cruz Vázquez, Campos y Sánchez Gutiérrez subrayaron hace más de un año que así como está la ley, no debe ser aprobada. A su vez, Ricardo Valero y Gustavo Iruegas, quien curiosamente militaba en las mismas filas del obradorismo con Muñoz Ledo, hicieron ver que la creación de la ley y la Amexcid no son asuntos urgentes de la agenda nacional.
Pero, reitera Cruz Vázquez, todo apunta a que la ley será aprobada en breve. Advierte que si no se dota a la Amexcid de reglamento, personalidad jurídica y patrimonios propios, será sólo como otra dependencia, como simplemente cambiarle de nombre a la actual Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, y con ello –ha dicho en su ensayo– podrá repetirse la historia de 1988: Que al cambio de sexenio se borra el proyecto de un plumazo.
Por ello insiste:
“Como en muchos otros temas de la agenda nacional, las posibilidades de que los retos de la diplomacia y la cooperación cultural de México se resuelvan tiene que ver con varios elementos entre los que destacan: el diálogo, la inclusión, el acuerdo, la concordia, el pacto y el compromiso de tomar medidas duraderas, cuya gradualidad permita acceder a mejores condiciones de desarrollo.”
La cita con un orden del día tan puntual en la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Baja deja entrever que no hay tiempo ni posibilidad para el dialogo y la inclusión.
