Después de meses de negociaciones con la Iglesia católica cubana y con Madrid, el gobierno de Raúl Castro autorizó la liberación de 52 presos políticos. Tal decisión fue calculada para tener un efecto de tres bandas: en lo interno, desactiva a la disidencia y le quita razón de ser a la huelga de hambre del opositor Guillermo Fariñas; en lo externo, abre la posibilidad de acercamiento con el gobierno de Barack Obama y al mismo tiempo relanza el diálogo con la Unión Europea, que en septiembre próximo analizará su “posición común” hacia la isla.
LA HABANA.- La decisión del gobierno de Raúl Castro de liberar a 52 presos políticos reconocidos por Amnistía Internacional (AI) fue un golpe político “calculado” desde el año pasado para abrir dos nuevos canales de negociación: uno con el gobierno de Barack Obama y otro con la Unión Europea (UE).
Más aún, dicha liberación tiene también un objetivo de política interna: desactivar las movilizaciones de las llamadas Damas de Blanco y la huelga de hambre del disidente Guillermo Fariñas, en riesgo de muerte por un ayuno de más de 130 días.
Diplomáticos europeos y latinoamericanos, así como dirigentes del Partido Comunista de Cuba (PCC) y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, consultados por Proceso, coinciden: el “histórico” anuncio del gobierno de Raúl Castro es un gesto “positivo” no sólo para los países de la UE, sino que está “hecho a la medida” de los reclamos del gobierno de Estados Unidos, pues ambos condicionan un eventual diálogo con la isla al respeto de los derechos humanos y avances concretos hacia la democracia.
“Son señales claras de que Cuba quiere una relación diferente. No tengo duda de que la decisión del gobierno cubano está pensada para estimular al gobierno estadunidense”, señala un diplomático de Brasil.
“Tal decisión podría llevar a Obama a replantear su estrategia sobre Cuba”, subraya por su parte un diplomático de Venezuela.
Dirigentes de PCC comentaron al reportero que uno de los principales objetivos de la liberación de los presos es aumentar la presión internacional para que Washington modifique su política hacia la isla y acepte negociar la liberación de los cinco cubanos presos en Estados Unidos acusados de espiar para La Habana.
“Todo mundo se pregunta por qué se escogió a la Iglesia católica de Cuba para llegar a la liberación de los presos. La Iglesia católica ha sido y es una institución en la isla, es un actor importante en la política interna de nuestro país y tiene presencia en todo el territorio nacional”, comenta un funcionario de la cancillería cubana que optó por el anonimato.
“Nosotros decidimos que sólo con actores dentro del país se puede llegar a acuerdos concretos. España es un acompañante positivo en las conversaciones con la Iglesia, pero no es el actor protagónico”, aclara.
Los 52 presos cuya liberación fue anunciada el miércoles 7 en un comunicado emitido por el Arzobispado de La Habana son los que quedan en prisión del grupo de 75 disidentes arrestados en la primavera de 2003, hecho que ocasionó el enfriamiento de las relaciones entre el gobierno de la isla y la UE. Veintitrés de esos presos fueron puestos en libertad de manera gradual durante los últimos siete años. La mayoría obtuvo una “licencia extrapenal” que les permitió regresar a su casa por motivos de salud, sin que ello implique una condonación de sus penas.
De los 52 que quedaron en prisión, cinco fueron liberados la semana pasada. Ellos son Antonio Villarreal Acosta, Lester González Pentón, Luis Milán Fernández, José Luis García Paneque y Pablo Pacheco Ávila. Los 47 restantes serán excarcelados en un periodo de tres a cuatro meses, según anunció el comunicado del Arzobispado de La Habana, el cual añadió que todos viajarán a España con sus familiares, a propuesta del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La información de la liberación de los presos se conoció pocas horas después de una reunión de seis horas que sostuvieron el miércoles 7 de julio el presidente Raúl Castro, el cardenal de La Habana, Jaime Ortega Alamillo, y el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos.
El comunicado del Arzobispado resaltó que en la reunión se conversó sobre el proceso de diálogo, iniciado el pasado 19 de mayo, entre el presidente Raúl Castro, el cardenal Ortega y el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Dionisio García Ibáñez.
El acuerdo
En octubre de 2009, los gobiernos de Cuba y España acordaron iniciar negociaciones con el propósito de liberar a todos los presos políticos detenidos en 2003. El primero se comprometió a excarcelar a los disidentes que eran reclamados por los países europeos y por Estados Unidos, mientras que el segundo trabajaría para que los 27 países de la UE tomaran la decisión de poner fin a la llamada “posición común”, que desde 1996 supedita el diálogo de ese bloque con La Habana a los avances en materia de democracia y derechos humanos.
Tal era el acuerdo.
