JOHANNESBURGO.- El pasado 23 de febrero la Corte Constitucional de Sudáfrica tomó una decisión muy importante: impuso límites a la prerrogativa presidencial de conceder indultos.
Fue un éxito clamoroso del Centro de Estudio de la Violencia y de la Reconciliación (CEVR) y de Khulumani, dos importantes ONG reconocidas por su defensa de las víctimas del apartheid.
La batalla fue larga y sin concesiones. Todo empezó en noviembre de 2007, cuando el entonces presidente Thabo Mbeki quiso poner en marcha un procedimiento legal que le hubiera permitido indultar casi a escondidas a responsables de graves crímenes políticos cometidos durante el apartheid y hasta el 16 de junio de 1999.
Explica Marjorie Jobson, directora de Khulumani:
“La justicia sudafricana comprobó que estos individuos cometieron matanzas atroces y los condenó a penas de cárcel que oscilan entre 40 y 50 años. Sin embargo, 121 presos se atrevieron a solicitar la clemencia de Mbeki. Era inadmisible porque todos habían rehusado presentarse ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Nunca quisieron colaborar con la justicia para establecer la verdad. Nunca aceptaron reunirse con las familias de sus víctimas. Nunca manifestaron el mínimo arrepentimiento.”
Y enfatiza: “El procedimiento ideado por Mbeki era inicuo. Lo único que debían hacer los reclusos era presentar su solicitud a una comisión de la Fiscalía Nacional integrada no por jueces, como hubiera sido lógico, sino por altos funcionarios que hubieran decidido a puertas cerradas si merecían el indulto. Eso pisoteaba los principios mismos del proceso de reconciliación emprendido en 1996, que era público e involucraba a las víctimas. Pedimos citas con las más altas autoridades judiciales del país, incluyendo al ministro de Justicia. Nunca nos contestaron. Entonces lanzamos nuestra ofensiva”.
El Centro de Estudio de la Violencia y de la Reconciliación (CEVR) y Khulumani llevaron el caso ante la Alta Corte de Justicia de Pretoria y ganaron. El gobierno apeló ante la misma Corte. Las ONG triunfaron de nuevo. El gobierno optó por no insistir. Pero uno de los aspirantes al indulto, Ryan Albuut, miembro del Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) –organización blanca neonazi, cuyo líder, Eugene Terreblanche, fue asesinado el pasado 27 de abril– apeló ante la Corte Constitucional. Por tercera vez ganaron Khulumani y el CEVR.
Los jueces de la Corte Constitucional no cuestionaron el indulto presidencial en sí, pero dictaminaron que en el caso de autores de crímenes políticos cometidos durante el apartheid, el jefe de Estado no podía conceder indulto alguno sin consultar a las víctimas.
“Tuvimos que batallar tres años para impedir que el gobierno posapartheid favoreciera a los verdugos… ¡Tres años para obligarlos a respetar la Constitución y los derechos de las víctimas! ¿No le parece consternante?”, pregunta.
–¿Cómo justificó Mbeki su iniciativa?
–Insistió en que era necesario saldar lo más pronto posible las cuentas pendientes del pasado para acelerar la reconciliación nacional. En realidad obedecía a presiones políticas de grupos de cabildeo blancos. Indultar a esos criminales de esa manera disimulada era una verdadera amenaza para la paz social y el proceso de democratización de Sudáfrica. La decisión de la Corte Constitucional no salvó de ese peligro.
Complicidad multinacional
En 2003 Khulumani lanzó una batalla judicial que causó aún más escalofríos al gobierno de Mbeki. Demandó en Nueva York a 23 multinacionales acusándolas de complicidad con el apartheid.
Después de la caída del régimen racista, el Jubileo Sudáfrica, una amplia coalición de ONG pidió que las multinacionales participaran en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y que evidenciaran los lazos estrechos que habían tejido con el régimen del apartheid. El objetivo era doble: hacer surgir la verdad y exigir reparaciones para las víctimas.
Las multinacionales hicieron oídos sordos y sus abogados negaron toda validez jurídica a los conceptos de “responsabilidad moral” y “responsabilidad civil de complicidad” de los corporativos. La CVR, que tropezó con la misma prepotencia, plasmó su indignación en el informe final que entregó en 2003 al gobierno de Mbeki.
Explica Marjorie: “La comisión subrayó que esas multinacionales habían violado el embargo económico internacional permitiendo que el régimen del apartheid se mantuviera en el poder. Insistió en que lo habían ayudado a consolidar su sistema represivo y que se habían aprovechado de la mano de obra barata sudafricana y de muchas otras facilidades para lucrar en nuestro país. Mbeki no cuestionó estas conclusiones, pero se abstuvo de demandar a las multinacionales. Temía la reacción de los inversionistas extranjeros. Pero nosotros nos habíamos adelantado. El 11 de noviembre de 2002, apoyándonos en el Alien Tort Claims Act
(ACTA) presentamos una demanda contra 23 bancos y empresas extranjeras ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York”.
La Alien Tort Claims Act es una ley estadunidense promulgada el 24 de septiembre de 1789 que nunca fue abrogada. Concede el derecho a demandar ante un tribunal de Estados Unidos a una empresa de ese país o extranjera que tenga representación en territorio estadunidense, por violación de derechos humanos. Los actos denunciados pueden haber sido cometidos en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Es, por lo tanto, posible que demandante y demandado no sean ciudadanos de Estados Unidos y que el crimen haya sido cometido fuera de este país.
Los principios de esa ley se asemejan a los de la competencia universal adoptada por un número creciente de países y genera múltiples debates entre juristas estadunidenses desde que la ley fue sacada del olvido en 1980. Fue gracias al ACTA que demandantes judíos pudieron recuperar sus bienes expoliados por bancos suizos.
La reacción del gobierno de Mbeki fue drástica. Penuell Maduna, ministro de Justicia, pidió por escrito a la Corte de Nueva York que rechazara la demanda de las víctimas del apartheid. Fue en vano. La demanda siguió lentamente su curso en el tortuoso sistema judicial estadunidense, a pesar de los numerosos recursos interpuestos en su contra por los abogados de las multinacionales y de las presiones crecientes de Mbeki.
En 2007 Khulumani optó por limitar su demanda contra 11 grandes empresas. En 2009 concentró sus esfuerzos sobre seis de ellas: Daimler, Ford, General Motors, IBM, Fujitsu y Rheinmetall. Ese mismo año Jacob Zuma, recién electo a la presidencia de Sudáfrica, siguió un camino opuesto al de su antecesor Mbeki y apoyó con determinación la demanda de Khulumani.
El pasado 11 de enero fue un día histórico para la ONG: empezó en Nueva York el juicio contra las seis multinacionales acusadas de haber cooperado, con pleno conocimiento de causa, con el régimen del apartheid y su sistema represivo.
Marjorie precisa: “Rheinmetall es una empresa alemana especializada en material militar que colaboró descaradamente con el régimen del apartheid y llegó al extremo de vender a Sudáfrica una fábrica completa de municiones. Además, capacitó a miles de artilleros sudafricanos. Daimler Chrysler, por su parte, producía vehículos militares y helicópteros especialmente concebidos para enfrentar manifestaciones multitudinarias en Sudáfrica. La empresa japonesa Fujitsu suministraba computadoras a la policía y a las fuerzas armadas y aseguraba el mantenimiento de ese material electrónico; IBM también”.
La directora de Khulumani sabe que ese juicio puede durar años. Pero no se desanima. Es consciente de que la ONG que dirige está abriendo una brecha importante en la muralla de impunidad que protege a las multinacionales.
