CANCÚN, Q. ROO.- El candidato de la coalición PRD-PT-Convergencia a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, Greg, hoy preso en el Centro Federal de Readaptación Social de Nayarit bajo cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y narcotráfico, dejó preparada una estrategia para continuar su campaña proselitista desde prisión, como si fuera un mártir de la democracia.
De hecho, inició su campaña amparado contra 180 instancias judiciales. “Se amparó contra 160 autoridades ordenatorias y 19 ejecutorias”, confirma el procurador estatal, Francisco Alor Quezada, quien fue también presidente municipal de Benito Juárez, abanderado por el PRI.
“Son amparos que en el argot jurídico se conocen como exploratorios”, explica. Aunque no sabe por qué el alcalde con licencia echó mano de esos recursos, añade que “esos amparos se tramitan cuando alguien quiere saber si hay alguna orden de aprehensión en su contra”.
Sánchez Martínez fue postulado por la coalición PRD-PT-Convergencia como alternativa, porque no lograron atraer al priista Carlos Joaquín González, hermano de los senadores Addy y Pedro Joaquín Coldwell (la primera panista y el segundo exgobernador priista).
A su vez, el diputado federal Carlos Joaquín González es el más joven de la dinastía, cuyo patriarca, el empresario cozumeleño Nassim Joaquín, es uno de los hombres con mayor influencia política del estado.
En Quintana Roo las contiendas electorales suelen realizarse en el marco de una pugna de linajes por el poder. El bando rival de los Joaquín es el del gobernador Félix González Canto y la familia Borge, a la cual pertenece el candidato del PRI a la gubernatura, Roberto Borge Angulo, de 29 años.
En plena precampaña, cuando ya Greg había solicitado licencia temporal para separarse de la alcaldía de Benito Juárez –cuya cabecera es Cancún– para contender por la gubernatura, el Ejército ubicó y desmanteló tres centros de espionaje político que presuntamente eran operados por el ayuntamiento. Aunque el edil con licencia se deslindó de esas actividades, hay al respecto una investigación federal en curso.
Una vez que afianzó la candidatura, y a sabiendas de su inminente detención, Sánchez Martínez denunció desde el inicio de su campaña que había un “complot” del gobernador González Canto para obligarlo a claudicar.
Su actual esposa Niurka Sáliva Sánchez, cubana nacionalizada mexicana, tras anunciar que estaba embarazada, denunció que Greg, ella y varios familiares han recibido amenazas de muerte vía telefónica. Responsabilizó al gobernador de lo que les suceda.
“Greg estuvo recibiendo amenazas –relata–. Le dijeron: ¿plata o plomo? Y él decidió que plomo, no se dejó intimidar y ahora está detenido”, sostiene Gerardo Mora Vallejo, coordinador de la campaña.
“Detrás de este montaje hay intereses que recorren desde Quintana Roo hasta Atlacomulco”, añade.
Tras la difusión de un video en el que el candidato proclama su inocencia e invita al electorado a defender la democracia y votar por él, Mora Vallejo admite que previeron la posibilidad de que lo detuvieran y por eso prepararon el material audiovisual. Adelanta: “Esperen más en los próximos días”.
Defiende el papel de Niurka Sáliva, vocera del candidato, que saldrá a hacer campaña por él: “Tiene toda la condición legal para hacerlo porque es una ciudadana mexicana, además de que ella no será votada. Saldrá a defender la causa de Greg”.
En efecto, en esta ocasión Niurka no fue postulada, pero varios columnistas locales insistieron en que durante la rebatinga de las candidaturas del PRD, Sánchez Martínez buscaba una diputación para su esposa, otra para su yerno Alejandro Luna, quien ostentaba una dirección en el ayuntamiento, y una regiduría para su hija Karina Alfaro.
“El PRD ha cometido errores graves y hoy está siendo víctima de su propio pragmatismo”, señala el académico y analista Juan José Morales. Y advierte que, si bien Sánchez Martínez no está imposibilitado legalmente para continuar su campaña desde la prisión, “hay complicaciones legales que pueden surgir de esto”.
Exconsejero del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y del Instituto Federal Electoral (IFE), Morales señala que la ley electoral del estado le permite continuar con su candidatura en tanto no se le dicte el auto de formal prisión y quede sujeto a proceso. “Hay, además, un precedente en Aguascalientes –comenta–, donde a un candidato del PAN se le había negado el registro porque se le había dictado auto de formal prisión. Se fueron al tribunal federal y este falló en su favor. Aquí habría que ver si en estos delitos, donde no hay derecho a fianza, se aplicaría el mismo principio”.
Pero aún si pudiera competir y ganara, “¿cómo le hará para cumplir, primero con los protocolos que marca la Constitución, como rendir protesta ante la Legislatura? Finalmente se tendría que convocar a una nueva elección porque no podría gobernar desde la cárcel”.
Destaca que aunque el PRD lo pretende hacer “un mártir de la lucha por la democracia” para capitalizar el voto sentimental del electorado, “el PRI también está aprovechando la situación”. En esas circunstancias, afirma, la PGR está obligada a demostrar que son sólidas sus acusaciones contra Sánchez Martínez.
