En el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la Suprema Corte de Justicia, además de demostrar incongruencia evidenció la proclividad de sus integrantes a defender los intereses del gobierno de Felipe Calderón, sostiene el constitucionalista Elisur Arteaga.
Y, más contundente, Marco Tulio Ruiz, litigante especializado en derecho constitucional, señala que la mayoría de los ministros han transformado al máximo tribunal en una “Suprema Cortesana” que se inclina ante el poder político en turno.
Tras el polémico fallo de los ministros sobre ese incendio, en el cual murieron 49 niños y decenas más resultaron con lesiones graves sin que ninguno de los funcionarios federales señalados como responsables fuera sancionado, los litigantes repasan varios casos y aseguran que hay flagrantes contradicciones entre los ministros desde la administración de Vicente Fox.
El 14 de octubre de 2009, por ejemplo, la Corte encontró al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, “responsable” de violaciones graves de garantías individuales al incumplir con su obligación de contar con una policía capacitada para mantener el orden en el conflicto magisterial con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), a raíz del cual varios integrantes de esa organización murieron y otros más resultaron lesionados.
Ocho meses después de su veredicto sobre el caso Oaxaca, el martes 15 el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, propuso a sus colegas no utilizar el concepto “responsable” y sugirió emplear el de “involucrado”; también sugirió eliminar juicios de valor al discutir el proyecto de sentencia de su par Arturo Zaldívar, quien propuso fincar responsabilidades al actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, así como a su antecesor, Juan Molinar, actualmente titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y amigo del presidente Calderón desde hace años.
En el caso Oaxaca, la SCJN rechazó incluir en la lista de responsables a Vicente Fox, así como a Eduardo Medina Mora, quien estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública durante la gestión del primer presidente panista, y al otrora secretario de Gobernación, Carlos Abascal.
Los ministros, incongruentes
El abogado Marco Tulio Ruiz comenta que, en el caso Oaxaca, los ministros violaron su propio reglamento. Entrevistado por Proceso, insiste: ellos señalaron directamente a su cliente Ulises Ruiz como “responsable” y no como “involucrado” en el conflicto magisterial de esa entidad.
En contraste, ahora la mayoría de los ministros recordaron que sí hay un reglamento para evitar hablar de responsables en el caso de la guardería ABC en un proyecto de sentencia en el cual los principales involucrados son dos miembros del gabinete presidencial.
“La sentencia contra Ulises Ruiz está plagada de calificativos. Por eso es que hay una gran incongruencia en la Suprema Corte. Los vaivenes de la mayoría de los ministros dejan en claro que están al servicio de los gobiernos panistas. Por eso digo que se trata de la Suprema Cortesana”, sentencia el litigante.
Marco Tulio Ruiz es uno de los abogados más controvertidos en el ambiente político. Entre sus clientes ha tenido a personajes como el priista Roberto Madrazo y al exregente capitalino Manuel Camacho Solís.
“Los fallos de la Corte son eminentemente políticos. En el caso Oaxaca, sus integrantes eliminaron de la lista de responsables a Vicente Fox, a Eduardo Medina Mora y a Carlos Abascal, quienes eran funcionarios federales; sólo dejaron en calidad de responsable al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz”, destaca el entrevistado.
–¿Por qué habrían de acusar a Fox? –pregunta el reportero.
–Porque probamos que ese presunto desorden generalizado, en todo caso, tuvo que ver con la actitud del gobierno federal. Hay dos oficios recibidos por Carlos Abascal, secretario de Gobernación en aquella época, en los cuales se le pidió apoyo porque Oaxaca no contaba con la suficiente policía. Para la Corte, eso no fue suficiente y el único responsable fue Ulises Ruiz.
–¿Cómo fue que los ministros violaron sus propias normas o reglamentos?
–En el caso de San Salvador Atenco, derivado de las protestas contra la construcción de un nuevo aeropuerto, la Corte estableció normas de funcionamiento, entre ellas no señalar responsables. Sin embargo, cuando llega el caso Oaxaca, los ministros sí señalan al gobernador como responsable. Y ahora, en el caso de la guardería ABC, retoman sus reglamentos para eximir a los responsables y proponen hablar sólo de posibles involucrados.
–¿Eso es suficiente para decir que son sentencias políticas?
–Está claro. La Suprema Corte de Justicia está inclinada a los intereses de sus clientes.
Una corte omisa
El constitucionalista Elisur Arteaga apunta que la Corte quedó en evidencia con su fallo del martes 15. Expone que, mientras en el caso de la guardería los ministros se negaron a inculpar a miembros del gabinete federal por el desorden generalizado en la administración de las estancias infantiles, en el caso de Oaxaca sí acusaron al gobernador Ulises Ruiz de no cumplir con su deber ante la desorganización de la policía estatal para mantener el orden durante el conflicto con la APPO.
“Esto no es lógico, sino absurdo. En el caso de la guardería ABC, el ministro Arturo Zaldívar dijo que el desorden generalizado en el sistema fue causa directa de la tragedia en la que murieron más de 40 niños (sic); pero la mayoría dijo que las responsabilidades no podían llegar hasta el director del IMSS. Entonces, ¿por qué en el caso Oaxaca el desorden de la policía sí llegó hasta el gobernador?”, cuestiona.
Autor de libros sobre derecho constitucional, Arteaga insiste en que la decisión de los ministros fue de índole política.
“La Suprema Corte hace lo posible por no lastimar al gobierno. Así lo viene haciendo desde el gobierno de Fox. Por eso el caso Oaxaca es importante. En ese expediente hay pruebas de que el entonces secretario de Seguridad Pública (Eduardo Medina) y el titular de Gobernación (Carlos Abascal) recibieron oficios en los que se les pedía ayuda policiaca para enfrentar el conflicto y no quisieron actuar. ¿Acaso eso no los hizo responsables del desorden en la entidad?”, comenta.
E insiste: “El caso de la guardería ABC es grave. No se meditó ni un minuto sobre las consecuencias que tendría este fallo ni sobre las repercusiones en la falta de credibilidad del Poder Judicial en momentos tan complicados para México.
“Es cierto que no se trata de defender clientes ni de fabricar culpables, pero aquí había responsables del desorden generalizado y los ministros debieron actuar en concordancia con sus propios fallos.”
–Para usted, ¿sí hubo responsabilidad de Juan Molinar y Daniel Karam?
–No conozco a detalle el expediente. Pero el asunto es más simple: congruencia. ¿Cómo entender que ante un caso de desorden generalizado en la policía de Oaxaca para enfrentar un conflicto social el gobernador sea responsable y ahora, ante el desorden generalizado en el sistema de guarderías, no se llegue hasta el director del IMSS? l
