Si en 2007 Nuevo León alcanzó la cifra récord de 283 homicidios dolosos, hasta mayo de 2010 iban ya 284. No es sólo que el crimen organizado esté sacando de las corporaciones policiacas municipales a los generales que debían depurarlas, o que desestabilice los negocios con la consecuente fuga de empresarios, sino que ya puso en la mira a la parte más sensible de la sociedad: los niños. Y los gobernantes siguen ocupados en la frivolidad y en sus tejemanejes políticos.
MONTERREY, NL.- La violencia que se desató en el presente año alteró la vida cotidiana de Nuevo León: ante las ejecuciones, los levantones y la extorsión, los comerciantes y empresarios ven sus ventas desplomarse y cierran sus negocios para huir a Estados Unidos.
Se percibe que no hay autoridad, y cuando la hay no vale de nada. Incluso los policías están cayendo en número creciente en una ola de asesinatos sin precedente.
El recién nombrado secretario de Seguridad, Vialidad y Tránsito de Monterrey, el exdiputado federal Enrique Barrios, fue secuestrado el 31 de mayo por un grupo de hombres armados que derribaron el portón de su casa y se lo llevaron, en presencia de su esposa e hijos. Un día antes había sido plagiado su director de policía, Reynaldo Ramos.
Los dos fueron liberados el miércoles 2, pero Barrios no ha aparecido en público. Se ha dicho que renunciará al puesto.
El miércoles 16 murieron nueve policías: cinco de Apodaca, dos de Santiago y dos de Guadalupe. El procurador del estado, Alejandro Garza y Garza, relacionó los crímenes con ajustes de cuentas entre el cártel del Golfo y Los Zetas.
Al día siguiente, el general retirado Gonzalo Adalid Mier renunció al cargo de secretario de Seguridad Pública de San Pedro Garza García. A él le tocó lidiar con el ya desaparecido “grupo rudo” que el alcalde panista Mauricio Fernández creó supuestamente para erradicar a los grupos criminales.
Adalid formaba parte de un grupo de militares que se ocuparon de la seguridad pública de los municipios conurbados, como los generales Hermelindo Lara Cruz, de Escobedo, quien salió ileso de un ataque a balazos el 28 de mayo, cuando se dirigía al cuartel, o Juan Arturo Esparza, abatido en García junto con sus cuatro escoltas el 4 de noviembre del año pasado.
Esa información es oficial. La procuraduría estatal registra un número sin precedente de ejecuciones de civiles y policías: hasta mayo pasado iban 284 homicidios dolosos, cuando en todo 2007 –año que tenia el peor récord hasta ahora– se cometieron 283.
Pese a la ola de violencia, el presidente municipal panista de Monterrey, Fernando Larrazábal Bretón, se fue a Sudáfrica para seguir los partidos de la Selección. Argumentó que iba al Mundial porque “tradicionalmente” acude y porque necesitaba descanso a siete meses de iniciar su mandato.
Larrazábal, quien aspira a gobernar el estado, estará ausente del 10 al 24 de junio con el argumento de que no tomó vacaciones en Navidad ni en Semana Santa. Ni siquiera el doble secuestro de sus oficiales de Seguridad Pública lo detuvo.
En cuanto al gobernador, el priista Rodrigo Medina, se muestra incapaz de detener el incremento de ejecuciones, secuestros y levantones, pero cuando se dio el dictamen sobre la muerte de la niña Paulette Gebara en el Estado de México, la procuraduría de esa entidad señaló que sus peritos habían sido apoyados con una investigación forense realizada por especialistas de la procuraduría de Nuevo León. Medina hace equipo con Enrique Peña Nieto rumbo a 2012.
No obstante, Medina tiene el apoyo de la fracción mayoritaria del PRI contra esa y otras críticas. El diputado César Garza, por ejemplo, sostiene que “resultaría contraproducente” criticar al gobernador y se suma a la estrategia del partidazo en todos los estados que administra: “El problema (del narcotráfico y la violencia) es nacional y heredado”.
“En este momento, la delincuencia organizada obtiene ganancia de que se debilite a los líderes políticos de las comunidades. No quieren gobernantes que gocen de la confianza de la gente. Prefieren tener gobernantes desgastados y cuestionados porque eso debilita la acción del Estado e inhibe la cultura de la denuncia”, advierte el legislador. Pero sí hay responsables: quien está fallando en el combate al crimen organizado, señala, es la sociedad en su conjunto…
Estudiantes en riesgo
Dos niños fueron privados de su libertad el miércoles 9 por la mañana, afuera de la primaria Santiago Roel, de la colonia Linda Vista, en el municipio de Guadalupe. Unos desconocidos los hicieron subir a un coche y los liberaron, ilesos, cuadras más adelante. Al parecer les pidieron los números telefónicos de sus familiares.
