En entrevista con Proceso, Humberto Moreira se queja del gobierno federal, del presidente Calderón y de la guerra contra el narco que el mandatario desató “sin consultar a nadie”. El gobernador de Coahuila sostiene que la federación ha dejado solas a las entidades federativas en el combate al crimen organizado, y añade: no hay una estrategia viable para llevar adelante esa lucha. Protesta porque se les exigen recursos a los estados para mantener esa aventura… y se burla de las reuniones de seguridad. Y aun así pide atender el llamado presidencial al acuerdo y la unidad, porque o es eso “o el fascismo”.
SALTILLO, COAH.- Para Humberto Moreira, el presidente Felipe Calderón inició su guerra antinarco sin consultar a nadie y sin saber a qué se enfrentaba. El gobernador priista de Coahuila afirma que ante el desbordamiento de la violencia, con miles de civiles caídos y más muertos que en algunas de las últimas guerras internacionales, los mandatarios estatales se quedaron solos y el gobierno federal “abandonó la plaza”.
Dice que cuando el titular del Ejecutivo federal abordó el problema del narcotráfico como si se tratara de una enfermedad menor y se encontró con un cáncer, incurrió en una culpabilidad manifiesta grave, pues “el presidente lanzó una guerra sin saber quién era su enemigo”. Por tanto, apunta, jamás hubo una estrategia, y ahora la percepción es que esa guerra se está perdiendo.
En entrevista con Proceso, Moreira sostiene que tras cuatro años sin diálogo ni interlocución –en los que se usó políticamente el combate a la delincuencia y se acumularon agravios, desencuentros, crispaciones, castigos presupuestales, persecuciones injustas, espionaje y campañas negras contra los opositores–, Felipe Calderón convoca a un acuerdo nacional con el que más bien parece intentar que se comparta la responsabilidad política por los yerros en materia de seguridad.
Moreira afirma estar dispuesto al acuerdo, pero no sólo para “lo que al gobierno federal le preocupa en lo inmediato”, y tampoco antes de las elecciones, porque “son muchos los temas pendientes que, si bien hay que dejar atrás, no será sólo con un borrón y cuenta nueva”.
Advierte: “No ir al acuerdo es abrirle las puertas al fascismo… para allá vamos”.
Según Moreira, en los últimos meses el gobierno federal ha alentado la versión de que los mandatarios estatales no enfrentan a la delincuencia organizada, cuando la realidad es que desde un principio la ausencia de aquél en las entidades es notoria, mientras que los acuerdos previos en la materia son una farsa.
“En las reuniones nacionales de seguridad no se diseñan estrategias. Nos sentamos frente a unas pantallas en las que presentan encuestas sobre percepción de inseguridad elaboradas por empresas que nada más ellos (los funcionarios federales) conocen. Luego informan sobre las cifras de muertos que salen en los medios de comunicación todos los días.
“Hacen lluvia de ideas y ya. No vemos estrategias concretas. Luego salimos a la conferencia de prensa con cara de interesantes”, reseña.
En las reuniones estatales de coordinación interinstitucional ocurre lo mismo: “Son reuniones, cuando mucho, de catarsis”.
Pero sobre todo, afirma, no hay diálogo, pues “las reuniones con el presidente son para escucharlo. Son reuniones acartonadas, en las que no se trabaja por planes ni estrategias; a veces son buenos deseos, pero a fin de cuentas no llevan a nada”.
El abandono
La violencia en La Laguna crece entre la ausencia de agentes federales y la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR) para atraer casos de Coahuila, inclusive escandalosos. Entre éstos destacan el del desaparecido experto estadunidense antisecuestros Félix Batista, así como los de dos periodistas: el desaparecido Rafael Ortiz y el asesinado Valentín Valdés.
El 14 de mayo último, durante una visita a Torreón, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, minimizó los reclamos de la comunidad empresarial: dijo que la ausencia de policías federales se debía a que se necesitaban más en Ciudad Juárez. Horas después, el bar Juanas VIP fue atacado por un comando, con saldo de ocho muertos y 19 heridos, más cuatro decapitados –horas después en Lerdo, Durango– por esos hechos. En la zona, en promedio, hay cinco ejecuciones diarias (Proceso 1751).
