Jalisco vive una situación de violencia inédita que en el último mes se concentró en la zona metropolitana de Guadalajara, donde en junio fueron ejecutadas 24 personas. El forense Alfredo Rodríguez García advierte que las autoridades han sido rebasadas, pues carecen de una estrategia para enfrentar a las bandas organizadas que pugnan por apropiarse de la plaza. Pero lo peor, según el especialista, es que los criminales dejan los restos humanos en la vía pública para provocar miedo entre la población.
Durante el primer semestre que recién concluyó, en Jalisco se registraron 151 ejecuciones debido a los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado y cárteles de la droga que operan en Jalisco, en particular en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Alfredo Rodríguez García especialista en medicina forense y quien desde 2004 es parte del grupo de expertos de Naciones Unidas para la investigación de genocidios y delitos de lesa humanidad en el Tribunal Internaciona de la Haya, comenta que junio fue el mes más violento, pues no sólo murieron 24 personas, incluidos algunos uniformados, sino que los ejecutores mostraron saña al mutilar a sus víctimas. Hasta ahora, dice, las autoridades no han sido capaces de frenar esta ola creciente de crímenes.
Entrevistado por Proceso Jalisco, el médico forense comenta: “Lo que sucede en Jalisco es inédito”. Y advierte que si La Familia michoacana o los cárteles de los hermanos Valencia, de Joaquín El Chapo Guzmán y su aliado Ignacio Nacho Coronel o Los Zetas deciden atacar a un funcionario de primer nivel del gobierno del estado o a un líder social para demostrar su poderío, el estado se desestabilizaría.
Abunda: “En otros países y en otros estados los cárteles ajustan cuentas entre ellos, luego comienzan a atacar a policías de bajo perfil y posteriormente se lanzan contra servidores públicos de primer rango, líderes sociales o candidatos. El caso más reciente es el del candidato a la gubernatura de Tamaulipas, el priista Rodolfo Torre Cantú, ejecutado el 28 de junio”.
Rodríguez García sostiene que es factible que entre los criminales haya desertores del ejército de Guatemala, los kaibiles, grupo de élite especializado en el exterminio de la guerrilla en su país, así como de integrantes de la Mara Salvatrucha centroamericana.
Ellos, asegura, son asesinos insensibles y despersonalizados; sienten placer al momento de ejecutar a sus víctimas. Y lo hacen sin remordimiento, incluso disfrutan al desmembrar los cuerpos o mutilar a sus “enemigos”. Según él, estos sicarios instauraron en Jalisco modelos de violencia que han practicado en otras regiones del país y del mundo.
Su función, explica Rodríguez García, es realizar el trabajo sucio para los cárteles, sobre todo para Los Zetas, quienes los reclutaron originalmente. “Hay una cuota para eliminar al grupo rival, pero también dentro de las instituciones federarles o estatales es probable que exista un área de inteligencia destinada a la eliminación de esas bandas a través de alguna figura similar a la de las guardias blancas”.
No obstante, critica a las autoridades jaliscienses por su falta de trabajo de inteligencia y análisis en el caso de las ejecuciones registradas en la entidad. Y advierte que no se puede pasar por alto la llegada a la entidad de hombres extremadamente peligrosos que desataron ya una “guerra” por el control de la plaza.
Las ejecuciones
Alfredo Rodríguez García critica al gobierno por minimizar la situación de violencia creciente en la ZMG y aprovechar la fiebre futbolera para decir que todo está en paz. “Sin embargo, yo vaticino condiciones más graves y ejecuciones más dramáticas”, insiste el especialista.
Asegura que fueron los propios agentes quienes hace varias semanas dieron la voz de alerta sobre la llegada de decenas de sicarios a la ZMG. Su misión, decían, era eliminar enemigos y quedarse con los espacios “liberados”. Días antes de que la Selección Mexicana fuera descalificada en Sudáfrica 2010, los medios locales empezaron a llenar sus páginas con información sobre hombres decapitados o descuartizados.
