Emilio Arellano, bisnieto de Ignacio Ramírez, de quien acaba de publicar sus Memorias prohibidas, hace un repaso del pensamiento del liberal para llegar a su cabal cumplimiento. Éste contribuiría, justo en el año conmemorativo de los centenarios, a la conformación de un nuevo pacto para cumplir a fondo el ideario laicista del Estado.
La reforma al artículo 40 de la Carta Magna, aprobada el pasado 11 de febrero en la Cámara de Diputados por mayoría calificada para añadir la palabra “laica” al concepto de República, podrá ser letra muerta.
Ello, si no se establece una regulación que sancione a las personas y congregaciones religiosas que intervengan en asuntos políticos y arenguen desde los púlpitos contra las instituciones del Estado.
Así lo considera el abogado Emilio Arellano, bisnieto del político liberal del siglo XIX Ignacio Ramírez El Nigromante, quien fue uno de los artífices del Estado laico al haber elaborado documentos que sirvieron de base a las Leyes de Reforma promulgadas por el presidente Benito Juárez.
En el marco del Bicentenario del inicio de la gesta de Independencia, el también autor del libro Ignacio Ramírez El Nigromante. Memorias prohibidas, editado por Planeta, se dio a la tarea de revisar el pensamiento del liberal decimonónico, plasmado en documentos fechados entre 1830 y 1876, año de su muerte, para elaborar una propuesta de reformas constitucionales que no se limitan a ciertos artículos, sino que pretenden un nuevo pacto político y la fundación de un nuevo México. Explica en la introducción:
“Nuestro país cumple 200 años como nación independiente, y al analizar nuestra carta magna nos percatamos de que no satisface en nada las necesidades y aspiraciones que, como sociedad consciente y en permanente evolución, nos trazamos con miras a un futuro común próspero y democrático.”
A decir suyo, la Constitución federal vigente “parece elaborada para convertir al presidente en un poder centralista, absoluto, temporal e infalible de la nación y como una reminiscencia del derecho divino”, y es necesario hacer reformas que enderecen “el rumbo democrático, popular, federalista y nacionalista” del país.
Explica que las propuestas fueron planteadas por el propio Nigromante ante el Congreso Constituyente de 1857, pero el ala conservadora, el clero y aun el grupo liberal las boicotearon por considerarlas “demasiado vanguardistas”. Asegura que incluso Juárez se opuso, pues ya tenía intenciones centralistas y reeleccionistas, pero ahora estas reformas contribuirían a la refundación de “una nueva República progresista y nacionalista”.
Vía telefónica el abogado, autor también de Breves notas de los liberales y descendiente de Francisco Zarco, Juan A. Mateos y Adolfo López Mateos, cuenta que al estudiar las aportaciones intelectuales de Ignacio Ramírez es fácil darse cuenta de su vigencia.
Tuvo ideas tan anticipadas a su tiempo que aun hoy no acaban de aceptarse o debatirse, entre ellas la revocación de mandato, el plebiscito público, la autonomía del Poder Judicial, la educación laica y gratuita, la igualdad de géneros, el referéndum, la extinción de los delitos de prensa y hasta la inconstitucionalidad del Senado de la República.
Debate sin fin
La reforma constitucional aprobada en febrero pasado con 363 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, y enviada al Senado para su discusión y aprobación, deja la redacción del artículo 40 de esta manera:
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal y laica, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”
Antes, durante y todavía hoy que ya fue aprobado el cambio, el tema de la laicidad ha provocado duros debates. Algunos consideraron que ya estaba establecida la condición laica del Estado mexicano en otros artículos, entre ellos el 3º. La Iglesia no dudó en calificar la reforma como un acto de intolerancia religiosa y anticatolicismo.
Arellano considera por su parte que así, al agregar solamente la palabra “laica” al artículo 40, la reforma queda todavía incompleta, si no es que en “letra muerta, una utopía total”, ya que es necesario modificar además los artículos 24 y 130. Dice entonces que, a diario, “se ve la insolencia con la que se comporta el clero; el desafío de las instituciones eclesiásticas a las instituciones laicas”, cuando antes de exigir derechos políticos deberían terminar con su “doble moral”. Y expone a guisa de ejemplo:
“Tienen casi en una esclavitud virtual a todos sus empleados. Don Ignacio Ramírez decía que deberían dársele al clero derechos laborales, porque la consagración de una misa dura 20 minutos más la comunión, pero el resto del día realizan actividades como cualquier ciudadano: barren, trapean, cosen, pintan paredes y todo; esas actividades deben ser remuneradas, deben tener un salario digno, y eso no sucede con el clero, ni siquiera se les ocurre exigirlo. Entonces les interesa el poder político pero no regularizar la situación de toda su gente.”
En su propuesta de nueva carta magna el abogado incluye, en el artículo 6 referente a la libre manifestación de ideas, que “derivado de un Estado laico la única limitante… aplica a toda congregación religiosa, sus miembros activos, sus dirigentes…”, que deberán abstenerse de emitir “todo tipo de opiniones sobre asuntos de competencia exclusiva de los tres poderes de la unión y de los tres órdenes de gobierno”.
