Atacado dentro y fuera de Honduras, el gobierno del presidente Porfirio Lobo, quien asumió el cargo el pasado 27 de enero, busca legitimarse y esboza ya algunos de sus planes de trabajo. En lo económico, aún tiene que desenredar la madeja que le dejó Roberto Micheletti, para lo cual cuenta con el apoyo del FMI y del Banco Mundial, que ya se aprestan a otorgarle los créditos que requiere para reactivar el sistema. Pero es en lo político donde necesita tejer alianzas para superar el precario equilibrio de su gobierno.
Tegucigalpa.- Al llegar a Madrid para asistir a la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) con los países de la Unión Europea (UE), el canciller hondureño, Mario Canahuati, llamó por teléfono al embajador de España en Tegucigalpa para decirle que no había lugar para él y su delegación en el hotel que el diplomático les había asignado con anticipación.
Era el martes 18 y Canahuati estaba enfadado. El funcionario español le explicó que, de última hora, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió hospedar a la delegación hondureña en otro hotel para evitar un encontronazo con los venezolanos.
Dos semanas antes, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) orquestó un boicot para impedir que el presidente hondureño, Porfirio Lobo, participara en la cumbre Europa-América Latina-Caribe que se celebraba por esas fechas.
Y el lunes 17, la víspera de la llamada de Canahuati al diplomático español, el ministro de Medio Ambiente hondureño tuvo que lidiar con los delegados de Brasil y Venezuela. Para ellos, el gobierno de Lobo, quien asumió el poder el 27 de enero pasado, luego del fallido intento de Estados Unidos, Europa y varias naciones centroamericanas por restituir al derrocado Manuel Zelaya, es ilegítimo y lo consideran heredero del golpismo. Al final expulsaron al hondureño de una reunión.
Sin embargo, tras esos forcejeos, el presidente hondureño pudo asistir a la reunión Sica-UE, en la que incluso firmó el nuevo tratado de asociación entre ambos bloques. Aun así, la mayoría de los países sudamericanos y México se niegan a normalizar las relaciones con el gobierno de Lobo, rotas a raíz del derrocamiento de Zelaya.
“México no nos reconoce, pero envía fondos a Honduras por medio de Bancomext para financiar el canal seco y varios proyectos de seguridad; en cuanto a Brasil, tiene una responsabilidad más allá de sus fronteras y junto con México podría actuar para consolidar la unidad de un continente fragmentado”, comenta Canahuati.
Miguel Cálix, analista y exdirector de la fundación Ebert en Tegucigalpa, explica a Proceso que, paradójicamente, “la postura de Unasur refuerza internamente la figura de Lobo porque acuerpa el sentimiento nacionalista a su alrededor. Y debilita la de Zelaya, quien empieza a ser visto entre la población como un obstáculo para Honduras”.
Las cifras parecen confirmar la tesis esbozada por Cálix. En los comicios de noviembre último Lobo obtuvo 56% de los votos emitidos en una jornada en la que sólo participó 47.9% del electorado. Una encuesta realizada en marzo último por el Latinobarómetro destaca que la popularidad de Lobo subió a 66.2%.
“Según el Latinobarómetro, 75% de los hondureños piensan que el intento de Zelaya de conformar una asamblea constituyente para reelegirse era ilegal, pero la misma encuesta dice que 61% de los consultados critican el golpe de Estado de los militares contra Zelaya”, sostiene Cálix.
El investigador insiste: “Lobo sabe cuánto pesa la resistencia que se organizó contra el golpe (alrededor de 22%), así como el apoyo que le brindaron los camisas blancas (20%); también sabe que, por encima de todo, debe apoyar a la mayoría de los ciudadanos”.
Octavio Sánchez, jefe de gabinete del mandatario hondureño desde el pasado domingo 16 de mayo, resume la situación: “El gobierno de Lobo se sigue ubicando en el centro respecto a la crisis política que inició el 28 de junio de 2009”.
Víctor Meza, académico y exministro de Gobernación y Justicia con Zelaya, tiene su propia opinión: “La gestión de Lobo está dando la sensación de ambivalencia, por las concesiones hechas tanto a los golpistas como a sectores de izquierda”.
Y cita un ejemplo: la decisión de Lobo, tomada el pasado 16 de abril, de otorgar 11 mil hectáreas de tierra a campesinos que ocuparon durante cuatro meses 20 fincas de palma en la zona del Bajo Aguán, al norte del país. Ellos venían arrastrando un conflicto agrario desde hace 40 años, dice Meza.
