Un juicio laboral exhibe la raigambre autoritaria que prevalece en organizaciones dependientes de la Legión de Cristo, como Grupo Integer que, contrario a su manifestación de principios, no respeta los derechos laborales ni humanos de sus empleados. Además, el caso pone al descubierto que esas agrupaciones, supuestamente altruistas, son instrumentos para ocultar la riqueza –más de 25 millones de euros– de la congregación.
MADRID.- A primera hora de la mañana del 25 de junio último, un hombre de 45 años, ojos azules y vestido con impecable traje negro y alzacuellos, cruza la puerta de la sede de los juzgados de lo social en la calle Hernani, en esta ciudad, seguido por un séquito de 15 colaboradores y abogados.
Es el padre Jesús María Delgado Vizcaíno, director territorial de los legionarios de Cristo en España y Francia, quien acude a los tribunales para responder a una demanda civil contra la congregación por el despido injustificado de Marta Fabuel. Durante tres años esta mujer se desempeñó como directora del área de servicios de la Fundación Integer.
Aunque se trata de un juicio laboral, este caso abre una fisura en el entramado de Grupo Integer, entidad creada por los legionarios de Cristo y el movimiento Regnum Christi. De acuerdo con el vaticanista Sandro Magíster (L’Expresso, 29 de marzo), Integer es “el holding que opera como caja fuerte y como centro directivo de las obras de la legión en el mundo”, con un patrimonio global “estimado en 25 mil millones de euros” (Proceso 1751).
En la misma edición de este semanario, el periodista español José Martínez de Velasco, autor de Los legionarios de Cristo. El nuevo ejército del Papa, comentó en entrevista que el delegado pontificio designado por el Papa para investigar las instituciones y centros de los legionarios deberá enfocarse en Integer, pues todo indica que ese grupo realiza “operaciones para ocultar el dinero de la congregación”.
Fundador y presidente de la Asociación de Periodistas de Información Religiosa (APIR) en España, Martínez de Velasco afirmó que los visitadores vaticanos que intervinieron a la congregación “recibieron información sobre los movimientos de esos recursos, y hay sospechas de que existe una operación de ingeniería financiera detrás de la cual se encuentran el padre Luis Garza Medina y el Grupo Integer”.
La historia
En su demanda, Fabuel establece que a finales de 2007 todos los jefes de departamento del Grupo Integer en España se reunieron con los superiores de la congregación, entre ellos el padre Delgado Vizcaíno, para quejarse de malos tratos del director operativo regional, Íñigo Sáenz de Miera, y de la jefa de Gestión y Calidad, Sonia González.
Ambos fueron separados de sus puestos y el 29 de enero de 2008 los superiores nombraron al rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada Castaño, vicepresidente de Grupo Integer en España. Sada es esposo de Sonia González y amigo íntimo de Íñigo Sáenz de Miera, los dos desplazados.
Un exlegionario que pidió el anonimato asegura que, luego de su destitución, Iñigo Sáenz de Miera fue nombrado por Sada director general de la universidad; a su esposa, Sonia González, pudo colocarla en un puesto directivo de la misma institución.
En su libro La prodigiosa aventura de los legionarios de Cristo (Editorial Foca), el periodista Alfonso Torres Robles consigna que Sada y Sáenz de Miera están vinculados a los legionarios desde 1987. En ese año Sada fundó y presidió la Fundación IUVE dentro de la Universidad Complutense de Madrid, cuando cursaba ciencias económicas y empresariales en esa casa de estudios.
En 1995 Sada estrechó sus vínculos con el Partido Popular (PP). Fue designado director general del Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid, cargo que ocupó hasta enero de 1998.
En esa misma fecha, durante el gobierno de José María Aznar, llegó al gabinete de la presidencia en el Palacio de la Moncloa como vocal asesor para asuntos sociales. Desde ese cargo trabó relación con Ana y Macarena Botella, esposa y cuñada, respectivamente, del entonces presidente. Esta última ocupa una dirección en la Universidad Francisco de Vitoria.
Sada también fue cercano a dos ministros relacionados con la congregación: el de Justicia, José María Michavila, y el del Interior, Ángel Aceves. La esposa de éste, Ana Pérez de Aceves, es directora de la carrera de enfermería en la universidad legionaria.
