En su afán por ampliar sus actividades y reducir costos, British Petroleum (BP) realiza exploraciones profundas en el mar sin aplicar el protocolo de seguridad exigido para estas actividades de alto riesgo, lo que ocasionó numerosos accidentes en los que resultaron heridos o muertos varios de los trabajadores de esa firma. Una demanda presentada por una de las accionistas de la trasnacional británica revela que 15 de sus ejecutivos y algunos de otras empresas están involucrados en el derrame del Golfo de México.
La explosión y posterior hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon, propiedad de la contratista suiza TransOcean y rentada por British Petroleum (BP) no sólo son accidentes, sino resultado de una larga cadena de omisiones que ocasionó el enorme derrame de crudo que azota el lado estadunidense del Golfo de México.
Así lo plantea la demanda de acción colectiva entablada el viernes 7 ante la Corte del Distrito Este de Luisiana por Katherine Firpo, accionista estadunidense de la petrolera británica, en contra de 15 altos directivos de BP, TransOcean y dos de sus filiales, Cameron International Corp., Halliburton Energy Services y las aseguradoras de esas corporaciones.
“Los acusados de BP tienen largo historial en ignorar temas cruciales de seguridad relacionados con la operación de perforadoras sumergibles costa afuera, como la Deepwater Horizon. El descuido incluye problemas con los vitales artefactos del seguro contra explosiones que falló de manera espectacular durante el desastre”, se establece en la querella cuya copia pudo consultar el reportero.
Meses antes de la tragedia, que dejó 11 trabajadores muertos y otros 17 heridos, la empresa tuvo cuatro alertas por problemas en ductos e instalaciones en Alaska. Así lo prueba una carta fechada el 14 de enero último dirigida por los congresistas estadunidenses Bart Stupak y Henry Waxman al presidente de las operaciones de BP en esa región ártica. En la misiva resaltaron que los esfuerzos de la petrolera por abatir costos podrían poner en riesgo la seguridad en las plantas.
El documento que iba acompañado de una solicitud legislativa referida al departamento legal y al Comité de Seguridad, Ética y Evaluación Ambiental de BP levantó una inconfundible “bandera roja”, que fue ignorada por los acusados.
Ambos demócratas, Stupak, jefe del Subcomité de Supervisión e Investigaciones de la Cámara de Representantes, y Waxman, jefe del Comité de Energía y Comercio, han investigado a BP desde que en 2006 la empresa sufrió un accidente en Alaska. En su carta, los dos legisladores mencionan “varios sucesos significativos” en las operaciones de la petrolera en esa zona durante los 15 meses previos al derrame.
El 29 de septiembre de 2008 una línea de gas de alta presión de ocho pulgadas de espesor se rompió y los pedazos de tubo cayeron a 300 metros del ducto. Unos 30 minutos después, otro incidente ocasionó una fuga de gas.
Luego, el 15 de enero de 2009 un disco de limpieza se atoró y se perdió en una línea de tránsito de crudo de 34 pulgadas; ello permitió que el gas pasara y fuera lanzado a la atmósfera, por lo cual la instalación fue cerrada temporalmente.
Y sigue la lista de incidentes. El 10 de octubre de 2009 unas válvulas de baja presión se atoraron en la planta central de compresión; el gas pasó a otras válvulas que se activaron y liberaron el gas a la atmósfera.
“En un aviso reportaron al staff del comité que el piloto no estaba encendido y que las cámaras en operación no estaban apuntando a ese sitio, lo que impidió que el staff de BP supiera que el piloto estaba apagado”, se indica en el documento de los congresistas.
El 29 de noviembre de 2009, una tubería de 18 pulgadas que llevaba una mezcla de petróleo crudo, agua extraída y gas natural, se rompió y esparció su contenido en un área de casi 3 mil metros cuadrados.
Además de esos hechos, BP Alaska ha sufrido varios accidentes que ocasionaron lesiones graves e incluso muertes a sus trabajadores. Un percance vehicular ocurrido el 18 de noviembre de 2009 en una instalación gasera en la Bahía de Prudhoe ocasionó la muerte de un contratista de BP.
“Al mismo tiempo que estos hechos sucedían, el staff del Comité ha recibido reportes de que los recortes presupuestarios propuestos por BP pueden amenazar la capacidad de la empresa para mantener seguras las operaciones”, alertaron los legisladores.
Hasta ahora, el pozo abierto ha derramado más de 9 millones de barriles de petróleo en una zona de más de 9 mil kilómetros cuadrados. Los ambientalistas consideran que este es el peor desastre ecológico en Estados Unidos.
“Durante el gobierno de (George W.) Bush (2000-2008), las autoridades no supervisaron las plataformas y autorizaron que no hubiera controles. Con el accidente se demuestra que la industria petrolera actúa a sus anchas y no aplica los sistemas de seguridad requeridos”, comenta a Proceso el ambientalista Iván Restrepo.
Bajos costos, más riesgos
El martes 11 se iniciaron las audiencias en el Congreso de Estados Unidos para esclarecer la tragedia ecológica. Los altos ejecutivos de BP, TransOcean y Halliburton jugaron al ping pong con la pelota de la culpa, en una estrategia que se veía venir. El británico Anthony Hayward, presidente de BP, adujo que la compañía a su cargo no supervisaba las labores, porque esa es tarea de los contratistas.
Cameron International Corporation manufacturó el seguro contra explosiones, la pieza clave del equipo de seguridad que falló cuando ocurrió el estallido, y Halliburton Energy Services estaba instalando la base de cemento de la torre al momento del accidente.
