DURANGO, DGO.- Aquí están de regreso los viejos esquemas priistas, de cuando los comicios eran controlados por los gobernadores: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango impide que, pese a la violencia del narco, se brinde seguridad a los candidatos y prohíbe a los medios difundir información perjudicial para el aspirante priista al gobierno, Jorge Herrera Caldera.
El PRI llegó “lesionado” a la contienda por la salida de José Rosas Aispuro Torres, priista con 25 años de militancia que el pasado 30 de diciembre abandonó las filas tricolores pues se negó a apoyar al candidato del gobernador Ismael Hernández Deras.
Éste insistió en promover a Herrera Caldera a pesar de que se violó la fracción 9 del artículo 166 de los estatutos del PRI: “Para los cargos de gobernador (…) se requerirá acreditar la calidad de cuadro dirigente y haber tenido un puesto de elección popular a través del partido, así como 10 años de militancia partidaria”. Hace cinco años Herrera se inició como secretario de Finanzas del actual gobierno, pero no en el PRI.
La salida de Aispuro y su adhesión a la coalición Durango nos Une –PAN, PRD y Convergencia– obligó a Hernández Deras a buscar ayuda de los exgobernadores duranguenses.
Todos exigieron, a cambio, candidaturas a diputado para sus primogénitos: por el primer distrito va Rodolfo Guerrero Mier, hijo del exgobernador Ángel Sergio Guerrero Mier; por el segundo distrito está José Ramírez Guzmán, hijo de José Ramírez Gamero; por el octavo va Maximiliano Silerio Díaz, hijo de Maximiliano Silerio Esparza.
Durango nos Une cuenta además con el apoyo del Partido del Trabajo, cuyo candidato, Gabino Martínez Guzmán, declinó el jueves 24 en favor de Aispuro. En mayo también se sumó una fracción de militantes del Partido Duranguense, así como la dirigencia del Partido Verde y familiares de los exgobernadores Silerio Esparza y Guerrero Mier.
Recuento de agresiones
La violencia y las amenazas contra algunos candidatos no han escaseado. Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, dirigente estatal del PAN, hace un recuento:
En el municipio de Vicente Guerrero, Yolanda Sifuentes de Ochoa renunció el 28 de abril a su candidatura por la coalición después de que intentaron levantar a su hijo.
En Otáez, familiares de Jaime Estrada, candidato a presidente municipal por la coalición, fueron secuestrados durante su campaña.
A raíz de esa ola de violencia, el 18 de marzo Durango nos Une presentó ante el IEPC un acuerdo para garantizar la celebración de elecciones pacíficas. El instituto no dio respuesta durante casi tres meses. La coalición recurrió entonces a un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Durango, que ordenó al instituto que se manifestara. El 31 de mayo el IEPC dijo que no era necesario tomar medidas extraordinarias de seguridad en el estado.
Un día después, en el municipio de Vicente Guerrero al coordinador de la campaña del candidato de la coalición a presidente municipal le quemaron tres vehículos. Al propio aspirante, Orlando Calzada, lo amenazaron por teléfono: le dijeron que los matarían a él y a su familia si no declinaba. Calzada sigue siendo candidato, pero su familia se vio obligada a emigrar.
En Pueblo Nuevo, Pedro Hernández Díaz, candidato a presidente municipal por la coalición, fue asaltado a mano armada.
A Armando García Mesa, candidato a alcalde de Poanas, le secuestraron a algunos familiares. Fueron liberados después del pago de un rescate.
Manuel Piedra, candidato a presidente municipal por Coneto de Comonfort, ha sido amenazado vía telefónica: le advierten que si sigue con la candidatura “sufrirá un daño”. Piedra denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y pidió seguridad. Tardaron 15 días en responderle afirmativamente, pero nunca la enviaron.
Ante las constantes amenazas de muerte que recibía Alfonso Peña, candidato a diputado por el octavo distrito, solicitó protección al IEPC. El secretario general de Gobierno, José Oliverio Reza Cuéllar, vía oficio con fecha 26 de mayo enviado al IEPC, señala al presidente del Instituto, Raymundo Hernández: “No es posible atender la solicitud de referencia con los alcances que solicita…”.
El 23 de mayo, un tío de Ever Mejorado, candidato priista a la alcaldía de Santiago Papasquiaro, fue encontrado muerto. Había sido levantado el 28 de abril.
