Según los testimonios, el asesinato de 28 internos del penal de Mazatlán, perpetrado el lunes 14 de junio, pudo evitarse. Era algo que se veía venir desde hacía meses. Hasta los presos, presuntamente identificados con Los Zetas, habían rogado que los sacaran de la prisión pues intuían cuál iba a ser su destino. Las autoridades de Sinaloa sabían que esos reos estaban amenazados y, de acuerdo con una crónica del periódico sinaloense Ríodoce, compartida para su publicación en Proceso, los servicios de emergencia no mostraron signos de querer intervenir para frenar la matanza.
MAZATLÁN, SIN.- Desde el 29 de abril, Josefina García Ruiz, secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa, su homólogo federal y aun jueces de distrito sabían que los reos masacrados estaban amenazados de muerte, pero por negligencia o complicidad no impidieron la barbarie y los multihomicidas reeditaron con creces la matanza del 25 de abril.
La ocurrida el lunes 14 en el penal de Mazatlán, perpetrada por un presunto grupo de 60 reclusos armados con fusiles AK-47, AR-15, G3 y pistolas 9, .38 y 45 milímetros, fue un ataque dirigido contra los 29 reos que supuestamente eran integrantes del grupo de Los Zetas, aseguraron fuentes cercanas a la investigación.
El ataque a los supuestos zetas estuvo bien planeado, porque el grupo de agresores –quienes vestían de negro y cubrían sus rostros con paliacates para no ser reconocidos– tuvo todo el tiempo del mundo para perpetrar la masacre en los módulos 21, 5, 11 y 9. Mientras tanto, el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) se negaba a enviar apoyo al penal de donde llegaban las llamadas de auxilio.
Eran alrededor de las 9:50 horas cuando los reos fuertemente armados destruyeron cámaras de video y abrieron a golpes las rejas del módulo 21, para luego disparar a mansalva a los 18 internos, dejando muertos a 17 y gravemente herido a Rolando Omar Pimentel Mora, El Pájaro Loco, quien aparentemente lideraba al grupo de reclusos agredidos.
En octubre de 2009, días después de haber sido detenido junto con seis cómplices por elementos del Ejército en la casa de seguridad ubicada en la calle Cerro del Cubilete número 14, del fraccionamiento Lomas de Mazatlán, Ríodoce entrevistó en el módulo 21 a Pimentel Mora, quien pidó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que los trasladara del penal de Mazatlán porque temían ser asesinados.
Pimentel Mora pidió al funcionario judicial del juzgado que llevaba la causa penal 142/2009 que la SIEDO los trasladara del penal de Mazatlán porque temían por sus vidas, pero el funcionario federal, luego de notificarles el auto de formal prisión, le dijo que no tenía facultades para solicitarle a la SIEDO su traslado para un penal federal de alta seguridad.
La tardanza del C-4
En cuanto se desató la tracatera en el módulo 21, la secretaria del penal habló por teléfono al C-4 para que enviara apoyo urgente, pero al otro lado de la línea una voz negligente respondió que no, hasta que no estuvieran bien informados de lo que estaba pasando en el reclusorio.
“¿Qué, no está oyendo los balazos?”, le preguntó con notoria molestia la secretaria del penal.
Una fuente de Ríodoce dijo que en estos casos de emergencia, en cuanto se solicita apoyo del C-4 sólo tarda entre 10 y 15 minutos en llegar el apoyo; por ello es muy raro que la ayuda haya llegado hasta 40 minutos después.
El operativo criminal había durado alrededor de 30 minutos, tiempo que ocuparon los sicarios en descargar sus armas en los reos del módulo 21, para luego sacar armas blancas y asesinar a los de los módulos 5, 9 y 11.
“Fue algo muy bien organizado y cronometrado que habría tomado por sorpresa a los tres celadores que resultaron heridos”, dijo una fuente del penal que se muestra renuente a reconocer que los hechos ocurridos el 14 de junio sean producto de la corrupción interna.
Otra fuente ligada a la investigación coincide en que la masacre fue bien calculada por el grupo agresor y que, como la mafia cuyo poder está en las sombras tiene ojos por todos lados, se daban cuenta de todo movimiento que los administrativos y personal de seguridad realizaban dentro del penal.
Cuenta que terminada la matanza, el escenario era dantesco dentro del penal: por todos lados se percibía el odio sanguinario que momentos antes había asestado su zarpazo bestial y los trabajadores de la funeraria Moreh, cansados, sudados y con las ropas manchadas de sangre, cargaban hasta dos muertos por camilla, que se les caían al realizar con prisa su labor.
“¡Qué bueno que mataron a estos perros!”, relata la fuente que oyó decir a algunos policías de los tantos que acudieron a la escena del multihomicidio.
Mientras adentro algunos trataban como “perros” a los presuntos zetas ejecutados, afuera los angustiados familiares de los internos se agolpaban en el pórtico del penal, preguntaban si en el módulo tal o cual había muertos y cuando les informaban que los finados habían pertenecido a los módulos 21, 5, 9 y 11 lanzaban terribles gritos de dolor.
La “limpia”
Desde el 12 de abril, cuando Santiago Lizárraga Ibarra, El Chaguín, fue asesinado junto con su sobrino, Paúl Enciso Lizárraga, por fuerzas federales en Tepic, Nayarit, sus enemigos desataron en Mazatlán y en la zona sur del estado una cacería –una “limpia”– de todo lo que estuviera vinculado con Los Zetas.
