Chile se presentaba como modelo de desarrollo económico, pero el terremoto del pasado 27 de febrero desnudó las graves deficiencias en materia de comunicaciones y en la construcción de infraestructura y edificios; la falta de coordinación institucional para enfrentar el desastre y atender a los damnificados, y la injusta distribución del ingreso provocadas por políticas económicas aplicadas durante décadas. Más aún, el sismo brindó a Sebastián Piñera –quien el jueves 11 tomó posesión como presidente– lo que la política le había negado: el apoyo de la Concertación para la Democracia.
VALPARAÍSO.- “Sebastián Piñera había fracasado en su intento de integrar un gabinete de unidad nacional. Sin embargo, el desastre provocado por el terremoto lo deja en condiciones de armar una agenda de reconstrucción nacional que podrá concitar un amplio apoyo a su gobierno”, según el historiador Alfredo Jocelyn-Holt.
En entrevista con Proceso, el especialista dice que una de las primeras consecuencias políticas del sismo del pasado del 27 de febrero es el espíritu de unidad que prima en las esferas de poder en torno al nuevo gobierno de Piñera, quien el pasado jueves 11 tomo posesión como presidente de este país.
Expresión de dicha unidad es la reunión sostenida el sábado 6 entre Piñera y los presidentes de los cuatro partidos que forman la Concertación por la Democracia: el socialista Fulvio Rossi, el democratacristiano Juan Carlos Latorre, el radical José Gómez y la dirigente del Partido por la Democracia, Adriana Muñoz.
Piñera los reunió en una casa suya en el municipio capitalino de Las Condes, y ahí les propuso un “nuevo trato para la reconstrucción de Chile”.
Según expuso el propio Piñera ante la prensa, las primeras medidas de su administración serán: una ley de emergencia para ayudar a los damnificados; una ley de reconstrucción para iniciar la reparación de puentes, caminos, escuelas y hospitales, y una ley de donaciones para recibir la solidaridad del sector privado, “porque (la reconstrucción) requerirá del esfuerzo de toda la sociedad civil”.
Con la finalidad de asegurar su plan de reconstrucción nacional, anunció que enviará un proyecto de ley “para adecuar el presupuesto a la realidad y a las exigencias que se han puesto sobre nuestros hombros”.
La dirigencia de la Concertación –que concluyó un ciclo de 20 años en el poder– no aseguró que apoyaría en el Parlamento esas medidas, pero dejó entrever que existía disposición para sumarse: los dirigentes partidistas escoltaron a Piñera mientras daba su mensaje sobre la reconstrucción en el país. Algo inimaginable un mes atrás.
Y es que, después de la derrota de su candidato Eduardo Frei Ruiz-Tagle en las elecciones de segunda vuelta realizadas el pasado 17 de enero, los principales dirigentes de la Concertación intentaron bloquear cualquier colaboración con la administración de Piñera con el propósito de levantar una oposición poderosa. El vicepresidente de la Democracia Cristiana, Renán Fuentealba, llamó “traidor” a su correligionario Jaime Ravinet tras conocerse el 9 de febrero que se integraría al gabinete de Piñera en calidad de ministro de Defensa.
Sin embargo, el movimiento de la tierra remeció la política.
Espíritu de unidad
La aparición el sábado 6 de la todavía presidenta Michelle Bachelet y de Piñera en el evento Chile Ayuda a Chile, en el Teatro Teletón de Santiago, fue otra señal.
Al cierre del evento, que duró 24 horas y fue transmitido por todos los principales canales de televisión, se produjo una escena que refleja el ambiente que existe hoy en las altas esferas del poder político: el animador Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, invitó al escenario a Piñera y Bachelet. Mirándolos de frente, casi conteniendo el llanto, les dijo que “el gran sueño de millones de chilenos es ver un país unido”.
