El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, concluye su labor el próximo viernes 11, pero antes visitó por cuarta vez uno de los estados más azotados por la violencia del crimen organizado, de las fuerzas armadas y aun de los poderes económico y político. En Ciudad Juárez y en Creel le expusieron sus casos los familiares de asesinados, secuestrados y desaparecidos, lo que demostró el fracaso total de la nueva estrategia de Calderón, anunciada hace más de 100 días con grotescas fanfarrias.
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Tras escuchar el diagnóstico de los juarenses sobre la situación de la ciudad, 100 días después del estreno de la nueva estrategia federal, Alberto Brunori, el enviado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), soltó un comentario desolado: “Lo que más me impresiona es que pensé que por lo menos alguien me diría que en estos 100 días hay una cosa que ha cambiado, y nadie me ha dicho eso, lo cual es dramático y duele”.
El funcionario italiano, que representa en México a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), tenía enfrente a ciudadanos que encarnan la pesadilla que vive la ciudad: la mamá que busca a la hija desaparecida al salir de la universidad; la familia que desconoce el paradero de tres primos (dos mujeres y un hombre) detenidos por el Ejército; el visitador de derechos humanos amenazado y exiliado en Texas; la mamá que entregó a la justicia al asesino de su hija, a quien los jueces liberaron; la defensora de los derechos humanos a quien le mataron a la colega con la que investigaba las violaciones de policías y militares; la académica que lleva la suma de los nuevos feminicidios o los activistas que reciben denuncias contra los policías federales y atienden a las víctimas de la imparable violencia.
Del 30 de mayo al 1 de junio fue la cuarta visita de Brunori a Chihuahua, el estado al que más acudió durante el año y medio al frente de la Oacnudh, y puso especial interés en Juárez, la ciudad que desde 2008 está sumida en un torbellino de asesinatos, con un promedio de siete por día y una suma de 5 mil 700 en los dos años de intervención federal.
Aunque el presidente Felipe Calderón anunció el 17 de febrero, a raíz de la masacre de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, un nuevo plan para Juárez que consistía, entre otras medidas, en retirar al Ejército (que no frenó la violencia y acumuló quejas en su contra) para sustituirlo por la Policía Federal (PF), la situación no mejoró.
“Los soldados ya no están patrullando como antes y la Policía Federal se está llevando ahorita el mayor número de denuncias”, expuso a Brunori la activista Cipriana Jurado. “Antes con el Ejército, y ahora con la PF, siguen los casos de hostigamiento, acoso sexual, robos, asesinatos, extorsiones telefónicas”, dijo la activista Cecilia Vizcaíno. “Es repetitiva la detención de personas a las que culpan de participar con el crimen organizado sin el menor indicio (…); en su tiempo era el Ejército, ahora es la Policía Federal”, corroboró Elizabeth Flores, de la Pastoral Obrera.
Las notas periodísticas de los medios locales documentan esta situación, como lo muestran algunos titulares: “Provocan abusos de federales cierre de negocios”; “Lanza exhorto regidor a ciudadanos para vigilar que federales no les ‘siembren’ droga”; “Reciben federales mordidas de hasta 8 mil pesos: regidores”; “Hay más quejas de abusos de PF que avances: diputados”; “Caen 12 federales; extorsionaban y hasta saqueaban viviendas”; “Federales levantan a menor”; “Pese a operativo, van homicidios a la alza”; “Encañonan federales a menor discapacitado y a adolescente”; “Sólo 5% de juarenses se siente seguro con la Federal”; “CEDH: regresaron los abusos y la corrupción”; “Federales le roban sus ahorros de 30 años de trabajo”; “Plan anticrimen acentuó la inseguridad”.
Al escuchar la queja reiterada de quienes asistieron al encuentro con él en El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Brunori comentó, sorprendido: “La oficina siempre ha insistido en que la policía tiene que llevar a cabo esta tarea de recuperar el espacio, porque el Ejército no está entrenado para esto, pero hoy me están diciendo que aunque ha cambiado el actor (la PF en vez del Ejército) el paradigma no cambia. Eso sí me preocupa porque entonces siento que estamos frente a una situación en la que no ha habido avances, entonces la oficina tendrá que hacer una reconsideración sobre cómo abordar esta temática y plantearla a las autoridades (…). Aquí hay un problema, y serio”.
