Drásticos recortes en las participaciones federales y desastres naturales que consumieron enormes cantidades de dinero en Tabasco obligan al gobernador Andrés Granier a llevar a cabo una “reingeniería administrativa” en la entidad. Y aun cuando su gobierno afirma que no está en quiebra, especialistas y políticos de oposición consideran que el estado sí está en bancarrota y señalan como culpables del quebranto al propio Granier y a los gobiernos madracistas que lo antecedieron.
VILLAHERMOSA, TAB.- Guadalupe Peralta Collado, Lizbeth del Carmen Acosta, Tizbe Salazar Ramos y Bengio Chan Lacroix tienen los rostros descompuestos. Son sólo cuatro de los más de 3 mil burócratas echados a la calle por la “reingeniería” administrativa del gobierno estatal.
El despido masivo, según especialistas y partidos de oposición, trata de enderezar un estado “en quiebra” financiera y con una altísima burocracia: 48 mil 618 empleados, de los cuales 34 mil 536 laboran en la administración central, 8 mil 878 en organismos descentralizados y 5 mil 204 en otras dependencias del Ejecutivo.
“Lo único que nos dijeron es que debido a la reingeniería estábamos despedidos y ya. Sólo me quieren dar 40 mil pesos. Es totalmente injusto, a todas luces violatorio de la ley. No queremos finiquito ni retiro voluntario. Si nos corrieron nos tienen que liquidar, que es muy diferente”, se queja Guadalupe Peralta, despedida de la Dirección de Concertación Política de la Subsecretaría de Gobierno, con siete años y cinco meses de antigüedad.
“Dicen que no hay dinero y la nómina está presupuestada desde hace un año. Si no hay dinero es porque han hecho mal uso de esos recursos. Es lo que todos los ciudadanos hemos visto. No hay obras ni absolutamente nada”, afirma.
Lizbeth del Carmen Acosta, desempleada luego de 13 años de antigüedad en la Defensoría de Oficio, relata:
“Nos están presionando sobre por qué no hemos ido a cobrar nuestro retiro. Si dicen que todo lo hicieron conforme a derecho no se cuál es su preocupación de que vayamos a cobrar la miseria que nos están dando. A mí me están dando 38 mil pesos que no voy a aceptar.
“No hay empleos, la iniciativa privada no tiene capacidad para generarlos. En Tabasco no existen las grandes industrias o empresas que hay en otras ciudades, como Monterrey o Guadalajara. La fuente de trabajo aquí son Pemex y el gobierno del estado, y de ahí todas son microempresas que pagan salarios mínimos y que contratan uno o dos empleados. Para los profesionistas no hay nada.”
Tizbe Salazar Ramos tenía 17 años de antigüedad en el Instituto de Capacitación para el Desarrollo Regional de Tabasco (Icadet), una de las 10 dependencias que desaparecieron por la reingeniería del gobierno. Ocupó la subdirección de Planeación hasta que fue “echada a la calle”.
“Esto no es una medida valiente como se ha cansado de decir Andrés Granier. Es una medida desesperada para allegarse recursos. Muchas comunidades estaban en proceso de organización y de capacitación, en espera de financiamiento para proyectos productivos; no de recursos del gobierno estatal, sino de la federación. Todo está parado por ineptitud y falta de sentido social de Andrés Granier”, acusa.
Refiere que a ella por 17 años de servicio le estaban ofreciendo 90 mil pesos de finiquito. “No me hicieron una evaluación para despedirme”, sostiene y aclara que está de acuerdo en una “verdadera reingeniería” administrativa, pero previa evaluación “de muchos funcionarios ineptos”.
Bengio Chan Lacroix, con 13 años en la Defensoría de Oficio, no acepta la liquidación y demandará laboralmente al gobierno del estado.
“Es un despido injustificado. Mi centro de trabajo y la materia existen, entonces no acepto liquidación. Han estado amenazando a familiares de compañeras que trabajan en el gobierno para que desistan del movimiento de inconformidad, pero estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. Estamos unidos y en pie de lucha”, asegura.
Los ajustes del gobernador
A principios de mayo y para ahorrar 378 millones de pesos en lo que resta del año, el gobierno estatal anunció la desaparición de 10 dependencias y el recorte de 3 mil 64 plazas: Entre las dependencias condenadas está la Unidad de Atención Social del Estado (Unase) que con el programa Te Da Más otorgaba 650 millones de pesos anuales a madres solteras, ancianos y discapacitados.
Fueron eliminados todos los asesores del gobernador y del gabinete, la Central de Maquinaria Agrícola, el Rastro Estatal, la Beneficencia Pública y la Dirección de Imagen Gubernamental, entre otras instancias.
El secretario de Administración y Finanzas, José Saiz Pineda, explicó que Tabasco dejó de recibir de la federación alrededor de 7 mil 111 millones de pesos en los últimos tres años y por ello se determinó la “modernización y redimensionamiento de la administración pública estatal”.
Detalló que, además de los daños por 40 mil millones de pesos a causa de las inundaciones de 2007, 2008 y 2009 –el equivalente a 35% del producto interno bruto estatal, según la CEPAL y el gobierno federal–, en 2007 Tabasco perdió 857 millones en comparación con 2006, por la caída del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios por Gasolinas y Diesel (IESPSGD) generado por el incremento de los precios del crudo.
Agregó que las reformas para determinar la participación de los estados en la Recaudación Federal Participable hicieron que el coeficiente para Tabasco bajara de 4.6% aplicado en 2006 a un estimado de 3.9% en 2010.
Lo anterior, dijo, redujo ingresos por 5 mil 647 millones de pesos de 2008 a 2010, lo que sumado a los 857 millones de la caída del IESPSGD arrojó un total de 6 mil 504 millones de pesos.
