Como si se tratara de una plaga, las iniciativas de ley en contra de los migrantes inspiradas en la Ley Arizona se multiplican entre pequeñas poblaciones y condados estadunidenses. Sólo en lo que va de este año ya son más de mil, la mayoría violatorias de los derechos civiles, pues niegan a los indocumentados el acceso a los servicios asistenciales y de salud, de educación pública y de vivienda.
FREMONT, NEBRASKA.- “No nos quieren, son un pueblo racista”, se queja el guatemalteco Armando Cruz al referirse a los habitantes anglosajones de esta localidad, que el pasado 21 de junio aprobó la Iniciativa 5165, enfocada a eliminar a la inmigración indocumentada que vive y trabaja en esta pequeña población de Nebraska.
Ubicado a 83.6 kilómetros al norte de Lincoln, capital de Nebraska, este pueblo agrícola y ganadero alberga varias procesadoras de alimentos, como la empacadora Hormel, donde trabaja la mayoría de los poco más de mil hispanos (90% de origen mexicano) víctimas de la medida antimigratoria conocida también como Ordenanza 5165.
“No sé por qué nos odian; vivimos en las afueras del pueblo y no nos metemos con los blancos. Estamos aquí porque en la empacadora ellos (los blancos) no quieren trabajar”, dice Cruz a Proceso mientras compra unas tarjetas telefónicas en la tienda latina Mi Tierra.
La medida antimigratoria fue aprobada por 3 mil 906 votos a favor y 2 mil 908 en contra de entre los poco más de 26 mil 23 pobladores de Fremont. El ordenamiento estipula que “rentar una vivienda dentro del poblado a inmigrantes indocumentados” es una violación a las leyes locales.
Debido a esta iniciativa, a todas luces discriminatoria –las leyes federales para la libertad de vivienda en Estados Unidos no hacen ninguna exclusión de personas por su estatus de residencia–, las agencias de bienes raíces o las personas que renten una casa, departamento o habitación en Fremont están obligados a verificar que un posible inquilino cuente con los documentos que demuestren su residencia legal en Estados Unidos.
En caso de que el solicitante sea un inmigrante indocumentado, la agencia de bienes raíces o el casero deben denunciarlo ante las autoridades.
Toribio Villaseñor, originario de El Ranchito, Michoacán, es residente legal y naturalizado estadunidense. Lleva 10 años como comerciante en Fremont. Aunque dice que le va muy bien en su negocio, decidió que abandonará este lugar para buscar oportunidades en otra ciudad o pueblo de Nebraska.
“No hay de otra. La gente tiene miedo y ya comenzó a irse de aquí. La clientela ha disminuido y mi negocio está arruinado”, lamenta Toribio, propietario de la tienda Mi Tierra, ubicada en la calle D, a tres cuadras del centro de la ciudad.
Rodeado de inmensas praderas dedicadas al cultivo del maíz, a la cría y engorda de ganado vacuno y porcino, Fremont luce como un pueblo fantasma por los muchos edificios abandonados que hay en las principales calles del centro.
Casi todos los automóviles que circulan durante el día lo hacen por la avenida Miltary Road, donde se encuentra el edificio municipal. En las otras calles se puede caminar sin utilizar las aceras; además, en el centro casi no hay peatones.
Bastión ideológico
Gobernados desde hace más de 10 años por el alcalde republicano Donald B. Edwards, los pobladores de Fremont forman parte del bastión ideológico más conservador de la región del medio oeste de Estados Unidos. Sus rasgos físicos son típicos del anglosajón rural (redneck): piel blanca, ojos azules o verdes y cabello rubio.
Y pese a que a hacia el sur, a 57 kilómetros, se encuentra la Universidad de Nebraska en la ciudad de Omaha –la más grande de todo el estado–, la mayoría de la población de Fremont sólo cuenta con estudios de nivel medio superior, según la pagina web de la misma ciudad.
–¿Qué piensa de la Ordenanza 5165? –pregunta el reportero a una señora rubia de unos 50 años que dice llamarse Christy y va saliendo del salón de belleza La Cabaña.
–Yo no voté a favor de la ordenanza –responde sin ocultar su nerviosismo.
“Pero –agrega antes de subirse a su camioneta– creo que debemos hacer algo con los inmigrantes indocumentados. No hablan inglés y además ensucian todo. Allá en donde viven hay mucha basura, y si el gobierno federal no hace nada para resolver su situación, entonces nosotros, a nivel local, debemos encontrar una solución.”
Antes de arrancar su camioneta aclara: “Yo no soy racista”.
Fremont no es un caso aislado. En lo que va del año se han presentado mil 180 iniciativas de ley a nivel local y estatal destinadas a frenar la inmigración indocumentada. El 70% de ellas establecen medidas que violan derechos civiles consagrados en la Constitución, entre ellas: negar el acceso a la educación pública y a los servicios médicos de emergencia, prohibir la compra o renta de vivienda e impedir que los hijos de inmigrantes puedan obtener la nacionalidad estadunidense, aun cuando hayan nacido en ese país.
