PEDRO ESCOBEDO, QRO.- Lonas grises cubren parte del portón frontal de la finca La Cabaña. Ocultan la camioneta Escalade que quedó tras el secuestro de Diego Fernández de Cevallos.
También se colocó una malla ciclónica donde comienza la vereda de acceso, el camino que el abogado presuntamente recorrió la noche del viernes 14 en su camioneta.
Esa vereda estuvo abierta hasta el martes 25. Ahí se estacionaron durante una semana las patrullas de los policías que resguardaron la escena del crimen, el sitio donde Diego desapareció y fue buscado por agentes municipales, estatales, federales, por soldados, peritos y perros.
Ya no hay patrullas custodiando la casa ni peritos ni soldados.
Aparentemente la actividad de La Cabaña ha retomado su ritmo. El sembradío de alfalfa recibe el agua de riego y los trabajadores regresaron a sus actividades.
Pero hay un pesado silencio, una atmósfera de tensión que se nota más cuando los reporteros aparecen y preguntan a los empleados si se sabe algo de su patrón. Se dan vuelta y se retiran. Lo mismo se percibe en el resto de las propiedades del exsenador y de sus hermanos en San Juan del Río.
Igual callan en todas las instancias cualquier mención, indicio o rastro de la investigación de este secuestro que –quiera o no– tiene en sus manos la Procuraduría General de la República (PGR).
La reportera confirmó que desde el miércoles 19 el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Arsenio Durán, había solicitado formalmente a la PGR que ejerciera su facultad de atracción. El trabajo de la procuraduría local en las primeras horas estaba hecho y era evidente la resistencia de la PGR para reconocer la desaparición del excandidato presidencial como un secuestro (Proceso 1751).
El lunes 24, en su primera aparición pública después de que abrió la averiguación SC/31/2010 en torno al caso, el procurador Durán dijo: “Desde el viernes se operó la facultad de atracción por parte de ellos. Ya las determinaciones las toma la PGR… no es un desmarque. Lo que sucede es que ellos se llevan el expediente y ya las determinaciones serán bajo su responsabilidad”.
Durán dijo entender que el anuncio de la PGR “es una suspensión temporal para dar paso a una solución alterna al problema. No es desmarcarse, sino suspenderlo provisionalmente para buscar una solución satisfactoria”.
Durán mantuvo la línea hermética del gobernador de Querétaro, José Calzada, sobre las pesquisas: “Iniciamos (la averiguación) por hechos posiblemente constitutivos de delito… ya dependiendo de las investigaciones que se realizan se va clasificando; ahora será por parte de la PGR. Seguirá las líneas establecidas, no se puede mencionar cuáles…”
El gobernador Calzada, además, vetó el tema del secuestro en cualquier entrevista. “Tenemos solicitudes de todos los medios, las que quieras –dice el director de Comunicación Social, Rubén Díaz Infante–. La instrucción es: nada sobre Diego”.
Algunos de los hermanos del exlegislador se han encontrado en los portales del centro de San Juan del Río –como ha sido su costumbre–, aunque sin el ambiente festivo ni los mariachis que solían contratar, según refieren comerciantes y vecinos de esa zona.
Por ahora ni los amigos ni la familia comentan nada por teléfono. “Es un hecho que los tienen intervenidos”, comenta una de las fuentes consultadas por Proceso, y afirma que de abrirse una negociación por un rescate a cambio de su vida, “él se encargará de conducirla, si lo dejan hablar y si, como esperamos, sigue vivo”.
Añade: “Casi lo puedo escuchar diciendo a sus secuestradores: yo soy un hombre de palabra. Si me sueltan, les doy el dinero y no los persigo”. l