Y retoma aquí, casi textualmente, la idea de El Nigromante, plasmada en sus Memorias prohibidas…:
“Los púlpitos de las iglesias no son tribunas legislativas del Partido Conservador, por lo que deben abstenerse de intervenir en asuntos laicos, so pena de que el gobierno mexicano inicie acciones legales en contra de los responsables.”
El bisnieto del liberal enfatiza en el hecho de que las iglesias y templos construidos hasta antes de 1993 son propiedad de la nación, no del poder clerical. Se les han prestado para el ejercicio de su culto y los utilizan para “hacer proselitismo o arengar al pueblo, arengar a la ciudadanía, a desconocer instituciones laicas constitucionales y legalmente constituidas. ¡Es muy grave!”.
Añade que por ello debe haber una regulación y multarse a quienes utilicen los inmuebles federales para esos fines, y en su defecto retirarles el bien “para destinarlo a otra finalidad más importante para la sociedad mexicana”:
“Decía don Ignacio Ramírez que los conventos y los claustros se habían utilizado, hasta antes de las Leyes de Reforma, como centros de ocio o para elaborar golpes de Estado pretorianos en contra de los gobiernos legítimos del país, subvencionados con las limosnas que el pueblo dio para pagar la comida de menesterosos o el cobijo de los desprotegidos.”
Por ello insiste en la urgencia de una regulación constitucional que tipifique delitos para las autoridades y delitos para las sociedades religiosas. Para él, por ejemplo, la excomunión debe considerarse como un delito de extorsión agravada, porque ningún clérigo o miembro de congregación religiosa alguna puede tratar de someter a las autoridades o la ciudadanía con este tipo de advertencias.
Vale recordar que en mayo de 2007 el mismo Papa Benedicto XVI amenazó con excomulgar al jefe de Gobierno Marcelo Ebrard por despenalizar el aborto en la Ciudad de México. El mandatario le recordó entonces que su única preocupación es hacer cumplir la Constitución.
El artículo 24 en la propuesta de Arellano habla de la libertad de todo individuo para profesar la creencia religiosa que considere conveniente. Pero hace responsable a la Secretaría de Gobernación de exigir la destitución de los ministros de asociaciones religiosas que emitan opiniones en asuntos políticos o de interés nacional.
Establece asimismo que las congregaciones, en tanto ocupan inmuebles de propiedad federal, son responsables de la pérdida de las piezas de arte que éstos contienen y deben tomar medidas preventivas. Pero además propone que los usuarios den una contraprestación por concepto de renta o mantenimiento y se destinen los recursos al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para la restauración, mantenimiento y proyectos de salvamento de monumentos históricos.
Verdadera reforma
El abogado recuerda que su bisabuelo consideraba al Senado de la República como inconstitucional. Dice que fue creado por Juárez para evitar que “le aventaran la artillería” desde la Cámara de Diputados, que en tres ocasiones le pidió la renuncia; creó el Senado para evitar que los diputados hicieran “efectivas sus resoluciones” y así quitarles fuerza creó el Senado.
Él no plantea ahora su desaparición, pero sí quitarle sus facultades revisoras sobre las resoluciones de la Cámara de Diputados. Prevé también la extensión de tres a seis años del periodo de ejercicio de los diputados, pero advierte que bajo ninguna razón debe aceptarse la reelección de ningún político ni en las cámaras ni en el Poder Ejecutivo.
Y en cuanto a la revocación de mandato que hace años ha planteado Porfirio Muñoz Ledo como parte de la Reforma del Estado, Arellano recuerda que su bisabuelo lo consideró también. Opina que debe instaurarse a partir del próximo 1 de diciembre de 2012, para que las nuevas autoridades estén conscientes ya de su existencia. Cree que si se propusiera ahora, los integrantes del PRI y el PAN bloquearían la iniciativa, se pensaría que tiene destinatarios específicos.
Define a la revocación de mandato como un principio jurídico-político, un derecho constitucional, mediante el cual así como se elige libremente a un gobernante, la ciudadanía debe tener la capacidad para revocarle el mandato o “despedirlo por notoria incapacidad”, incluyendo al presidente de la República.
¿Qué tan lejos estamos del país que concibió El Nigromante? A decir de Emilio Arellano, ha habido avances, pero hace falta una reforma política que no es ni la de Manlio Fabio Beltrones, “que pretende entronar al PRI otros 70 años”, ni la del PAN, “que nos va a hacer una monarquía constitucionalista”; lo que propuso Ignacio Ramírez fue la igualdad. Concluye:
“Ahorita vamos a estar muy embelesados con todos los festejos del Bicentenario, pero sabemos que nuestras instituciones están mal. Si no las cambiamos a partir de este momento en que arranca nuestra nueva época, estaremos siempre llenos de defectos, siempre con limitaciones de todo tipo, acostumbrados a los grupos de poder. Eso debe terminarse, debemos tener funcionarios que sirvan a la nación y no que se sirvan de la nación.”
