Pese a que Álvaro Uribe deja la presidencia de Colombia con altos niveles de popularidad, hereda a su sucesor, Juan Manuel Santos, un país con graves problemas. En el frente interno destacan el desempleo, la pobreza y la inseguridad; en el ámbito externo, confrontaciones con los gobiernos de Nicaragua, Ecuador y Venezuela, los cuales advirtieron que de llegar a la presidencia Santos sería un peligro para la región. Por lo pronto, enfrenta el reto de sacudirse la égida de su antecesor.
BOGOTÁ.- La mañana del lunes 21, Juan Manuel Santos, ganador de las elecciones presidenciales de Colombia, llegó a la Casa de Nariño para reunirse con Álvaro Uribe, a fin de iniciar el proceso de transición que culminará el próximo 7 de agosto, cuando el mandatario saliente le transmita el poder.
Durante casi dos horas, Santos y Uribe examinaron el estado en que se encuentra la economía del país. Al término del encuentro y frente a un centenar de periodistas que lo esperaban a la salida de la sede presidencial, el presidente electo dio a conocer sus primeros nombramientos: como ministro de Hacienda designó a Juan Carlos Echeverry, economista de la Universidad de Los Andes, y también encargó a un grupo de ocho especialistas que se coordine con funcionarios del gobierno para las tareas de transición relacionadas con los temas económicos, presupuestales y financieros.
Para cumplir con las promesas de su campaña denominada Prosperidad Democrática –que le permitió ganar el proceso electoral con una votación sin precedentes y una ventaja de 5.4 millones de votos sobre Antanas Mockus, candidato del Partido Verde–, Santos deberá atender cuanto antes los problemas que aquejan a Colombia.
Entre éstos se encuentran el desempleo que ha llegado a cifras alarmantes; la crisis institucional que prevalece debido a los enfrentamientos del gobierno con las cortes de justicia; el eventual colapso del sistema de salud; las crecientes cifras de criminalidad en las principales ciudades, y graves problemas diplomáticos con Nicaragua, Ecuador y Venezuela.
El primer desafío consiste en bajar el índice de desempleo a un dígito. De acuerdo con reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la tasa de desocupación en Colombia llegó, en mayo pasado, a 12.2%, lo cual significa que 2.4 millones de personas no tienen empleo. El asunto se complica, pues la dependencia informó que 11 millones se encuentran en la economía informal, con todos los inconvenientes que ello acarrea.
Los índices de pobreza muestran hasta qué punto el tema económico será crucial para el nuevo gobierno. Un informe de Planeación Nacional indica que en Colombia hay 20.5 millones de personas pobres, y 7.2 millones más en la indigencia total.
Echeverry aseguró que cuenta con fórmulas para resolver esos problemas a partir de agosto, pero optó por no mencionarlas para evitar fricciones con el actual ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga.
Durante su campaña, Santos prometió que crearía 2.4 millones de empleos y que en un lapso de cuatro años construirá un millón 500 mil viviendas para dinamizar el empleo y el crecimiento de la economía.
El TLC, vital
Una vez que asuma la presidencia, Santos deberá lograr que el Congreso de Estados Unidos firme el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia. Los expertos han planteado que este instrumento será de vital importancia para mejorar la economía colombiana.
Las gestiones para dar luz verde al acuerdo se encuentran en suspenso porque el Partido Demócrata estadunidense expresó serias reservas debido a las denuncias por violaciones a los derechos humanos que pesan sobre el gobierno de Uribe. Asimismo, por falta de garantías a la seguridad de sindicalistas, 48 de ellos fueron asesinados durante 2009.
A pesar de este panorama, no todas las noticias son malas en el ámbito económico. De acuerdo con previsiones gubernamentales y de especialistas, el país crecerá casi 3% este año. Aunque la cifra es menor que la de otras naciones de la región que lo harán entre 4% y 5%, es aceptable si se considera que hace apenas dos años el país afrontaba los rigores de la recesión mundial. Las previsiones también indican que Colombia se beneficiará del hallazgo de nuevos yacimientos de petróleo en los llanos orientales.