Moreira asegura que basta hacer una revisión de enfrentamientos, detenidos, bandas de secuestradores desarticuladas y policías ejecutados por la delincuencia para darse cuenta de que no hay respaldo federal, pues en todos los casos se trata de policías estatales.
“Es el mundo al revés: el estado le regaló a la federación el Centro de Readaptación Social de Monclova y aporta recursos. Logramos la aprobación de la policía única estatal para encaminar el proyecto federal. Nombramos militares en retiro por su integridad y para mejorar la relación con el Ejército, en todos los mandos policiacos aumentamos sueldos… certificamos con el FBI.
“Hemos invertido en seguridad unos 600 millones de pesos para la lucha que emprendió el presidente sin habernos invitado ni convocado, no para preguntarnos si queríamos o no, porque le teníamos que entrar, sino para saber cómo entrarle, para escuchar propuestas e ideas. Nadie nos dijo quién diseñó, si acaso hay diseño, esta guerra que se ve perdida. Nos invita, pero cuatro años después”, lamenta.
En estos cuatro años, dice, se ha generado descomposición en la relación con la mayoría de los opositores, en especial, cuando son críticos.
–¿Por qué otros gobernadores no reclaman? –se le pregunta.
–Es por las formas del PRI: aprendemos a ser institucionales, a respetar, en este caso, a la institución presidencial. Pero ya estamos cansados; jamás pudimos construir una relación de armonía ni cordialidad, y aun hoy a varios de ellos los tienen en el suelo y a patadas.
Abunda:
“Ahí está el ‘michoacanazo’. Ahora resulta que eran inocentes los pobres hombres. ¿Y la desprestigiada, el susto que les dieron, el daño moral a ellos y a sus familias, el daño económico? Hay que tener pantalones para pedir perdón.
“El mensaje es que para ir a la cárcel basta que aparezca una lista en un cuaderno Polito y ese es todo el debido proceso constitucional”, ironiza.
El fracaso de la guerra, afirma, se refleja en los daños a la sociedad en detrimento de las instituciones, como con los estudiantes del Tec de Monterrey acribillados en marzo, a quienes se quiso hacer pasar por sicarios.
Moreira insiste en la necesidad de un cambio de estrategia en la lucha contra el crimen organizado, que incluya a gobernadores “no sólo quitándoles recursos”.
“Ahora resulta que aumentó el consumo de droga en México. Nadie se detiene a ver que eso puede ser consecuencia de aplicar el combate en la frontera norte en lugar de hacerlo en la frontera sur, evitando que la droga entre a México.
“Y si aumentó el consumo, ¿entonces de qué ha servido esta guerra con sus casi 25 mil muertos? De esos, al menos 2 mil son civiles y son muchos.”
Esgrime sus cifras:
“En la guerra de las Malvinas hubo 907 muertos; en la del Golfo, 300; en la invasión de Estados Unidos a Afganistán, mil 25, y en la ocupación de Irak por el ejército estadunidense, 4 mil 386. En México, la guerra contra el crimen organizado llega a 25 mil muertes, y todavía dicen que va a seguir.”
“Señoritingos” y “braguetas
persignadas”
Un año con Vicente Fox y cuatro con Felipe Calderón, Humberto Moreira ha mantenido un discurso contestatario con el gobierno federal que, a su vez, a través de actores y funcionarios panistas, le revira.
Las disputas han repercutido en señalamientos de populismo y partidización de sus políticas y, recientemente, en la pretensión de querer dejar a su hermano Rubén, diputado federal y presidente del PRI en la entidad, como su sucesor, aunque éste ha negado buscar la candidatura.
Rubén Moreira es el diputado que preside la Comisión de Derechos Humanos y la del “michoacanazo”. Durante la discusión legislativa por las alianzas entre el PAN y el PRD, desde la tribuna llamó a Felipe Calderón “espurio” y dijo que “se robó la Presidencia”. Ha encabezado marchas con 70 mil asistentes, para protestar por el alza de las gasolinas, y operó la votación contra el IVA de los diputados coahuilenses.
A finales de mayo una tira cómica distribuida por el PAN satirizó El Monedero de la Gente, una tarjeta de débito donde se depositan 200 pesos mensuales a familias de bajos recursos. También endilgaba al gobernador la violencia en La Laguna, entre otras cosas.