El 28 de junio, luego de su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Justicia, el procurador Tomás Coronado Olmos declaró a los reporteros que durante el primer semestre de 2010 hubo 150 ejecutados. La cifra dada por Coronado casi duplica la de todo 2009, cuando las víctimas fueron 84.
El procurador habló incluso del “efecto cucaracha” y expuso que, ante la presión de las autoridades que combaten el crimen organizado en los estados vecinos de Michoacán y Nayarit, muchos delincuentes se desplazaron a tierras jaliscienses.
En mayo pasado, él mismo admitió que el aumento de ejecuciones en Jalisco estaba ligado a un problema interno en el cártel del Milenio, que comandan los hermanos Valencia, incluso afirmó que las pugnas intestinas en ese grupo se avivaron tras la detención de Óscar Nava Valencia, El Lobo, el 30 de octubre de 2009 en la colonia Valle del Refugio, en Tlajomulco de Zúñiga.
Sin embargo, fue la detención de Juan Nava Valencia, El Tigre, hermano de Óscar, el pasado 6 de mayo, lo que detonó la división en esa banda y la espiral de violencia en Jalisco. Las autoridades se muestran cautas sobre este asunto.
El procurador incluso ha intentado sacar información a los periodistas y omite hablar sobre los narcomensajes que ha dejado el grupo llamado La Resistencia. El 28 de junio, tras su comparecencia, Coronado dijo a los reporteros que lo abordaron al salir del recinto legislativo:
“Si ustedes tienen alguna información, sería muy importante que nos la pudieran compartir, porque estamos concluyendo algunos diagnósticos… Primero nos dijeron que eran dos grupos (los que estaban en pugna) y ahora ya hay más de dos.”
El director del Servicio Médico Forense, Mario Rivas Souza, considerado el decano de los forenses del país –ha practicado 110 mil autopsias de 1953 a la fecha– se muestra contrariado por la violencia.
–¿Cuál es su punto de vista con relación al aumento de las ejecuciones y la violencia en Jalisco, los cuerpos cercenados o decapitados? ¿De qué se trata esto?
–Eso mismo es lo que yo pregunto. Nunca antes en la historia de Jalisco se habían visto esos grados de violencia. No teníamos el referente de que a una víctima le cortaran la cabeza y los genitales para después dejar sus restos abandonados dentro de una hielera.
El 21 de junio por la tarde las autoridades recogieron los restos de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, de 1.70 de estatura; la cabeza estaba en una hielera desechable. El cuerpo fue localizado en la avenida López Mateos Sur. En la boca tenía un dedo índice que apuntaba hacia fuera; junto al cráneo estaban sus genitales. En la tapa del recipiente había un mensaje: “Quién iba a matar a quién. Por dedo. Atte. La Plaza de Siempre”. Otros mensajes colocados en la parte lateral de la hielera hacían alusión a un tal “4ever tu becerro” (sic).
El dorso de esa víctima quedó depositado en una bolsa de plástico. Los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informaron que sus victimarios le extrajeron las vísceras y las colocaron en otro paquete, lo mismo que sus extremidades.
Dos días después, el 23 de junio, se localizaron tres cuerpos en Tlajomulco de Zúñiga, entre ellos el de un agente federal levantado un día antes de su domicilio en Zapopan junto con uno de sus hermanos y un primo.
El día 29 los policías investigadores Ricardo Rubio González y Arturo Vázquez Olvera fueron atacados cuando cumplían una orden de aprehensión entre las calles Sierra de Mazamitla y Teotihuacán, en la colonia la Calma en Zapopan. El primero de ellos murió. Ambos pertenecían al llamado Grupo Anticorrupción de la PGJ que exigían mejor equipo y capacitación (Proceso Jalisco 280 y 285).
Y el fin de semana aparecieron varias narcomantas: una en la glorieta de la Normal, en las inmediaciones del Tribunal Agrario; y otra más en uno de los puentes de San Agustín, en Tlajomulco. En ambas se pedía al gobernador Emilio González Márquez “permiso” para detener la ejecución de inocentes.
“Con todo respeto, señor gobernador, toda esta información es verídica. ¡Déjenos acabar con esta bola de lacras que han traído una ola de desmembramientos de personas inocentes a nuestro estado”, decía el mensaje atribuido al grupo Cárteles Unidos.
