Durante la semana en que Felipe Calderón realizó su visita a Estados Unidos, dos medios de comunicación lo pusieron en evidencia. Mientras que The New York Times publicó que en estos días el presidente jugó un papel en la rápida liberación de la exesposa del Chapo Guzmán, la National Public Radio dio a conocer una investigación periodística que no sólo confirma que el gobierno de México protege al cártel de Sinaloa, sino que, en medio de la opacidad, manipula las cifras para simular que ataca a los cárteles de una manera “proporcional a su tamaño”.
Las cifras oficiales lo confirman: La organización que codirige Joaquín El Chapo Guzmán, la más importante del narcotráfico en México, ha sido la menos perjudicada en la “guerra” contra los cárteles de la droga del gobierno de Felipe Calderón.
La insistencia en México de que la organización del Chapo ha gozado de la protección de los gobiernos del PAN se convirtió la semana pasada en certeza en Estados Unidos, cuando la radio pública de ese país dio a conocer una investigación de cuatro meses que confirmó el sesgo de Calderón en su confrontación con las bandas del narcotráfico.
Durante tres días, de martes a jueves, en coincidencia con la visita de Estado de Calderón a Washington, la National Public Radio (NPR) difundió el reportaje La guerra de México contra las drogas: ¿una lucha amañada?, en el que echa por tierra la defensa de Calderón en el sentido de que su política afecta por igual a todas las organizaciones de narcotraficantes.
No fue el único trabajo periodístico que amargó la visita del presidente mexicano. A la NPR –emisora que se sostiene fundamentalmente mediante contribuciones del auditorio y de fundaciones, y que transmite desde Washington a todo el territorio estadunidense a través de alrededor de 800 estaciones, con millones de escuchas– se sumó una publicación del influyente periódico The New York Times.
El lunes 17, un día antes de la llegada de Calderón a Estados Unidos, el diario lo señaló como el responsable de la liberación de la exesposa del Chapo, Griselda López Pérez, detenida durante unas horas el miércoles 12.
Apoyado en fuentes oficiales no identificadas, el diario publicó que Calderón “jugó un papel la semana pasada en la rápida liberación de la esposa de uno de los más importantes narcotraficantes en México, debido a la preocupación de que la detención podría provocar una serie de represalias”.
En su edición número 1750, del domingo 16, Proceso describió el operativo de las fuerzas federales para detener a Griselda López Pérez en Culiacán y presentarla esposada y encapuchada ante la Unidad de Lavado de Dinero de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Testigos de los hechos dijeron a este semanario que la liberación de Griselda se produjo después de una llamada telefónica desde Los Pinos. Y la PGR informó de su detención al día siguiente de realizada, cuando la exesposa del Chapo, liberada, ya estaba de regreso en Sinaloa.
La PGR nunca precisó que se trataba de una investigación por lavado de dinero. Los testigos añadieron que el propósito de la operación era mantener bajo arraigo a la exmujer de Guzmán Loera como presunta responsable del uso de recursos de procedencia ilícita.
Como sea, las reiteradas críticas en México a Calderón ante la alegada protección al cártel de Sinaloa llevaron a la radiodifusora estadunidense a emprender su investigación. “En México mucho se habla de que el gobierno de Calderón protege al Chapo. Conscientes de que la prensa de Estados Unidos no había averiguado ese tema, en NPR decidimos hacer la investigación”, cuenta en entrevista John Burnett, corresponsal de ese medio en Austin, Texas.
“En Estados Unidos es muy raro que se hable de esa protección. La imagen que prevalece es la de que el presidente de México está dando una lucha fuerte contra todos los grupos del narcotráfico, pero nuestra investigación dio resultados diferentes”, añade.
Clara tendencia
Junto con la productora Marisa Peñaloza, Burnett se trasladó a Ciudad Juárez, a la que define como “la zona cero” de la guerra antinarco de Calderón. También estuvieron en el Distrito Federal y ampliaron la cobertura a El Paso, Texas, y a Washington.
Los periodistas no se quedaron sólo con los testimonios judiciales, policiacos, de legisladores, víctimas de la violencia en Juárez y expertos en México y Estados Unidos que hablaron sobre la protección del gobierno mexicano al Chapo y a su organización.
Para comprobar ese señalamiento, decidieron revisar los boletines de prensa difundidos por la PGR entre el 1 de diciembre de 2006 y el 28 de abril de este año con el propósito de identificar, a partir de la información oficial, la manera en que ha actuado Calderón contra los cárteles.