El mandatario electo deberá normalizar las relaciones entre el gobierno y los tribunales de justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo de la Judicatura y, sobre todo, con la Corte Suprema. En este punto se encuentra obligado a dar señales claras de que no heredará las confrontaciones de Uribe con estas instancias de la justicia.
Los problemas comenzaron en enero de 2008, cuando el mandatario denunció por injuria y calumnia al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia. Uribe se sintió agraviado por una llamada telefónica que le hizo a ese magistrado para tratar el caso de su primo, el senador Mario Uribe Escobar, sobre el cual ese tribunal estaba a punto de emitir su fallo.
Las versiones encontradas acerca de esa conversación desencadenaron un choque institucional que aún no termina. Desde entonces, el tribunal y el jefe del Estado han sostenido enfrentamientos verbales que subieron de tono al comprobarse que algunos magistrados de la Sala Penal de la Corte fueron objeto de seguimientos ilegales y hostigamientos por parte de agentes secretos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un organismo de seguridad que depende de la Presidencia de la República.
La confrontación entre el gobierno y Corte Suprema se ha profundizado aún más porque este tribunal se niega a elegir al fiscal general de la nación entre dos ternas enviadas por Uribe.
Desde que en agosto de 2009 Mario Iguarán dejó la fiscalía, el pleno de la Corte no se ha puesto de acuerdo para elegir al titular de esa entidad, la más importante en la administración de la justicia ordinaria del país.
Incluso una de las ternas, compuesta por el exministro de Defensa, Camilo Ospina, la abogada Virginia Uribe y el exmagistrado Juan Ángel Palacio, fue declarada inviable por los magistrados en agosto pasado. Ello desató la furia de Uribe y acusó a la Corte de no cumplir con sus funciones.
Pese a que no se refirió a ningún tribunal en concreto, la semana pasada Uribe dio muestras de que mantendrá sus diferencias con el Ministerio de Justicia. El martes 22 de junio el mandatario dijo en una entrevista con la cadena radial RCN: “¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Eliminar la penetración del narcotráfico. Yo llamo la atención por el intenso trabajo que hemos hecho en las fuerzas armadas para eliminar la penetración del narcotráfico. Esto todavía no se ha hecho en la justicia”.
Como el presidente electo conoce a fondo este problema, no dudó en comunicarse con los presidentes de cada uno de los tribunales de justicia para solicitarles un encuentro. Éste se produjo en la mañana del miércoles 23 y ahí Santos se comprometió con los magistrados a impulsar cuanto antes un proyecto de ley que prevé el restablecimiento del Ministerio de Justicia, clausurado por Uribe en 2002. A pesar de que no se abordaron temas de fondo, el mandatario electo se comprometió a mantener el diálogo abierto con las altas cortes.
Bloqueos
La bomba de tiempo que representa la crisis de la seguridad social es otro de los problemas que Santos deberá abordar. El sistema de salud colombiano se encuentra al borde del colapso porque el Estado no cuenta con recursos para atender la demanda de servicios y las partidas extraordinarias no alcanzan a cubrir el déficit en este renglón.
Reportes del Ministerio de la Protección Social indican que en la actualidad hay 3.5 millones de personas sin cobertura de seguridad social y otros 21 millones reciben subsidio del Estado. Sólo 20.5 millones pagan un porcentaje de sus salarios para contar con servicios de salud y medicinas.
Para agravar aún más el problema, hace dos meses la Corte Constitucional dejó sin vigencia una partida presupuestal solicitada por el gobierno para enfrentar la crisis. El tribunal argumentó que la medida de excepción no atacaba a fondo las causas del problema y los recursos obtenidos, cerca de 800 mil millones de pesos (casi 400 millones de dólares), no resolverían el colapso del sistema, cuyo déficit asciende a 1.2 billones de pesos.
Todos los sectores de opinión de Colombia, incluida la más férrea oposición, reconocen el legado de Álvaro Uribe en materia de seguridad. Sin embargo, Santos deberá atender un grave problema: la creciente inseguridad en los centros urbanos propiciada por la estrategia contra la violencia que se enfocó durante ocho años en la seguridad de los campos y el control de la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico.