El día 27 se localizó otro decapitado con una advertencia: “Qué pasó, mis torcidos, les debería dar vergüenza; además de torcidos, putos y borregos. Mejor pídanle al gobernador (González Márquez) un kilo de huevos para que salgan a echar vergazos. Atte. La Resistencia”.
El miedo
El 10 de junio, en las inmediaciones del Cuartel Colorado de Guadalajara, en la colonia General Real, un grupo de desconocidos dejó la cabeza de un cerdo en una hielera con un mensaje:
“Ya sé que andan aquí, hijos de puta de inteligencia militar, si no sueltan a mis muchachos que tienen en el edificio de la PGR, se los va a llevar la verga. Atentamente, el Papirrín, el Molca, el Fuski”, según informó al día siguiente el diario Mural.
El forense Rodríguez García resume la situación: “Los criminales lograron la visceración; es decir, ya hicieron la ‘autopsia’ de sus enemigos. Escogen como estrategia dejar esos restos humanos en la vía pública con el propósito de que, al difundir la noticia, la prensa provoque miedo entre la población”.
La madrugada del 23 de junio en la carretera Yahualica-Tepatitlán, a dos kilómetros de esta población, fue ejecutado Daniel Vázquez, quien presuntamente tenía vínculos con el crimen organizado. Su novia, con un embarazo de siete meses, resultó herida. Hoy está hospitalizada y su vida corre peligro.
Al día siguiente, alrededor de las 23:00 horas, a una cuadra de la funeraria Guadalupana, donde se velaba el cuerpo de Daniel, se registró un nuevo enfrentamiento en el que incluso se detonaron cuatro granadas de fragmentación. No hubo víctimas. Poco después de la refriega las autoridades localizaron en el lugar más de 200 casquillos de diferentes calibres, principalmente de fusiles AK-47 y AR-15.
Algunos testigos aseguran que policías investigadores y municipales no intervinieron para detener a los grupos armados que se enfrentaban. “Esos uniformados (los municipales) nunca se meten en ese tipo de situaciones porque tienen miedo”, dice una vecina. Y cuenta al reportero que cuando llamó por teléfono a la Dirección de Seguridad Pública para avisar del tiroteo, un gendarme le respondió que mejor se quedara en su casa.
Habitantes de Yahualica consultados por el reportero aseguran que, si bien no hubo muertos en ese enfrentamiento, los sicarios de uno de los bandos levantaron a Gerardo Toledo y a su hijo Renato Toledo, así como a un amigo de éste llamado Alfonso, de 17 años.
Casi 48 horas después Renato y Alfonso fueron liberados, no así Gerardo, cuyo cuerpo mutilado apareció el 28 de junio en el tramo de la carretera Yahualica-Mexiticacán. Los entrevistados dicen que otros de los hijos de Gerardo, Celso Toledo Álvarez, es uno de los más buscados por la Drug Enforcement Administration (DEA), en cuyo sitio electrónico https://www.justice.gov/dea/fugitives/la/alvarez_celso.html se le identifica como Celso Álvarez Toledo.
Los enfrentamientos se intensificaron en la zona a raíz de la muerte, en mayo de 2009, de Mario González Gutiérrez, el principal distribuidor de droga en Los Altos. Hoy, los habitantes del pueblo tienen miedo. Ellos aseguran que lo mejor es ver, oír y callar.
En el poblado de Pihuamo, el 26 de junio por la noche hubo un despliegue policiaco después de que un grupo de delincuentes atacó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y a un destacamento de militares. No hubo bajas, pero tampoco se detuvo a los agresores. Cinco meses antes, en ese lugar fue asesinado el comandante de la policía municipal Adrián Rodríguez Santana.
Hace varias semanas, habitantes de la zona Norte y organizaciones sociales locales enviaron varios escritos a las autoridades federales y estatales en los que pidieron la presencia del Ejército para que controle a las bandas criminales que se dedican a secuestrar y robar a los lugareños. Hasta hoy no han tenido respuesta.