No obstante, insiste: “Lobo es un reformista. Sabe que el golpe de Estado (contra Zelaya) fue consecuencia de un sistema político obsoleto, incapaz de resolver las tensiones sociales”.
Ante las críticas, el ministro Sánchez asegura que, si bien el modelo “está agotado”, es necesario pugnar por un Estado más participativo en el que las garantías ciudadanas consagradas en la Constitución se hagan efectivas.
Otros analistas comentan al reportero que si Lobo insiste en hacer esas reformas, debe tener una estrategia y no basarse sólo en su popularidad. Para ellos, en sus cuatro meses de mandato, la administración de Lobo aún es “débil”, sobre todo por la herencia que dejó Roberto Micheletti.
Meza insiste: “Lobo tiene la presión de los militares golpistas, quienes aún tienen influencia, así como de los sectores que financiaron el golpe y de un sector de la oposición de izquierda que ejerce un liderazgo en la resistencia”.
Algunos militares que participaron en el golpe contra Zelaya ocupan hoy puestos estratégicos en el gabinete de Lobo: el general Venancio Cervantes Suazo, quien es director general de Migración y Extranjería; el general Manuel Enrique Cáceres Días, titular de Aeronáutica Civil; el general Nelson Willy Mejía, quien está al frente de la Marina Mercante, y el general Romeo Vázquez, quien era el jefe del Estado Mayor el 28 de junio de 2009 y durante varios meses estuvo al lado de Micheletti, es, desde enero pasado, gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El papel de los militares
El canciller Mario Canahuati sostiene que la presencia de militares al frente de Telecomunicaciones y las fronteras aéreas, terrestres y marítimas de Honduras tiene una razón: dejar en claro que no hay ningún mensaje contra las fuerzas armadas, que el 28 de junio de 2009, día del golpe contra Zelaya, los militares sólo “cumplían órdenes”.
Otro colaborador de Lobo comenta que si el mandatario no hubiera incluido militares en su gabinete, entonces sí tendría problemas; acepta incluso que, con el golpe, la milicia “redibujó el mapa” del país. Con su participación en ese golpe dejaron en claro hasta dónde puede moverse un presidente en un sistema democrático.
Por lo pronto, comentan los funcionarios consultados por Proceso, hay que esperar el informe de la Comisión de la Verdad promovida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para saber con precisión lo que sucedió antes y después del golpe. Eso, dicen, la dará a Lobo una herramienta política para impulsar sus reformas. Los resultados de esa comisión, encabezada por el exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, se darán a conocer a comienzos de 2011.
Sin embargo, algunos sectores de izquierda inconformes con la administración de Lobo crearon ya una comisión paralela porque, arguyen, en la que preside Stein “no hay organismos de derechos humanos”; a su vez, los de derecha temen que sólo se trate de una vía encubierta para promover una asamblea constituyente.
El martes 4 de mayo, por ejemplo, en la juramentación de la comisión de la OEA, en presencia de los expresidentes de Honduras Ricardo Maduro (Partido Nacional) y Carlos Flores Facussé (Partido Laboral), así como de altos mandos militares y de representantes de la clase empresarial, Lobo intentó atemperar los ánimos
Afirmó: “A los que pasan gritando les digo que no hay que cambiar la Constitución, que ninguna generación puede imponerle a otra un marco para que no se pueda mover”.
Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) e integrante de la comisión, comenta: “El informe no será satisfactorio para ninguno de los dos sectores que se consideran involucrados en la destitución o defensa de Zelaya, pero su legitimidad dependerá de la capacidad de resistir presiones para que dejemos de poner sobre la mesa hechos y datos que explican el proceso de lo sucedido”.
Castellanos reitera que el objetivo último es evitar una fractura política. El miércoles 19 de mayo, en Madrid, tras meses de “equilibrios verbales”, Lobo declaró a la Televisión Española que en Honduras no hubo ningún golpe de Estado. Una semana después, el martes 25, Juan Ramón Martínez, considerado el portavoz del expresidente Carlos Flores y de la amplia corriente conservadora del PL, escribió un artículo en el periódico La Tribuna en el que respondió al mandatario hondureño:
“Sus últimas declaraciones (…) confirman que, en efecto, el hombre de Chávez no es Zelaya, sino Lobo Sosa. (…) Exagera sus fuerzas. Y cree que, para engañarnos, sólo basta con seguir los consejos a Callejas Romero. O pactar con Hugo Chávez y comprar a las fuerzas armadas. La cosa es un poco más complicada, presidente Lobo Sosa. La ‘resistencia blanca’ es mucho más fuerte, está más asustada. Y más dispuesta a defenderse que el 28 de junio pasado. ¿Hay pijamas limpias?”, en alusión a la ropa que vestía Zelaya el día en que los militares lo sacaron del país.
