Si las autoridades del municipio de San Gabriel no detienen a los inversionistas michoacanos que adquirieron una extensión de 350 hectáreas de bosques para cultivar aguacate, el ecosistema sufrirá daños irreversibles, comentan los ejidatarios, al tiempo que presionan a su alcalde, el perredista José Isabel Ramos Beatriz, para que detenga esas acciones. Por lo pronto, las autoridades citaron a los inversionistas para pedirles que exhibieran los documentos que los amparan, pero éstos sólo se limitaron a explicar las “ventajas” de su proyecto.
SAN GABRIEL.– Desde que llegaron a este municipio a finales de 2009, los aguacateros de Michoacán arrasaron con 350 hectáreas de bosques de pino y encino para implantar un modelo de desarrollo sin precedentes en la región Sierra de Amula; además se ufanan de sus influencias políticas y de su poderío económico.
Los propios empresarios reconocen que sólo pagaron 5 millones de pesos para la autorización de cambio de uso de suelo, aunque se niegan a exhibir los documentos correspondientes. Ante ello, cientos de pobladores y ejidatarios preparan protestas frente a la alcaldía para pedir que se detenga la tala de cientos de árboles.
Los lugareños también advierten que si las autoridades no actúan, existe el peligro de que se afecten los tres mantos acuíferos de La Pitayita en los predios de El Colimote, La Tabaquera y Carricitos, que abastecen a más de la mitad de los 13 mil habitantes de San Gabriel.
De hecho, dicen, a mediados de febrero las autoridades locales presentaron una denuncia por daños al medio ambiente ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otra más en marzo ante la Procuraduría General de la República (PGR), que ratificaron al mes siguiente.
La deforestación aquí es similar a la ocurrida en los municipios de Gómez Farías, Mazamitla, Atoyac, Concepción de Buenos Aires y Tamazula, donde los productores arrasaron mil 200 hectáreas de bosque de pino con la bendición del senador y extitular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez (Proceso Jalisco 173).
Hoy, en Apango, la empresa Servicios Forestales prepara las tierras para el cultivo del “oro verde”, que mantiene un precio muy elevado en el mercado internacional, particularmente en su variedad Hass.
Las leyes deben cumplirse
Entrevistado por este semanario, el presidente municipal José Isabel Ramos Beatriz, de extracción perredista, comenta que su administración no otorgó las autorizaciones a los aguacateros michoacanos y rechaza tener relación con taladores.
Ramos insiste en que su cabildo no aprobó ninguna modificación en el uso de suelo ni ha sido notificado oficialmente de la transformación o el destino de las 350 hectáreas donde trabajan los aguacateros desde finales de 2009.
Incluso menciona que el miércoles 5 el ayuntamiento emplazó a los propietarios del predio El Meco para que mostraran los permisos estatales o federales en los cuales se les autoriza “la transformación de una zona boscosa”. “El ayuntamiento nunca ha concedido ninguna autorización en ese sentido y tampoco ha sido notificado de un hecho de esa naturaleza”, sostiene el alcalde.
Su gobierno, insiste, no pretende detener el desarrollo de empresas que cumplan con las leyes. “Si ellos dicen que después de la tala van a reforestar en una zona donde hoy no existe bosque para evitar la degradación de las tierras, nosotros sólo pedimos que exhiban los documentos que amparan sus acciones”.
La reunión del miércoles 5 fue encabezada por Ramos y en ella participaron el secretario del ayuntamiento, Víctor García, y la síndico Miriam Rodríguez; por parte de los empresarios acudieron Gregorio Manríquez Ortega y dos personas más en representación de Noé Cerda, el principal inversionista. Manríquez no presentó ningún documento, pero afirmó que todo lo que hacían estaba en orden.
Relató que él y sus compañeros llevan más de un año trabajando para obtener los permisos del desmonte y la preparación de suelos para la producción de aguacate. Respecto de la tala de árboles, Manríquez expuso que los dueños de la empresa Asesores Forestales se comprometieron a “reforestar la zona de protección o amortiguamiento”.
El inversionista rechazó que hubiera peligro de que los mantos freáticos se contaminaran por el uso de pesticidas. Incluso se mostró optimista y adelantó que en cuatro o cinco años se empezarán a ver “los grandes beneficios” del cultivo del aguacate en la región.
Él y los demás empresarios presentaron un plano de franjas de vegetación natural a conservar, según la Norma Oficial Mexicana 062, emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 1994, en la que se confirma la existencia de un polígono de 350 hectáreas divididas en 14 parcelas.
En el croquis se describen las tierras susceptibles para cambio de uso de suelo y se demuestra que sólo dos de esas parcelas (las más pequeñas) tienen la vocación de tierras agrícolas. Los aguacateros recalcaron que estaban dispuestos a conformar una franja de recuperación natural en los linderos de la superficie, aunque se trata de un área bastante delgada con relación a la zona que pretenden deforestar.
Otra parte del proyecto aguacatero es la perforación de pozos profundos para garantizar el suministro de agua para el nuevo cultivo, pero en este punto los campesinos, autoridades municipales y hasta regidores de la oposición ya manifestaron su inconformidad.
El exalcalde panista Jorge Sedano coincide con el actual presidente municipal en que si se llevan a cabo esas acciones, el ecosistema sufrirá daños irreversibles; es posible que incluso se sequen los manantiales, afirma Sedano.