Violencia que duele
Brunori se despidió de los activistas y los ciudadanos víctimas de la violencia, quienes por los obstáculos que han enfrentado para obtener justicia se asumen ya como defensores de los derechos humanos. Después de agradecerles su confianza, anunció que el 11 de junio concluirá su encargo en México y se irá a Guatemala.
Antes de tomar un avión al Distrito Federal, el politólogo italiano compartió con Proceso sus impresiones de su última visita a Chihuahua, un estado que lo sorprendió desde su primera visita:
“La situación de violencia, de inseguridad, no me la esperaba así como la encontré. Una de las primeras visitas que hice a las entidades federativas fue justamente a Chihuahua. Yo pensaba venir a hablar del derecho al agua, de migración, y cuando empezó la reunión todo el tema fue inseguridad. Eso me ha tocado bastante”, dice.
En el Colef escuchó testimonios de desapariciones, inseguridad, abusos de autoridad y el veto del gobierno federal a la participación de los defensores de derechos humanos en el plan de reconstrucción de la ciudad, aunque prevalecieron las denuncias sobre desapariciones de mujeres. En los tres últimos años 300 de ellas han desaparecido, le informaron.
Una persona expuso que el 29 de diciembre de 2009 sus familiares Nitza Paola, Rocío y José Ángel Alvarado fueron detenidos por soldados y desaparecidos en Buenaventura, y comentó: “Seguimos igual que hace cinco meses, desde que se los llevó el Ejército. El caso subió a la Corte Interamericana y aún así no hay respuesta. El gobierno federal y el estatal lo único que hacen es pelearse para ver quién lleva el caso, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Ninguna autoridad ha querido citar al Ejército aunque hemos señalado como responsables al capitán Luján, al general Loma y ya el mayor Manuel Gutiérrez aceptó que ellos sí fueron los que se los llevaron”.
Marisela Escobedo, mamá de Rubí Marisol Fraire, una joven desaparecida y asesinada, narró: “Me tuve que ir a vivir al Departamento de Personas Ausentes para que la procuraduría me hiciera caso. Hice la investigación, recabé datos. Contra lo que siempre ocurre, logré comprobar quién es el asesino, pero los jueces lo dejaron en libertad y nos devastaron, nos aniquilaron. Ahora vivimos con miedo”.
Enseguida una mujer sacó un cartel en el que se veía la foto de una joven acompañada de sus señas particulares. Dijo: “Soy la mamá de Mónica Yaneth Alanís, es estudiante de la UACJ (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez). Salió el 26 de marzo de 2009 a hacer un trabajo en equipo y a partir de ese día no he sabido de ella. La procuraduría no tiene líneas de investigación, no investigan las desapariciones de jovencitas (…). Aunque saben que se pierden en el centro, no las protegen poniendo más policías en esa zona ni con operativos”.
El italiano escuchó el rosario de denuncias. En su turno, aseguró que la Oacnudh le dará seguimiento a los casos y verá la manera de presionar a las autoridades para que los resuelvan.
Al salir del encuentro comentó a Proceso que estaba impactado: “La niña desaparecida… Eso es tremendo, duele. Hubo un momento en que se habló mucho de feminicidios en Juárez, de lo que ya se hablaba muy poco, pero escuché que hay un número muy elevado en tres años y que desapareció todo lo que aparentemente se había ganado, como las patrullas que auxiliaban a las mujeres en el centro. Veo que el problema no está resuelto, los casos siguen en la impunidad y las mujeres siguen sin aparecer. Me preocupa y me molesta que haya vuelto a surgir el tema de las mujeres”.
Crímenes y abusos en la sierra
El 30 de mayo, un día antes de su recorrido por Juárez, el diplomático estuvo en el pueblo de Creel, puerta de entrada a la Sierra Tarahumara, donde se reunió con los familiares de los 13 masacrados el 16 de agosto de 2008 (la mayoría preparatorianos y un bebé) y el sacerdote Javier Ávila, quien los ha acompañado en su exigencia de justicia.