Moreira aseguró que la historieta fue entregada deliberadamente a sus hijos en la puerta del colegio. En respuesta, amagó con hacer públicos en Estados Unidos los vínculos del senador panista y compadre de Felipe Calderón, Guillermo Anaya Llamas, con Sergio Villarreal Barragán El Grande, relacionado con el cártel de los Beltrán Leyva y a quien por esos días se le inició un proceso de aseguramiento de bienes en aquel país.
Además, pidió que la PGR atrajera la investigación del asesinato de la exdelegada de Comunicaciones y Transportes, Alejandrina Martínez Macías, apuñalada el pasado 21 de abril en su domicilio en Saltillo, donde se aseguraron 8 millones 400 mil pesos en efectivo. Días antes, el 13 de abril, la exfuncionaria, quien mantenía un litigio laboral pretendiendo ser reinstalada en el cargo, declaró al diario Vanguardia que temía por su vida y que la había amenazado “un compadre del presidente Calderón”.
El 2 de junio, Moreira dijo en Torreón que el caso debía ser atraído por la PGR pues se presumía que “el compadre” era el senador Anaya. El cómic dejó de distribuirse de inmediato, aunque la PGR no atrajo el caso.
Un día después aparecieron pintas en todo el estado en las que se aludía al presunto alcoholismo de Felipe Calderón y se le reprochaba el desempleo, los gasolinazos, la crisis y la violencia.
“Son tan perversos que ellos mismos (los panistas) las han de haber pintado. Yo las mandé borrar. Todos saben que yo no me valgo de campañas negras ni de correos electrónicos como ellos; siempre he sido frontal”, dice.
Explica:
“Lo que pasa es que el presidente está rodeado de personajillos que crispan el ambiente, tensan las relaciones, ofenden a nombre de él. Yo jamás empiezo un pleito, sólo trato de defenderme de quienes se dicen sus amigos y que, por cierto, se burlan de él, lo imitan en su voz y levantando la ceja.”
–¿Se refiere al senador Anaya?
–Sí, él es uno de esos personajillos –dice y agrega que fuera del secretario de Gobernación, no hay interlocución confiable.
“Siempre que me ven declarando es por un bloqueo de un programa, por la negativa de un recurso que nos toca, por impedirme una obra o porque cometen injusticias, como en Pasta de Conchos o las inundaciones de Piedras Negras, Parras y el río Nazas, que fueron por negligencia de la CNA (Comisión Nacional del Agua)”, dice.
En el tema presupuestal, por lo que corresponde a 2010, afirma que sólo le han entregado 8% de recursos, lo califica como castigo por sus críticas, “como si no fuera un país democrático”.
En su peculiar estilo se ha referido a funcionarios federales como “señoritingos” y “braguetas persignadas que corretean secretarias”.
–¿Quiénes son los señoritingos? –se le pregunta.
–Son personajes que rodean al presidente, que saben decirle ‘sí, señor’ y que están ahí por aduladores, barberos, apretaditos, perfumados, apartados de la realidad. Puedes identificarlos fácilmente.
–Mejor identifique usted a algunos –se le pide.
–Por ejemplo, Lujambio. El día que le tumbaron la puerta (ríe), el día de la refinería, para quedar bien con el presidente se pone a gritonear… pero además no le queda porque es señoritingo, no tiene estilo para eso.
–¿Y los braguetas persignadas?
–Pues todos. Al menos yo sé de la mayoría de los panistas.
Asegura que en todos los estados la situación se repite, mientras el presidente no escucha a nadie. Considera que el llamado a un acuerdo nacional implica inducir la idea mesiánica de que sólo él está en la guerra.
“Así llegamos al asesinato de Rodolfo Torre, un hombre bueno que había llevado su trayectoria limpia y había transitado su vida sin problemas.
“El país se nos está yendo de las manos. Yo quisiera que el presidente escuchara, que pudiéramos decirle las cosas… pero hay mucha gente en su entorno que le hace daño. Necesitamos sentarnos, pero para dar solución a los problemas del país: al desempleo, la política fiscal, la política económica en general, la social, lo educativo que está estancado. Y claro, la seguridad. Sólo así se podrán superar los agravios y el descontrol generado por la cerrazón, viendo por el país pero sin autoritarismo mesiánico, tampoco imponiendo la agenda. E insisto: no ir al acuerdo es abrirle las puertas al fascismo.” l
