CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Es difícil precisar quién llegó primero. El caso es que todos llegaron al mismo lugar.
En las marchas que se organizan en esta ciudad para pedir paz hay de todo: locatarios de la Central de Abastos, cansados de tachar una nueva raya por cada compañero extorsionado; médicos, hartos por el frustrante intento de revivir cuerpos rafagueados y de suplir a compañeros secuestrados; y profesionistas como la socióloga que, antes de que su propio hijo perdiera a su papá y se sumara a la estadística macabra de 7 mil huérfanos por la violencia, advertía que había que atender a los hijos de los ejecutados.
También participan universitarios que gritan “Presente”, para rememorar a sus 31 compañeros que dejaron sus bancas vacías y a los nueve maestros asesinados; a esas movilizaciones se ha sumado el DJ, quien no volvió a ver a sus amigos luego de que los militares se los llevaron para preguntarles dónde consiguieron “la mota”.
Hombro con hombro avanzan, en el mismo contingente, la mamá que en la última masacre –la del 31 de enero último, en la que cayeron 15 jóvenes en Salvárcar– perdió a sus dos hijos únicos, y otra madre, la del joven presentado como su supuesto verdugo. La consigna siempre es la misma: “Juárez quiere paz”; “Alto a la violencia”; “Juárez-Juárez no es cuartel, fuera Ejército de él”.
Los manifestantes no sólo son juarenses. Engrosan las marchas chihuahuenses de otras latitudes. Entre la bola se ve, por ejemplo, a Julián LeBarón, el agricultor mormón cuya comunidad lo rescató de las bóvedas del secuestro, que hizo pública su negativa a pagar el rescate, pero que pagó la lección de dignidad con los asesinatos de un hermano y un cuñado.
Todos son sobrevivientes de esta sangrienta “guerra contra las drogas”, como la bautizó Calderón antes de mandar a 10 mil policías y militares a esta ciudad, como si las mafias de la droga se espantaran echándoles montón…
En dos años Juárez ha sufrido los efectos de una guerra: 4 mil 500 asesinados en dos años (160 por cada 100 mil habitantes), 7 mil huérfanos, 100 mil personas exiliadas, 200 mil empleos perdidos, 10 mil negocios cerrados (algunos quemados), 116 mil casas abandonadas.
La última matanza, la de Villas de Salvárcar, parece ser el horno donde se cocinó este movimiento ciudadano por los agravios acumulados tras cada homicidio. Para muchos juarenses, este movimiento podría marcar una nueva actitud ciudadana, más valiente, ante la narcoviolencia.
La nueva actitud se hizo evidente semanas atrás, cuando Luz María Dávila –la madre de dos jóvenes asesinados en la Salvárcar– se le plantó a Calderón en un acto público y le dijo que no era bienvenido. Días después el gobernador Reyes Baeza fue enfrentado en el plantel de Bachilleres 9 por estudiantes que le reclamaron por su tardía respuesta. “¿Para qué viene hasta ahora. De nada nos sirven sus palabras si no hay hechos”, le reclamaron. “Allá afuera están matando mucha gente. Usted no hace nada”.
La refundación
Algunos analistas comienzan a notar que algo se gesta en Juárez.
“La masacre de 15 jovencitos inocentes enardeció a la gente que todavía reclama con ira una mayor acción del gobierno. Tal vez este episodio sea el detonador o el punto de inflexión –lo que antes no lograron los cientos de ‘feminicidios’ ni los miles de asesinatos a sangre fría– entre la ineficiencia y la efectividad en la guerra contra el crimen organizado”, escribió Ricardo Trotti, un directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para El Universal de Caracas.
“(La masacre) ha galvanizado la opinión pública de México en formas no vistas aquí en más de tres años de sangrienta guerra contra las drogas y ha forzado al gobierno a promulgar cambios largamente resistidos para combatir la violencia. Algunos en México se preguntan si es el momento de quiebre de la nación, cuando el ultraje público que ha burbujeado finalmente vencerá el miedo y el fatalismo que largamente ha silenciado o intimidado a la sociedad mexicana”, escribió Tracy Wikilson en Los Angeles Times.