El esfuerzo del gobierno para enfrentar la criminalidad se refleja en las cifras oficiales. De acuerdo con estadísticas del Instituto de Medicina Legal, el número de homicidios en el país se redujo de 28 mil 534 en 2002, a 17 mil 717 en 2009. Y Fondelibertad, un organismo adscrito al Ministerio de Defensa, aseguró que en el mismo periodo disminuyeron de 2 mil 882 a 125 los casos de secuestro.
En lo referente a las FARC, los expertos coinciden con las estadísticas oficiales en el sentido de que el grupo rebelde tiene hoy 8 mil hombres en sus filas, 10 mil menos que hace ocho años. Y aún cuando el potencial militar del grupo rebelde ha descendido notablemente, es claro que todavía mantiene gran capacidad para perturbar el orden público.
Por lo que respecta a los paramilitares, el gobierno realizó acciones concretas. No sólo extraditó a 13 de los principales jefes de las autodefensas, sino que cerca de 18 mil hombres en armas fueron desmovilizados. Pero en este frente Santos deberá emplearse a fondo porque al menos 8 mil integrantes de las autodefensas que permanecieron en la ilegalidad fundaron nuevas bandas criminales que se asociaron con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para traficar con narcóticos, y de paso se concentraron en los centros urbanos.
Las ciudades de Medellín y Cali sintieron con mayor intensidad este fenómeno y de ello dan cuenta los registros. La capital antioqueña pasó de 871 homicidios en 2008 a mil 432 en 2009, lo cual representa un incremento de 64%. En la capital del Valle, según datos de la policía, ocurrieron mil 615 asesinatos en 2009, 231 más que el año anterior.
Para enfrentar este problema, el mandatario electo propuso a lo largo de su campaña crear en cada ciudad bloques de búsqueda especializados en la caza de los jefes de las redes criminales. Se trata de una figura parecida a los grupos especiales que hace dos décadas se encargaron de perseguir a los capos del narcotráfico.
Conflictos en el vecindario
En materia de política exterior, el nuevo presidente deberá zanjar sus diferencias con el mandatario venezolano Hugo Chávez, quien en numerosas ocasiones lo acusó de “paramilitar” y “mafioso”. A lo largo de la campaña presidencial de Santos, Chávez señaló los peligros de que éste llegara al poder.
Pese a ello, cuando se concretó la victoria electoral de Santos, el presidente de Venezuela se limitó a expedir un comunicado en el que lo felicitó por su triunfo y precisó que estará muy atento a las declaraciones de los funcionarios del nuevo gobierno.
El frente externo también incluye a Ecuador, donde el mandatario electo enfrenta problemas judiciales. En mayo pasado, un juez de Sucumbíos llamó a juicio y dictó orden de captura contra Santos por haber ordenado la Operación Fénix que consistió en el bombardeo de territorio ecuatoriano que en marzo de 2008 terminó con la vida de Édgar Devia, alias Raúl Reyes, número dos de las FARC.
A la par de las acciones judiciales, el gobierno de Ecuador ha criticado con dureza a Santos y al gobierno colombiano por los efectos de esa operación, que violó su soberanía. No obstante, el presidente Rafael Correa se comunicó con Santos la noche del domingo 20, una vez que conoció su triunfo, y le expresó su intención de establecer una agenda común para restablecer las relaciones bilaterales.
Más al norte, Colombia afronta un litigio con Nicaragua, por la inocultable simpatía del gobierno de este país hacia las FARC y por la demanda que su presidente, Daniel Ortega, interpuso en la Corte Internacional de La Haya por el Archipiélago de San Andrés y Providencia, que, según ese país centroamericano, le pertenece. En este aspecto, Santos deberá reforzar el equipo jurídico del país porque hay indicios de que el alto tribunal europeo podría fallar a favor de Nicaragua.
Así las cosas, no la tiene fácil el nuevo mandatario colombiano que deberá gobernar bajo la sombra de Uribe, quien a pesar de todos los problemas que deja sin resolver conserva elevados índices de popularidad.
