Las últimas dos semanas los nuevoleoneses han vivido, día tras día, los embates de la violencia. Y aun cuando en un principio el gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, comentó que la narcoguerra quizá llegue a los municipios colindantes con Tamaulipas, los diputados del PAN le dicen que en realidad llegó desde hace tiempo. Y ante la serie de atentados en varios municipios, el mandatario terminó por cesar, el viernes 5, a su secretario de Seguridad Pública, Carlos Jáuregui. Pero los panistas y la Coparmex insisten: “queremos hechos…”.
MONTERREY, NL.- El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, suele comentar que si bien la narcoguerra empezó en Tamaulipas, puede llegar a Monterrey… pero la bancada panista en el Congreso local sostiene que en realidad está aquí desde hace tiempo y no sólo en los municipios colindantes con la entidad vecina, sino también en la zona metropolitana de esta ciudad.
Y aun cuando niega que la violencia provoque sicosis en varios municipios del estado, el viernes 5 el mandatario removió a Carlos Jáuregui Hintze de la Secretaría de Seguridad y nombró en su lugar al exprocurador Luis Carlos Treviño Berchelmann.
Jáuregui duró apenas cinco meses en el puesto. Representantes del sector empresarial y legisladores de la oposición, en particular los del PAN, se congratularon por el relevo, pues consideraban que él nunca tuvo el perfil para ocupar el cargo que ostentó en la administración pública. Ingeniero químico de profesión, Jáuregui provenía de la iniciativa privada, donde se desempeñó como presidente del Consejo Cívico de las Instituciones (Ccinlac).
Al dar posesión a Treviño Berchelmann, Medina de la Cruz declaró: “En nuestro país y en Nuevo León estamos viviendo momentos difíciles en materia de seguridad pública”. Sin embargo, añadió, “en el estado de Nuevo León estamos preparados para hacerle frente a estos embates de la delincuencia”.
Poco antes de la destitución de Jáuregui, a quien el mandatario encomendó ahora labores preventivas y de capacitación en el rubro de gobierno social en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, elementos de la Marina y del Ejército se enfrentaron con un grupo armado en la colonia Cortijo del Río, al sur de esta ciudad. En la refriega fueron detenidos varios presuntos delincuentes.
Hoy, el territorio nuevoleonés es campo de batalla en las ciudades y en las comunidades rurales; a los enfrentamientos de fuerzas federales y militares con bandas del crimen organizado se suman los recientes ataques con granadas a los cuarteles de policía de los municipios del área metropolitana, al penal de Topochico y a dependencias públicas en varios municipios.
Tras una balacera el miércoles 3 en el municipio de Ocampo, al noreste del estado, en la cual murió un civil, la alcaldesa Rosa Elvia Ramos declaró: “Aun cuando todo aparentemente es normal, la gente no deja de sentir sicosis”.
El jueves 4, al término de su reunión semanal con su gabinete de seguridad, Medina de la Cruz declaró que “sí ha habido enfrentamientos entre grupos del crimen organizado”, pero matizó que “se han iniciado de manera fuerte en el estado de Tamaulipas”, aunque admitió que ese tipo de enfrentamientos podrían llegar a Nuevo León, “sobre todo en aquellos municipios que son frontera con Tamaulipas”.
De acuerdo con el mandatario, se trata de una batalla provocada por la división del cártel del Golfo y Los Zetas. Y explicó: “Vemos como varios acontecimientos que anteriormente han surgido o terminado en enfrentamientos de grupos delincuenciales. Espero que nos equivoquemos, espero que esto no sea así. Estamos trabajando para tratar de aminorar y contener esto; sin embargo, tenemos que informarle a la población que es una posibilidad y que estamos considerando todos los escenarios”.
De inmediato, el diputado panista Omar Pérez, en nombre de su fracción, se lanzó contra Medina: “El estado le ha quedado grande al gobernador”; “hoy, todos los nuevoleoneses perciben el vacío de poder”, dijo en el Congreso local.
¿La razón? En sus cinco meses de gestión, el joven gobernador priista, de 37 años, ha tenido que enfrentar una crisis permanente de seguridad.
Al igual que en Tamaulipas, en Nuevo León circulan correos electrónicos con mensajes sobre presuntos enfrentamientos entre bandas criminales y recomendaciones para que los nuevoleoneses tomen las medidas de protección adecuadas.