El autor del libro Movimientos sociales y democracia en México, Martín Aguilar, opinó que tras esa masacre se está generando un proceso de cambio social. El reclamo de la señora Dávila al presidente muestra, dice, “cómo hemos cambiado y que en los estados está creciendo lentamente este proceso de organización ciudadana”, consignó La Jornada.
El diputado local Víctor Quintana piensa que la masacre en la Salvárcar, antecedida por 4 mil 500 asesinatos, fue la gota que derramó el vaso y que unió a los grupos de agraviados que antes protestaban dispersos.
–¿Por qué están aquí? –formula Proceso a los integrantes de la Mesa de Seguridad, un conglomerado variopinto de ciudadanos, integrado por empresarios, académicos, comerciantes, curas, médicos, que participa en los planes de reconstrucción de la ciudad para demostrar a Calderón lo fallida de su estrategia antidrogas.
“Mi experiencia de cirujano me hizo sensible porque yo soy el que tiene que decirle a la madre o al padre de los jóvenes que llegan heridos al hospital que no pudimos salvar a su hijo. Y es dolorosísimo”, dice el doctor Arturo Valenzuela, del Comité Médico Ciudadano, surgido a raíz de los secuestros al gremio.
“Llegó un momento en que no soportamos más secuestros y extorsiones de compañeros y que tuvimos que cerrar la Central de Abastos”, responde el presidente de la misma, Miguel Galindo.
“La violencia me interrumpió mi ritmo de vida (…) La seguridad no era mi tema, ni el de Miguel, ni el de Arturo, ni el de muchos otros, y sin embargo la realidad de la ciudad nos empujó a estar metidos en esto”, dice Hugo Almada, del Observatorio Ciudadano de Juárez.
“Dar respuesta a nuestros jóvenes implica plantear una lógica distinta a la tradicional, crear nuevos esquemas y políticas de juventud que sobrepasan los de las secretarías y las instituciones, que resultan inadecuados”, opina la socióloga Teresa Almada, directora de Casa Promoción Juvenil, que atiende a jóvenes sin oportunidades.
En las mesas de trabajo se habla de nuevos esquemas de atención a los usuarios de drogas, de políticas efectivas para atender a la infancia en ciudades industrializadas, de replantear el esquema de salud en lugares que, como en Juárez, se pierden los empleos formales o incluir terapias alternativas para atender a las víctimas de la violencia.
Fuera, asesinos
Y aunque los colectivos de jóvenes y de artistas, y algunos defensores de derechos humanos exigen que el Ejército salga de la ciudad y se castigue a los asesinos como condición para sentarse a dialogar con el gobierno, eso no impide que todos participen en las mismas manifestaciones.
“Lo que ocurre en Juárez es el reflejo de un malestar generalizado en todo el país, que está tronando por todos lados”, dice un joven alto y delgado que escucha rap de protesta en una fiesta.
Él es el joven que le dio el zape –bachón, como dicen en Chihuahua– a Gómez Mont, cuando protestaba con otros amigos enmascarados afuera de la reunión donde la señora Dávila regañaba al presidente Calderón.
–¿Por qué le gritaron asesino?
–Mientras no presenten a los culpables son asesinos; permiten que sigan matando.
–Se les critica mucho porque ustedes piden que se vayan los militares y no piden que se vayan los sicarios, ¿qué opinas?
–Pido que se vayan los militares porque ellos son los sicarios… “Ahora mismo –agrega– unos conocidos míos están desaparecidos”.
Ese movimiento ciudadano comienza a notarse en las calles de Juárez.
“Han sido dos años de golpiza y violencia constante contra la gente; la gente está empezando a hablar. Ya ha pasado la etapa de miedo, ya empezó la de hablar y manifestarse de maneras muy diversas, con un fuerte reclamo general, algunas constructivas, todas con mucho dolor y un reclamo por la justicia”, dice la poeta Arminé Arjona, quien, como el resto de los juarenses, nota que algo está despertando.
En el viaje que hizo en enero a Chihuahua para presentar los resultados del informe sobre los riesgos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, se encontró con feministas, indigenistas, campesinos, militantes de partidos desconocidos de izquierda, ecologistas, movimiento lésbico-gay, organizaciones de deudores de la banca y funcionarios.
Ahí le informaron que la violencia había empujado a todos a moverse de sus agendas y a incorporarse desde sus trincheras a la defensa de los derechos humanos. l
