CANANEA, SON.- Contra lo que afirma el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, el fin de las relaciones laborales en Minera Cananea no es un tema agotado ni hay al respecto un mandato judicial firme, sostiene el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).
Los procesos judiciales pendientes, encausados por la Sección 65 del SNTMMSRM, distan mucho de haber llegado a término, puntualiza el abogado del sindicato, Marco Antonio del Toro. Y, aún más, el conflicto ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio entrada a una demanda de los trabajadores y estaría por emitir una resolución.
Desde el pasado 11 de febrero, Lozano Alarcón ha sostenido que el conflicto entre trabajadores y empresa está “agotado” jurídicamente, y hasta ha llegado a decir que las garantías constitucionales invocadas por los trabajadores, como el derecho de audiencia, son “un mero recurso retórico del sindicato para ganar tiempo”.
La ofensiva mediática del secretario del Trabajo coincide con la negativa de amparo a los trabajadores de la Sección 65 del SNTMMSRM, que combatía el laudo del expediente IV-61/2009, emitido el 14 de abril de 2009 y que dio por terminadas las relaciones laborales con los mineros en huelga.
Dicho laudo se basó en un informe de la Secretaría de Economía que consideró que la maquinaria, instalaciones y equipos esenciales para el funcionamiento de la mina habían sido dañados.
Sin embargo, ninguna de las hipótesis del artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece como causal un “caso fortuito o de fuerza mayor”, dice el abogado Del Toro. Según él, se trató de “una chicanada” del gobierno para eludir tres fallos previos que declararon existente la huelga.
El propio amparo negado es objeto de controversia jurídica, “no es cosa juzgada, no es la última instancia, como lo ha dicho Lozano Alarcón”, sostiene Del Toro.
Las armas del poder
El pasado 7 de marzo, el juzgado Noveno de Distrito desvaneció la demanda de amparo promovida por los trabajadores de la Sección 65 del SNTMMSRM ante un eventual desalojo de las instalaciones por parte de la Policía Federal.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal aseguró al juez radicado en Agua Prieta, Sonora, que no tenía el propósito de intervenir en ese conflicto, por lo que la demanda de amparo quedó sin materia.
Aun así, los trabajadores de Mexicana de Cananea mantienen guardias reforzadas y las trincheras se han multiplicado al interior de la mina, pues los trabajadores no confían en que el gobierno federal vaya a esperar los tiempos para concluir con los juicios que tiene abiertos.
Marco Antonio del Toro, la STPS y Grupo México ejercen dos formas de presión: una tiene que ver con denuncias contra Sergio Tolano, dirigente de la Sección 65, y otros integrantes de su comité; la otra es la oferta de Grupo México para proceder a la liquidación.
Sin embargo, apenas 100 trabajadores, de los mil 200, han aceptado abandonar el movimiento huelguista a cambio de dinero.
En entrevista con Proceso, Sergio Tolano Lizárraga califica de “brutal” la ofensiva de Lozano Alarcón, reconoce a Napoleón Gómez Urrutia como líder del SNTMMSRM y sostiene que la postura gubernamental obedece a una “reforma laboral de hecho” que pretende “sentar el precedente de que pueden evitar la huelga y aniquilar la única defensa de los trabajadores”.
En la Sección 65, cada vez que aparece una noticia que afirma que el movimiento está terminado surgen las quejas por la tergiversación de los informes y las culpas del gobierno y de Grupo México.
El pasado 6 de marzo, unos 5 mil habitantes de Cananea realizaron una Asamblea de la Resistencia Popular para acompañar la decisión de los huelguistas de mantener la resistencia en las puertas de la mina.
“Eso desmiente los dichos de Lozano, que se conduce como el perico de la familia Larrea y avala todo lo que quiere Grupo México. Para nosotros, aquí, Lozano es una persona nefasta”, dice.
Tolano subraya la creación de comisiones especiales en el Senado y la Cámara de Diputados ante la cerrazón de las secretarías de Gobernación y del Trabajo.
El líder sindical afirma que el caso de Cananea debe salir del país, debido a que “la manipulación de tribunales está demostrada y la ofensiva del gobierno y la empresa es ejemplo de injusticia”.
Por lo pronto, el abogado Marco Antonio del Toro está impulsando un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya dio entrada a su demanda.
Según Del Toro, la queja está por resolverse y ha sido respaldada por decenas de agrupaciones sindicales internacionales que se han solidarizado con Cananea por violaciones al Pacto de San José.
A diferencia de las recomendaciones que emiten las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos, las resoluciones de la CIDH sí son vinculantes, es decir, generan derechos y obligaciones para los países miembros.