A ello se agregaron “las reducciones en los ingresos del fondo para estados petroleros así como del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que, en conjunto, significaron una disminución superior a 607 millones de pesos” entre 2008 y 2010.
Asimismo, el gobierno del estado hizo erogaciones extraordinarias por 2 mil 845 millones, convenidas con el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), lo que sumado a la disminución de los 7 mil 111 millones de pesos de ingresos federales “provocó a Tabasco un impacto financiero de proporciones considerables”.
Saiz Pineda señaló que para enfrentar la crisis, el 20 de noviembre del año pasado se tomaron otras medidas de austeridad, como la eliminación de los “bonos de fatiga laboral” para funcionarios y alta burocracia, que representaban 610 millones de pesos anuales, mil 950 millones en los últimos tres años, así como la cancelación del programa Te Da Más.
“Estos son los datos que conforman la nueva realidad económica y financiera del estado”, expuso en conferencia de prensa el funcionario. En una entrevista posterior aseguró que Tabasco tiene deudas por mil 800 millones de pesos, más mil 200 millones de pasivos de corto plazo, “un poco más” de 3 mil millones de pesos.
Negó la versión “desvirtuada” de los senadores perredistas Rosalinda López y Arturo Núñez, así como del diputado federal del PRD Adán Augusto López, respecto a que el gobierno tiene “un boquete” de más de 8 mil millones de pesos en sus finanzas y rechazó que el estado esté en quiebra.
Sin autocrítica
Para el expresidente del Colegio de Economistas de Tabasco (CET) y catedrático de las universidades Juárez Autónoma de Tabasco, del Valle y Olmeca, Eduardo Estañol Vidal, el gobierno sí “está quebrado” y las medidas anticrisis fueron “tardías”.
No se acompañó de un programa de industrialización para generar empleos y no se cancelaron privilegios de altos funcionarios.
“No podemos tener un gobierno parásito que se come todo el presupuesto. El parásito no es el que gana 5 mil pesos mensuales, sino los funcionarios de arriba que ganan millones de pesos al año. Quitándoles privilegios se soluciona el problema del presupuesto”, asegura.
“El grupo que gobierna el estado debería ser más autocrítico y ver dónde bajar los gastos. Da la impresión de que siguen la misma línea de Calderón, que también está en contra de bajar sueldos y salarios”, señala.
El masivo despido de burócratas, así como el aumento a tarifas de taxis en más de 100% y al Impuesto Sobre Nómina –de 1 a 2.5%– reactivó las protestas en Tabasco, pero también la represión.
El 19 de mayo seis fotógrafos y reporteros fueron golpeados con macanas luego de un zafarrancho entre taxistas inconformes y policías antimotines. Ante las protestas de los ruleteros, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reculó y bajó las tarifas.
La inconformidad de los burócratas despedidos y los taxistas fue aprovechada por el PRD para organizar marchas y exigir la “renuncia” del gobernador Granier Melo.
A coro, frente a la Quinta Grijalva –la residencia oficial del gobernador– demandaron la dimisión del mandatario. El dirigente estatal perredista, Javier May, salió en defensa de los burócratas y acusó a Granier de tener quebrado al estado.
En octubre de 2009 el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) emitió un informe en el que se establece que Tabasco es el estado que más ha aumentado su gasto corriente (en burocracia y salarios): hasta en 800% en los últimos años, por lo que era necesario que éste fuera reducido.
En aquella ocasión el PRD tabasqueño criticó el desmedido aparato burocrático del gobierno y exigió a Granier reducir la “obesa” nómina gubernamental.
Ahora encabeza las marchas de los burócratas despedidos y anuncia una consulta ciudadana para saber si la gente quiere que siga en el cargo o concluya su mandato, en diciembre de 2012.
A la par promueve un plebiscito ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) para “destituir” al mandatario.
Legisladores del PRI, PAN, PVEM y del PT rechazaron la propuesta perredista porque no está establecida en las constituciones federal ni local.
Arturo Núñez aclaró que la única vía legar para destituir a un gobernador es el juicio político.
“En otros países existe la figura de la revocación de mandato, que a diferencia del juicio político –que lo deciden los representantes populares en el parlamento– lo decide directamente el pueblo en una consulta. En México no existe la figura de revocación del mandato”, sostuvo.
El constitucionalista y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Francisco Peralta Burelo, coincide en que es improcedente un plebiscito sobre la permanencia o no del gobernador Granier Melo y que todo es un golpe mediático. “Pienso que (la oposición) puede pedir hasta colgar al gobernador, pero no procede. Es una cosa simbólica, un golpe mediático”.
El también analista político y director de la revista Mesa 42 no cree que la crisis económica del estado sea responsabilidad única de Granier y la ubica en el “madrazato”, en los 15 años que gobernaron los madracistas Manuel Gurría, Roberto Madrazo y Manuel Andrade, a quienes, lamenta, exoneró Granier.
“A Andrés Granier le toca ese Tabasco ya de alguna manera quebrado económicamente. Todo ocurre en la época de Roberto Madrazo y su ámbito de influencia con Manuel Gurría y Manuel Andrade. Granier dice que lo juzgue la historia y no da elementos para que lo juzgue de manera benévola, favorable, sino adversa, porque en principio exoneró a los causantes de la crisis: Gurría, Madrazo y Andrade”.
Aventura que, por ello, la disputa por la gubernatura en 2012 no estará fácil para el PRI, con todo y el divisionismo que hay en el PRD, principal partido de oposición.
Y advierte que Granier Melo tendrá “un tramo final muy difícil” porque no ha construido las condiciones políticas “para tener un final tranquilo, una sucesión tersa”. l