Un enorme tablero electrónico anunció una recaudación de casi 60 millones de dólares, el doble de la meta trazada por los organizadores. Entonces, Piñera y Bachelet se dieron un caluroso abrazo, gritaron la tradicional porra “ceachei” y entonaron el himno nacional mientras sostenían juntos una bandera chilena.
Un día antes, la todavía jefa de Estado recibió en La Moneda a su sucesor, con quien afinó durante hora y media el traspaso de mando. Bachelet expresó a la prensa que, ante emergencias como la reciente, “las diferencias políticas pasan no a segundo, sino a tercer y cuarto planos”.
A pesar de las críticas de damnificados y expertos en emergencias contra Bachelet y su gobierno por la lentitud y la falta de coordinación en las horas y días posteriores al terremoto y al tsunami que le siguió el 27 de febrero, Piñera y su entorno han evitado cuestionar al gobierno saliente.
Por parte de la derecha, sólo la alcaldesa de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, ha cuestionado con dureza al gobierno saliente. Declaró que la ayuda que éste envía a través de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) “no sirve, llega a destiempo y carece de coordinación”.
Jocelyn Holt, con un doctorado por la Universidad de Oxford y autor de Historia general de Chile, sostiene que no es raro que Piñera insista en la necesidad de la unidad nacional, porque “no tiene el control del Congreso; necesita llegar a acuerdos o de lo contrario va a tener que gobernar a través de decretos”.
Y es que la derechista Coalición por el Cambio que respalda a Piñera –integrada por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN)– cuenta apenas con 58 de los 120 diputados, y con 18 de los 38 senadores.
Los errores
Las principales críticas contra el gobierno de Bachelet tras la crisis provocada por el terremoto se centran en los errores y vacilaciones al momento de alertar a la población sobre el riesgo de un tsunami; en no tomar las medidas adecuadas para evitar el caos social derivado del desastre, y en la aparente lentitud con que se entregó la ayuda a los afectados.
Especialmente grave resultó un hecho: A las 6:55 de la madrugada del 27 de febrero –tres horas 20 minutos después del sismo–, Bachelet intentó tranquilizar al país. Señaló que no había riesgo de un tsunami. Lo mismo repitió a las 11 de la mañana de ese día, cuando el mar ya había causado estragos en las costas del centro-sur de Chile.
El error de Bachelet fue inducido por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), que emitió informes muy ambiguos en las horas en que su papel era vital para la población que resultó damnificada.
El SHOA no fue la única dependencia de la Armada que negó la posibilidad de un maremoto: el intendente de la región del Bío-Bío, Jaime Toha, declaró el domingo 7 a Radio Bío-Bío que no existía riesgo de tsunami, según le había confirmado por teléfono, poco después del terremoto, el almirante Roberto Macchiavello, comandante en jefe de la II Zona Naval.
En el archipiélago de Juan Fernández, donde no se sintió el terremoto, 20 personas murieron por no haber recibido a tiempo la alerta de un tsunami. A pesar de que la Armada descartó el riesgo de tsunami, evacuó a todo el personal de la Base Naval con sede en el Puerto de Talcahuano, apenas ocurrido el terremoto.
Según informó el 4 de marzo el diario La Tercera, el exdirector de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) Alberto Maturana sostuvo que la responsabilidad por no haber dado la alarma recae no sólo en el SHOA, sino que también en la Onemi –dependiente del Ministerio del Interior–, encargado de emitir las alertas. “Si la información proporcionada por el SHOA era inexacta, pudieron haber recurrido a la proporcionada por la Administración Nacional Oceanográfica de Estados Unidos (NOAA, por su sigla en inglés)”, que a las 3:46 horas, 10 minutos después del terremoto, emitió una alerta de tsunami para Chile.
El miércoles 3, reporteros preguntaron a Carmen Fernández, directora de Onemi, por qué los funcionarios de su organismo no recurrieron al NOAA para emitir la alerta. Ella respondió que a esa hora de la madrugada la Onemi no tenía acceso a internet ni disponía de teléfonos satelitales.