Dos fuentes confiables cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores cuentan que dicho acuerdo se cocinó durante una reunión que sostuvieron, en octubre de 2009, en La Habana, el canciller español Moratinos y el presidente Raúl Castro. Comentan que entre enero y marzo pasados funcionarios de ambas cancillerías aterrizaron propuestas concretas. “Ya para entonces España tenía la presidencia temporal de la UE y Moratinos había iniciado negociaciones con varios países europeos con el propósito de lograr el consenso que permitiera terminar con la ‘posición común’ de la UE con Cuba”, recuerda una de las fuentes; “todo marchaba sobre ruedas”.
Incluso, los funcionarios señalan que la liberación de los presos estaba programada para mayo pasado, un mes antes de que España dejara la presidencia de la UE.
Sin embargo, el pasado 23 de febrero el disidente Orlando Zapata murió después de 86 días una huelga de hambre en demanda de mejores condiciones carcelarias para él y otros presos. Un día después, el opositor Guillermo Fariñas inició un ayuno en demanda de la liberación de 25 reos de conciencia que sufrían problemas de salud.
Washington y la UE condenaron al gobierno de Raúl Castro por la muerte de Zapata y expresaron su preocupación por la suerte de Fariñas.
Los dos funcionarios coinciden en que ello dio al traste con el acuerdo que habían logrado los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Raúl Castro, pues todos los esfuerzos españoles por eliminar la llamada posición común de la UE se derrumbaron.
Fue entonces cuando la Iglesia católica cubana entró al quite. El cardenal Ortega sirvió de puente para canalizar y cabildear ante las autoridades de la isla las demandas de los presos de conciencia y sus familias. Su papel fue particularmente clave con las llamadas Damas de Blanco, organización que agrupa a madres, esposas y hermanas de los reos de conciencia que durante varias semanas realizaron manifestaciones públicas en La Habana.
Ortega logró que una docena de estos prisioneros fueran trasladados a cárceles cercanas a sus domicilios y abogó por quienes padecían graves problemas de salud. A sus gestiones se debe, por ejemplo, la liberación del disidente Ariel Sigler en junio pasado.
Al mismo tiempo, el canciller Moratinos arrancó un acuerdo en el seno de la UE: aplazar para septiembre próximo la revisión de la posición común hacia Cuba para dar margen a las gestiones de la Iglesia. Además, obtuvo del Consejo de Ministros de Exteriores de la UE el encargo de mantener las negociaciones sobre la liberación de los presos.
El miércoles 7, las negociaciones dieron resultado y Moratinos –quien ese día concluyó su “exitosa” visita a Cuba– telefoneó a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, quien lo felicitó por el resultado de sus gestiones. Y anunció que posteriormente se comunicaría con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, para informarle de su visita a la isla.
Antes de tomar el avión de regreso a Madrid, Moratinos declaró a reporteros que ahora “ya no hay ninguna razón para mantener la posición común por parte de la Unión Europea” y consideró que “este paso tiene que ayudar lógicamente a las relaciones (de Cuba) con Estados Unidos, porque ya no hay ningún pretexto, pues decían (los estadunidenses) que hacían falta algunas decisiones del gobierno cubano que ya se han producido”.
Y sobre la huelga de hambre que mantenía el disidente Fariñas, expresó que ésta simplemente “ya no tiene sentido”.
En efecto, el jueves 8, Fariñas anunció que suspendería el ayuno que mantuvo durante más de cuatro meses.
El siguiente paso
El lunes 5, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) –organización disidente, pero tolerada por las autoridades cubanas– emitió su informe sobre la situación de los presos en Cuba.
Sostiene que el número de presos políticos cubanos se redujo de 201 a 167 en los primeros seis meses de este año. Se trata, apunta el documento, del menor número de reos de conciencia desde el triunfo de la revolución cubana en 1959.
Sin embargo, destaca que se produjo un cambio en la forma en que las autoridades amedrentan a los opositores. Lo hacen ahora con arrestos de corta duración.
“Es notorio que el régimen se ha dado cuenta, aunque demasiado tarde, de que no necesita tener tantos prisioneros políticos para mantener el casi absoluto control social que le ha caracterizado”, señala el informe.
Y sostiene: “A pesar de los innumerables amagos y falsas promesas de cambios estructurales y de conceptos, el gobierno de Cuba continúa violando, de una manera sistemática, todos los derechos civiles, políticos y económicos y, también, ciertos derechos culturales básicos”.
Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la CCDHRN, consideró “positiva” la liberación de los presos, pero pidió no sobredimensionar la medida, pues explicó que ya en otras ocasiones hubo excarcelaciones masivas sin que ello significara cambio alguno en la situación de los derechos humanos y la democracia en la isla. La más reciente ola de liberaciones ocurrió durante la visita del Papa Juan Pablo II en 1998. Fueron excarcelados 150 presos, un centenar de ellos considerados de conciencia.
Otros disidentes también calificaron como positiva la medida, pero advirtieron que la situación en materia de derechos humanos y libertades civiles sólo mejorará cuando existan reformas al marco legal de la isla, en particular al código penal cubano, que inhibe derechos como los de libre reunión, asociación y expresión. Sería, dijeron, el siguiente paso.