Además, han aparecido narcomantas en lugares públicos, como las del 23 de febrero y la del miércoles 3, con mensajes en las que los grupos en pugna se lanzan retos.
Violencia desbordada
El 24 de febrero último, durante la celebración del Día de la Bandera, el procurador Alejandro Garza y Garza anunció que la frontera con Tamaulipas sería blindada. Los alcaldes de China y Cerralvo incluso expusieron que la población estaba intranquila porque, dijeron, cada vez era más frecuente ver a convoyes de camionetas circular por las calles de sus poblados.
El funcionario decidió enviar más elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Seguridad Pública a esos dos municipios, así como a los de Anáhuac, Los Aldamas, Parás, Doctor Coss y General Bravo.
Asimismo, el secretario de Educación, José Antonio González Treviño, declaró que algunos padres de familia habían dejado de enviar a sus hijos a la escuela debido a la sicosis que se había generado en las ciudades fronterizas tamaulipecas por las balaceras.
Ese 24 de febrero la violencia se recrudeció. Al mediodía, en el municipio Los Ramones, a una cuadra de la presidencia municipal, elementos del Ejército abatieron a tres presuntos sicarios. Por la noche, en el municipio de China, un grupo de desconocidos rafagueó la comandancia ubicada a un lado del ayuntamiento. El saldo fue de dos uniformados muertos y uno herido.
Al día siguiente se establecieron retenes militares en las carreteras que conectan Tamaulipas y Nuevo León. A los lados fueron colocadas varias tanquetas. Los soldados iban armados con lanzagranadas.
Dos días después, el 27 de febrero, poco después de las 10 de la noche, un comando de encapuchados arrojó granadas a los cuarteles de policía de los municipios metropolitanos de San Nicolás, Guadalupe, Escobedo, Cadereyta y Apodaca. Los artefactos sólo estallaron en los dos últimos y únicamente causaron daños a los vehículos estacionados en la zona donde detonaron los artefactos.
La sicosis creció, al grado de que, en su homilía dominical del 28 de febrero, el cardenal Francisco Robles Ortega dijo que algunos párrocos de iglesias de los poblados rurales le comentaron que la gente dejó de acudir a la liturgia durante toda esa semana.
El lunes 1 de marzo, Jáuregui Hintze, aún secretario de Seguridad Pública, organizó una conferencia de prensa en la que intentó tranquilizar a la ciudadanía. Horas más tarde, por la noche, un grupo de enmascarados interceptó el vehículo del secretario del Trabajo, Álvaro Ibarra. Los agresores bajaron a su chofer cuando circulaba por la colonia Vista Hermosa, al poniente de Monterrey. Ibarra no iba en la unidad.
El martes 2, el Ejército liberó a ocho secuestrados en Guadalupe, quienes se encontraban en vehículos abandonados en un corralón municipal. En ese operativo fue detenida una persona que involucró a varios policías locales. Poco después el director de Seguridad Pública guadalupense, Edward Guevara Martínez, presentó su renuncia.
El municipio de Anáhuac, que hace frontera con Texas y es vecino de Nuevo Laredo, también fue escenario de un cruento choque entre elementos del Ejército y una banda criminal la tarde del miércoles 3. Según el alcalde Santos Javier Garza, los vecinos le comentaron que al mediodía observaron un convoy de camionetas con personas armadas en la cabecera municipal. Tras ellas llegaron soldados.
El choque ocurrió por la carretera Don Martín, frente a la empresa Exa. Algunas versiones señalan que en el intercambio de fuego murieron dos militares y cuatro presuntos sicarios; otras indican que fueron 10 los fallecidos.
De manera simultánea, elementos de la Marina realizaron varios cateos en el centro de Monterrey. Uno, en el Barrio Antiguo, a tres cuadras del Palacio Municipal; otro, en una casa en la calle Abasolo, frente a la Secundaria 4. La presencia de militares provocó pánico entre los estudiantes, quienes sólo pudieron abandonar el plantel luego del mediodía, cuando sus padres pasaron a recogerlos.
Posteriormente, los marinos detuvieron a cuatro escoltas de Carlos Jáuregui. El operativo fue en el cruce de Washington y Zuazua, a una cuadra de la sede de gobierno. Los escoltas fueron liberados una hora después. Asimismo, el ayuntamiento de Guadalupe y la Preparatoria 8, que se localiza en las inmediaciones del palacio de gobierno, fueron desalojados tras una llamada anónima en la que se advertía que en cada edificio había una bomba. La alerta resultó falsa.