El viernes 17, el secretario de Educación estatal, José Antonio González Treviño, trató de minimizar el levantón. En un comunicado señaló que se trataba de “un hecho aislado que había ocurrido en el exterior del plantel educativo”.
Sin embargo, hubo de reconocer que hechos violentos como ese, registrados afuera de las escuelas, han provocado ausentismo, en particular en las primarias y secundarias de colonias como La Independencia, Pío X, Fomerrey y Cerro de la Campana, ubicadas en el conflictivo sector de Loma Larga, al sur del área metropolitana. Algunos días el ausentismo ha alcanzado 50%.
La alarma se encendió desde el viernes 11, cuando asesinaron de un balazo en la cabeza a Carlos Javier Amaro Herrera, de nueve años. Al parecer fue confundido por una pandilla con el integrante de un grupo rival.
En la Loma Larga se han reportado más de 40 ejecuciones en lo que va del año. El jueves 17 el diputado federal panista Gregorio Hurtado Leija acudió a la Secretaría de Educación para pedirle a González Treviño que adelantara el fin del ciclo escolar ante la inseguridad en torno de los planteles. El legislador señaló:
“Derivado de la inseguridad que se vive en la entidad y que en las últimas fechas se ha visto incrementada, e inclusive ha estado afectando a las familias nuevoleonesas con las probables amenazas a la integridad de menores escolares… aunado a la confirmación del secuestro exprés de dos menores del municipio de Ciudad Guadalupe… me permito solicitar a usted, como medida excepcional, se sirva girar las instrucciones necesarias a fin de que el ciclo escolar que termina el 9 de julio de 2010 se concluya anticipadamente.”
El mismo día, el secretario reconoció el hecho, aunque señaló que no es motivo suficiente para que se interrumpa el ciclo escolar. Prometió, en cambio, que el gobierno del estado y los municipios redoblarán la vigilancia en el exterior de los planteles para evitar que estas situaciones se repitan.
Durante el Primer Encuentro Estatal de Directores del Programa Escuelas de Calidad, González Treviño señaló que hay rumores infundados: “Hemos estado recibiendo anónimos y falsa información sobre situaciones que se viven en algún sector o escuelas; afortunadamente son falsas. La información oficial que tenemos de las oficinas regionales de los inspectores es que, afortunadamente, dentro de los centros escolares no hemos tenido ningún incidente”, afirmó. Por ello, las clases continuarán con normalidad.
“No hay autoridad”
Juan Ernesto Sandoval, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Monterrey, se reunió recientemente con funcionarios del gobierno estatal. Dice en entrevista que el diagnóstico obtenido es desalentador:
“La autoridad nos ha dicho que lo que estamos viviendo es una operación quirúrgica sin anestesia. Nos dice que nos va a salvar, pero el proceso es doloroso. Y lo que le pedimos a la autoridad es que vayan buscando alguna anestesia, aunque sea formol, que la operación la lleven a cabo los mejores cirujanos y que dure el menor tiempo posible, porque el paciente, que es la sociedad, corre el riesgo de morir o de quedar con graves secuelas, difíciles de revertir en el futuro.”
El empresario, representante de 6 mil 177 comerciantes del estado, teme que la sociedad “se quede en cuidados intensivos por más tiempo”. Sus afiliados se quejan de extorsiones telefónicas y amenazas de levantones. Muchos han tenido que someterse al pago de cuotas y otros han decidido cerrar.
Ante los comentarios de los empresarios, Sandoval recorrió las principales calles del primer cuadro de Monterrey, donde contó 260 comercios cerrados o abandonados. Reconoce que muchos de ellos claudicaron ante la crisis, pero otros lo hicieron por las amenazas.
Uno de los ejemplos de afectaciones a negocios en la capital del estado sucedió el 9 de junio. Héctor Raúl Luna Luna, El Tory, cabecilla de Los Zetas en Monterrey, fue capturado porque la Secretaría de la Defensa Nacional lo responsabiliza del ataque a balazos y con granada al consulado de Estados Unidos en esta ciudad, el 12 de octubre de 2008.
El Tory fue detenido a las cuatro de la tarde en Ciudad Solidaridad, al poniente de Monterrey. Minutos después, grupos armados salieron a paralizar las calles. A punta de pistola, los delincuentes despojaron de sus vehículos a más de 70 personas y bloquearon prácticamente todas las avenidas importantes del área metropolitana. No hubo lesionados. Tampoco detenidos.
Esa vez los policías municipales evidenciaron su impotencia. Hace dos años, el Consejo de Seguridad decidió retirarles las armas largas a los preventivos de los ayuntamientos por el temor, fundado, de que trabajaran para los cárteles. Pero durante los bloqueos los municipales no se atrevieron a enfrentar con armas cortas a los sicarios con sus conocidos fusiles automáticos.
