Muchos pescadores de las costas de Luisiana ya empezaron a rematar sus bienes y buscarán el sustento en otros lugares, en otras actividades. Están enojados no sólo con la British Petroleum, directamente responsable de la catástrofe ambiental que los apabulla, sino con el gobierno de Estados Unidos que, dicen, no castigará ejemplarmente a la petrolera: “El sufrimiento de unos miles de pescadores no tiene comparación con las ganancias multimillonarias”, sentencian.
GRAND ISLAND, LUISIANA.- “Los daños son incalculables… Nos ha dejado sin empleo y ahora ha comenzado a destruir toda la belleza natural y la vida marina de las costas de Luisiana”, lamenta Peter Louville en referencia al derrame de petróleo en el Golfo de México provocado el pasado 20 de abril por una explosión en la plataforma Deepwater Horizon, a cargo de la trasnacional British Petroleum (BP).
Peter Louville, uno de los mil 541 pobladores de Grand Island, aprieta los puños cuando se le pregunta si el gobierno federal o los ejecutivos de BP tienen idea del daño causado por el derrame petrolero.
“Son unos hijos de perra. El petróleo con el que llenan de dinero sus arcas es un veneno mortal para nosotros los pescadores y para toda la fauna marina. Esto es un verdadero infierno”, grita Louville, un viejo lobo de mar de 67 años, quien no ha podido ganar un solo dólar desde hace 40 días, cuando le prohibieron navegar en el Golfo.
Grand Island, una pequeña población de las costas de Luisiana, es tal vez la más afectada por el derrame. Toda su población depende de las actividades marinas: pesca y turismo.
Con los pronósticos tan negativos que recientemente hizo el gobierno de Barack Obama, de que el derrame no quedaría controlado hasta después del otoño –en octubre o noviembre–, pescadores como Louville piensan que “muy pronto” Grand Island será un pueblo fantasma, que de hecho ya lo parece. En este puerto, conocido como El paraíso de los deportes marinos, abundan los anuncios de la venta o renta de casas, así como los letreros de “cerrado” en las puertas o ventanas de restaurantes y negocios de alquiler de lanchas y motos acuáticas.
“BP nos está ahorcando”, dice a Proceso Willie Stearn, dueño de Sienna, una embarcación pesquera que emplea a 10 personas pero que lleva más de un mes anclada en el muelle.
“Mis trabajadores ya se fueron. Uno agarró a su mujer, vendió su camioneta y se fue a Alaska, a la pesca de salmón”, cuenta Stearn al reportero.
La prohibición de pesca en las costas de Luisiana tiene sentido. Poblaciones como Grand Island están invadidas de un intenso olor a aceite que se intensifica al acercarse a las playas. Las manchas del petróleo que se acumula sobre la arena están por todos lados, la marea negra ha superado los trabajos de limpieza que realizan el gobierno federal y BP en un esfuerzo por cubrir las “evidencias” del desastre ecológico, como lo llaman los pobladores de Grand Island.
En el recorrido de Proceso por esta población se constata el daño ecológico. En las playas de Grand Island, cerradas al publico y delimitadas por enormes mangueras anaranjadas, se ven pelícanos y gaviotas con las plumas embarradas de aceite, y delfines nadando muy cerca de la orilla en pos de los bancos de peces que, según los pescadores, “ya están contaminados con los tóxicos” del petróleo.
“El sábado (5 de junio) llegaron dos ballenas casi a la orilla de la playa. Eso aquí en Luisiana es casi imposible”, relata a este semanario Rick Moller, otro pescador de Grand Island.
Moller sostiene que la cercanía de ballenas y delfines a las playas de Luisiana ocurre porque en alta mar la mancha de petróleo es más grande y espesa; eso obliga a esas especies a buscar alimento en los puntos menos contaminados, como las proximidades de la costa.
Ubicada unos 130 kilómetros al sur de Nueva Orleans, Grand Island ahora sólo es visitada por reporteros. Hay un éxodo de pobladores quienes, ante la falta de empleo, se han ido a buscarlo tierra adentro. Los turistas ya no llegan porque no hay nada que hacer en este puerto.
“Nos han advertido que la prohibición de pesca podría durar hasta principios del próximo año; quedarse aquí es como un suicidio. ¿Con qué dinero voy a mantener a mi familia?”, subraya Michael Devine, otro pescador de Grand Island que ha colgado las redes en su casa, la que ya tiene sobre la puerta el letrero de “se vende”.
A lo largo de los 45 kilómetros de la ruta 1, que sale de la pequeña ciudad de Matthews hacia Grand Island, se observan decenas de embarcaciones pesqueras ancladas en los muelles de los canales que desembocan en el Golfo de México. Lo más común es encontrar también letreros que exigen justicia y castigo a la petrolera por los daños: “BP y Obama son unos asesinos”, “Los petrodólares son veneno”, “Que Dios nos ayude, porque el gobierno no lo hará”, dicen algunos.
La frustración de los pescadores y pobladores de las costas de Luisiana es justificable. Funcionarios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOOA, por sus siglas en inglés) calculan que la fuga diaria de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon es de unos 5 mil barriles de crudo: unos 793 mil 800 litros del llamado oro negro. Además, los funcionarios de la NOOA han advertido que este desastre, al que califican del más grande en la historia, provocará pérdidas económicas de muchos miles de millones de dólares y daños ecológicos irreparables.
