El cochinero veracruzano

Duarte, Delgado y Yunes. El teatro

Xalapa, VER.- El proceso electoral en Veracruz se desarrolla en un ambiente de guerra sucia, enconos y descalificaciones. Peor aún, los candidatos a gobernar la entidad: Miguel Ángel Yunes Linares, Javier Duarte de Ochoa y Dante Delgado Rannauro carecen de propuestas que puedan ser consideradas por los ciudadanos. 

A la precaria oferta política se suman la inseguridad, violencia, desempleo, pobreza y marginación. En este escenario, 5 millones de veracruzanos se aprestan a emitir su voto el domingo 4 de julio para renovar la gubernatura, el Congreso y 212 presidencias municipales.

En el fragor de la contienda se avivaron las viejas rencillas entre Yunes Linares, a quien impulsa la coalición PAN-Panal, y el mandatario saliente, Fidel Herrera Beltrán. Pero Delgado Rannauro, el abanderado de la coalición PRD-PT-Convergencia, no se quedó atrás, aun cuando esgrime un discurso moderado, si se le compara con los de Herrera y Yunes.

Analistas, académicos y organizaciones civiles cuestionaron el dispendio de recursos en las campañas, sobre todo en el caso de Duarte, de la alianza PRI-PVEM-PRV, por haber tapizado de rojo todo el estado. Sus paisanos califican a esa propaganda como “escandalosa, grosera y vergonzante”. También sostienen que aun cuando el proselitismo comenzó hace un año, durante las precampañas los partidos intensificaron sus gastos sin ninguna regulación del Instituto Electoral Veracruzano (IEV).

El domingo 13 de junio, Yunes Linares, acompañado por el dirigente nacional del PAN, César Nava Vázquez, y su par en el estado, Enrique Cambranis Torres, encabezó una marcha denominada “Por la defensa de la seguridad, la democracia y el respeto a las libertades ciudadanas”. Miles de panistas lo acompañaron por las calles de Xalapa y participaron en el mitin frente al palacio de gobierno. 

Ahí, Yunes Linares dijo que la exigencia de los veracruzanos es “vivir en paz y en un estado seguro, que se cumpla la ley, se respete la democracia, las libertades y que se garantice la seguridad pública”.

A lo largo de su campaña, el exdirector del ISSSTE insistió en que, si gana los comicios, “Veracruz dejará de vivir con miedo, vivirá en paz y con seguridad”, incluso se comprometió a bajar el índice delictivo a la mitad y lo hará en coordinación con el gobierno federal, el Ejército, la Armada y la Policía Federal.

En el encuentro con sus contrincantes realizado el martes 22 –acto en el que infructuosamente los organizadores pretendieron impedir el acceso a la prensa–, Duarte de Ochoa sostuvo la tesis de Herrera Beltrán en el sentido de que los crímenes, secuestros, así como los enfrentamientos entre grupos criminales y las fuerzas policiacas “son hechos aislados”, también dijo que los agresores “provienen de otros estados”.

El priista propuso la creación de una Fiscalía General del Estado, cuya misión será “construir la cultura de la legalidad, reducir los riesgos de inseguridad al mínimo y atacar de raíz las causas económicas y sociales de la violencia y la delincuencia”.

En esa ocasión, Delgado Rannauro expuso: “Yunes presume de seguridad y de mano dura, cuando representa a un gobierno fracasado en toda la línea con casi 23 mil muertos en todo el país. Nos está proponiendo que sigamos con el fracaso, pero Veracruz no merece seguir hundiéndose en el miedo y en la inseguridad”.

También propuso trabajar de “abajo para arriba”, creando una policía de manzana que tenga vinculación con el ciudadano porque, dijo, “necesitamos recuperar la seguridad y la confianza”, y “promover una reforma constitucional integral para que los policías dejen de recibir la protección que se le otorga como paraguas de impunidad”.

 

Lo inocultable

 

El director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, destaca que las propuestas de los candidatos no son resultado de un diagnóstico serio de la problemática que se vive en la entidad.

Para el especialista, el ambiente electoral se enrareció por actos de violencia, secuestros, robos, asesinatos y conflictos relacionados con la delincuencia organizada. Y aun cuando las autoridades pretenden ocultar la realidad, los problemas “están presentes casi todos los días en Veracruz”, dice.

“Pareciera ser que en el marco de la elección de gobernador en el estado están jugando una serie de fuerzas sociales y políticas, de organizaciones y grupos de presión que legalmente están fuera de la competencia política”, agrega Aguilar Sánchez.

En otros rubros, las ofertas de los tres aspirantes no han sido diferentes a las de sus predecesores: la continuidad y el paternalismo mediante la entrega de becas a jóvenes, bonos a estudiantes para que aprendan computación e inglés, ayuda a madres solteras y a personas de la tercera edad.

Aunque los candidatos fueron convocados públicamente por la Red Cívica Veracruzana (Recive), durante sus campañas políticas nunca se acercaron a dialogar con las organizaciones sociales, campesinas y civiles para conocer los problemas de las diversas regiones de la entidad, asegura Patricia Benítez, portavoz de ese organismo.

Desde el inicio de las campañas, las organizaciones que integran esta red recopilaron información acerca de intentos para condicionar y coaccionar el voto en colonias populares, así como en comunidades campesinas e indígenas del estado.

En su último reporte, Recive informó que en este proceso electoral se utilizó la dádiva como único mecanismo de proselitismo, en lugar del diálogo, las propuestas y la discusión en torno a los problemas locales. Esto sólo propicia el hartazgo ciudadano y la falta de credibilidad hacia los candidatos.

Los activistas de la red se sumaron a los reclamos que de manera insistente ha hecho la oposición, a fin de que el Consejo General del IEV cumpla con la ley, transparente el proceso y sancione a quienes han recurrido al clientelismo electoral y rebasado los topes de gastos de campaña.

Tanto el PAN como el PRD acusaron al candidato priista de haber gastado ya más de mil millones de pesos en su campaña política. Según ellos, esos recursos fueron desviados del erario estatal por instrucciones de Herrera Beltrán.

Para el académico de la UV, Herrera Beltrán “apuesta todo” al continuismo a través de Javier Duarte, quien intenta una extensión del mandato “de Fidel sin Fidel”.

“Me parece que Duarte de Ochoa está totalmente anulado, respondiendo a la figura y estrategias de poder de Fidel Herrera. Esto es muy grave para el estado porque estamos hablando de un continuismo, cuyo escenario fue preparado desde 2007 para mantener el control político.”

Por su lado, la coordinadora nacional de Alianza Cívica, Patricia Colchero, considera que el proceso electoral veracruzano es “pura simulación”, ya que se realiza en condiciones de iniquidad y con una serie de irregularidades y agravantes que, de llegar a los tribunales, “podría determinar su anulación”.  l