Sandoval calcula que ese día fueron afectadas decenas de kilómetros de avenidas donde hay comercios establecidos, por lo que sus ventas cayeron hasta en 10%.
Miguel Ángel Albuerne Benavides, presidente de los 62 empresarios agrupados en la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Nuevo León, dice con cautela: “No se le ve fin a la situación. Al parecer la autoridad tiene una estrategia para la inseguridad, pero los resultados no se han visto”.
Afirma que ahora deben tener más cuidado en sus ventas: “La inseguridad nos ha pegado en parte en la venta de autos, pero también en el crédito restringido”, admite. Muchas unidades circulan en el mercado negro, pues, de acuerdo con la procuraduría estatal, hasta mayo pasado se reportaron 5 mil 641 robos de vehículos, de los cuales mil 351 se realizaron con violencia.
El sector de los bienes raíces también ha sido tocado. El diputado local Víctor Fuentes Solís, con 14 años de experiencia en la compraventa de inmuebles, comenta que amigos y compañeros suyos han sido víctimas de despojos:
“Nos ha afectado tanto a la parte compradora como a la vendedora. Hoy en día, el que quiere comprar difícilmente se manifiesta con la libertad de antes. Ya no habla (para preguntar) por una propiedad, porque no sabe si el inmueble está en manos de la delincuencia organizada. Los letreros y anuncios también son trampas para ver quiénes están interesados.”
De esta manera, dice el panista, quien se interesa en adquirir una propiedad acude a una cita con dinero y ahí mismo es asaltado. Otra posibilidad es que, en una cita, al vendedor se le obliga a firmar ante notario público la cesión de una propiedad a nombre de un delincuente.
Incluso los anuncios inmobiliarios en los periódicos han disminuido. Por desgracia no hay cifras oficiales de operaciones forzadas por amenazas, señala Fuentes Solís, pero cita casos de amigos suyos que se dedicaban al negocio de los bienes raíces y, debido a la inseguridad, se refugiaron en San Antonio, Texas, uno de los destinos favoritos de los regiomontanos que huyen.
Sobre la inacción del gobernador, el panista supone que es parte de su agenda, ya que sólo se ocupa de promoverse políticamente:
“La Constitución de Nuevo León, en el artículo 85, relacionado con las obligaciones del gobernador, señala que la primera de éstas es salvaguardar la vida y el patrimonio de sus gobernados. Esta situación va a detener la vida social y económica…
“Él sabía perfectamente, antes de ser candidato, que no tenía capacidad ni ganas de sacar el problema adelante. Venía a cuestiones muy específicas, como sacar su carrera adelante, quedando bien con las clases populares a las que manipula, pero en la clase media y alta, donde la gente tiene acceso a más educación, no tiene aprobación.”
Compañero de bancada de Fuentes Solís, el ganadero Fernando González Viejo fue alcalde de Sabinas Hidalgo, municipio enclavado al norte de Monterrey, en el periodo 2000-2003. Él dice que, también por motivos de inseguridad, se ha desplomado la venta de reses y la práctica de la cacería.
“Pareciera que a todos nos ha tocado alguna situación: un robo personal o de un vehículo. La sensación es que no hay gobierno. Pasa el robo, vas con el Ministerio Público y no se arregla nada. En los municipios se roban el cobre de los cables de luz en una calle, se hace la denuncia y a la siguiente semana roban de nuevo”. Algunos de sus socios, dice, no han encontrado otra solución que emigrar a Estados Unidos.
Incluso, “este año, los cazadores extranjeros y mexicanos ya están dudando bastante para ir a los ranchos donde se caza mayormente venado de cola blanca, jabalíes y palomas. La gente tiene miedo de que los asalten en el camino o en alguna brecha. Ha ocurrido”.
Añade que fuera de la zona metropolitana la gente ya no sale por las noches, lo que perjudica a los restaurantes y al turismo. Ni siquiera pobladores de los otros municipios nuevoleoneses van tan seguido a Monterrey: “La desconfianza paraliza la actividad económica, la gente no quiere ir a los eventos. La sensación es que allá no hay autoridad, no hay en quién confiar”.
En nombre de los 7 mil 236 afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Nuevo León, su presidente, Jorge Guerrero Martínez, señala que los empresarios del ramo ya comienzan a recuperarse a partir de mayo, después de dos años aciagos. Y aunque dice que en este ramo no hay tantos reportes de amenazas y extorsión, los dueños de los negocios toman precauciones, como instalar más cámaras de seguridad, iluminar fachadas y estacionamientos, y reforzar sus filtros para contratar personal. l