“Cuando el actual presidente de BP, Anthony Hayward, asumió el cargo en 2007 prometió que cambiaría la cultura de la empresa mediante un renovado compromiso con la seguridad. Los registros muestran que el directivo no honró su compromiso. Hayward y los otros acusados han llevado a la empresa a una gran expansión de sus operaciones de perforación submarina a lo largo del planeta. Al mismo tiempo redujeron costos sin importarles las medidas de seguridad y de protección ambiental”, alega Firpo en su querella.
La plataforma que se hundió también había tenido problemas: en los últimos 11 años la Guardia Costera de Estados Unidos levantó unos 18 reportes por derrames e incendios que terminaron por convertirse en “fuente de polución reconocida”. En 2005, la torre de perforación fue dañada por un incendio y en 2008 se evacuó a 77 personas porque la plataforma comenzó a hundirse por fallas en el sistema de amarre.
En 2007, la agencia estatal Servicios de Administración Minera (MMS por sus siglas inglesas), adscrita al Departamento estadunidense del Interior y responsable de entregar las licencias de exploración petrolera, expresó sus preocupaciones sobre explosiones en las plataformas como la Deepwater Horizon.
La MMS hizo notar que las explosiones durante esa actividad se repetían con regularidad alarmante, sobre todo en el Golfo de México. La cimentación fue un factor en 18 de las 39 explosiones en plataformas ocurridas entre 1992 y 2006.
En agosto de 2009, Halliburton era responsable de un pozo costa afuera en Australia que explotó y ocasionó un derrame que se prolongó durante 10 semanas. Ese hecho lo investiga la MMS.
En 2005, la torre de una refinería de BP explotó y el fuego se esparció. El accidente ocasionó la muerte de 15 personas y lesiones a otras 170. La petrolera tuvo que pagar más de mil millones de dólares en indemnizaciones. De acuerdo con las investigaciones realizadas, la compañía ignoró sus propios protocolos de operación en la torre; también se descubrió que un sistema de aviso había sido deshabilitado.
La empresa fue obligada a declararse culpable y a pagar una multa superior a 50 millones de dólares por orden de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).
Adicionalmente, los ejecutivos de BP firmaron un acuerdo con inspectores federales de seguridad para aplicar mejoras en esta materia, pero en 2009 la Administración de Seguridad Laboral y Salud le aplicó una sanción de 87 millones de dólares –la mayor de su historia– por no corregir las violaciones de seguridad reportadas en Texas City. Al respecto, esa agencia gubernamental declaró que BP tenía “un serio problema sistemático de seguridad” en toda la compañía.
Complicidad gubernamental
En 2006 BP tuvo que clausurar una parte de su campo petrolero ubicado en la Bahía de Prodhoe, en Alaska, luego de una fuga proveniente de un ducto corroído. En 2002, a la empresa se le notificó que debía revisar el tendido, pero no lo hizo; cuatro años después se descubrió que un segmento de seis millas de largo estaba totalmente corroído. Por ello, la petrolera recibió una penalización de 20 millones de dólares.
De acuerdo con el dictamen de un comité legislativo, BP pasó por alto las oportunidades para prevenir el derrame; también se indica que sus draconianas reducciones de costos afectaron la continuidad de operaciones. El accidente en Alaska ocasionó que Lord John Browne renunciara a su puesto de mandamás en BP.
En la querella de Firpo se establece que los acusados de BP no instalaron al menos dos piezas en el equipo de seguridad que hubieran detenido la fuga, incluso sin el seguro contra explosiones.
La primera de éstas es una válvula acústica a control remoto que se instala en el pozo; cuesta alrededor de 500 mil dólares. Este dispositivo es obligatorio en naciones como Brasil y Noruega, y lo utilizan de manera rutinaria petroleras como Shell y Total. Sin embargo, en Estados Unidos el lobby de la industria petrolera permite que no se apliquen estas medidas.
En segundo lugar, BP no colocó una válvula de profundidad a unos 200 pies por encima del lecho marino; ésta pudo servir como dique de último recurso en caso de explosión.
Los acusados “ignoraron estas precauciones a pesar de estar conscientes del riesgo creciente en la perforación submarina; de fallas en el mecanismo de seguridad primario, así como en el seguro contra explosiones. Las audiencias demuestran que el gobierno estadunidense sabía lo que estaba pasando. Este accidente imposibilitó tapar cualquier irregularidad”, enfatiza Restrepo.
La demanda también exhibe el cabildeo realizado por la industria petrolera ante las autoridades federales y estatales para eliminar o suavizar el alcance de las regulaciones de seguridad y el mantenimiento de las operaciones de la compañía en el Golfo. Su argumento consiste en que los estándares voluntarios bastarían para abordar las preocupaciones de seguridad y ambientales (Proceso 1748).
Incluso, BP llegó a un acuerdo extrajudicial en 2006, luego de que un grupo de accionistas actuó legalmente para requerir de la compañía mayor atención a los aspectos de seguridad.
Los acusados por Firpo enfrentan cuatro cargos por violación del deber fiduciario y el desperdicio de activos corporativos, “tienen deberes fiduciarios hacia la compañía, como confianza, lealtad, buena fe, supervisión y debido cuidado”.
La accionista estadunidense reclama una compensación no estimada por las pérdidas y daños sufridos por cambios en la estructura de gobierno de BP, entre ellos la formación de un comité independiente de ambiente y litigio. También exige que los accionistas nominen al menos a tres candidatos al Consejo de Administración y puedan poner límites a los bonos que reciben los altos ejecutivos. l