Asimismo, fue presidente de la Fundación Carolina, que otorgó becas para estudiantes iberoamericanos desde su fundación en 2000 y hasta agosto de 2003. Ese año fue nombrado rector de la universidad de los legionarios.
La designación de Isabel Hidalgo como directora del Departamento de Desarrollo de la Universidad Francisco de Vitoria se debió a una recomendación directa del fundador de los Legionarios, Marcial Maciel, explica el exlegionario entrevistado.
Con la llegada de Sada e Hidalgo a sus nuevas responsabilidades comenzó “un acoso laboral” contra los jefes de departamento que se habían quejado de malos tratos en el trabajo. Como consecuencia de esa hostilidad, abandonaron sus cargos Álvaro Segura, director financiero de Integer; Antonio Cejas, director de Recursos Humanos, y Ricardo Amo, responsable de Informática.
En su querella, Fabuel señala que fue víctima de un “claro acoso, constante y progresivo contra mi persona, provocando que mi actividad laboral quedara desprovista de contenido, sometiéndome a continuas vejaciones y humillaciones que se prolongaron durante dos años”.
Detalla que durante ese periodo tuvo licencia médica en dos ocasiones como consecuencia del “deterioro de mi salud por estrés, depresión y ansiedad”.
Añade que durante una visita del director internacional del Departamento de Servicios de Integer, Salvador Ortiz de Montellano, para planificar la operación del curso 2008-2009, Sada la descalificó en público. Dijo que ella “no era nadie para planificar nada”, pese a que en ese momento era directora del Departamento de Servicios, y que “no era persona de su confianza”.
De nada valió, consigna Fabuel en su demanda, que Ortiz de Montellano expresara opiniones favorables acerca de su trabajo, pues Sada ordenó que se desmantelara su departamento. Para colmo, la puso bajo las órdenes de Isabel Hidalgo, quien se encargó de que la presión laboral hacia su persona “se viera acrecentada”.
Y agrega: “Descalificaba continuamente mi trabajo desarrollado con anterioridad y me sometía a continuas auditorías con la única finalidad de encontrar alguna excusa para desprestigiarme”.
Fabuel se encontraba con licencia médica al enterarse de que Sada e Hidalgo decidieron modificar el organigrama. Dice que todas sus pertenencias que se encontraban en su oficina fueron llevadas a un área común donde hay más de 15 personas. Pasó de ser directora a simple empleada.
Cuando pidió explicaciones, Hidalgo le respondió: “Da gracias de que te he encontrado un sitio. Daniel Sada te quiere fuera de aquí. Intenta brillar en algo, pues no vales lo que cobras… Me cuesta comunicarme con seres inferiores, tropiezas varias veces, como los animales, con la misma piedra”.
Desde el día en que se reincorporó al trabajo, asienta la demanda, Isabel Hidalgo le reprochó que “no tenía buena imagen”. En otra ocasión, cuando intentó pararse de su silla, le gritó que “era la última vez que se levantaba sin pedirle permiso”.
En varias ocasiones, asegura Fabuel, Sada e Hidalgo la mandaron llamar a sus oficinas para advertirle que “no hablara con nadie porque se enteraban de todo y sería peor” para ella.
El juicio
La demanda laboral contra Integer, cuya copia tiene Proceso, incluye acusaciones por “acoso laboral tendencioso”, así como “vejaciones y humillaciones graves”.
Por razones jurídicas la querella se entabló en contra de la Legión de Cristo debido a que Integer no está dado de alta en los registros de asociaciones religiosas en España, explica una fuente judicial conocedora del caso.
En términos formales, Sada depende de René Lankenau Coindreau, presidente mundial de dicho grupo, quien opera desde México; sin embargo, el exlegionario consultado señala que “la mano que mece la cuna” de Integer en todo el mundo es la del padre Luis Garza Medina, vicario general de la congregación.
“El padre Garza –dice al reportero– opera con Lankenau. Con Daniel Sada lo hace por medio del capellán de la Universidad Francisco de Vitoria, el padre Florencio Sánchez Soler”. Además, el vicario encabeza el Consejo Consultivo de la Fundación Altius, otra de las entidades de la congregación (Proceso 1751).
El padre Garza Medina, de 53 años, originario de Monterrey, Nuevo León, es miembro de la familia Garza Sada, fundadora del Grupo industrial Alfa que dirige su hermano Dionisio.
