En Argentina, el gobierno de Cristina Fernández y el grupo empresarial Clarín libran una guerra sorda en la que los periodistas son utilizados como peones. “Juicios éticos”, agresiones y descalificaciones contra los profesionales de la información forman parte de esa disputa que, en los hechos, ha puesto en riesgo la libertad de expresión en el país.
BUENOS AIRES.- El pasado 29 de abril, esta ciudad fue escenario de un hecho sin precedente en Argentina: Hebe de Bonafini, presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo, decidió hacerle un “juicio ético” y simbólico a un grupo de periodistas por su supuesta complicidad con la última dictadura militar.
El juicio, que tuvo lugar en la Plaza de Mayo, era una puesta en escena donde podían oírse el alegato de un “fiscal”, las argumentaciones de un “abogado defensor” y las conclusiones de un “jurado”, y donde eran evaluados moralmente distintos profesionales de la comunicación. En el banquillo estaba, entre otras imágenes, la foto de Magdalena Ruiz Guiñazú, una comunicadora con categoría de icono periodístico y uno de los miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), organismo que en 1983 se encargó de investigar los abusos cometidos contra los derechos humanos durante la dictadura.
La aparición de ese “tribunal ético” fue entendida como la síntesis más elocuente de un estado de cosas que antecede al “juicio” de Bonafini, y que también lo sucede. A lo largo del último año –y en el contexto de una pelea de fondo entre el gobierno nacional y el grupo multimedios Clarín– la crítica a los periodistas se ha vuelto extrema: aquellos que no se alinean tras el discurso oficial son acusados de “mercenarios” de la derecha política y son atacados verbal y hasta físicamente.
Por este motivo, el mismo 29 de abril, mientras transcurría el “juicio”, un grupo de periodistas de pasado, talento e intenciones desiguales se presentó ante la Comisión de Libertad y Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación para plantear los hostigamientos que recibía con motivo de sus críticas a la gestión oficial.
“Parece que Hebe perdió la memoria: ella misma me agradeció en 1984 por mi tarea durante la dictadura”, dijo Ruiz Guiñazú en el Parlamento. “Primero fueron por los medios, ahora van por cada periodista, después ¿por qué seguirán? –alertó Joaquín Morales Solá, columnista del diario La Nación y periodista del Grupo Clarín–. No nos van a callar, aun si esta saga tiene que terminar con un muerto”.
Si bien el comentario de Morales Solá fue tildado, en forma casi unánime, de “excesivo”, lo cierto es que el periodismo está pasando por un momento delicado. “La libertad de prensa existe en la Argentina, pero a la vez hay una creciente concentración de medios en manos del oficialismo, acompañada de la campaña más agresiva contra periodistas no alineados con un gobierno desde el regreso de la democracia –advierte Ernesto Tenembaum a Proceso–. Que todos los días en programas financiados por el oficialismo se pongan nuestras caras, se nos acuse de mercenarios y se nos transforme en un ‘eje del mal’ golpista y ‘destituyente’, es nuevo y merece un alerta.”
Tenembaum trabaja en dos espacios que tienen políticas editoriales opuestas: en las mañanas conduce un programa en Mitre, una de las emisoras de radio del Grupo Clarín, pero a la vez escribe semanalmente una columna de opinión en Veintitrés, un semanario afín al gobierno. Se acaba de ganar el mote de Destituyente por publicar un libro, hoy best seller en Argentina, titulado ¿Qué les pasó? y referido al ascenso y caída del matrimonio presidencial. Ahí empezó la campaña en su contra, que incluyó –entre otras alusiones– la mención de Tenembaum en un polémico afiche que recorrió las calles de Buenos Aires. “¿Se puede ser ‘periodistas independientes’ y servir a la dueña de un multimedio que está acusada de apropiación de hijos de desaparecidos?”, decía el cartel, anónimo, en alusión al Grupo Clarín. Bajo la leyenda estaban las fotos de 10 comunicadores, entre ellos Tenembaum.