Los retos económicos
El 26 de marzo pasado, al término de una reunión privada del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) donde se habló sobre un paquete de reformas fiscales que se discutía en el Congreso, el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Orlando Hernández, militante del PN y aliado de Lobo, declaró: “No sé si interpreté mal el mensaje de los empresarios; quizá querían decir: ‘¡Bueno, ya le pasó a un presidente, ahora les puede pasar a ustedes!’… Y ustedes saben a qué me refiero (al golpe de Estado)”.
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) estima, con base en datos oficiales, que el déficit de la economía nacional es de 22 mil millones de lempiras (15 mil 300 millones de pesos mexicanos), la más alta de las últimas décadas.
El Ministerio de Finanzas admite que durante el primer trimestre ya se gastó 90% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas o el que se destinó a la compra de medicamentos. Y advierte que, de seguir esta tendencia, para octubre el Ejecutivo carecerá de fondos. Eso le causará problemas, según la dependencia, porque, además, tendrá que reajustar el salario mínimo de los burócratas y renegociar los estatutos laborales de maestros y médicos en los próximos meses.
“Va a ser un choque de trenes”, resume Ileana Morales, portavoz del Fosdeh. Y explica: “La deuda interna es de 35 mil millones de lempiras (24 mil 300 millones de pesos) y pesa más que la externa… Si los bonos los siguen comprando los bancos nacionales, esto abre el debate sobre quién es el verdadero dueño del país”.
Para atenuar la crisis, el gobierno promueve una ley de inversiones público-privadas que debe aprobarse antes del 15 de septiembre, cuando se presente el presupuesto para 2011. Ya han comenzado las licitaciones para proyectos piloto de la privatización del servicio de agua en cuatro municipios del país (Comayagua, Choloma, Puerto Cortés y Siguatepeque); además, algunos miembros del gabinete adelantan que tras la aprobación de la ley, el gobierno lanzará las convocatorias para licitar la construcción de carreteras y para la administración de hospitales.
Algunos colaboradores de Lobo insisten: en este escenario, la legitimación del gobierno en el exterior es secundaria, incluso justifican la actuación de Canahuati ante el boicot a la delegación en Madrid, previo al encuentro del miércoles 19.
Octavio Sánchez, jefe de gabinete del mandatario hondureño, insiste: “Apenas tenemos relaciones comerciales con los países de Unasur”. Micheletti dijo lo mismo el 18 de agosto del año pasado, cuando Unasur desconoció su gobierno: “Honduras puede subsistir totalmente sin el comercio con Unasur”.
En relación con la política de Lobo hacia el exterior, Ileana Morales, portavoz del Fosdeh, comenta: “No creo que a políticos y empresarios locales les preocupe si el mundo los ve como autoritarios o democráticos; les preocupa más la supervivencia del país y de sus negocios. Necesitan inversión externa, y por eso les importa Europa. Sin embargo, para Lobo el reconocimiento internacional es más una necesidad económica que política”.
En esta coyuntura, la OEA prepara una asamblea que se realizará del 6 al 8 de junio en Lima, Perú, para discutir sobre la readmisión de Honduras en ese organismo hemisférico. Es probable, comentan los funcionarios hondureños consultados, que los países de la Unasur insistan en su postura negativa.
Semanas después, el 20 de julio, los miembros del Sica tendrán un encuentro en San Salvador para discutir la reincorporación plena de Honduras a ese organismo regional. Según la portavoz del Fosdeh, ambas reuniones tienen sólo “una trascendencia relativa” para el gobierno de Porfirio Lobo.
Ella confía en que el mandatario logre sortear esas vicisitudes. Ya lo hizo, por ejemplo, el 5 de marzo, cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció a su administración como legítima y desbloqueó un préstamo de 160 millones de dólares que permanecía congelado desde el golpe del año pasado. El Banco Mundial también le dio un espaldarazo el 10 de febrero, al desbloquear un préstamo de 270 millones de dólares y ofrecer 120 millones más de nueva ayuda.
Morales comenta que incluso una misión del FMI estuvo en Honduras del 16 de marzo al viernes 28 de mayo con una misión específica: verificar las cuentas gubernamentales, negociar reformas y valorar posible ayuda económica de urgencia al gobierno de Lobo.
Y remata: “Al menos en el plano económico, si logra el acuerdo con el FMI, Lobo tendrá el colchón asegurado”.