No todas las renuncias y amenazas son producto de la incursión de Los Zetas en esta región, tradicionalmente controlada por el cártel de Sinaloa: la mayor desbandada de candidatos se dio por presiones del gobierno estatal a través de su Secretaría de Educación.
A partir del 28 de mayo, cuando ya habían pasado 50 días de campaña y a solo seis de que concluyera el plazo oficial para realizar sustituciones ante el IEPC, a 40 maestros, candidatos en varios municipios, la Secretaría de Educación les retuvo sus pagos hasta en tanto entregaran su renuncia, con acuse de recibo, en el Instituto Electoral.
El resultado: 20 aspirantes de la coalición reunciaron y otros 20 se sostienen pero sin recibir su cheque quincenal. Diez de ellos son profesores indígenas encabezados por Antonio Aguilar, candidato a alcalde por El Mezquital.
Las boletas
Para la impresión de las boletas electorales, no hubo licitación. El contrato se adjudicó de manera directa a la empresa Litoformas, la cual ha sido señalada en otros procesos electorales por estar implicada en irregularidades.
El jueves 17 los representantes de los partidos de Durango nos Une más los del PT, PRI y PVEM acudieron a la imprenta, en la Ciudad de México; se les impidió revisar el proceso de asignación de rutas de distribución de la documentación electoral.
“Estaba todo armado para impedir que al llegar a Durango los partidos pudieran realizar un muestreo de las boletas. Por si fuera poco, en el trayecto a Durango, en San Luis Potosí, se perdió uno de los dos camiones que las transportaban. Los vehículos no fueron custodiados por la Policía Federal ni el Ejército, sino por ministeriales. Una vez en Durango los dejaron estacionados en la calle frente a una bodega del IEPC sin resguardo de ningún tipo; al día siguiente los sellos de seguridad estaban violados”, explica José Ramón Enríquez, presidente de Convergencia en el estado.
Hay más: el IEPC se integró en 2009 y tanto su consejero presidente, Raymundo Hernández, como los consejeros y el secretario ejecutivo son designados a través del despacho de Hugo Rosales Badillo, presidente de la Comisión de Procesos internos del PRI y asesor externo del gobernador Hernández Deras.
La consejera Lourdes Vargas Rodríguez es prima del gobernador. La jefa del Departamento Jurídico, Kimberly Cepeda, y el director del Registro Electoral, Guillermo de la Rosa, son familiares de la esposa de Rosales Badillo. La cónyuge del procurador estatal, Cynthia Paloma Dávila, trabaja en el área de Capacitación Electoral. Y Raymundo Hernández colaboró como abogado en el despacho de Rosales Badillo.
El debate ríspido
Otra irregularidad se originó tras el único debate sostenido entre los candidatos al gobierno del estado, el jueves 10. Ahí Herrera Caldera insultó al presidente estatal panista Juan Carlos Gutiérrez Fragoso: “Yo quisiera que tuviera un pelo de la inteligencia que tiene su papá, don Juan Gutiérrez, pero ya veo que no tiene pelo y lo que tiene lo tiene por atrás”.
Al día siguiente, Aispuro fue entrevistado en una radiodifusora local a la que declaró: “Ayer Herrera demostró cuál es su objetivo: llegar al poder para seguir amasando dinero, para seguir apoyando sólo a unos cuantos. Seguir siendo cómplice de la delincuencia. Ellos son cómplices de la delincuencia. Es una cosa muy grave. Tengo informes de que los rescates obtenidos de los secuestros que están haciendo (…) se los llevan a la campaña de Jorge Herrera Caldera”.
Por esas declaraciones, el 13 de junio el PRI interpuso un procedimiento sancionador contra Durango nos Une y especialmente contra José Rosas Aispuro, Claudia Hernández Espino, diputada local panista, y Jesús Ortega Martínez, dirigente nacional de PRD, a quienes acusa de “emitir declaraciones perversas”.
Además, el 14 de junio el IEPC giró un oficio a todos los medios locales en el que les ordena que “se abstengan de difundir, publicar, distribuir, circular o expresar manifestaciones dirigidas a denigrar, calumniar, vilipendiar, infamar, injuriar o atacar la honra y reputación de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional”.
En este ambiente el próximo 4 de julio se elegirá a un gobernador, 39 alcaldes, 17 diputados de mayoría relativa y 13 de representación proporcional, con un total de 875 candidatos en el estado. l