Un caso extremo: el condado de Clarke, en el estado de Ohio, presentó una iniciativa –aún pendiente de aprobación mediante consulta popular– que autoriza a policías locales efectuar arrestos de personas que, a juicio de los agentes, sean sospechosos de residir ilegalmente en el país. La iniciativa establece que a la persona se le llevará a la cárcel del condado y sólo quedará libre cuando demuestre que no es indocumentada.
Todas esas medidas criminalizan la inmigración indocumentada y se inspiran en la ley SB 1070 de Arizona. Ésta ya fue impugnada el martes 6 ante una corte federal de distrito en Phoenix por el gobierno del presidente Barack Obama.
En su demanda, el Departamento de Justicia establece que la Ley Arizona es anticonstitucional y ello evitará que la medida entre en vigor a finales de este mes.
Arrepentidos
De cara al torrente de iniciativas de ley para criminalizar a la inmigración indocumentada en todo Estados Unidos, 54 legisladores locales del Partido Demócrata y de 28 estados distintos integraron el grupo Política de Inmigración Progresiva.
Esta agrupación comenzó a formular proyectos de ley para impedir que en el futuro los congresos estatales adopten leyes en contra de los indocumentados, pues la aplicación de la política migratoria sólo corresponde al gobierno federal.
Al igual que la SB 1070, la Ordenanza 5165 de Fremont podría quedar en el aire por ser “inconstitucional”. El grupo civil Onefremontonefuture y la organización no gubernamental Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) planean impugnar ante una corte federal la iniciativa impulsada por los pobladores de Fremont.
Robert Hartwig, administrador de esta ciudad, reconoce en entrevista con Proceso la posibilidad de que no prospere la Ordenanza 5165.
“Tal vez no se concrete. El próximo martes 13 el cabildo debe certificar el resultado de la elección y dos días después (el jueves 15) publicarse en el Diario Oficial para que la ordenanza entre en vigor 15 días después (el viernes 30), como estipula la ley”, explica Hartwig.
–¿Qué beneficios ofrece a Fremont la Ordenanza 5165?
–Eso es especulativo. La ordenanza no la aprobó el alcalde ni el cabildo, fue avalada por la población.
–¿Cree usted que si la comunidad de inmigrantes se va de Fremont habrá un efecto negativo en la economía del pueblo?
–También eso es especulativo, porque creo que la van a impugnar ante una Corte (federal) antes de que pueda entrar en vigor. Es posible que eso ocurra el próximo viernes 30.
Alfredo Vélez, originario de Suchihualco, Guerrero, es uno de los pocos líderes hispanos de Fremont. Es dueño de la tienda Guerrero, la más frecuentada por los inmigrantes mexicanos y centroamericanos que trabajan en las empacadoras y por los pocos que laboran en los campos agrícolas y en los ranchos ganaderos.
“Yo sé que tanto el alcalde como los integrantes del cabildo de la ciudad ya se arrepintieron de la ordenanza”, comenta Vélez mientras atiende a sus clientes.
“Ya se dieron cuenta de que sacar a los indocumentados de aquí significa perder dinero. Los dueños de Holmer ya les reclamaron. Hasta donde sé, los de las empacadoras ya amenazaron con cerrar, y si eso ocurre, adiós a Fremont”, comenta.
Jorge Ernesto Espejel Montes, cónsul general de México en Omaha, coincide con Vélez en que las autoridades y la población de Fremont están arrepentidas de promover una acción en contra de los derechos civiles de los inmigrantes indocumentados.
“Creo que no tenían conciencia del alcance de esa ordenanza y mucho menos que atraería la atención nacional e internacional”, comenta el diplomático y asegura que en caso de que entre en vigor la medida, el consulado en Omaha cuenta con la asesoría y servicio de dos firmas de abogados: Dornan, Lustgarten and Troia, y Peck Law Firm.
“Los abogados actuarían ante las cortes en caso de que la ordenanza entre en vigor y su aplicación viole los derechos de algún ciudadano mexicano”, adelanta.
Según los expertos, en caso de una demanda o impugnación contra la Ordenanza 5165 la ciudad de Fremont gastaría en representación legal por lo menos 1 millón de dólares al año. Hartwig dice que la municipalidad no tiene dinero para sufragar esos gastos.
“Que ni se quejen (los indocumentados). La gente de aquí de Fremont no pedimos que vinieran; los trajeron los dueños de las empacadoras porque cobran más barato que nosotros y porque a ellos se les asigna el trabajo duro (la matanza de animales, entre otras labores)”, dice Steve, un joven de 23 años, quien desde los 17 comenzó a trabajar en la empacadora Holmer.
“Yo voté a favor de la ordenanza”, añade orgulloso, mientras se quita el casco y la botas de plástico. Va saliendo de trabajar de la planta empacadora.
Y agrega: “Todos los latinos son iguales. Vienen a Estados Unidos a robarse nuestros trabajos. Aunque aquí en Fremont se van a vivir alrededor del pueblo en esos tráileres apestosos, en algún momento van al centro del pueblo y afean las calles. No vayas a dejar de poner en tu nota lo que te acabo de decir porque aquí todos pensamos igual”. l