La noche del miércoles 3, pasadas las 9:00 horas, dos granadas estallaron en el interior del penal del Topochico, Monterrey. Un grupo de encapuchados arrojó los artefactos por encima de los muros, con 10 minutos de diferencia. Un interno identificado como Julio César Garza resultó con heridas leves.
Y alrededor de las 11:30, en el municipio de Ocampo, al norte de Monterrey, la alcaldesa Rosa Elvia Ramos informó que elementos del Ejército se enfrentaron y dieron muerte a una persona que los agredió. La balacera ocurrió en el entronque a Los Herrera.
El jueves 4, los marinos catearon un despacho jurídico en la esquina de 5 de Mayo y Porfirio Díaz, en el centro de Monterrey. El departamento es propiedad de Luis Ángel Benavides Garza, director Jurídico de la Policía Municipal regiomontana. Por la noche explotó una granada en las instalaciones de la Policía Municipal de Guadalupe, en la colonia Adolfo Prieto, que sólo dañó varias patrullas.
Y el viernes 5, los marinos actuaron de nuevo en esta capital. A las seis de la mañana arrestaron a cuatro pistoleros, luego de una balacera en la colonia Cortijo del Río.
Vacío de poder
El diputado Omar Pérez, del PAN, asegura que en Nuevo León el gobierno es inexistente.
“Así lo percibe la ciudadanía. Estamos viendo (que la violencia ya llegó) y la estamos viviendo. Al estado le ha faltado más intensidad, coordinación y decisión. El gobierno ha sido rebasado… Si en este momento se hace una encuesta seria sobre cuál es la opinión de la ciudadanía respecto a la actuación de Rodrigo Medina, seguramente va a salir bastante bajo, porque no se siente firmeza de su parte”, sostiene el legislador.
E insiste: Parece que Medina no ve los medios de comunicación que cada día transmiten hechos lamentables de violencia. “Lo que la gente clama ahora –dice– es que sus impuestos se vean reflejados en tranquilidad para salir de sus casas, andar con su familia sin que le roben la camioneta con violencia.
“Al estado le falta un estadista, alguien que actúe con firmeza. El secretario de Seguridad Pública debería ponerse las pilas. El gobernador debe reflexionar y se dará cuenta de que le ha quedado a deber a Nuevo León.”
José Mario Garza Benavides, director del Centro Patronal de Nuevo León (Coparmex), sostiene que, contrario a lo que afirmó Carlos Jáuregui a principio de la semana pasada, no hay coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para combatir al crimen.
Garza Benavides, quien fue secretario durante la administración de Fernando Canales, dice al reportero: “Los hechos son contundentes. Hemos visto enfrentamientos entre el Ejército y la policía del estado o municipales; también entre municipales y agentes de la procuraduría estatal. Hay hechos incontrovertibles. Lo que necesitamos son verdaderas acciones, no discursos mediáticos ni informes disfrazados”.
El entrevistado critica al gobierno porque, dice, intenta cerrar los ojos para no admitir que existe un problema de inseguridad real que ha ahuyentado a 50% de los inversionistas. Y eso, insiste, ha derivado en un desempleo de 8%, el punto más alto en la historia de Nuevo León.
El alcalde panista de San Pedro, Mauricio Fernández, también entra al debate de la inseguridad. Entrevistado el día anterior a la renuncia de Jáuregui, afirma que la pugna originada por el narco será prolongada debido a la numerosa presencia de zetas en la entidad y de grupos que le disputarán la plaza.
Se sabe que hay una “importante presencia de zetas en la zona metropolitana. Esta confrontación entre organizaciones (criminales) nos va a complicar las cosas durante un buen rato. Durante mucho tiempo en la mayoría de los municipios ha sido público que son Los Zetas los que operan acá”.
Y remata: “Si ahorita van a entrar otras organizaciones a disputarles la zona metropolitana, vamos a tener alterado este cuento un buen rato (…) Si es un pleito de los cárteles mexicanos contra Los Zetas, en la zona metropolitana va a haber un problema complicado”.
Proceso solicitó, sin éxito, una entrevista ante la procuraduría estatal para conocer la opinión de su titular, Alejandro Garza y Garza; la misma petición se le hizo a Carlos Jáuregui cuando aún era titular de Seguridad Pública. Nunca respondió. Hasta el viernes 5, la oficina de Comunicación Social del estado optó por que los funcionarios sólo declararan a la televisión local.
