PALERMO, ITALIA.- El libro se titula Érase una vez las intervenciones y su autor es el juez palermitano Antonio Ingroia, amenazado de muerte por la Cosa Nostra. Gracias a las intervenciones telefónicas se enteró de que la mafia siciliana pretendía eliminarlo.
Por medio de esta práctica, que era avalada legalmente, las autoridades podían investigar las actividades de grupos criminales. Pero el ministro de Justicia, Angelino Alfano, propuso una serie de cambios a la ley que limita esas acciones. Las reformas fueron aprobadas el miércoles 9 por el Senado.
Hace años que Ingroia no se mueve sin guardaespaldas que estén al pendiente de sus movimientos y los de su familia. Pero su caso no es el único: es la historia de cientos de jueces italianos que por la naturaleza de su trabajo se ven obligados a vivir bajo protección.
Cuando entren en vigor las enmiendas a la ley en materia de intervenciones telefónicas, telemáticas y ambientales, las autoridades sólo dispondrán de 75 días
–antes no había límite de tiempo– para intervenir las comunicaciones de personas sospechosas.
En una reunión con empresarios, el primer ministro Silvio Berlusconi dijo que “es un infierno gobernar bajo las leyes de la Constitución” y criticó con dureza a los medios de comunicación y a los magistrados. Con las modificaciones a la ley los senadores inauguraron una nueva etapa de las relaciones entre el poder, la justicia y los medios.
Las reformas no sólo limitan las intervenciones telefónicas, telemáticas y ambientales; también imponen sanciones a los periodistas y editores que publiquen investigaciones en curso. Quien lo haga deberá pagar, si es periodista, de 5 mil a 10 mil euros por cada texto si no quiere ser sometido a juicio. A la tercera reincidencia podrá terminar en la cárcel. En el caso de editores de diarios o revistas o responsables de programas de televisión que difundan esos materiales, se harán acreedores a una sanción de hasta 450 mil euros.
De acuerdo con la penalista italiana Katia Malavenda, esta medida “ataca de manera directa la libertad de prensa, pues significa la ruina para los medios pequeños, que difícilmente podrán pagar sumas de ese nivel”.
Desde que se presentó la iniciativa de ley, los noticiarios y programas de Mediaset –el grupo mediático propiedad de Berlusconi– difunden notas y entrevistas en las que se impugnan las intervenciones telefónicas, con el argumento de que sólo han servido para socavar la privacidad de los ciudadanos, pues cualquiera podía ser espiado.
Desde el Tribunal de Justicia de Palermo, el juez Ingroia defiende las intervenciones ilimitadas, pues las considera necesarias. Sin ellas “no hubiera sido posible detener a muchos mafiosos y fugitivos criminales; no se hubieran impedido muchos atentados y homicidios; no se hubieran podido confiscar tantas armas, bienes y drogas de las organizaciones criminales; no se hubieran descubierto canales de tráfico de drogas, de lavado de dinero… Esto sin hablar de los actos de corrupción política que salieron a flote gracias a esas intervenciones”.
Y aclara: “No es verdad que son muchos los italianos intervenidos; al año se autorizan 150 mil decretos de intervención, y sí, en Italia hay muchas quizá, pero también es verdad que aquí estas acciones son avaladas por los jueces, lo que no ocurre en muchos países, donde no son autorizadas y se realizan sin la finalidad de prevenir delitos”.
En su libro, Ingroia destaca la importancia que según él han tenido las intervenciones no sólo para la justicia italiana, sino para la justicia en otros países. Insiste en que gracias a esta práctica puede combatirse la delincuencia organizada a escala global, a diferencia de lo que esgrimen los promotores de la nueva ley.
Jueces, magistrados, policías y carabineros aseguran que el nuevo ordenamiento es un obstáculo para la justicia italiana y significa un retroceso.
“Las investigaciones internacionales, sobre todo las que tienen que ver con lavado de dinero y estupefacientes, están basadas casi en su totalidad en las intervenciones telefónicas y ambientales. ¿Cómo se les va a seguir la pista a los criminales si no es con este instrumento?”, plantea Nicola Gratteri, el juez de Calabria que hace casi dos años encabezó la investigación sobre el tráfico de cocaína que realizaba un grupo de la ‘Ndrangheta con el mexicano cártel del Golfo desde Nueva York.
Ingroia asegura: “Para escalar los grados de la jerarquía criminal y llegar a los capos de las organizaciones se requiere de las intervenciones, porque los delincuentes necesitan comunicarse a distancia, la mayoría de las veces por teléfono. Un retorno al pasado en las investigaciones no es posible, porque también los criminales han avanzado y nosotros no podemos rezagarnos”. l
