El Partido de la Revolución Democrática no descarta sustituir como candidato al gobierno estatal por la coalición Todos por Quintana Roo a Greg Sánchez, preso por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
El martes 2, en una reunión entre los miembros de la Comisión Política Nacional (CPN) y el Secretariado Nacional, máximas instancias de su dirección, el PRD acordó continuar la defensa de Greg hasta que se agoten los tiempos jurídicos; es decir, hasta que le dicten sentencia.
Se decidió también lanzar una campaña mediática para demostrar cómo el gobernador priista de Quintana Roo, Félix González Canto, y la dirigencia estatal del PRI –en complicidad con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont–, fabricaron el caso contra Greg Sánchez a fin de evitar su participación en las elecciones.
Aunque públicamente el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, descartó la sustitución, el acuerdo interno del partido incluye buscar un candidato alternativo. Esta decisión se reforzó después de que dos de los abogados de Greg, Gonzalo Aguilar Zinser y Eduardo Luengo Creel, concluyeron que su cliente no saldrá de la cárcel antes de las elecciones del 4 de julio.
El jueves 3, el Instituto Electoral de Quintana Roo canceló la candidatura de Greg, por lo que la dirigencia perredista local interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral Estatal.
Dudas perredistas
La decisión de cambiar de candidato por la situación jurídica de Greg Sánchez dividió la opinión del Secretariado Nacional y la CPN.
De acuerdo con militantes presentes en la reunión del martes 2 en la sede del PRD, Dolores Padierna, dirigente de Izquierda Democrática Nacional, y Ricardo Ruiz consideran necesario pensar en la sustitución del candidato quintanarroense y que el nuevo aspirante sea avalado por el mismo Greg mientras él se dedica de lleno a su defensa.
El otro polo, formado por Nueva Izquierda y Alianza Democrática Nacional (ADN), entre otros, propone seguir con Greg Sánchez como candidato y apoyarlo jurídicamente hasta que se agoten los recursos para devolverle los derechos político-electorales que le fueron retirados al declarársele formalmente preso.
Al encuentro acudieron también los dirigentes de los 12 estados donde habrá elecciones para gobernador. El presidente del partido en Quintana Roo, Rafael Quintanar, y Ángel Cedillo, de ADN, sostienen la postura de “patria o muerte”: defender la candidatura hasta en la cárcel.
Para terminar la reunión, Ortega aclaró que sería necesario seguir defendiéndolo hasta agotar los tiempos jurídicos. Beatriz Mujica, secretaria de Alianzas del partido, lo secundó, al igual que David Cervantes, de Izquierda Social.
Defensa jurídica
Mientras tanto, los abogados de Greg siguen con la defensa jurídica basados en la premisa de que se trata de un caso fabricado por el gobierno para cancelar los derechos políticos de su cliente.
El 3 de junio pasado, Salvador Rocha Díaz, otro de los abogados, explicó con minuciosidad cómo comenzó la persecución judicial contra el excandidato y calificó de “ridículas e inusitadas” las acusaciones contra su cliente. En entrevista, Luengo Creel considera que el caso tiene tintes políticos porque la acusación está basada en testigos protegidos que no se identifican, nadie sabe si en verdad existen ni pueden localizarlos para entrevistarlos.
“Esto contradice la tesis de que cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque se parte de la premisa de que cualquiera es culpable hasta que se demuestre su inocencia” y es peligroso para la ciudadanía, porque “cuando se desnaturaliza la figura de testigo protegido para afectar a adversarios políticos, se coloca a los gobernantes en la indefensión; ahora cualquiera podría vincularlos con el narcotráfico”.
El equipo de defensa de Greg ya interpuso un recurso de apelación que deberá resolver un magistrado de un tribunal unitario.
Para el abogado no hay duda: este caso se armó basándose en los tiempos político-electorales y con esto Greg ya quedó inhabilitado para asumir cualquier cargo, queda afectado como persona y se daña a la familia, porque “queda manchado”.
En su opinión “será un proceso larguísimo y desgastante, porque defenderlo es dificilísimo”, ya que Gregorio Sánchez Martínez, Greg, está preso en el penal de alta seguridad El Rincón, en Nayarit, destinado a narcotraficantes, lo que dificulta la relación abogado-cliente. “Para cuando el caso termine –dice el litigante– ya se destruyó su honra, la de su familia y su prestigió político”.
El PRD anunció que interpondrá un juicio para la protección de los derechos políticos de Greg Sánchez ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por lo pronto, el viernes 4 de junio llegaron a Cancún Martha Dalia Gastélum, Éric Villanueva y Norma Miranda, militantes perredistas de Nueva Izquierda, para la “reorganización proselitista” de la campaña de Greg.
Ese día realizaron una marcha, encabezada por Jesús Ortega, Niurka Sáliva y el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, para exigir la liberación del candidato. l