Durante años formó parte del círculo cerrado del fundador de la Legión, Marcial Maciel, al grado de que se le consideraba el sucesor natural, sostiene el periodista Alfonso Torres Robles en su libro La prodigiosa aventura de los legionarios de Cristo.
Como director territorial de la congregación en España y Francia, el padre Delgado Vizcaíno –cercano a Álvaro Corcuera, director general de los legionarios– estuvo al tanto de cada una de las vejaciones que los acusados infligieron a Fabuel, pero nunca hizo nada para remediar la situación, según se desprende de la demanda.
Este sacerdote también aparece como vocal en otra de las entidades que pertenecen a los legionarios: la Fundación Probeca, asegura Martínez de Velasco en su libro sobre la congregación.
El regateo
La demanda laboral contra Integer fue presentada el 16 de noviembre de 2009 y la reunión del 25 de junio pasado era el cuarto intento por celebrar la audiencia. Los abogados de los legionarios –comenta la fuente judicial consultada– recurrieron a tácticas dilatorias para impedir la realización del juicio y forzar a la demandante para que llegara a un acuerdo económico y no se difundiera el contenido de la querella.
La representación legal de los legionarios corrió a cargo de abogados del despacho Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Rosa, cuyo fundador, Ramón Hermosilla, es miembro del Consejo Social de la Universidad Francisco de Vitoria. En el marco de la audiencia, los juristas reconocieron que en la demanda promovida por Fabuel había “acusaciones muy graves”.
Este corresponsal estuvo presente en la sala de audiencias y comprobó que las partes llegaron a un arreglo. “Hubo acuerdo, pero no hubo justicia”, dijo una persona del entorno de Fabuel.
En un cartel pegado en la puerta del juzgado del juez Joaquín Castro Colás podía leerse: “Marta Fabuel contra los legionarios de Cristo”.
“¿Reiteramos la oferta planteada o es posible un nuevo acuerdo?”, dijo el juez a las partes. En un lado de la sala estaban Marta Fabuel y sus abogados Juan José Simón y Eduardo Herrero. En el otro, con la representación de los legionarios, los abogados Javier Aurelio Rodríguez Pérez y Luis Sánchez Quiñónez.
El abogado Rodríguez Pérez dijo: “Habíamos hablado de una oferta de 45 días (como indemnización por el despido) más 30 mil euros por daños y perjuicios. En total eran 48 mil euros de oferta total”.
La defensa cifró su exigencia por el despido injustificado y los daños sufridos por la señora Fabuel “en 70 mil euros”. Con ello se inició entre los abogados una serie de argumentaciones y contra-argumentaciones jurídicas.
“De 48 a 70 mil es una diferencia de 22 mil euros; es demasiado”, alegó el abogado de Fabuel.
Las miradas de Rodríguez Pérez se dirigían de tanto en tanto al padre Delgado y a su “correa de transmisión”, Gerardo Chineli, abogado perteneciente al equipo del director territorial, quien con señas y movimientos de cabeza instruía a los asesores del despacho Hermosilla.
La oferta subió a 50 mil euros, “que es el triple de la indemnización y es una suma más que razonable”, arguyó Rodríguez Pérez.
Como ninguna de las partes cedía, el juez preguntó si la congregación aceptaría esa oferta para finiquitar el juicio.
Chineli intercambió unas palabras con el padre Jesús María, quien asintió para que la suma subiera 5 mil euros más y la oferta cerrara en 55 mil euros. Desde su lugar en la zona del público, Chineli hizo una seña con la mano para autorizar el nuevo ofrecimiento.
Tras un receso, la legión propuso que el monto de la indemnización a Fabuel fuese de 55 mil euros, pero con una serie de condiciones: renunciar expresamente a utilizar esos señalamientos en algún proceso futuro en contra “de cualquier trabajador” de la Universidad o de Integer, retirar todas las manifestaciones incluidas en la demanda, y asentar que su salida se debió a que se modificaron las condiciones de trabajo.
Después de la propuesta, la parte acusadora y sus abogados pidieron un nuevo receso para discutir la oferta. Finalmente, el abogado Juan José Simón dijo que aceptaban la propuesta, pero pedían que hubiera una “disculpa personal del padre Jesús María a Marta Fabuel”. Sin embargo, ni el juez ni los abogados de los legionarios aceptaron esta exigencia como parte del acuerdo. “Eso es al margen”, remató el juez.