En total, revisaron 4 mil comunicados, en los que se mencionan 2 mil 604 nombres de personas identificadas por la PGR como miembros de alguna organización de narcotraficantes. La información se refiere a detenidos y procesados por delitos relacionados con la droga, la portación de arma prohibida y la delincuencia organizada.
La cifra abarca detenciones, autos de formal prisión, órdenes de aprehensión, arraigos y sentencias de que ha informado la PGR.
Los resultados no dejan lugar a dudas. El cártel de Sinaloa, señalado por el Departamento de Justicia estadunidense como una de las organizaciones delictivas más grandes del mundo, ha sido poco tocado por el gobierno de Calderón. De 2 mil 604 detenidos y procesados por la PGR, sólo 303, es decir, 11.64%, pertenecen al grupo del Chapo.
“No decimos que ese es el total de detenidos en toda la República Mexicana. Pero nuestros datos sí muestran una tendencia muy clara de la manera en que se está dando la guerra contra los cárteles de la droga en México”, dice Burnett.
De acuerdo con los datos procesados por la NPR, las organizaciones más combatidas han sido el cártel del Golfo y Los Zetas. Asociados hasta 2008, ambos grupos tuvieron en el periodo analizado el mayor número de detenidos: mil 140, 43.78% del total.
Sigue La Familia michoacana, con 405, 15.55%. Después, el cártel de los Beltrán Leyva –dividido desde la ejecución de su líder Arturo Beltrán Leyva a manos de la Marina, en diciembre pasado– tiene en los registros de la PGR 329 detenidos.
Debajo del cártel sinaloense sólo están el de Tijuana, con 294 detenidos (11.29%); el de Juárez, con 122 (4.69%), y el del Milenio o de los Valencia, con 11 (0.42%).
Esas cifras, obtenidas a partir de la información gubernamental, en nada se parecen a los datos proporcionados por el propio Calderón el 24 de febrero de este año para responder a las críticas que le hizo el diputado federal del PAN por Sinaloa, Manuel Clouthier, quien lo acusó de negligente para atacar al narcotráfico en ese estado (Proceso 1737) y que fue entrevistado por los periodistas estadunidenses.
Calderón expresó que las acusaciones de que su gobierno favorece al cártel de Sinaloa “son totalmente infundadas y falsas”. Subrayó: “Mi gobierno ni protege ni escuda ni tolera a ningún grupo de narcotraficantes, se llamen como se llamen”. Fue cuando dio sus cifras y colocó al cártel del Chapo como uno de los más golpeados por su gobierno, con detenciones como las de Jesús Zambada García, hermano del Mayo Zambada; de Vicente Zambada Niebla, hijo del socio del Chapo, y de Alfredo Beltrán Leyva, cuando formaba parte del cártel de Sinaloa.
Aseguró que de las 72 mil personas detenidas por delitos contra la salud durante su administración, 27% corresponde al cártel del Golfo y Los Zetas, 24% al cártel del Pacífico (Sinaloa), 17% al de los hermanos Carrillo Fuentes (Juárez), 14% al de los hermanos Beltrán Leyva, 13% al de los Arellano Félix y 5% a La Familia michoacana y a los Valencia-Milenio.
Ese mismo lunes 17, Gobernación emitió un comunicado con las mismas cifras para afirmar que, en la administración de Calderón, “todas las organizaciones delictivas han sido atacadas en sus estructuras de manera proporcional a su tamaño”.
En su revisión, los periodistas de la NPR encontraron que de los 72 mil detenidos referidos por Calderón, sólo 3.6% –los 2 mil 604– han sido relacionados por la PGR con algún cártel en calidad de miembros.
La corrupción
De acuerdo con la información oficial procesada por la radio estadunidense, ha sido el cártel de Sinaloa el que ha mostrado mayor capacidad para corromper a funcionarios federales.
Entre diciembre de 2006 y abril de 2010, 403 funcionarios públicos federales, policías ministeriales estatales y policías municipales fueron detenidos por su colaboración con los cárteles del narcotráfico.
La mayoría han sido policías municipales. Pero, de un total de 19, se contaron 14 funcionarios federales y militares que fueron corrompidos por el cártel de Sinaloa.
“El patrón es claro: todos los cárteles infiltran agencias estatales y locales, pero en el caso de los sinaloenses y los Beltrán Leyva, antiguos aliados, es más probable que paguen a militares y a funcionarios federales de alto nivel”, señala el reporte de la NPR que escucharon millones de estadunidenses.
Entre esos casos destaca el de los funcionarios de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública detenidos en la Operación Limpieza a finales de 2008, que fueron comprados por el cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva, cuando operaban juntos.
En contraste, de 10 casos de corrupción por parte del cártel de Juárez, nueve de ellos fueron funcionarios municipales.