Ahí escuchó denuncias sobre la impunidad que prevalece y la inacción de la procuraduría estatal, así como testimonios de la humillación, el miedo y la desesperanza que sienten:
“Nos callaron la boca matando al papá de Daniel Parra, que estuvo investigando quiénes eran los asesinos”… “Nosotros investigamos y le dimos al gobierno los nombres, direcciones y teléfonos de los asesinos, pero no los atraparon, y al que atraparon lo soltaron”… “Si no gritamos, no nos enteramos cómo va la investigación, en la procuraduría no nos contestan las llamadas”… “Nunca nos entregaron la lista de policías que dejaron solo al pueblo para que entraran los sicarios”… “El gobernador nos dijo que tenía un interés especial por el caso y que por eso no lo iba a pasar a la PGR, pero no ha atrapado a ninguno de los sicarios”.
La señora Bertha Galdeán dijo, entristecida, que aunque sus hijos fueron masacrados, al igual que los 15 estudiantes juarenses de Villas de Salvárcar, el presidente no les hizo caso a sus hijos porque para él “valen menos sólo por ser de la sierra”.
La gente de Creel se dijo humillada porque la procuradora dijo que la masacre se debió a un ajuste de cuenta entre narcos. Brunori no pudo reprimir una crítica: “Uno se pregunta: si nadie investiga, ¿cómo pueden decir que eran delincuentes?”.
El siguiente encuentro de Alberto Brunori fue con indígenas rarámuris y representantes de organizaciones de derechos humanos, quienes expusieron casos en los cuales empresarios, caciques y políticos los quieren despojar de sus bosques, como una pequeña muestra de la presión a la que viven sometidos.
Así, el enviado de la ONU se enteró de la explotación en el ejido de San Rafael, la amenaza de despojo por el teleférico en las Barrancas del Cobre, el proyecto turístico de influyentes políticos que tienen la mirada sobre Nohuétaro, el asesinato del abogado Ernesto Rábago por defender los derechos agrarios de las comunidades Bakeachi y Wuawuachérare, la carretera que pretenden pasar por Norogachi y la represa que les quitará el agua. Escuchó:
“Onorúame, nuestro dios, y nuestros antepasados, nos enseñaron a cuidar la tierra y no sabemos comerciar con ella”, “los rarámuris no se benefician de los proyectos, se quedan en las manos de los mestizos”, “nuestro pueblo es pacífico, pero he escuchado que algunos dicen que de aquí sólo nos sacan muertos”, “la ley sólo beneficia a los chabochis (mestizos)”, “no estamos en contra del desarrollo pero queremos que nos pregunten cómo queremos el desarrollo.”
Al final, Brunori se dijo preocupado porque la violencia le ha restado visibilidad a temas tan importantes como el derecho de los pueblos al territorio, a los recursos naturales y a decidir su destino. Anunció que su oficina elabora un documento para posicionar el tema sobre el derecho de los pueblos indios a ser consultados.
Durante el año y medio que pasó en México, Brunori insistió en que combatir la inseguridad con el Ejército debía ser una solución temporal, y abogó por sustituirlo paulatinamente por la policía, por estar más capacitada para actuar sin violar los derechos humanos. Antes de abordar el avión al Distrito Federal se dijo perplejo por las quejas que recibió contra la PF y comentó que buscaría a las autoridades para pedirles su versión, a fin de formarse una idea clara de lo que ocurre en Juárez.
El funcionario de la ONU llevaba en su maleta una placa de reconocimiento que recibió un día antes en Creel, de manos de los defensores de los derechos humanos en Chihuahua, estado en que la violencia extrema unió a barzonistas, sindicalistas, abogados, médicos, ecologistas, universitarios, indigenistas, feministas, artistas y víctimas para defenderse y proveer a los demás bajo una causa universal.
Al momento de la entrega, la directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Lucha Castro, expresó: “Este reconocimiento es por acompañarnos a los defensores de derechos humanos como ningún otro comisionado lo ha hecho. Hizo un informe de lo que vivimos, eso originó la creación de esta red de defensores de derechos humanos en el estado”.
Conmovido, Brunori lloró. Dijo que la ONU está pendiente de Chihuahua y presentó a su acompañante, Christopher Guarnotta, quien será el visitador para todo el norte del país. Se retrató con los activistas, con las familias de los masacrados y con los rarámuris llegados de toda la sierra para confiarle sus preocupaciones.
Al recibir la placa dijo: “Me conmueve ahora México, que ha sido una enseñanza tremenda (…). Le tengo un particular cariño a Chihuahua, hemos venido cuatro veces porque nos preocupa la situación del estado, las historias que escuchamos hoy duelen, hacen daño, comprometen”.