La mancha de petróleo, o “marea negra”, ya rebasó Luisiana y ahora amenaza las costas de Florida, Misisipi y Alabama. “Y también a las mexicanas”, advierte un funcionario de la NOOA, quien concedió una entrevista telefónica a Proceso bajo la condición del anonimato. “El pronóstico que tenemos es que la marea de tóxicos podría comenzar a llegar a las costas mexicanas a mediados de julio o principios de agosto”, dijo.
Ayuda, pero temporal
Brennan Matherne, vocero del condado de Lafourche Parish, Luisiana, al cual pertenece Matthews, sostiene que los pobladores de la zona costera del Golfo de México en territorio estadunidense son los más afectados por el derrame de crudo.
“Hay miles de voluntarios que han llegado de varios puntos del país, e incluso de otros países, para ayudar a limpiar a las aves o cualquier animal afectado por la capa de aceite que arrastran las aguas del Golfo; pero hay muy poco interés y dinero para ayudar a las personas que se han quedado sin empleo”, afirma Matherne.
En la entrevista con este semanario, el portavoz del gobierno de Lafourche Parish revela que no fue sino hasta el lunes 7 cuando la BP comenzó a distribuir dinero entre los miles de pescadores de la costa de Luisiana, pero que no es suficiente para ayudar a la gente desempleada.
“Aquí en Lafourche Parish 95% de sus poco más de 30 mil habitantes dependen de la pesca. Nadie está trabajando desde hace más de un mes y no fue hasta el lunes (7 de junio) cuando BP comenzó a repartir vales de comida y para el pago de servicios eléctricos y gasolina, pero nada más; la gente no tiene dinero para otras cosas, como cubrir el costo de medicinas o de necesidades médicas”, enfatiza Matherne, quien considera que esta medida de asistencia será solamente temporal.
“No veo a la BP subsidiando a todas las personas afectadas por el derrame, o no por lo menos hasta principios del próximo año, cuando dice el gobierno federal que podría reiniciarse la pesca”, remata.
La prohibición de las actividades pesqueras en el Golfo de México y los canales que salen de él y se internan en varias poblaciones y ciudades de Luisiana fue impuesta por la NOOA 10 días después de la explosión en la plataforma de la BP.
El gobierno estadunidense afirma que los tóxicos esparcidos en el Golfo de México han tenido efectos “muy negativos” en la vida marina de la región, por lo que el consumo de peces o mariscos podría poner en riesgo la salud de quienes los ingieran.
Este lunes 14 y martes 15 Obama realizará su cuarta visita a las costas del Golfo de México afectadas por el derrame. En esta ocasión, el mandatario se entrevistará con habitantes de las costas de Alabama, Florida y Misisipi para escuchar sus quejas y demandas, tal como lo hizo con los pescadores de Luisiana.
“¿De qué sirven las visitas de Obama? No trae la solución al problema ni tampoco castiga ni castigará como se debe a los ejecutivos de la BP, quienes son responsables de la tragedia”, denuncia Don Bilper, otro pescador de Grand Island, quien cuenta al reportero que su esposa y sus dos hijos se fueron desde hace dos semanas a Nueva Jersey. “Mi esposa se adelantó para buscar casa, escuela y empleo en fábricas cerca de Nueva York; yo me iré en cuanto venda mi casa y mi barco”, añade.
Además de la frustración que impera entre los pescadores perjudicados por el derrame, el pesimismo también se ha apoderado de ellos. En lugares como Grand Island y varios de los pueblos que pertenecen a Lafourche Parish nadie apuesta a que el gobierno de Obama castigue con todo el peso de la ley a los ejecutivos de la BP que resulten responsables directos del desastre ecológico.
“Obama no lo hará aunque asegure que está enojado. La industria petrolera tiene mucho poder en Estados Unidos. El sufrimiento de unos miles de pescadores no tiene comparación con las ganancias multimillonarias que deja la exploración y explotación petrolera, y eso no le importa a un gobierno insensible como el nuestro”, dice Sam, uno de los cientos de voluntarios que colabora en las labores de limpieza de las playas de Grand Island.
Tras “Katrina”
Unos 130 kilómetros al norte del paraíso de los deportes marinos, Steamboat Willie hace un pedido a quienes lo escuchan en el parque de jazz en la famosa calle Bourbon de Nueva Orleans:
“Pídanle a su dios, cualquiera que sea, que no abandone a esta bella ciudad. ¡Mierda! Apenas nos estábamos recuperando del paso mortal de Katrina (agosto de 2005) y ahora vienen estos hijos de puta de BP a rematarnos”, explota Willie, cantante y trompetista de una banda de jazz que de lunes a jueves deleita a las tropas de turistas que poco a poco están regresando a Nueva Orleans.
El martes 8, en entrevista con la cadena de televisión NBC, Obama declaró que él es el responsable directo de la incapacidad federal para contener la fuga y derrame de petróleo, pero también expresó su deseo de “patear algunos traseros”, al referirse a Tony Hayward, presidente ejecutivo de BP, y otros funcionarios de la transnacional, por minimizar el impacto de la catástrofe ecológica pero, sobre todo, por ocultar información sobre los riesgos y problemas de seguridad que implica la exploración y perforación de mantos petrolíferos en aguas profundas. l