Para colmo, “la falla masiva en el sistema de comunicaciones”, que depende básicamente de la telefonía celular, en manos privadas, redundó “en una fatal lentitud de las respuestas en circunstancias en que cada hora resultaba vital”, según publicó el experto en defensa Raúl Sohr en el diario La Nación el pasado domingo 7.
El excomandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre dijo al semanario The Clinic que el error más grave fue haber postergado la salida de las tropas a las calles: “Los militares se demoraron 36 horas en salir y en ese tiempo pasa mucho”, sostuvo.
Según ha podido confirmar Proceso, tras cotejar diversas fuentes, a las seis de la mañana del 27 de febrero, dos horas y media después de ocurrido el terremoto, Bachelet se reunió con un grupo de ministros y asesores; entre ellos, los ministros de Defensa, Francisco Vidal, y de Obras Públicas, Sergio Bitar, así como el viceministro de Interior, Patricio Rosende. Parte de la discusión giró en torno a la posibilidad de decretar el “estado de catástrofe”, medida de excepción que implica entregar a los mandos militares el control de las zonas afectadas.
Pero el equipo de asesores políticos de la presidenta (entre los que destacan su jefe de gabinete Rodrigo Peñailillo y el director de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, Juan Carvajal) se opuso firmemente, reveló el diario El Mercurio.
El ministro Bitar, que también se opuso a esta medida, justificó el miércoles 3 de marzo: “Para una coalición que luchó contra la dictadura, la idea de tener a los militares en la calle no era fácil”.
Pese a las resistencias, la presidenta firmó el decreto que declaró el “Estado de Catástrofe” en las regiones del Maule y el Bio Bio a las 15 horas del domingo 28. Con ello, por primera vez en 20 años de gobiernos concertacionistas, los militares fueron comisionados para resguardar la seguridad interna, afectada por los disturbios causados porque la ayuda gubernamental tardó varios días en llegar a las zonas afectadas, particularmente Valparaíso, Metropolitana (Santiago), O’Higgins, Maule, Bío-Bío y La Frontera, donde la población carecía de agua, alimentos y otros servicios básicos, como gas y electricidad.
Dada la magnitud de la catástrofe, no podría haber sido de otra forma, subraya Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia.
Por lo pronto, el 8 de marzo, la Cámara de Diputados creó dos comisiones investigadoras. Una deberá indagar el colapso de edificios de vivienda y de caminos y puentes; la otra deberá determinar si los servicios públicos encargados de alertar sobre emergencias y coordinar la ayuda a los afectados hicieron su tarea en forma correcta.
A pesar de las vacilaciones y errores, la ciudadanía parece mantener una opinión favorable sobre la presidencia de Bachelet. Una encuesta de la empresa Adimark, dada a conocer el 9 de marzo, afirma que 84% de la población aprueba su labor como jefa de Estado.
No todos coinciden: el historiador Jocelyn-Holt dice que “hace tiempo que a Adimark no se le puede creer nada”. Él estima que, ante el desastre, “la respuesta del gobierno y del Estado ha tenido serias deficiencias, algunas de ellas graves, que han quedado en evidencia, y eso afectará no solamente a Bachelet y a su gobierno, si no a todas las instituciones del Estado y privadas responsables del mal manejo de la crisis”.
El historiador comenta a Proceso que el desarrollo de Chile contiene una contradicción: “un país que ha luchado y conseguido formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se presenta a veces como una excepción en Sudamérica por su pretendido gran nivel de desarrollo, y que muchas veces ha sido presuntuoso, tiene deficiencias gravísimas en materia de comunicaciones, de construcción de edificios y, además, exhibe grandes falencias en la distribución del ingreso”.
Concluye: “Lo que ha ocurrido (con el terremoto) refuerza la crítica al neoliberalismo, y esa crítica a la larga es una crítica a la Concertación, a la derecha y al establishment en general”.