Cuando los inversionistas pidieron tiempo al alcalde Ramos y a sus colaboradores para entregar los permisos, la síndico Miriam Rodríguez insistió: “Les pido que en cuanto puedan nos envíen por fax o algún otro medio esa documentación”.
Denuncias y testimonios
En febrero, Miriam Rodríguez presentó una denuncia ante la Profepa por la tala de árboles porque, arguyó, “era un acto ilícito y un claro atentado al medio ambiente”. Además, habló de presuntos “hechos delictuosos cometidos en agravio de la sociedad, el medio ambiente y la ecología”.
Rodríguez pidió proceder contra quienes resulten responsables por la tala de árboles y sancionarlos con fundamento en los artículos 4, 5, 35, 38, 65, 66, 132, 133, 134, 172 y demás relativos y aplicables a la Ley de Protección al Ambiente del estado.
En su querella, el ayuntamiento señala que de acabarse los veneros de La Pitayita, resultarían afectados los poblados de El Tepozal, El Jazmín, El Carpintero, El Tepamal, Los Jahuiques y Los Gallos, por lo que se exige a los empresarios michoacanos que se retiren de los manantiales ante la posibilidad de que se sequen o del riesgo que sean contaminados con pesticidas.
“Nosotros les pedíamos un kilómetro de distancia de donde están los nacimientos… Ellos hablaban de 500 metros, pero yo les hablaba de cuando menos 700 metros. Lo hacía para no afectar los nacimientos de agua, comenta el alcalde, en referencia al documento presentado ante la Profepa; incluso dice que solicitó un estudio previo para determinar el riesgo de afectación al venero cuando supo que los inversionistas pretendían perforar varios pozos profundos.
Consultados sobre este punto, los ejidatarios aseguran que los aguacateros pretenden instrumentar una iniciativa similar a la que promovió Alberto Cárdenas Jiménez para el Distrito 7 de Ciudad Guzmán y Gómez Farías.
En su edición del el 2 de marzo de 2008, este semanario publicó un reportaje sobre la deforestación de mil 200 hectáreas en los municipios de Atoyac, Gómez Farías, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla y Tamazula. Ahí hubo una tala incontrolada de pinos debido a la llegada del “oro verde” (aguacate), un cultivo que deja ganancias anuales de hasta 260 mil pesos.
En marzo pasado, la síndico Rodríguez acudió ante el Ministerio Público federal a denunciar esos mismos hechos, según el registro de la averiguación incluida en el expediente AG1/MII/2565/2010. “Nosotros (los del ayuntamiento) acudimos a la PGR en la ciudad de Guadalajara a presentar esa querella”.
El secretario del ayuntamiento, Víctor García, comenta al reportero que el 22 de abril personal de la PGR acudió a la zona de Apango para indagar sobre los señalamientos contra los aguacateros. “Ellos vinieron a mediados de abril –dice –. Nosotros fuimos con personal del propio ayuntamiento y elementos de Seguridad Pública, y entonces un representante de los empresarios sacó sus (papeles) y detuvo todo.
“Sin embargo, nos llamó la atención el hecho de que la funcionaria que encabezaba la diligencia recibió una llamada telefónica y luego paró todo. Yo no sé con quien habló… pero esa vez no hubo detenidos, ni sanción, ni nada.”
Un empleado del ayuntamiento que acudió a esa diligencia confirma esa versión: “La actuaria de la PGR pidió reunir a todos los que estaban trabajando en el predio y, ante las irregularidades detectadas a simple vista, pidió a los aguacateros reunir a toda la gente. Pero entró la llamada y todo se acabó. Los de la PGR se fueron, ni siquiera dejaron una notificación al ayuntamiento”.
Los trabajos de la primera fase del proyecto aguacatero –la tala de pinos y encinos– están a punto de concluir, dice un grupo de campesinos consultados por el reportero, al tiempo que denuncian a la firma Asesores Forestales porque, dicen, contrató maquinaria pesada y a decenas de trabajadores para el desplazamiento de tierra y madera, que sacan de la localidad y la venden en otros lugares.
“Todo lo hacen de manera acelerada, para evitar las protestas por el derribo de árboles. Después vendrá la preparación de la tierra para la siembra de aguacate”, comenta uno de los lugareños.
Entrevistado al respecto, el alcalde Isabel Ramos insiste: “Tenemos que aclarar todo. Nosotros exigimos que nos entreguen copia del permiso que supuestamente concedió el ayuntamiento o que nos indiquen por escrito quién se los dio”.
Dice que su administración no puede fallarle a los ciudadanos: “A lo mejor ellos (los inversionistas michoacanos) vienen de paso, pero yo soy de aquí; aquí vivo y aquí está mi familia. Así que, ¡imagínese si se acaba el agua o se contamina ese vital líquido! Yo ya no voy a poder caminar por la calle con mi conciencia tranquila.
“Yo no entiendo por qué nos brincaron. Ellos aclaran que en la Semarnat les dijeron que nos iban a hacer llegar todos los papeles, pero aquí no existe ninguna notificación de ninguna dependencia. Lo que les dije a los promotores es que todo debe estar en regla, porque (de lo contrario) la bronca se viene contra mi gobierno.”
Mientras tanto, diversas comunidades de San Gabriel comenzaron a juntar firmas para exigir a las autoridades que detengan ese proyecto, antes de que se cometa un ecocidio. l