John Burnett amplía los datos. Dice que en total registraron 54 casos de corrupción de funcionarios federales y militares. De ellos, 34 fueron por colaborar con los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa cuando actuaban juntos, y 20 correspondieron a los entonces socios cártel del Golfo y Los Zetas.
Los contrastes a favor del Chapo son más significativos cuando se trata de Chihuahua. Desde marzo de 2008, cuando Calderón ordenó el despliegue de 8 mil soldados como parte del Operativo Conjunto Chihuahua (Occh), la información de la PGR analizada menciona sólo 16 detenciones de miembros del cártel de Sinaloa. En el caso del cártel de Juárez, 88. Incluso, en diferentes boletines cuatro personas se mencionan como pertenecientes a ambos grupos.
Los testimonios recogidos por los periodistas estadunidenses señalan la “colusión entre el Ejército Mexicano y la mafia de Sinaloa en Juárez”. Lo corroboraron con un testimonio jurado de dos jefes del cártel sinaloense ante una corte federal de Estados Unidos en El Paso, Texas, en marzo pasado.
Uno de ellos fue el expolicía de Juárez Manuel Fierro Méndez, quien declaró que entregaba información de inteligencia sobre La Línea –una red del cártel de Juárez– a un capitán del Ejército para favorecer a los sinaloenses. En el mismo juicio, el agente de la DEA Matthew Sandberg señaló que el contacto de Fierro Méndez y el Ejército era un capitán identificado como La Pantera.
El asesinato de 15 jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar, el 30 de enero pasado, obligó al repliegue del Ejército ante la inconformidad social por su inoperancia para controlar la violencia. Los militares fueron sustituidos por 5 mil elementos de la Policía Federal en la llamada estrategia “Todos Somos Juárez”, que reemplazó al Occh.
Pero a un mes de haberse establecido en Ciudad Juárez, un comando de La Línea emboscó y asesinó a seis policías federales. Al adjudicarse la acción, ese grupo señaló que se trataba de una represalia por la protección que se brinda al Chapo Guzmán, quien comanda el cártel de Sinaloa junto con Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Nacho Coronel y Juan José Esparragoza, El Azul.
La opacidad
Ante la disparidad de las cifras, los periodistas intentaron entrevistarse con autoridades mexicanas para contrastar la información.
Entre el 8 de marzo y el 6 de mayo buscaron a diferentes autoridades de México y de Estados Unidos. Ninguna respondió.
Trataron inútilmente de entrevistar al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez; al jefe de la Policía Federal Ministerial, Wilfrido Robledo Madrid; al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón; al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, y al secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna.
En Ciudad Juárez, buscaron al general Felipe de Jesús Espitia Hernández, comandante de la V Zona Militar, con sede en la capital de Chihuahua; y en Washington, al embajador Arturo Sarukhán.
Los periodistas estadunidenses entregaron los resultados de su investigación a la PGR. La única respuesta que tuvieron fue que sus datos estaban incompletos. Viviana Macías, subdirectora de prensa internacional de Comunicación Social de la PGR, les dijo, en un correo fechado el 6 de mayo, que tendrían que “revisar también los boletines de prensa de la SSP, Sedena, Marina y los boletines estatales, para tener un panorama más completo. Asimismo, las procuradurías de los estados también tienen información”.
En su respuesta, Macías negó tener referencia sobre las cifras dadas a conocer por Calderón, y soslayó que los detenidos por las dependencias que mencionó son entregados a la PGR, a la que la Constitución le asigna la función de procurar y administrar la justicia en los casos de delitos federales.
La investigación de la NPR no sólo llamó la atención de los radioescuchas, sino que provocó el interés de los oficiales de la administración de Obama encargados de las políticas públicas hacia América Latina.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDHS), Juan José Ríos Estavillo, informó a Proceso que el viernes 14 personal del organismo tramitó “una serie de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos” cometidas en el operativo policiaco-militar en el que se detuvo a Griselda López Pérez, exesposa del Chapo.
El ombudsman sinaloense explicó que por los testimonios de López Pérez y de su hija Grisell, quien es menor de edad, se trata de “una posible afectación a nivel emocional llevada a cabo por autoridades presuntamente federales”, hechos que, desde su punto de vista, ameritan una investigación, porque hay elementos para solicitar informes” de las autoridades involucradas, la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena), la Secretaría de Martina (Semar) y la SIEDO.
La denuncia de hechos, aclaró Ríos Estavillo, fue remitida el sábado 15 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que envió a personal de la Segunda Visitaduría a Culiacán el lunes 17, para recabar la ratificación de la denuncia formulada por López Pérez ante la CEDHS. l