“Después de la muerte del Chaguín se les dijo a los que andaban en el grupo equivocado que se ‘abrieran’ porque iban a valer madre, pero no quisieron hacer caso y valieron madre”, se dijo en los círculos policiacos del puerto.
En ese contexto, el sábado 24 de abril Luis Arellano Chiquete, Jesús Alejandro Raygoza Ramírez, César Gustavo Arellano y Juan Maximino Montiel Agüero, quienes portaban un arsenal, fueron detenidos en la comunidad de Palmillas, en Escuinapa, por elementos del Ejército.
“Estos batos ya valieron madre, los van a matar en el penal”, corrió el rumor ese mismo sábado entre algunos abogados penalistas y en los corrillos policiacos.
Así fue. Al ingresarlos al penal, aproximadamente a las 19:00 horas del domingo 25 de abril, mientras un celador los trasladaba a la clínica para establecer su estado de salud, un grupo de entre 10 y 12 reos, al parecer encapuchados y vestidos de negro, los asesinó con armas blancas.
Ese mismo domingo 25 de abril, pero a las 16:35 horas, un comando que viajaba en una camioneta disparó sus armas AK-47 y 9 milímetros contra los ocupantes de una Windstar verde, con placas VLG4595 de Sinaloa, en la colonia ampliación Villa Verde.
En el atentado fallecieron el abogado penalista Jaime Escobar Pérez y Enemesio Meza Beltrán, El Cosalá, mientras que Raúl Aguilar Tirado quedó herido. Trascendió que éstos trataban de sacar de la cárcel a los cuatro presuntos sicarios detenidos en Palmillas.
Según versiones extraoficiales, en ese escenario de “limpia” intensificada desde la muerte del Chaguín, el domingo 13 las autoridades carcelarias ingresaron al penal casi clandestinamente a dos reos presuntamente vinculados con Los Zetas, pero el lunes 14 uno de ellos había sido excarcelado para una diligencia judicial y se salvó de ser asesinado.
La autoridad estatal, responsable
Una vez enterado de que en el penal de Mazatlán se había registrado una masacre de reos federales, presuntamente vinculados con el grupo armado de Los Zetas, el gobernador Jesús Aguilar Padilla reaccionó diciendo que ya se había advertido a la Federación que algo así podría pasar, refiriendo de algún modo que la responsabilidad de la tragedia no le correspondía a su gobierno. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) asegura que sí hay responsabilidad de la autoridad estatal en los hechos.
Visiblemente apesadumbrado, el mandatario encaró ese mismo lunes 14 a los reporteros de Guasave y dijo que por enésima ocasión le había pedido al gobierno federal que se llevara a esos presos de aquí.
“Se le pidió una y mil veces a la Secretaría de Seguridad Pública el traslado de esos reclusos que eran federales. Casi fue una cosa que se pudo advertir. No fue posible que los trasladaran; estaban en custodia permanente… es lo que me informan”, dijo el mandatario cuidando cada palabra.
Y en lo que se interpretó como un deslinde de responsabilidades, el jueves 17 el doctor Juan José Ríos Estavillo, presidente de la CEDH, aclaró que desde septiembre u octubre de 2009 esa comisión advirtió del peligro que corrían algunos reos, que incluso ellos mismos les habían pedido que intervinieran porque no querían estar en ese penal (el de Mazatlán) pues temían por sus vidas.
La CEDH emitió incluso medidas cautelares dirigidas a la autoridad penitenciaria y de manera particular para los tres penales de Sinaloa. “La autoridad respondió y aceptó las medidas cautelares y desgraciadamente con posterioridad tenemos estos hechos lamentables”, precisó Ríos Estavillo.
–¿Entonces queda constatado en documentos que sí se pudo haber prevenido todo esto?
–Efectivamente, desde la perspectiva de nosotros, encontramos elementos de ratificación de presumibles violaciones a derechos humanos.
“Ahora el problema estriba en que en atención a los documentos que nosotros teníamos, a los documentos que nosotros requeríamos, era preciso identificar de quién iba a ser la competencia, particularmente de este asunto, si de la comisión nacional o de la Estatal. Desde el mismo lunes en la tarde (…) tomamos la determinación desde el momento que suceden los hechos de enviar a nuestros visitadores y la CNDH toma la decisión el lunes de enviar a los suyos. Estábamos en principio determinando quién iba a ser el competente. Les informo que el día de ayer (miércoles 16) la Tercera Visitaduría General de la CNDH determina la competencia de este asunto, atrae en consecuencia y abre de oficio la queja correspondiente”.
Juan José Ríos Estavillo fue muy claro: “Aquí lo que nosotros podemos determinar es que las medidas cautelares las dirigimos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Si bien es cierto, la posible determinación de competencia de un reo puede corresponder a dos autoridades distintas, una primera responsabilidad recae en la autoridad receptora de los reos; en este caso hay responsabilidad particularmente de la autoridad estatal y tiene que revisarse la posible responsabilidad de acción y omisión de la autoridad federal. Pero en principio los reos están en una cárcel del estado de Sinaloa y, en consecuencia, la autoridad estatal es la que tiene que dar cuenta y responder sobre los actos que se le puedan estar requiriendo por parte de la comisión nacional”.