A golpes
Aparte de los ataques verbales, en los últimos dos meses hubo dos agresiones físicas contra periodistas. El caso más preocupante ocurrió el pasado 28 de marzo, cuando fue incendiada la camioneta de Adela Gómez, una periodista independiente de Santa Cruz, provincia de la que es oriundo el matrimonio Kirchner. La presidenta Cristina Fernández no sólo no repudió, sino que ni siquiera mencionó el hecho en sus habituales discursos.
Cristina Fernández tampoco se manifestó contra el ataque que sufrió el periodista Gustavo Noriega cuando presentaba su publicación más reciente en la Feria del Libro de Buenos Aires. Se trata de Indek. Historia íntima de una estafa, y cuenta el grado de presión con el que han estado desempeñándose los trabajadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), un organismo gubernamental muy cuestionado por maquillar las cifras de inflación y pobreza. El acto de presentación del libro fue interrumpido por un grupo de choque que alegaba “defender al gobierno nacional y popular” y que la emprendió a golpes, empujones y sillazos contra quienes estaban en el estrado.
“No sentí miedo, el episodio más bien me gustó: lo que ocurrió en la feria fue una puesta en escena de lo que cuento en el libro. Yo quería hablar de la violencia interna que había en el Indec, y lo que sucedió en la feria fue una réplica de lo que pasa dentro del instituto. Si yo lo planeaba, no me salía mejor”, ironiza Noriega en charla con Proceso.
Aunque tuvo que esquivar sillas y vio a colegas suyas llorar de angustia durante el episodio, Noriega afirma que la libertad de expresión existe. “Más allá de las presiones obvias y de los momentos desagradables que se pueden llegar a vivir, el problema no reside en la obturación de voces, sino en que hay un clima que extrema las posiciones –distingue–. Y eso sí está muy fomentado por el gobierno. Hoy, se está ‘con el gobierno’ o se está ‘con el monopolio’. Esa polarización es una forma totalmente distinta de sentir que te ahogás”.
Hay también otro tipo de ahogos más sutiles. En estos días, un pequeño diario disidente, Crítica de la Argentina, se debate entre el cierre definitivo y la convocatoria de acreedores. Los problemas financieros son consecuencia de una maniobra de retiro de capital de su principal accionista (el español Antonio Mata), pero también de la asfixia publicitaria a la que fue sometida la publicación por el gobierno nacional durante sus dos años de vida.
La paradoja es que mientras un medio “no alineado” está por cerrar sus puertas, el pasado 16 de mayo se lanzó un nuevo periódico, Tiempo Argentino, de tono fuertemente oficialista y con ocho páginas de publicidad puesta por el Estado.
Por ese tipo de contrastes, en marzo de este año la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se manifestó en su asamblea general respecto de la libertad de expresión en el país. “La Argentina vive un estado de crispación y de grave deterioro político, en el cual los medios periodísticos independientes sufren un hostigamiento permanente del poder gubernamental”, se dijo en la asamblea, en la que participaron miembros de 250 medios internacionales, entre ellos La Nación y Clarín.
La aristocracia
Para el periodista Daniel Tognetti, tanto los directivos que asistieron a la SIP como los colegas que fueron a quejarse a la Cámara de Diputados forman parte de lo que él llama “la aristocracia del periodismo”: “Son gente que para ver un pobre tiene que poner la National Geographic”, define.
Tognetti conduce Duro de domar, un programa de televisión que –si bien está alineado con el gobierno– ha abordado de modo sostenido los debates sobre libertad de expresión. “Yo no veo ningún periodista exiliado, desaparecido o agredido seriamente, como sí sucedía en la dictadura –opina–. Ahora bien: la libertad de expresión es una avenida de dos manos. Vos podés decir lo que quieras, pero aguantate cuando alguien dice algo sobre vos. Me llama la atención que comunicadores que en la década de 1970 jugaron abiertamente a la interrupción del gobierno democrático sostengan hoy la paradoja de ir al Congreso a decir que tienen miedo”.