Hasta ahora, señala, “los aspectos judiciales son muy vagos, la autoridad tendría que dar a conocer hechos más concretos, no vaya a resultar otro michoacanazo y que dentro de tres o cuatro meses, o un año, se desvanezca todo, y entonces se fortalezca la acusación de la intromisión de la PGR en asuntos electorales”.
Uno de los candidatos rivales de Greg, Roberto Borge, de la coalición PRI-PVEM-Panal, semanas atrás lo tildó de “delincuente” pero dice ahora que su detención es un asunto de índole judicial y espera que no se politice. Alicia Ricalde Magaña, aspirante del PAN, sólo comentó que esta acción de la justicia se dio en el peor momento.
Sánchez Martínez llegó a la alcaldía de Benito Juárez en 2008, como candidato ciudadano de la coalición PRD-PT-Convergencia. Por esa campaña enfrenta todavía un juicio ejecutivo mercantil por el delito de fraude, promovido por el contratista Steve Santander debido a un adeudo de 10 millones de dólares que éste le prestó a Greg para sufragar el proselitismo. El procurador Alor Quezada informa que esta investigación sigue abierta y que con los intereses el monto reclamado puede haber crecido a 25 millones de dólares.
Ascenso dudoso
Originario de Guerrero, Sánchez Martínez es el undécimo de los 14 hijos que procrearon Antonio Sánchez y Crecencia Martínez, ambos fallecidos. Los hermanos Sánchez Martínez salieron de la pobreza a partir de la llegada de los refugiados guatemaltecos a Chiapas, pues las tierras de su padre fueron utilizadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para instalar campamentos. A cambio, el gobierno federal les otorgó una concesión para explotar madera y empleó a Gregorio y a uno de sus hermanos como agentes migratorios.
Greg llegó a Cancún ostentándose como ingeniero y a la cabeza del consorcio Jaguar Servicios Inmobiliarios, S.A de C.V., que entre otros rubros opera una maderería, una inmobiliaria, una sala de fiestas y la empresa Servicios de Logística Aeroportuaria S.A. de C.V (Sedla), que hasta hace poco tenía contratos con nueve terminales aéreas, entre ellas las del Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y Cancún.
En 2006 contendió sin éxito como candidato del PT a diputado federal. Ya entonces se le imputaban vínculos con el narcotráfico. No obstante, en 2008 ganó en las urnas la alcaldía de Benito Juárez. Una vez en el cargo, rompió con los partidos que lo postularon, recalcando que triunfó como candidato ciudadano.
Los homicidios del general Mauro Enrique Tello Quiñones y dos de sus colaboradores, en marzo de 2009, reforzaron las sospechas desde el inicio de su trienio, ya que presuntamente estuvieron implicados en el crimen Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, quien era director municipal de Seguridad Pública; Marco Antonio Mejía López, director de la cárcel municipal; y el cubano Boris del Valle Alonso, socio del alcalde y su principal asesor en el ayuntamiento.
Para compensar la falta de respaldo partidista y en su anticipada carrera por la gubernatura, Greg adoptó el papel de pastor evangélico y convocó a magnas concentraciones para orar, a veces en la explanada del ayuntamiento. Llamó “Aviva Cancún” a su movimiento. Después circuló un disco con temas religiosos interpretados por él.
Meses antes del asesinato del general Tello, periódicos de Chiapas difundieron que Daniel y David Enrique Sánchez Martínez fueron detenidos por el Ejército y la Policía Federal en agosto de 2006 por presuntos nexos con el narcotráfico.
En su oportunidad, el diario la Verdad de Quintana Roo, reveló que Feliciano Sánchez Martínez, hermano del candidato, se encuentra internado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México como presunto cabecilla de la banda de secuestradores “Los Villaverde”. Según la publicación, su hermana Magdalena estuvo presa algún tiempo, tras ser detenida en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando regresaba de Colombia y pretendía ingresar clandestinamente 300 mil dólares en efectivo, que no logró justificar.
Magdalena Sánchez y su esposo Carlos Gasca, presunto socio de Sánchez Martínez, solicitaron un amparo, según consta en la lista de notificaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada por la Primera Sala el miércoles 11 de enero de 2006.
El periódico difundió también que Omar Francisco Hernández Sánchez, sobrino de Greg, era buscado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por su presunta relación con un avión que aterrizó cargado de cocaína en Chiapas.
Gregorio Sánchez ofreció en su campaña “cero tolerancia” al crimen, pero sólo unos días después de que rindió protesta como presidente municipal, su hijo Ángel Sánchez se hizo acompañar de uno de sus guaruras para ir a balear la casa de un estadunidense por una rencilla sentimental. El Ministerio Público abrió la averiguación previa 2547/2008 a fin de iniciar la investigación, pero Greg anunció que castigaría a su hijo enviándolo a un colegio militarizado de Estados Unidos. Ángel ya está de vuelta en Cancún.
Además, es sabido que el sobrino del controvertido político, Juan Ramírez Sánchez –asesinado con el general Tello Quiñones y el teniente Getulio César Román–, regenteaba el burdel Baby Doll en la Plaza 21. l