Tognetti se refiere, principalmente, a dos casos de los que el periodismo habla poco. Joaquín Morales Solá, uno de los asistentes a la Cámara de Diputados, en 1976 concurrió a un asado de “agasajo a periodistas” realizado en Tucumán por el general Antonio Domingo Bussi, hoy procesado por el homicidio de 52 personas durante la última dictadura militar. Terminado el ágape, realizado a metros de un Centro Clandestino de Detención, Morales Solá recibió un abrazo y un pergamino en el que se agradecía su “colaboración en la lucha contra la subversión”.
El otro episodio tiene que ver con la trayectoria profesional de Ruiz Guiñazú. Si bien hoy es una figura muy respetada dentro del periodismo, en estos días la televisión pública mostró documentos muy delicados. En uno de ellos se le oye entrevistando blandamente al general Rafael Videla –responsable emblemático de una dictadura que dejó 30 mil desaparecidos–, llamándolo “señor presidente” y permitiéndole frases antológicas, como “el diálogo es el camino más idóneo para el entendimiento entre los hombres”.
El cambio de Ruiz Guiñazú ocurrió en 1980, cuando una íntima amiga suya –la diplomática Elena Holmberg– fue secuestrada y asesinada por un grupo de tareas paraoficial. De ahí en adelante, su postura contra la dictadura fue notoria y llegó a su punto máximo con su participación en la Conadep, una comisión fundamental en la llegada de la democracia. El rol de Ruiz Guiñazú fue tan relevante, que en 1984 Hebe de Bonafini le agradeció su tarea en favor de los derechos humanos.
“Si bien me pareció un poco universitario, el juicio de Hebe de Bonafini fue muy claro y legítimo –subraya Tognetti–. Aquí no hay problemas de libertad de expresión. Lo que hay es una disputa. Kirchner fue el primer presidente de la democracia que le disputó a los medios, fundamentalmente a Clarín, la agenda política. Y eso tiene consecuencias.”
En el fondo está el dinero
El origen de la pelea entre Grupo Clarín y el gobierno es económico y tiene varias aristas. La primera diferencia ocurrió en 2008, cuando se desató el conflicto entre el gobierno y el campo y el grupo multimedios tomó partido por el campo. Ese posicionamiento le impidió a Néstor Kirchner mantener la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas de junio de 2009.
La siguiente disputa se dio en torno a la gestión de los partidos de futbol. En agosto pasado, la Asociación de Futbol Argentino (AFA) rescindió su contrato multimillonario con el Grupo Clarín por los derechos de transmisión del torneo de Primera División, y firmó uno nuevo con el gobierno, mediante el cual los juegos son ahora retransmitidos por el Canal 7, la señal estatal.
La cereza de este pastel la dio la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prohíbe que un mismo dueño pueda tener un canal de televisión abierta y otro por cable en la misma zona, que supere 35% de la audiencia y que disponga de más de 10 licencias de radio en todo el país (un número que asciende a 24 en el caso de televisión por cable). Esta ley aún no ha sido aplicada, pero obligará al Grupo Clarín a desprenderse de su televisión abierta o bien del negocio del cable.
El sector progresista celebra la sanción de esta ley, ya que permitiría que 66% de las licencias del cable quede en manos de grupos sociales (desde agrupaciones vecinales a universidades, grupos religiosos o comunidades indígenas). Pero se teme que, en la práctica, dado que el gobierno controlaría las licencias y las subvenciones, sólo tengan espacio los grupos afines a la política oficial.
Por este tipo de cosas, el gobierno nacional y Clarín se tiran con el material más explosivo que tienen a mano. Que suele ser, claro está, el periodismo. l
